Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72942
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Pettigiani, Soria, de Lázzari, Genoud, Kogan, Natiello, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.942, "Larumbe, María Ignacia y otros contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata tuvo por no presentado el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, al hacer efectivo el apercibimiento normado en los arts. 34 inc. 5, 46, 47, 48 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial -conforme art. 77 del Código Contencioso Administrativo-, (v. fs. 454/458 vta.), en tanto consideró no ratificada oportunamente la presentación del aludido escrito recursivo.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. fs. 459/466), que fueran concedidos por la Cámara interviniente mediante el decisorio de fs. 483/484.
Esta Corte, mediante resolución obrante a fs. 494/495, declaró mal concedido el recurso extraordinario de nulidad y llamó a autos para resolver el de inaplicabilidad de ley.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. En primera instancia se rechazó la demanda de expropiación inversa entablada por las señoras María Beatriz Larumbe, María Cristina Larumbe, María Fernanda Larumbe, María Ignacia Larumbe y María Teresa Larumbe contra la Provincia de Buenos Aires y se impusieron las costas del proceso en el orden causado (v. fs. 394/404).
El 20 de diciembre de 2012, el doctor José Manuel Sáez -invocando el carácter de letrado apoderado de la parte actora- interpuso recurso de apelación contra dicho fallo.
El recurso fue concedido y se procedió a su sustanciación para, luego, ser elevadas las actuaciones a la Cámara de Apelación.
I.2. Recibidas las actuaciones por el Tribunal de Alzada, éste observó que la acción había sido iniciada por el doctor Javier Fernando Musotto como apoderado de la parte actora, acreditando la personería mediante copia del testimonio de poder general judicial que le fuera otorgado.
Indicó que del citado instrumento surgía que las actoras confirieron poder general a los profesionales doctor Javier Fernando Musotto, Jorgelina Castellano y Antonio Clark.
Señaló que, en autos, con posterioridad compareció el doctor José Manuel Sáez expresando que lo hacía "...por la representación que acredito del apoderado del actor y en ejercicio del mandato invocado por el mencionado letrado en autos..." y que dicha representación se encontraba acreditada con copia de poder general para juicios, dado que el doctor Javier Fernando Musotto le había conferido mandato para que lo representara en juicio (v. fs. 35).
La Cámara consideró que la representación por él invocada no se encontraba acreditada, en tanto no se había adjuntado poder suficiente para representar a las actoras, lo que estimó conllevaba la inadmisibilidad formal del recurso de apelación intentado a fs. 407/425 (v. fs. 443 vta.).
Por otra parte, agregó que no se había hecho uso de la franquicia conferida por el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial y concluyó que al mediar un incumplimiento a lo que en materia de personería mandan los arts. 46 y 47 del citado cuerpo normativo, correspondía intimar al doctor José Manuel Sáez para que en el plazo de cinco días acreditara en debida forma la representación invocada en el recurso de apelación (v. fs. 446).
I.3. Con antelación a que el letrado fuera notificado de dicha intimación, tanto el doctor Javier Musotto (v. fs. 447) como las actoras (v. fs. 449/450) ratificaron la presentación del doctor Sáez, en la cual se dedujera el recurso de apelación.
Sin embargo, el Tribunal de Alzada entendió que dichas ratificaciones no resultaban hábiles para convalidar la actuación cumplida por el doctor José Manuel Sáez.
En conclusión, estimó que no se había cumplido con la intimación ordenada a fs. 441/446 e hizo efectivo el apercibimiento formulado, teniendo por no presentado el escrito de apelación obrante a fs. 407/425.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, interpuesto a fs. 459/466 la parte actora denuncia errónea aplicación de los arts. 46, 47, 48 y 51 del Código Procesal Civil y Comercial; violación a la doctrina legal de esta Corte y absurdo en la apreciación de las constancias de la causa.
Se presenta el doctor Musotto, como apoderado de las actoras, y señala que en dicha calidad delegó y sustituyó su actuación en el doctor Sáez mediante mandato general judicial agregado a fs. 36 (conf. arts. 1.869, 1.870, 1.879, 1.880 y concs., Cód. Civ. -entonces vigente-), cumpliendo con todas las formalidades exigidas por los arts. 979, 980, 997, 1.936 y concordantes del referido Código, para que lo represente y lleve adelante las actuaciones del presente caso.
Sostiene que la ratificación ordenada por el Tribunal de Alzada de la actuación del doctor Sáez fue cumplida por el doctor Musotto y a su vez por todas y cada una de las actoras, en tiempo y forma, como lo establecen las reglas formales, resultando ininteligible porque el Tribunal de Alzada las dio por inválidas.
Aduce que negar validez a la apelación se traduce como una vulneración al derecho de acceso a la justicia, lo que conculca garantías y derechos constitucionales, llevándolos a un límite extremo del "exceso ritual manifiesto".
Arguye con que no existió incumplimiento, en tanto se acreditó la personería, sea por mandato formal en instrumento público (se refiere al conferido por el doctor Musotto al doctor Sáez) o por la ratificación del aquel y de las propias actoras, y que el vicio fue totalmente saneado.
Expresa que la ratificación importa el otorgamiento y representación del poder para continuar las actuaciones iniciadas sin éste, surte sus efectos tanto cuando ha mediado exceso en el desempeño conferido, como cuando se ha obrado con carencia total de aquel; y que este principio es aplicable a la procuración judicial en cuanto no hubiese disposición en contrario.
Alega que este Tribunal ha establecido que habiendo invocado el letrado ser representante de la parte demandada, sin justificarlo, media un incumplimiento a lo que en materia de personería mandan los arts. 46 y 47 del Código Procesal Civil y Comercial. Y señala que estas normas se limitan a imponer la exigencia de presentación del poder sin prever sanción alguna en su defecto.
Indica que la normativa aplicable manda a intimar al letrado para que subsane la omisión apuntada, en el término de cinco días, y que este Tribunal ante dicho supuesto ha establecido que la subsanación puede ser expresa o tácita, y que de producirse -como, insiste, ha sucedido en autos-, equivale a un mandato, siempre que resulte de un hecho que necesariamente importe la aprobación de lo actuado (cita causa Ac. 22.199, sent. de 21-IX-1977).
En cuanto a la ratificación efectuada en autos, recuerda entre otros precedentes, la decisión adoptada por esta Corte en la causa C. 107.453 (resol. de 27-IV-2011).
Considera que se ha vulnerado el derecho de propiedad, del debido proceso y defensa en juicio (arts. 17 y 18, Const. nac.; 15 y 31, Const. prov.).
Destaca que debe prevalecer la verdad real o material sobre la meramente formal.
III. El recurso prospera.
III.1. El doctor José Manuel Sáez, invocando el carácter de apoderado de la actora, interpuso recurso de apelación (v. fs. 407/425), el que fue concedido (v. fs. 426).
La Cámara intimó al citado profesional para que en el término de cinco días justificara la representación aludida, bajo apercibimiento de tener por no presentada la apelación (arg. arts. 46, 47, 34 inc. 5, 345 inc. 2 y 352 inc. 4, CPCC; v. fs. 441/446).
Dentro del lapso otorgado, la actora ratificó lo actuado por dicho letrado.
III.2. Observo que con las presentaciones obrantes a fs. 449 y 450 de la parte, corresponde tener por ratificado lo actuado por el letrado a fs. 407/425 (arts. 1.935 y 1.936, Cód. Civ.).
En igual sentido en el precedente Ac. 97.147, resolución de 11-VI-2008, de similares características al presente, se sostuvo que la cuestión debía ser analizada desde la perspectiva de lo dispuesto en los arts. 34 inc. 5, 157 última parte, 345 inc. 2, en conjunción con el art. 352 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial, en virtud de ello, esa ratificación legitimó los actos realizados.
Por otra parte, advierto que la contraparte no efectuó impugnación alguna al respecto, antes de las ratificaciones efectuadas, ni aún después de ellas.
En conclusión, dado que la ratificación procede tanto en el supuesto de exceso en los límites del poder como en el de falta de los mismos (conf. causas C. 23.222, "H. de M., A. C. c/ M. A.", sent. de 29-VII-1947; Ac. 77.584, "Manfredi, Miguel Angel y otro", sent. de 19-II-2002; C. 97.147, resol. de 11-VI-2008 y C. 107.453, "Labria de Otero", resol. de 27-IV-2011) corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Habré de disentir con el distinguido colega que abre el acuerdo.
I.1. El Tribunal de Alzada consideró que el doctor Sáez no acreditó la representación por él acusada a fs. 407, por lo que tuvo por no interpuesto el recurso de apelación que aquel presentara contra la sentencia de primera instancia. Asimismo, consideró que las ratificaciones de gestión efectuadas por las actoras y por el apoderado de las mismas, resultaron extemporáneas, en tanto ya se encontraba firme la sentencia recurrida.
El fallo de la Cámara resolvió una típica cuestión de hecho, ajena -en principio- a la vía extraordinaria. Al respecto esta Corte ha señalado reiteradamente que las cuestiones vinculadas con el cómputo de plazos y representación judicial, son típicas cuestiones fácticas no revisables, en principio, en la instancia extraordinaria, salvo eficaz y acabada demostración de la existencia de absurdo (conf. causas A. 74.237, "G., T. V.", sent. de 28-XII-2016; A. 71.946, "Mollo, Antonio Franco", sent. de 30-III-2016; e.o.), extremo que no ha sido evidenciado en el recurso en tratamiento.
I.2. Asimismo destaco la genérica impugnación planteada por el recurrente, pues basa su enfoque exclusivamente en el aparente mandato conferido al doctor Sáez (alegando que se trataría de una sustitución) y en la supuesta ratificación de la actuación efectuada, sin atacar idóneamente los fundamentos brindados por la Cámara, esto es, la aplicación al caso de lo normado por el art. 1.936 del Código Civil (entonces vigente).
Tiene dicho esta Corte al respecto que en la vía extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo, comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causa A. 73.740, "Del Campo, Ricardo", sent de 10-VIII-2016; A. 70.124, "Petersen, Alberto Guillermo", sent. de 26-X-2011; e.o.).
Se ha señalado también que cuando se pretende impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre cuestiones fácticas de la litis, no basta con presentar su propia versión de los hechos, sino que es necesario realizar un juicio crítico del razonamiento desarrollado por el sentenciante a efectos de demostrar cabalmente que padece un error grave, trascendente y fundamental (conf. causas C. 119.072, "Di Vito, Carmelo Antonio", sent. de 28-IX-2016; Ac. 73.936, "Storino, Eduardo y otra", sent. de 19-II-2002; C. 102.071, "CITAL S.A.", sent de 22-IX-2010; C. 105.277, "Preussler, Ariel Alejandro", sent. de 11-VIII-2010; e.o.).
I.3. A mayor abundamiento, se señala que las conclusiones del Tribunal de Alzada no se apartan de lo establecido por este Tribunal, en tanto se ha sostenido que el mecanismo del art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial establece una facultad excepcional y por ende de interpretación restrictiva porque, atendiendo a la necesidad de evitar que una parte caiga en indefensión cuando obstáculos momentáneamente insalvables impidan la exhibición en tiempo propio de un mandato debidamente expedido, autoriza el apartamiento de las reglas relativas a la representación en juicio; y que el requerimiento de una invocación expresa del beneficio establecido en dicho artículo, lejos de constituir una "sacralización" de la forma, constituye la única posibilidad de dar legitimidad a una gestión (en el caso, apelación) realizada por el letrado que no ostentaba la representación de los demandados (arts. 46, 47, 48 y concs., 242 y concs., CPCC; conf. causas Ac. 45.607, "Clua, José", sent. de 10-XI-1992; Ac. 77.584, "Manfredi, Miguel Angel y otro", sent. de 19-XI-2002; Ac. 87.820, "Muscogorry, Jorge Cristian", sent. de 6-VI-2007; C. 102.784, "Korell, Blanca Amalia y otros", sent. de 22-IX-2010; e.o.).
Ante la inaplicabilidad del art. 48 al caso de autos -atento que no fue expresamente invocado-, se ha establecido que el marco normativo del caso está dado, pues, por los arts. 46 y 47 del Código Procesal Civil y Comercial, los que habilitan la posibilidad de aplicar las normas pertinentes del Código Civil, en tanto no entren en colisión con regla procesal alguna.
En este contexto, habiendo invocado el doctor Sáez representación, se aplica la ratificación del mandato que contempla el art. 1.936 del Código Civil (entonces vigente), el que procede en tanto responde al supuesto de exceso en los límites del poder, como en el de falta del mismo (conf. doctr. causas B. 31.862, sent. de 29-VII-1947; DJBA, t° XXI, pág. 717; La ley, t° 48, pág. 105; Ac. 77.584, "Manfredi, Miguel Angel y otro", sent. de 19-II-2002).
Al respecto esta Corte ha señalado que si bien la gestión realizada por quien no acredita la representación que invoca sirve para interrumpir o suspender -según sea el caso- el curso de la prescripción (o en este caso el plazo para interponer recurso de apelación), ello es a condición de que al tiempo de esa gestión el mandato existiese y que los efectos retroactivos de la ratificación no perjudiquen los derechos constituidos en favor de terceros por el mandante en el lapso intermedio entre el acto del mandatario y la ratificación (arts. 1.935 y 1.936, Cód. Civ.). Por ello, se ha establecido que si el gestor acreditó su personería cuando la prescripción estaba ya ganada en beneficio del hipotético deudor, su intervención no interrumpe la prescripción (causas Ac. 37.239 en "Acuerdos y Sentencias", 1988-IV-9; Ac. 41.308 en "Acuerdos y Sentencias", 1990-II-197; Ac. 44.306, sent. de 10-IX-1991; publ. en DJBA, t. 143, pág. 67; Ac. 54.130, sent. de 17-X-1995 y doctr. causa Ac. 91.496, sent. de 27-VII-2005; C. 102.538, "Núñez, Víctor Alfredo", sent de 1-VII-2011), todo lo que acredita el acierto del Tribunal de Alzada.
II. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero a lo expresado por el doctor Pettigiani en los puntos "I.1." y "I.2." de su voto, en cuanto señala que el recurso es técnicamente insuficiente.
En primer lugar, me remito a la relación de antecedentes que detalla el ponente, donde se da debida cuenta de los vaivenes procesales que dan lugar al sustento fáctico de autos. Solo habré de resaltar algunos datos puntuales.
A fs. 407/425, el doctor José Manuel Sáez apela la sentencia de primera instancia que rechazó la pretensión actora. Tal impugnación la realiza en carácter de apoderado de la parte actora (v. fs. 407).
Mediante el auto interlocutorio de fs. 441/446, el a quo resolvió que el doctor Sáez no había acreditado la representación invocada para actuar en nombre de las actoras, y lo intimó a subsanar tal omisión bajo apercibimiento de no tener por presentado el recurso de apelación (v. fs. 446).
En este pronunciamiento la Cámara resolvió dos cuestiones que resultan dirimentes en la solución del caso: i. que no existió una sustitución de poder por parte del doctor Musotto a favor del doctor Sáez, y ii. que este último no actuó invocando la licencia del art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial.
Bajo este piso de marcha, tal como lo señalara antes, intimó al presentante de la apelación a que en el término de cinco días (v. fs. 446) acredite "en debida forma la representación que invocó en el recurso de apelación".
Ante el incumplimiento de ello, mediante la decisión de fs. 454/458 tuvo por no presentado el recurso de apelación contra la sentencia de grado. En el citado interlocutorio, dejó sentado además que la ratificación efectuada por el doctor Musotto a fs. 447 no tenía ningún efecto puesto que, como se decidiera antes, el doctor Sáez no apeló invocando la licencia del art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 455). Por otra parte agregó que la ratificación efectuada por la actora, no lo fue en tiempo hábil y no podía afectar derechos adquiridos de la contraparte.
II. A su turno, el recurrente insiste en que la ratificación efectuada por el doctor Musotto convalida el obrar de Sáez (v. fs. 461) señala además que éste último tenía poder suficiente (v. fs. 463), y que aun en caso de que hubiese actuado como gestor, la ratificación de su obrar por parte de las accionantes importa convalidar el recurso de apelación.
III. Tal como lo adelantara el recurso articulado ante esta Corte no cumple con los requisitos mínimos de suficiencia (conf. art. 279).
Así en un primer tramo el actor dejó firme la decisión de la Cámara que resolvió que Sáez no tenía poder para actuar en nombre de las demandantes; y en una segunda parcela de análisis, el quejoso no advirtió que a fs. 441/446 fue intimado por la Cámara a acreditar personería y no a ratificar la gestión en los términos del art. 48.
III.1. No puede perderse de vista que según el decisorio de fs. 441/446 el doctor Sáez no tenía representación suficiente de las accionantes, y no había invocado el carácter de gestor en los términos del art. 48. La Cámara consideró además que el poder obrante a fs. 33/34 no era una sustitución del mandato de fs. 18.
Esto no fue impugnado oportunamente por la actora, por lo que llega firme y consentido a esta instancia de excepción el hecho que al articular el recurso de apelación de fs. 407/425 el doctor Sáez no detentaba la representación allí invocada.
También adquirió firmeza la circunstancia que el letrado no se presentó en los términos del art. 48, y que el instrumento obrante a fs. 33/34 no es una sustitución de mandato en los términos del art. 1.924 del Código Civil aplicable. Por ello, mal podría entonces este Tribunal volver sobre estas cuestiones.
El alcance del instrumento obrante a fs. 33/34, concedido por el doctor Musotto a favor del doctor Sáez debió ser discutido por la actora en aquella oportunidad. La Cámara dio fundados motivos por los cuales ese documento no importaba una sustitución en los términos del art. 1.924 del Código de Vélez. Ello, que tal como lo señal
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