Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73503
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.503, "Industrias Isaco S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación Inversa. Recurso Extraordinario de Nulidad e Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco demandado, confirmando de ese modo la sentencia de primera instancia que -a su turno- hizo lugar a la acción de expropiación inversa y fijó, además del monto indemnizatorio, el cómputo de los intereses a partir de la entrada en vigencia de la ley 13.347. Las costas de esa instancia fueron impuestas en el orden causado -art. 51 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo- (v. fs. 2.053/2.065 vta.).
Disconformes con ese pronunciamiento, ambas partes interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y la parte actora interpuso asimismo recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 2.068/2.074 vta. y 2.076/2.084 vta.), habiendo la Cámara interviniente concedido los dos primeros y denegado el último, mediante el decisorio de fs. 2.086/2.087 vta.
Dictada la providencia de autos para resolver a fs. 2.093 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fisco demandado en cuanto a la procedencia de la acción expropiatoria?
En su caso:
2ª) ¿Lo es respecto del resto de los agravios?
En cualquier caso:
3ª) ¿Lo es el interpuesto por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- hizo lugar a la demanda promovida por el síndico de la quiebra Industrias Isaco S.A. y, en consecuencia: i) declaró operada a favor de la Provincia de Buenos Aires la expropiación de los inmuebles pertenecientes a Industrias Isaco S.A., ubicados en la localidad de Villa Ballester, junto con la respectiva maquinaria de la empresa (cfr. art. 1 de la ley 13.347); ii) fijó la indemnización en la suma de diecisiete millones trescientos cincuenta mil pesos ($17.350.000) por el inmueble y en dieciséis millones cien mil pesos ($16.100.000) por la maquinaria y iii) estableció que a las sumas consignadas se les aplicará la tasa de interés que pague el Banco Provincia en sus depósitos a treinta días, desde la fecha de la desposesión -entrada en vigencia de la ley 13.347- hasta el efectivo pago. Las costas de esa instancia fueron impuestas en el orden causado (cfr. art. 51 inc. 1, CCA).
Para así decidir, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, el Tribunal de Alzada efectuó las siguientes consideraciones:
I.1. En primer lugar, desestimó los agravios esgrimidos por el Fisco demandado referidos a la violación del principio de división de poderes y al error en que habría incurrido la señora jueza de grado al equiparar la sanción de la ley que declara la utilidad pública con la turbación de la propiedad prevista por el art. 41 de la ley 5.708, a los fines de habilitar la procedencia de la acción.
Al efecto, la Cámara puntualizó que los textos constitucionales y legales, tanto nacionales como provinciales, han querido dar el mayor marco normativo al proceso expropiatorio como garantía de la inviolabilidad del derecho de propiedad, propiciando que sea el poder legislativo el único que puede limitar el derecho de propiedad privada. A partir de allí, no encontró violentado -en el caso- el principio de división de poderes por el solo hecho de que el Poder Ejecutivo provincial no hubiere iniciado el proceso judicial de expropiación.
Por su parte, indicó que tampoco podía sostenerse, desde esa perspectiva, que el Fisco no hubiera dispuesto ninguna medida que restrinja las acciones legales del dueño, pues advirtió que la sanción de la ley 13.347 que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación los bienes objeto de la presente litis, vino a convalidar la ocupación de dichos bienes por parte de los integrantes de la "Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Limitada" (cfr. art. 2, ley cit.). Sostuvo que aquel acto de los trabajadores -toma de las instalaciones de la empresa en quiebra con el objeto de defender la fuente de trabajo-, se constituyó, a partir de la sanción de la ley, en el acto turbatorio que dio pie a la expropiación inversa, al no haber el Poder Ejecutivo provincial iniciado el juicio expropiatorio y al verificarse -tal lo acreditado por la señora jueza de la instancia anterior- los supuestos de la ley 5.708 para tener por operada la expropiación inversa. Agregó que la citada ley brindó sustento legal a la ocupación de dichos bienes, siendo la voluntad legislativa la que decidió expropiarlos y adjudicarlos, en forma onerosa, a los trabajadores.
Reparó en que la ley 13.347 fue promulgada, y que no se había evidenciado la voluntad de abandono alegado por el Fisco.
A mayor abundamiento, indicó que el propio Poder Ejecutivo, en el marco de dar protección a la preservación de fuentes laborales de las cooperativas de trabajadores, cuyos bienes se encuentren amparados y promovidos por leyes que los declararon sujetos a expropiación, dictó el decreto 1.383/05 que puso bajo la órbita de los ministerios de Trabajo y de la Producción de la Provincia de Buenos Aires aquel universo de situaciones del que dan cuenta sus considerandos, lo que estimó denotaba la voluntad del Ejecutivo de fomentar y proteger ese interés público preservando las fuentes laborales de los trabajadores provinciales involucrados, lo que también hace al cumplimiento del mandato constitucional de justicia social (cfr. arts. 75 inc. 19, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. prov.).
Finalmente, referenció en su aval el precedente de esta Suprema Corte "La Baskonia S.A." (A. 71.506, sent. de 19-XII-2012).
I.2. Posteriormente, se abocó al tratamiento de los agravios vinculados con el valor asignado a los bienes sujetos a expropiación y al modo en que se impusieron las costas del juicio, los que consideró escuetos y que no refutaban los argumentos brindados por la señora jueza de grado.
I.2.a. En cuanto al valor indemnizatorio otorgado en la sentencia al inmueble y maquinarias, sostuvo que la magistrada los fijó teniendo en cuenta los valores y fundamentos técnicos dados por los peritos que intervinieron en autos, los que -según señaló- resultaban concordantes, razón por la cual ponderó que la disconformidad del recurrente era más una cuestión subjetiva que técnica, que no lograba corporizar una crítica concreta y razonada.
Por su parte, indicó que insistir el apelante con el argumento de que no existió desposesión, tampoco mejoraba la situación recursiva con relación al valor asignado a los bienes, en tanto dicha cuestión fue abordada y desestimada en los considerandos anteriores.
I.2.b. En relación con las costas de primera instancia, mantuvo su imposición al Fisco demandado, por considerar que resultó sustancialmente vencido en el pleito (cfr. art. 68, CPCC).
I.3. Por último, descartó el agravio dirigido a cuestionar la aplicación de intereses compensatorios, que el recurrente fundara en la ausencia de desposesión, en virtud de lo resuelto sobre el tema al tratarse la cuestión.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 1, 5, 17, 18, 31 y concordantes de la Constitución nacional; 8, 12 y 41 de la ley 5.708 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, alega vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte que cita.
II.1. Básicamente, se agravia de que la Cámara le otorgue carácter turbatorio a la promulgación de la ley 13.347 para -de ese modo- tener por configurada la causal de expropiación inversa contenida en el art. 41 de la ley 5.708.
Alega que la turbación señalada en el artículo citado debe ser un acto jurídico concreto e identificable.
Reseña diversos precedentes de esta Suprema Corte en los que se delimitara el alcance del vocablo en cuestión y se estableciera que la mera sanción de la ley expropiatoria, aún con su anotación registral, no implica un acto de desposesión en los términos de la Ley de Expropiaciones de la Provincia.
Con base en ello, sostiene que -en la especie- la promulgación de la ley no puede ser considerada una turbación de la propiedad.
Por otro lado, postula que la sentencia en crisis vulnera el principio de división de poderes. Al efecto, señala que la expropiación declarada por el Congreso, no crea un derecho activo a favor de los propietarios sujetos a ella para obligar al Estado a hacerla efectiva, dado que el Poder Ejecutivo debe elegir el momento con arreglo a sus posibilidades económicas y prudente arbitrio. Refiere en su aval fallos de la Corte federal y provincial sobre el tópico.
Señala que el Poder Ejecutivo no puede efectuar erogaciones sino en el marco de la Ley de Administración Financiera, que le prohíbe pagar sin contar con recursos previstos con anterioridad para afrontar el gasto, cuestión que, aduce, no fue considerada en la sentencia.
Manifiesta que el Tribunal de Alzada incurre en contradicción y no termina de identificar cual es el acto turbatorio perpetrado por el Fisco, si la irrupción de los trabajadores en la empresa o el dictado de la ley expropiatoria.
Por lo demás, sostiene que no puede argumentarse que el Poder Administrador no haya planteado el abandono, ya que antes del inicio del presente juicio resultaba innecesario y luego de promovida la demanda, al contestarla, su parte invocó ad eventum el desistimiento de la expropiación (cfr. art. 43, ley 5.708).
Con respecto al dictado del decreto 1.383/05 -invocado por la Cámara en su sentencia- alega que no tiene potencial para generar turbación y -además- que resulta posterior a los hechos producidos por los trabajadores.
Finalmente, plantea que la ley que dispuso la expropiación del bien objeto de autos, no resulta imprecisa y que, si le generó dudas al propietario, debió haber consultado a un idóneo, librado oficio para que el Ejecutivo exprese si iba a ejecutar -o no- la ley o plantear una acción declarativa de certeza.
II.2. Posteriormente, se agravia del monto otorgado en concepto de indemnización por no considerarlo justo.
Alega -con cita de jurisprudencia de este Superior Tribunal- que cuando el art. 8 de la ley 5.708 refiere al valor del bien a la fecha de desposesión, lo hace porque respetando preceptos constitucionales y legales (arts. 17, Const. nac.; 9, Const. prov. y 2.511, Cód. Civ.) es en el instante en que se consumó la desposesión, el momento en el que el expropiado debió recibir el equivalente pecuniario (justa indemnización) del bien del que es privado en pos del interés público.
Aduce que, en la especie, no se tuvo en cuenta que a esa fecha la empresa estaba quebrada y que al tiempo de producirse la prueba pericial la fábrica contaba con las mejoras e innovaciones introducidas por la cooperativa de trabajadores, por lo cual -postula- el valor calculado por la Cámara importa un enriquecimiento sin causa para el titular dominial.
En igual sentido, cuestiona la aplicación de intereses tomando como base valores actuales del bien.
Sostiene que si por hipótesis y en estricta justicia, lo que se busca indemnizar es el uso y goce de la cosa, correspondería establecer el valor del alquiler del predio desde la desposesión hasta la fecha.
A ese respecto indica que el alquiler de una empresa quebrada de ninguna manera puede justipreciarse en el monto fijado en la sentencia, el que representa un valor que no se ajusta a la realidad.
II.3. Finalmente, plantea la aplicación al caso de la ley 26.351, que establece que cuando deba indexarse un valor no podrá establecerse uno superior al real y actual de dicha cosa, bien o prestación, al momento del pago.
III. El recurso prospera.
Conforme surge del relato de antecedentes, el fundamento central de la Cámara para tener por acreditados los presupuestos del art. 41 de la ley 5.708, radicó en considerar la sanción de la ley 13.347 como el acto turbatorio que motivó la expropiación inversa, en la inteligencia de que esta habría convalidado la ocupación originariamente consumada por los trabajadores de la firma en quiebra con el objeto de defender su fuente laboral (cfr. art. 2, ley 13.347).
Cabe destacar que la desposesión a la que apunta el art. 8 de la ley 5.708 es la llevada a cabo por el Estado como sujeto expropiante, con arreglo a dicho ordenamiento (doctr. causas Ac. 56.165, "Fiscalía", sent. de 15-VII-1997; Ac. 81.734, "Provincia", sent. de 8-IX-2004; Ac. 84.716, "Fiscalía", sent. de 28-IX-2005 y C. 119.421, "Jaime Salmun S.A.I.C.I. y A.", sent. de 21-XI-2018).
En la causa C. 93.459, "Payton" (sent. de 17-IX-2008), he señalado que en caso de una expropiación directa ese hecho acaece con la toma de posesión por la autoridad pública previa decisión judicial que así lo ordene (cfr. arts. 23, 38 y 39, ley 5.708 y 1, dec. ley 2.480/63), de manera tal que la mera voluntad legislativa de expropiar un bien, declarándolo para ello de utilidad pública, no sustituye aquella determinación jurisdiccional (materializada mediante mandamiento de toma de posesión).
Distinta solución prevé el referido cuerpo legal respecto a la expropiación inversa. En efecto, puede ocurrir que, declarado el bien sujeto a utilidad pública -en forma específica o por efecto del segundo párrafo del art. 3 de la ley 5.708- el Estado entre en posesión sin el consentimiento del propietario (art. 41 inc. "a") como, también, que medie otro tipo de comportamiento estatal: una turbación relevante en la propiedad por acción u omisión de la autoridad pública (art. 41 inc. "c") que conlleve la privación del bien.
En punto a los supuestos que engloba la norma, en anteriores precedentes he suscripto la posición según la cual, a la luz del texto del art. 8 de la ley 5.708 y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia (cfr. CSJN Fallos: 313:1446 y 316:1756), se caracteriza a la desposesión como la pérdida de toda posibilidad de uso y goce del bien sujeto a expropiación, lo que conduce a descartar una equiparación mecánica con la fecha de declaración de utilidad pública o aquella en que se establece la interdicción de venta en el respectivo Registro (cfr. causas C. 83.282, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 8-III-2007 y C. 96.771, "Rodríguez", sent. de 3-III-2010) y aún con el momento en que se produce una afectación que proviene de actos imputables a terceros, ajenos al expropiante (mi voto en causa C. 93.459, "Payton", ya cit.).
Ello no obsta, sin embargo, la configuración de supuestos especiales en los que el accionar estatal conlleva una restricción al derecho de propiedad que por su entidad materializa la desposesión a la que alude el art. 8 de la ley 5.708 (mi voto en causa A. 69.571, "Dreyer", sent. de 14-X-2009). Ello, sumado a la declaración de utilidad pública, viabiliza la acción de expropiación inversa en los términos del art. 41 inc. "c" de la ley 5.708 (mi voto en causa C. 100.816, "Girón", sent. de 30-V-2012). También, en los casos en los cuales el plazo del abandono previsto en la ley expropiatoria se prolongaba en forma abusiva e irrazonable (cfr. causa A. 70.502, "Gesma", sent. de 10-VI-2015). En ellos, la actividad estatal operaba como un valladar para que el dueño recobrase la posesión perdida a manos de terceros.
En la especie, sin embargo, no concurren circunstancias que permitan adoptar la solución consignada en los precedentes anteriores.
La ley expropiatoria 13.347 no tiene los alcances verificados en la causa C. 100.816, "Girón" (cit.), en la que la ley 12.908 había dispuesto que a partir de su entrada en vigencia quedaban suspendidos por el término de trescientos sesenta (360) días los juicios de desalojo que hubieren sido promovidos y por igual lapso aquellos que se iniciaren con posterioridad (art. 18; en igual sentido, v. ley 12.910 objeto de análisis en causa A. 69.571, "Dreyer", cit.). Tampoco se encuentra configurado un supuesto de prolongación abusiva o irrazonable del plazo previsto en el art. 47 de la ley 5.708 a través de sucesivas leyes que declararan la utilidad pública del bien, circunstancia que caracterizara al precedente "Gesma" citado.
Es que, en rigor, no se ha invocado en la especie algún acto concreto imputable al Estado provincial que lleve aparejada la imposibilidad de utilizar los remedios normales previstos en el ordenamiento para la tutela del derecho de dominio. De haber sufrido de hecho tal restricción, es una cuestión que debió alegar y probar el actor en el proceso (cfr. art. 375, CPCC).
En suma, los argumentos del recurrente logran demostrar la infracción normativa del art. 41 de la ley 5.708 en que incurrió la Cámara al considerar que la sanción de la ley 13.347, se constituyó en el acto turbatorio que habilitó la expropiación inversa.
IV. Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el Fisco demandado, revocar la sentencia de Cámara y rechazar la demanda en todos sus términos. Con costas de todas las instancias a la actora vencida (cfr. arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
El recurso no prospera (conf. doctr. art. 279, CPCC).
I. El impugnante insiste en esta sede con un argumento ya planteado en las instancias inferiores pues, a su entender, en el caso resultarían ausentes los actos posesorios o turbatorios por parte del Estado. Sin embargo, en modo alguno logra demostrar que el Tribunal de Alzada hubiera incurrido en las infracciones legales que alega, al encontrar configurados los presupuestos establecidos en el art. 41 de la ley 5.708.
No se advierte la violación del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial, de los artículos de la ley de expropiaciones invocados, ni de la Constitución nacional, sino la aplicación de estos a las circunstancias de la causa. Eventualmente lo que se observa es una discrepancia subjetiva del recurrente, con las consideraciones realizadas por la Cámara para encuadrar los hechos e incluir a estos dentro de la norma.
En rigor de verdad, lo que el quejoso discute es la valoración que de ciertos actos o situaciones ha realizado la Cámara y por las cuales esta ha interpretado los sucesos como "turbatorios o desposesorios" de la propiedad y atribuibles al Estado, en los términos del art. 41 de la ley 5.708.
II. A saber: el Tribunal de Alzada para tener configurados los requisitos de procedencia de la acción intentada, consideró que la sanción de la ley 13.347 -que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes objeto de la presente litis- vino a convalidar su ocupación por parte de los integrantes de la "Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Limitada" (cfr. art. 2, ley 13.347).
Señaló que aquel acto originario de parte de los trabajadores se constituyó, a partir de la sanción de dicha ley, en el acto turbatorio que da pie a la acción iniciada, ante la inacción del Poder Ejecutivo provincial, configurándose los supuestos o presupuestos regulados por la ley 5.708, para tener por operada la expropiación inversa.
En ese contexto, consideró que la ley 13.347 persiguiendo no solo un interés público como es la protección de las fuentes de trabajo de los obreros de la empresa caída en quiebra sino la justicia social propiamente dicha, dio sustento legal a la ocup
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