Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78925
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.925, "Balbi, Inés Isabel y Ot. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, modificó la sentencia de primera instancia en cuanto había fijado la indemnización expropiatoria en dólares estadounidenses y ordenado su conversión a pesos al momento del efectivo pago. En consecuencia, determinó la indemnización en pesos por la conversión de la valuación en dólares estadounidenses a la fecha de la sentencia. Asimismo, reconoció una indemnización en concepto de construcción de aguada (v. sent. de fecha 15-XII-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-II-2023), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante proveído de fecha 11 de julio de 2023.
Dictada la providencia de autos, agregada la memoria de la parte actora y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, previo desestimar la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada, hizo lugar parcialmente a la demanda de expropiación inversa promovida por Inés Isabel Balbi e Inés Mercedes Arraiaran y, en consecuencia, declaró expropiada a favor de la Provincia de Buenos Aires una superficie total de 8 ha, 45 a, 39 ca, correspondiente al inmueble de propiedad de las actoras, ubicado en el partido de General Viamonte.
Asimismo, fijó como justa indemnización (valor de la tierra y depreciación del remanente) la suma de USD 100.136,72, ordenando su conversión a la moneda de curso legal al momento de su efectivo pago. Adunó que dicha equivalencia debía determinarse conforme la cotización del Banco de la Nación Argentina para el tipo de cambio vendedor del día hábil anterior (2-VIII-2021; 1 USD/$101,750), ascendía a la suma de $10.188.911,26. Por otra parte, reconoció la suma de $2.241,63 para la construcción de un puente.
Finalmente, aplicó un interés del 6% anual, a calcularse desde la fecha de la desposesión (15-II-2008) y hasta el momento en que la deuda en divisa extranjera sea convertida a moneda de curso legal, y de allí en más, la tasa establecida en las causas de esta Suprema Corte que cita —tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días— (v. sent. de fecha 2-VIII-2021).
II. A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar parcialmente a las impugnaciones deducidas por ambas partes. En consecuencia, determinó la indemnización en pesos por la conversión de la valuación en dólares estadounidenses a la fecha de la sentencia de primera instancia (2-VIII-2021). Asimismo, reconoció una indemnización en concepto de construcción de aguada. Las costas de esa instancia fueron impuestas en el orden causado.
Para así decidir, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, el Tribunal de Alzada efectuó las siguientes consideraciones:
II.1. En primer lugar, al igual que la jueza de grado, desestimó el planteo vinculado con la prescripción de la acción expropiatoria, al considerar aplicable la doctrina de esta Suprema Corte que daba cuenta la sentencia impugnada y que establece que no cabe admitir el inicio del cómputo del lapso extintivo antes de la determinación judicial del monto indemnizatorio (art. 17, Const. nac.).
II.2. Luego, desestimó el agravio referido a la violación del art. 8 por haberse fijado la indemnización en un momento distinto al de la desposesión (fecha del dictamen del ingeniero agrónomo Zubía, mayo 2020), al ponderar que la interpretación que exhibía el recurso se mostraba ineficaz frente un contexto indemnizatorio que reconocía su fuente directa en la Constitución nacional y que, por lo demás, encontraba respuesta en la doctrina de esta Corte.
II.3. Distinta suerte corrió el agravio relativo a la base de cálculo en moneda extranjera.
Al respecto indicó que, si bien el dólar estadounidense era un punto de referencia admitido en el mercado inmobiliario y de uso corriente, no representaba modalidad cancelatoria de reemplazo de la moneda de curso legal (arts. 765, 766 y concs., Cód. Civ. y Com, ley 26.994).
Estimó que su determinación a valores de conversión más cercano a la sentencia, dejaba a salvo la pérdida en la especie del derecho de propiedad que, además, se completaba con los accesorios por interés.
Con base en ello, consideró que en la sentencia previa se había incurrido en un error de juzgamiento al establecer el momento de conversión y, en consecuencia, determinó que la condena establecida en la suma de USD 100.136,72 debía convertirse a la moneda de curso legal al valor de cambio oficial a la fecha de dicho pronunciamiento (1 USD /$101,75), ecuación que —según indicó— arrojó la suma de $10.188.911,26. Por su parte, confirmó los accesorios fijados por ajustarse a la doctrina de esta Corte.
II.4. Finalmente, con base en el dictamen pericial del ingeniero Zubía, determinó el costo de la instalación de una aguada en la suma de $750.000.
III. Contra dicho pronunciamiento el Fisco demandado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en cuyo marco denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional; 31 de la Constitución provincial; 3.956, 4.019 y 4.023 del Código Civil; 8, 9, 12, 24, 25, 35, 41 y concordantes de la ley 5.708. Asimismo, alega vulneración de la doctrina legal que cita.
Básicamente, insiste en cuestionar: i) el rechazo de la defensa de prescripción de la acción expropiatoria; ii) la determinación del monto indemnizatorio de la tierra expropiada con criterio de actualidad y iii) la fijación de la indemnización en moneda extranjera —con independencia del momento fijado para la conversión en moneda de curso legal—.
III.1. En primer lugar, reitera el planteo de prescripción de la acción proponiendo la revisión de la doctrina de esta Suprema Corte que, en consonancia con el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determina que el cómputo del plazo de prescripción comienza a correr recién cuando el valor del objeto expropiado se torna líquido y exigible.
Sostiene que la interpretación del carácter previo que establece la Constitución para la indemnización no puede ser entendida como un dato absoluto, de tal manera que importe una especie de indemnidad al propietario indolente, acordándole sin límite temporal el ejercicio de una acción personal de neto corte patrimonial, pues ello resulta disvalioso y reprochable jurídicamente.
Remarca que los conceptos brindados fueron receptados por un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, en la causa "Establecimiento La Magdalena", cuyos fundamentos reproduce.
Solicita se declare la prescripción de la acción expropiatoria incoada en autos, por haber excedido con creces el lapso quinquenal establecido en el art. 2.560 del Código Civil y Comercial de la Nación.
III.2. Con carácter subsidiario, sostiene que igualmente el fallo debe ser revocado en cuanto fijó la indemnización en un momento distinto al de la desposesión, violando de ese modo los arts. 8, 9, 35 y concordantes de la ley 5.708.
Expresa que, frente a la claridad de las normas, no es posible dejarlas de lado por vía interpretativa y con la mera invocación del art. 17 de la Constitución nacional, pues para ello resulta menester su declaración de inconstitucionalidad, circunstancia que no ha acontecido.
Por su parte, sostiene que la Cámara fijó la indemnización con criterio de actualidad con base en un precedente de esta Suprema Corte (causa C. 101.107, "Arbizu") que entiende inaplicable en la especie y violentó la jurisprudencia consolidada de la Corte de Nación que confirma el criterio que impone fijar un valor al tiempo de la desposesión y desde ese momento los intereses correspondientes, excluyendo así la incidencia de las vicisitudes posteriores (causa "Chaco").
III.3. Finalmente cuestiona que se haya fijado el monto de la indemnización en dólares estadounidenses, más allá del momento determinado por la Cámara para efectuar la conversión a moneda de curso legal, pues según entiende, ello implicó aplicar un mecanismo indexatorio vedado por las leyes 23.928 y 25.561.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Con relación al embate dirigido a cuestionar el rechazo de la defensa de prescripción, corresponde convalidar lo resuelto por el Tribunal de Alzada en tanto se ajusta al criterio de esta Suprema Corte en la materia.
En efecto, conforme expuse en diferentes ocasiones (doctr. causas Ac. 85.060, "Aguilar", sent. de 1-IV-2004; Ac. 89.425, "Durrieu", sent. de 14-XII-2005; Ac. 76.907, "Tapera Arteche S.A.", sent. de 9-VIII-2006; A. 69.296, "Larred", sent. de 26-X-2016; e.o.), sobre dicho tópico comparto el criterio seguido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto entiende que la expropiación por causa de utilidad pública origina una relación jurídica de derecho público, en la que la adquisición del dominio sobre el bien expropiado se halla subordinada al pago de la indemnización previa, de conformidad con los arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de la Carta local (CSJN Fallos: 287:387, 315:596, 315:606, 320:1263; e.o.).
Ello así, conforme lo determina el art. 17 de la Constitución nacional "...La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada...", en consecuencia, hasta tanto no se halle perfeccionada la expropiación mediante el cumplimiento del requisito de la indemnización dispuesto en la cláusula constitucional citada, no cabe admitir el cómputo de plazo de prescripción alguno para el ejercicio de la acción expropiatoria inversa prevista en el art. 41 de la ley 5.708.
Es así que, mientras el valor del objeto expropiado sea un crédito ilíquido e inexigible, por falta de acuerdo entre el particular y el Estado, y deba determinarse por sentencia judicial, el derecho al cobro del crédito representativo del valor del bien no puede extinguirse por prescripción, desde que esta solo principia en el momento en que el crédito se torna cantidad cierta (causas A. 69.296, "Larred", sent. de 26-X-2016; A. 72.522, "Lorda" y A. 72.806, "Santiano", sents. de 26-XII-2018).
De tal manera, los argumentos ensayados por el recurrente no tienen por virtud modificar mi opinión consolidada en reiterados precedentes del Tribunal en los que al intervenir voté en el sentido apuntado. De allí que considere que la Cámara interviniente aplicó acertadamente la doctrina legal elaborada por este Tribunal sobre este aspecto de la contienda.
Lo expuesto resulta suficiente para desestimar esta parcela recursiva.
IV.2. Igual suerte adversa debe correr el agravio dirigido a cuestionar el valor indemnizatorio fijado con criterio de actualidad por los sentenciantes de grado, con base en la doctrina de esta Suprema Corte sentada en la causa C. 101.107, "Arbizu" (sent. de 23-III-2010) y de cuya aplicación también se agravia el Fisco demandado.
Sin perjuicio de señalar la insuficiencia impugnativa que evidencia esta parcela recursiva, en tanto el recurrente limita su labor a expresar su mera disconformidad con lo decidido por la Cámara, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria (art. 279, CPCC), lo cierto es que el precedente citado por los sentenciantes resulta plenamente aplicable en la especie, puesto que allí se trató una temática similar a la de autos, referida a la violación del art. 8 de la ley 5.708 por haberse fijado en las instancias de grado una indemnización teniendo en cuenta el valor del bien a un momento distinto al de la desposesión.
En efecto, en la citada causa, este Tribunal sentó la doctrina fijando el precio de la tierra expropiada a valores actuales más cercanos a la sentencia y no a la época de la desposesión, ello por aplicación del principio de justa indemnización —reparación justa, actual e integral del bien expropiado— (arts. 17, Const. nac. y 31, Const. prov.).
Allí se estableció que "los principios básicos a los que debe ajustarse la expropiación —en cuanto a la determinación del valor tierra—, provienen directamente de la Constitución nacional, debiendo respetarse esencialmente su letra y sus principios". También que la mora en el pago en que incurrió el Estado, al no cumplir el recaudo constitucional de que la indemnización debe ser 'previa' al acto expropiatorio, en modo alguno puede beneficiar al expropiante moroso que dejó de cumplir su deber.
Se adujo que, "debe ponderarse que la determinación de la indemnización a la época de la desposesión generaría, según una interpretación estricta del art. 8 de la ley 5708 [...] un trato desigual con aquellos casos de expropiación directa en los que el Fisco no requiere la posesión de la cosa a expropiar, lo que torna imposible referir a valores de una desposesión inexistente, y obliga a que tales valores se fijen a un momento temporalmente más cercano al fallo definitivo (fecha de las pericias o la del fallo mismo; arts. 16, Const. nac.; 11, Const. prov...)".
Asimismo, esta Corte ha reiterado en varias oportunidades que la indemnización debe ser justa, es decir, no puede ser fuente de enriquecimiento para el expropiado, ni puede disminuir tampoco su patrimonio y constituye, en el concepto constitucional y en el de la normativa legal específica, un valor equivalente al que en economía se designa como "valor de cambio", puesto que la indemnización reemplaza a la cosa en el patrimonio expropiado. Y es así que el Estado cancela su deuda solamente cuando paga una suma de dinero cuyo valor real y adquisitivo equivale, en ese momento, al valor del bien, con lo cual la obligación del expropiante no consiste en dar una cantidad de moneda, sino en reparar un valor patrimonial (causas C. 101.107, cit. y C. 98.321, "Larrosa", sent. de 5-X-2011).
También se dejó sentado, que si en los juicios de daños y perjuicios los jueces se hallan facultados para fijar el monto indemnizatorio, tanto a la fecha del hecho como al momento de dictar sentencia y aún diferirlo a las resultas del procedimiento que considere pertinente (art. 165, CPCC), con mayor razón en los procesos de expropiación donde la indemnización es de fuente constitucional "directa", el magistrado se encuentra habilitado para fijar la cuantía de lo debido al momento de sentenciar (arts. 31, Const. prov.; 16 y 2.511, Cód. Civ.; 8 y 35, ley 5.708; causa C. 101.107, cit. y C. 116.139, "Club Argentino de Merlo S.A.", sent. del 21-II-2018).
Cabe destacar que estos lineamientos fueron confirmados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación —al desestimar el recurso federal planteado— mediante sentencia del 23 de febrero de 2012 dictada en los autos referidos ( in re "Arbizu, Víctor Esteban y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/expropiación inversa", A. 574.XLVII) y reiterados en numerosos precedentes dictados por este Tribunal (C. 100.908, "Ormaechea", sent. de 14-VII-2010; C. 102.963, "Sabalette", sent. de 7-IX-2016; C. 100.085, "Juambelz", sent. de 10-V-2017; C. 113.190, "Albisu de Soler", sent. de 14-VI-2017; A. 74.634, "Loggia, María y otros contra Dirección de Hidráulica. Expropiación inversa" y A. 73.677, "Álvarez, Diego Antonio contra Fiscalía de Estado (Prov. de Bs. As.) Expropiación inversa", sents. de 24-II-2021).
Por lo demás, resta señalar que dicha postura se encuentra hoy plenamente consolidada. Tal es así, que en las causas A. 73.043, "Fisco de la Provincia c/Borgoglio" y sus citas (sent. de 5-III-2021); A. 73.615, "Mendi Agrícola Ganadera S.A. Comercial y Forestal" (sent. de 22-III-2024) y C. 120.004, "Demichelis" (sent. de 12-VI-2024), esta Suprema Corte resolvió que la circunstancia de que el valor se fije en un momento distinto al de la desposesión y más cercano a la sentencia, no importaba violación al art. 8 de la ley 5.708 y —asimismo— estimó procedente la aplicación de intereses sobre una indemnización fijada con criterio de actualidad.
Siendo ello así, y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, corresponde desestimar el agravio bajo análisis (art. 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812—).
IV.3. Por otro lado, cabe señalar que la consideración del dólar estadounidense para fijar el valor del inmueble expropiado, no constituye por sí mismo la aplicación de un índice de actualización monetaria, sino un modo de establecer una indemnización justa (arts. 17, Const. nac.; 4, ley 25.561; 35, ley 5.708; causas C. 101.107 y C. 100.908, ya cits.; C. 116.233, "Suparo", sent. de 13-XII-2017, e.o.).
IV.4. Finalmente, resta señalar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas C. 110.648, "Siete de Diciembre S.A.", sent. de 13-XII-2017; C. 122.340, "Brom", sent. de 11-VIII-2020; e.o.).
V. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada (arts. 279 y 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827). Con costas al Fisco recurrente (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 primer párrafo y 289, in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Como bien lo destaca la colega que abre el acuerdo, el recurrente plantea dos agravios. El primero de ellos, vinculado a la prescripción; en tanto que el segundo está referido a la fijación de valores por la tierra desposeída más cercanos a la fecha de la sentencia. Respecto de ambos temas habré de acompañar la solución propuesta por la doctora Kogan, conforme a las consideraciones que seguidamente expongo.
II. 1. Respecto del primer agravio, recordaré que oportunamente, en la causa Ac. 82.155 (sent. de 22-X-2003), adherí al voto del doctor de Lázzari quien dijo que razones de economía procesal indicaban la conveniencia de adecuar el pronunciamiento a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de prescripción en la expropiación inversa (S.738.XXXVII, "Staudt, Juan Pedro Guillermo c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 27-V-2004, e.o.; cfr. mi voto en causa C. 89.426, "Peñalba", sent. de 16-II-2005; A. 72.594, "De Urquiza Anchorena", sent. de 20-IX-2017; A. 72.522, "Lorda" y A. 72.806, "Santiano", sents. de 26-XII-2018, y recientemente A. 72.833, "Marin de Donovan", sent. de 4-VI-2025).
El alto Tribunal resolvió en la causa "María Georgina Cecilia Acevedo de Cámpora" (Fallos: 287:387) que la adquisición del dominio sobre el bien expropiado por el Estado se halla subordinada al pago de la indemnización previa, determinada en la sentencia definitiva del juicio expropiatorio (art. 17, Const. nac.). Pues, "constituyéndose la relación expropiatoria con la declaración de utilidad pública y extinguiéndose con el pago de la indemnización que se fije por acuerdo de partes o sentencia definitiva y quedando, por lo tanto, sometida íntegramente al derecho público, mientras no se extinga aquélla, el Estado no podrá adquirir el dominio del bien o de las cosas afectadas a expropiación por las vías normadas en el Código Civil. De ahí que la invocación de la prescripción adquisitiva es inoficiosa mie
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