Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78844
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.844, "Urdaniz, María Bibiana c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó el fallo de primera instancia, el que previo desestimar las excepciones de prescripción y falta de acción opuestas por la parte demandada, admitió parcialmente la demanda de expropiación inversa (v. sent. de fecha 28-VI-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-VII-2022, 12:20:50 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 11 de mayo de 2023.
Dictada la providencia de autos, agregada la memoria de la parte actora y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, previo desestimar las excepciones de prescripción y falta de acción opuestas por la demandada, hizo lugar parcialmente a la demanda de expropiación inversa promovida por la actora María Bibiana Urdaniz y, en consecuencia, declaró expropiada a favor de la Provincia de Buenos Aires una superficie total de 18 ha, 27 a, 37 ca, 27 dm2 , correspondiente al inmueble propiedad de la nombrada, ubicado en el partido de Leandro N. Alem.
Asimismo, fijó como justa indemnización expropiatoria, la suma total de USD 193.677,95, monto que indicó, debía ser convertido a la moneda de curso legal al momento de su efectivo pago; equivalencia que, especificó, debía ser conforme a la cotización del Banco de la Nación Argentina para el tipo de cambio vendedor del día hábil anterior (12-IV-2021; USD 1/$98), ascendía a la suma de $18.980.439,10.
Finalmente, adicionó una alícuota del 6% anual, desde la fecha de la desposesión (12-XII-2002) hasta el momento en que la deuda en divisa extranjera sea convertida a la moneda de curso legal. De allí en más, aplicó la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009); C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016) —ver sentencia de fecha 13-IV-2021—.
II. A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en la ciudad de La Plata, desestimó los recursos interpuestos por ambas partes y confirmó la sentencia de grado en todo cuanto fue materia de agravio, imponiendo las costas de esa alzada en el orden causado.
Para así decidir, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, efectuó las siguientes consideraciones:
II.1. En primer lugar, al igual que la jueza de grado, desestimó el planteo vinculado con la prescripción de la acción expropiatoria, al considerar aplicable la doctrina de esta Suprema Corte que, en consonancia con la Corte federal, subordina la adquisición del dominio sobre el bien expropiado por el Estado al pago de la indemnización previa determinada en la sentencia definitiva del juicio expropiatorio (art. 17, Const. nac.).
II.2. Luego, se abocó al tratamiento del agravio referido a la determinación de la indemnización a valores actuales, y lo desestimó por considerar que lo resuelto por la jueza de grado se ajustaba a la doctrina de este Tribunal.
II.3. Finalmente, rechazó el embate del Fisco dirigido a cuestionar la fijación de la cuantía indemnizatoria en moneda extranjera, al ponderar la insuficiencia del agravio en el marco de los recaudos exigidos por el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. art. 52, ley 5.708).
No obstante, indicó que en la sentencia de grado no se ordenó el pago de la indemnización en dólares, sino que se adoptó dicha moneda como parámetro —conforme al dictamen pericial que resultó de mayor convicción— para establecer el monto de la reparación y estableció que, al momento del pago, la suma fijada en dólares debía convertirse a pesos. A partir de allí, concluyó que el importe en cuestión debía abonarse en moneda de curso legal y, en consecuencia, lo resuelto no vulneraba lo dispuesto por el art. 765 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Finalmente, indicó que la recurrente omitió demostrar que la cotización en dicha moneda distorsionaba de algún modo el monto de la indemnización como deuda de valor, adunando que tampoco cuestionó los dictámenes periciales que informaron el valor del inmueble en dicha moneda.
III. Contra dicho pronunciamiento, el Fisco demandado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en cuyo marco denuncia la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 31 de la Constitución provincial; 4.023 del Código de Vélez y 2.560 del Código Civil y Comercial; 8, 9, 10, 11, 35, 41 y concordantes de la ley 5.708 y decreto 2.480/63. Asimismo, alega absurdo y vulneración de la doctrina legal que cita.
Básicamente, insiste en cuestionar: i) el rechazo de la defensa de prescripción de la acción expropiatoria; ii) la determinación del monto indemnizatorio de la tierra expropiada con criterio de actualidad y iii) la fijación del valor de la indemnización en moneda extranjera.
III.1. En primer lugar, reitera el planteo de prescripción de la acción proponiendo la revisión de la doctrina de esta Suprema Corte que, en consonancia con el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determina que el cómputo del plazo de prescripción comienza a correr recién cuando el valor del objeto expropiado se torna líquido y exigible.
Sostiene que la interpretación del carácter previo que establece la Constitución para la indemnización no puede ser entendida como un dato absoluto, de tal manera que importe una especie de indemnidad al propietario indolente, acordándole sin límite el ejercicio de una acción personal de neto corte patrimonial, pues ello resulta disvalioso y reprochable jurídicamente.
Remarca que los conceptos brindados fueron receptados por un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, en la causa "Establecimiento La Magdalena", cuyos fundamentos reproduce.
Con base en las razones expuestas, solicita se declare la prescripción de la acción expropiatoria incoada en autos, por haber excedido con creces el lapso quinquenal establecido en el art. 2.560 del Código Civil y Comercial de la Nación.
III.2. Con carácter subsidiario, sostiene que igualmente el fallo debe ser revocado en cuanto fijó la indemnización en un momento distinto al de la desposesión, violando de ese modo los arts. 8, 9 y 35 de la ley 5.708.
Expresa que, frente a la claridad de las normas, no es posible dejarlas de lado por vía interpretativa y con la mera invocación del art. 17 de la Constitución nacional, pues para ello resulta menester su declaración de inconstitucionalidad, circunstancia que no ha acontecido.
Por su parte, sostiene que la Cámara fijó la indemnización con criterio de actualidad con base en un precedente de esta Suprema Corte (causa C. 101.107, "Arbizu") que entiende inaplicable en la especie y violentó la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirma el criterio que impone fijar un valor al momento de la desposesión y desde entonces los intereses correspondientes, excluyendo así la incidencia de las vicisitudes posteriores (causa "Chaco").
Denuncia que la sentencia incurre en contradicción al indicar que al valor objetivo del bien no puede arribarse desde valores procedentes de la época de la desposesión y sí hacerlo con relación a los accesorios.
III.3. Finalmente cuestiona que la Cámara haya confirmado el monto de la indemnización en moneda extranjera (dólares estadounidenses), por no ser de curso legal en el país.
En ese sentido, transcribe el art. 765 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto prevé que en el supuesto de obligaciones en moneda extranjera el deudor se libera pagando el equivalente en moneda de curso legal.
Asimismo, transcribe el voto del doctor de Lázzari en la causa U.N.I.R.E.C., en cuanto señaló que atribuir a la moneda extranjera el carácter asimilable a dinero no significa que revista el atributo de medio legal de pago para que pueda exigirse al deudor el cumplimiento de la obligación en esos términos.
A partir de allí, postula que lo resuelto por los sentenciantes resulta absurdo y violatorio de la normativa y jurisprudencia imperante en la materia, por cuanto no puede conminarse a su parte a cancelar la obligación en una moneda que no sea de curso legal.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Con relación al embate dirigido a cuestionar el rechazo de la defensa de prescripción, corresponde convalidar lo resuelto por el Tribunal de Alzada en tanto se ajusta al criterio de esta Suprema Corte en la materia.
En efecto, conforme expuse en diferentes ocasiones (doctr. causas Ac. 85.060, "Aguilar", sent. de 1-IV-2004; Ac. 89.425, "Durrieu", sent. de 14-XII-2005; Ac. 76.907, "Tapera Arteche S.A.", sent. de 9-VIII-2006; A. 69.296, "Larred", sent. de 26-X-2016; e.o.), comparto el criterio seguido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto entiende que la expropiación por causa de utilidad pública origina una relación jurídica de derecho público, en la que la adquisición del dominio sobre el bien expropiado se halla subordinada al pago de la indemnización previa, de conformidad con los arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de la Carta local (Fallos: 287:387; 315:596; 315:606; 320:1263; e.o.).
Ello así, conforme lo determina el art. 17 de la Constitución nacional "...La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada...", en consecuencia, hasta tanto no se halle perfeccionada la expropiación mediante el cumplimiento del requisito de la indemnización dispuesto en la cláusula constitucional citada, no cabe admitir el cómputo de plazo de prescripción alguno para el ejercicio de la acción expropiatoria inversa prevista en el art. 41 de la ley 5.708.
Por ello, mientras el valor del objeto expropiado sea un crédito ilíquido e inexigible, por falta de acuerdo entre el particular y el Estado, y deba determinarse por sentencia judicial, el derecho al cobro del crédito representativo del valor del bien no puede extinguirse por prescripción, desde que esta solo principia en el momento en que el crédito se torna cantidad cierta (causas A. 69.296, "Larred", sent. de 26-X-2016; A. 72.522, "Lorda" y A. 72.806, "Santiano", sents. de 26-XII-2018).
De tal manera, los argumentos ensayados por la recurrente no tienen por virtud modificar mi opinión consolidada en reiterados precedentes del Tribunal en los que al intervenir voté en el sentido apuntado. De allí es que considero que la Cámara interviniente aplicó acertadamente la doctrina legal elaborada por este Tribunal sobre este aspecto de la contienda.
Lo expuesto resulta suficiente para desestimar esta parcela recursiva.
IV.2. Igual suerte adversa debe correr el agravio dirigido a cuestionar el valor indemnizatorio fijado con criterio de actualidad por los sentenciantes de grado, con base en la doctrina de esta Suprema Corte sentada en la causa C. 101.107, Arbizu (sent. de 23-III-2010) y de cuya aplicación también se agravia la recurrente.
Sin perjuicio de señalar la insuficiencia impugnativa que evidencia esta parcela recursiva, en tanto la recurrente se limita a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el Tribunal de Alzada, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria (art. 279, CPCC), lo cierto es que el precedente citado en la sentencia de la Cámara resulta plenamente aplicable en la especie, puesto que allí se trató una temática similar a la de autos, ante la alegada violación del art. 8 de la ley 5.708 por haberse fijado en las instancias de grado una indemnización teniendo en cuenta el valor del bien a un momento distinto al de la desposesión.
En efecto, en la citada causa este Tribunal sentó la doctrina fijando el precio de la tierra expropiada a valores actuales más cercanos a la sentencia y no a la época de la desposesión, ello por aplicación del principio de justa indemnización —reparación justa, actual e integral del bien expropiado— (arts. 17, Const. nac. y 31, Const. prov.).
Allí se estableció que "los principios básicos a los que debe ajustarse la expropiación -en cuanto a la determinación del valor tierra-, provienen directamente de la Constitución nacional, debiendo respetarse esencialmente su letra y sus principios". También que la mora en el pago en que incurrió el Estado, al no cumplir el recaudo constitucional de que la indemnización debe ser 'previa' al acto expropiatorio, en modo alguno puede beneficiar al expropiante moroso que dejó de cumplir su deber.
Se adujo que, "debe ponderarse que la determinación de la indemnización a la época de la desposesión generaría, según una interpretación estricta del art. 8 de la ley 5708 [...], un trato desigual con aquellos casos de expropiación directa en los que el Fisco no requiere la posesión de la cosa a expropiar, lo que torna imposible referir a valores de una desposesión inexistente, y obliga a que tales valores se fijen a un momento temporalmente más cercano al fallo definitivo (fecha de las pericias o la del fallo mismo; arts. 16, Const. nac.; 11, Const. prov...)".
Asimismo, esta Corte ha reiterado en varias oportunidades que la indemnización debe ser justa, es decir, no puede ser fuente de enriquecimiento para el expropiado, ni puede disminuir tampoco su patrimonio y constituye, en el concepto constitucional y en el de la normativa legal específica, un valor equivalente al que en economía se designa como "valor de cambio", puesto que la indemnización reemplaza a la cosa en el patrimonio expropiado. Y es así que el Estado cancela su deuda solamente cuando paga una suma de dinero cuyo valor real y adquisitivo equivale, en ese momento, al valor del bien, con lo cual la obligación del expropiante no consiste en dar una cantidad de moneda, sino en reparar un valor patrimonial (causas C. 101.107, cit. y C. 98.321, "Larrosa", sent. de 5-X-2011).
También se observó que, si en los juicios de daños y perjuicios los jueces se hallan facultados para fijar el monto indemnizatorio, tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente (art. 165, CPCC), con mayor razón en los procesos de expropiación donde la indemnización es de fuente constitucional "directa", el magistrado se encuentra habilitado para fijar la cuantía de lo debido al momento de sentenciar (arts. 31, Const. prov.; 16 y 2.511, Cód. Civ.; 8 y 35, ley 5.708; causas C. 101.107, cit. y C. 116.139, "Club Argentino de Merlo S.A.", sent. de 21-II-2018).
Además, resta señalar que dicha postura se encuentra hoy plenamente consolidada. Tal es así, que en las causas A. 73.043, "Fisco de la Provincia c/Borgoglio" y sus citas (sent. de 5-III-2021); A. 73.615, "Mendi Agrícola Ganadera S.A. Comercial y Forestal" (sent. de 22-III-2024) y C. 120.004, "Demichelis" (sent. de 12-VI-2024), esta Suprema Corte resolvió que la circunstancia de que el valor se fije en un momento distinto al de la desposesión y más cercano a la sentencia, no importa violación al art. 8 de la ley 5.708 y —asimismo— estimó procedente la aplicación de intereses sobre una indemnización fijada con criterio de actualidad.
Siendo ello así, y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, corresponde desestimar el agravio bajo análisis (art. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812—).
IV.3. Tampoco es de recibo el agravio del Fisco, por el cual insiste en sostener que el fallo fijó el monto de la indemnización en moneda extranjera, argumentando que el dólar no tiene curso legal en el país y que no puede obligárselo a pagar en una moneda que no posee.
Sobre el tópico, vale recordar que la Cámara confirmó lo decidido por el juez de primera instancia, al considerar que el agravio resultaba insuficiente en los términos del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. art. 52, ley 5.708).
Asimismo, puntualizó que en la sentencia de grado no se ordenó el pago de la indemnización en dólares, sino que se adoptó dicha moneda como parámetro de cuantificación, estableciendo que el monto sería convertido a pesos al momento del efectivo pago y, por ende, el importe sería abonado en pesos. Por tanto, no consideró infringido lo dispuesto por el art. 765 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Finalmente, indicó que la recurrente no demostró que la cotización en dicha moneda distorsionaba el monto de la indemnización como deuda de valor, ni cuestionó los dictámenes periciales que informaron el valor del inmueble en dicha moneda.
Ninguno de los argumentos reseñados recibió reproche por parte de la recurrente, quién insiste en afirmar que no puede conminarse a su parte a cancelar una obligación en una moneda que no es de curso legal (dólares estadounidenses).
Al respecto, esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual el recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados —con suerte adversa— ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia en crisis (doctr. causas A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; A. 78.409, "Gómez", sent. de 27-II-2025; e.o.).
Tal déficit argumental no puede ser suplido por este Tribunal.
IV.4. Por otra parte, cabe señalar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas C. 110.648, "Siete de Diciembre S.A.", sent. de 13-XII-2017; C. 122.340, "Brom", sent. de 11-VIII-2020; e.o.).
V. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812—). Con costas al Fisco recurrente (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 primer párrafo y 289, in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso articulado ante esta Corte presenta tres agravios: i. el primero de ellos vinculado con el dies a quo del plazo de prescripción, ii. el segundo tramo está referido a la fijación de valores actuales, iii. en tanto que el tercer punto del embate se vincula al tipo de moneda.
Adelanto, como bien lo señala la ponente, que el recurso no puede prosperar.
II.1. En cuanto a la primera parcela de análisis, y dejando a salvo mi opinión, por cuestiones de economía y celeridad en el proceso, habré de acompañar lo decidido por la doctora Kogan.
II.2. Respecto de la fijación de valores actuales, además del yerro en que incurriera la recurrente, como bien lo puntualiza la estimada colega que abre el acuerdo, el tribunal de la instancia anterior ha seguido la doctrina actual de esta Corte (causas A. 73.043, "F
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