Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122370
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Kogan, Soria , Negri , Pettigiani , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.370, "Química Sudamericana S.A.I.C. y F (en Quiebra) contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa".
La Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, oportunamente, había declarado operada la expropiación y fijado la indemnización a valores cercanos a ese pronunciamiento. Impuso las costas a la demandada (v. fs. 1.088 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.100/1.112 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. La síndico de la quiebra de Química Sudamericana S.A.I.C. y F. inició juicio de expropiación inversa contra la Provincia de Buenos Aires en razón de que por ley 12.924 se declaró la utilidad pública de la fábrica perteneciente a la actora y dispuso su donación a la Cooperativa de Trabajo Química del Sur Limitada, compuesta por los inmuebles individualizados catastralmente como Circunscripción V, Sección E, Fracción I, Parcela 6-e, 6-f, 6-g, 9, 10, 11 y 12, ubicados en el Partido de Berazategui y las edificaciones, instalaciones y bienes intangibles que describió.
Estimó el valor de la superficie en $480.000, de las edificaciones en $789.750 y de las instalaciones en $330.000, llegando a la suma total de $1.599.750. Respecto de los bienes intangibles los estimó en $3.600.000 y planteó, además, la inconstitucionalidad de la ley 12.836 (v. fs. 15/24 vta.).
Corrido el traslado de ley se presentó la Fiscalía de Estado oponiendo excepción de falta de acción basada en el art. 41 de la ley 5.708 y contestó la demanda en subsidio (v. fs. 193/202). La actora repelió la excepción planteada (v. fs. 205/206 bis).
Se abrió el juicio a prueba, se realizó la audiencia del art. 32 de la ley 5.708 (v. fs. 1.019/1.020) y, a su turno, se dictó sentencia rechazando la excepción de falta de acción interpuesta por la Provincia y, por ende, admitiendo la demanda de expropiación inversa, condenando a la Provincia de Buenos Aires al pago de la indemnización fijada en $6.471.168, con más intereses a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días, desde la fecha de publicación de la ley 12.924 -3 de septiembre de 2002- hasta el efectivo pago. Impuso las costas a la demandada (v. fs. 1.023/1.031).
Este pronunciamiento fue apelado por la Fiscalía de Estado a fs. 1.034, presentando su memorial a fs. 1.070/1.079 vta. La actora perdió el derecho de hacerlo (v. fs. 1.037 y 1.069).
I.2. Elevados los autos a la Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, ésta confirmó la sentencia de primera instancia. Además, impuso las costas a la demandada.
Para decidir de esa manera y en la medida del recurso planteado, respecto del desistimiento implícito por parte del Estado provincial de llevar adelante la expropiación ante la falta de disponibilidad de fondos que esgrimía la apelante, confirmó los fundamentos utilizados en el pronunciamiento de grado anterior para admitir la acción de expropiación inversa, destacando las particularidades del caso, lo que surgía del texto de las leyes 12.924 y 13.310, pues en ellas se reconocía la ocupación efectiva por los operarios de la empresa quebrada. Resaltó que habían constituido una cooperativa de trabajo, la que continuaba operando la fábrica siendo esta circunstancia la razón de la declaración de utilidad pública. Además, destacó que los argumentos vertidos por la apelante en su memorial eran reiteratorios de los expuestos en la instancia de origen, los que habían sido tratados por el juez de grado, motivo por el cual debían ser desestimados (v. fs. 1.082 vta. y 1.083).
Seguidamente ingresó a analizar los agravios por el valor de la tierra sujeta a expropiación y se pronunció compartiendo el criterio de que el valor de lo expropiado debía ser el más cercano a la sentencia, ratificando así la decisión del juez de primera instancia que había utilizado el valor informado en la última pericia practicada.
Tuvo en cuenta, además, que la Corte nacional había construido a través del tiempo el concepto de "justa indemnización" del bien expropiado, el que se reflejaba en los fallos de las causas "Sociedad Anónima Compañía Azucarera Tucumana"; "Fiscalía de Estado c/ Asociación Comunidad Israelita Latina"; "Keravenant c/ Empresa Constructora del Ferrocarril de Córdoba a Tucumán" y "Devoto c/ Poder Ejecutivo"; entre otros. También adhirió al criterio adoptado por esta Corte en las causas Ac. 42.322; Ac. 48.195; Ac. 63.091; Ac. 77.399 y C. 101.107 y a la opinión de académicos acerca del concepto de justa indemnización cuando hay mora en el pago por parte del Estado, resaltando la manda del art. 17 de la Constitución nacional de que la indemnización debe ser previa a la expropiación (v. fs. 1.084/1.087).
II. Se agravia la recurrente denunciando la violación o errónea aplicación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 4, 5 y 6, 164, 272 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 1.970 del Código Civil y Comercial; 4, 8, 9, 11, 12, 24, 25 y 35 de la ley 5.708; 16, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional y 31 de su par provincial y de la doctrina legal. Asimismo, alega absurdo.
II.1. Comienza su impugnación afirmando que la Cámara confunde la toma de posesión con el dictado de la ley de utilidad pública, olvidando los claros preceptos del Código Civil y de la ley 5.708 en ese punto, pues en el caso de autos no había mediado desposesión atribuible al Estado ni circunstancia asimilable a ello (v. fs. 1.103).
Destaca que la ley declarativa no tuvo ninguna incidencia en la relación entre los ocupantes poseedores y los propietarios titulares pues no implicó la turbación del ejercicio de los derechos del dominio, ya que como lo han reconocido los sentenciantes de ambos grados, la cooperativa había comenzado a funcionar en noviembre de 2001 o sea con anterioridad a la sanción de las leyes 12.924 y 13.310 que sólo limitaron su alcance a declarar la utilidad pública, lo que pone en evidencia que no hubo desposesión por parte del Estado provincial. Cita las causas Ac. 39.945 (sent. de 25-X-1988); Ac. 40.880 (sent. de 7-VII-1989) y Ac. 56.165 (sent. de 15-VII-1997) en apoyo de su postura (v. fs. 1.103/1.104 vta.).
Pone de relieve que es facultad del Poder Ejecutivo llevar a cabo la expropiación, por lo que la mera sanción de la norma no importa perjuicio para el derecho de propiedad del expropiado, pues la administración central tiene reservada la oportunidad, mérito o conveniencia para ejecutar la expropiación o abandonarla y que el término "podrá" utilizado en la norma representa una facultad y no una obligación para el Estado provincial (v. fs. 1.105 y vta.).
II.2. Se agravia también de que la Cámara se haya apartado de la hermenéutica del art. 8 de la ley 5.708, afectando directamente el derecho de propiedad y de defensa de la Provincia (v. fs. 1.105 vta. y 1.106).
Afirma que es errónea la cita de la ley 24.283 al tomar como referencia la causa de la Corte nacional "Sociedad Anónima Compañía Azucarera Tucumana" porque ya estaba prohibida la actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repotenciación de deudas, pues así estaba dispuesto en el art. 4 de la ley 25.561 que modificó el art. 7 de la ley 23.928 (v. fs. 1.106 vta.).
Indica que la Cámara, enarbolando la bandera de acatar la norma constitucional (refiriéndose al art. 17 de la Const. nac.), no hizo más que consolidar su violación en perjuicio del Estado provincial, no cumpliendo de esa manera con la exigencia constitucional de que la sentencia debe ser derivación razonada del derecho vigente; agrega que apartarse de la norma sin declarar su inconstitucionalidad es un recurso inadmisible y convalida la errónea aplicación de una ley con el argumento de su interpretación (v. fs. 1.107 y vta.).
Apunta que el precedente de esta Corte, causa Ac. 63.091 citado por la Cámara, no es de aplicación al caso porque allí el valor determinado en la pericia no evidenciaba un desajuste con el fijado al momento de la desposesión (v. fs. 1.107 vta.).
Señala que el valor determinado por el perito Capra no se ajustó a los valores reales del predio, ya que no tuvo en cuenta el de los bienes al momento en que la cooperativa se hizo cargo de ellos, pues posteriormente se introdujeron mejoras. Hace la comparación de los valores consignados en las pericias de los ingenieros Roberti, Bona y Waingortín al año 2004 con el informado por el ingeniero Capra para el año 2011, señalando que el valor asignado por este último experto es seis veces superior al fijado por los otros peritos siete años antes, lo que pone en evidencia la exorbitancia de la valuación del perito tercero, la que además supera lo solicitado por la actora en el año 2003 (v. fs. 1.108 y vta.).
Asevera que el art. 8 de la ley 5.708 constituye un sistema armónico integrado con los arts. 9, 10, 13 y 35 y que al fijar el valor a la fecha de la desposesión ha logrado sortear las modificaciones posteriores a la vigencia del régimen; agrega que el cambio de contexto histórico no es pauta de interpretación contemplada en el art. 16 del Código Civil (v. fs. 1.109 y vta.).
Enfatiza que la Cámara ha violado la doctrina del Máximo Tribunal del país consolidada en la causa "Chaco" de que la valuación debe ser fijada a la fecha de la desposesión, la que a su vez está en consonancia con la prohibición de aplicar toda forma de actualización monetaria, reafirmada en su fallo en la causa E.35.XLIV "Estado Provincial-Casación en autos: Ros, Guillermo Horacio y otros c. Estado Provincial. Expropiación inversa", sentencia de 24-V-2011 y en la causa R.22.XLVII "Rodríguez de Cayado, María Lidia y otro c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación Inversa", sentencia de 28-XI-2013 (v. fs. 1.109 vta./1.110 vta.).
Sostiene que incurre en contradicción la sentencia cuando considera que con los intereses no se puede arribar al valor objetivo del bien, pues con ellos se resarce la imposibilidad de uso; recuerda que la indemnización no es un precio, sino que es un concepto construido por la ley 5.708 en respeto de las normas constitucionales, que la expropiación es un fenómeno jurídico de conversión y sustitución de derechos del particular a favor de la comunidad, que el propietario obtiene un resarcimiento por el perjuicio y no un precio y que la indemnización no debe empobrecer ni enriquecer al expropiado. Cita doctrina de autor en apoyo de su postura (v. fs. 1.110 vta. y 1.111).
Expone que el carácter previo de la indemnización se cumplimenta adecuadamente con los intereses, los que no pueden ser inferiores a la tasa pasiva bancaria porque es la tasa para el cálculo de las indemnizaciones en general. Cita las causas Ac. 67.068, "C.E.A.M.S.E." (sent. de 2-III-1999) y Ac. 48.195, "Simons y Cía." (sent de 18-V-1993).
II.3. Por último, expresa que se ha violado el art. 35 de la ley 5.708 porque se le otorga al propietario una indemnización que supera con creces lo que había peticionado, dejando de lado la aplicación de la norma sin haberla declarado inconstitucional (v. fs. 1.111 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. La recurrente insiste ante esta sede en su prédica contra la admisión de la acción de expropiación inversa. De la lectura de sus agravios surge claramente que reitera los argumentos que ha desplegado en su memorial de apelación (v. fs. 1.071 vta., pto. IV. A y B).
Allí como aquí sustenta su argumentación en la facultad del Poder Ejecutivo para dar curso a la expropiación; y en la falta de turbación o de restricción de los derechos del propietario por la declaración de utilidad pública que no le ha impedido -a su entender- ejercer las acciones pertinentes contra los ocupantes, en este caso los trabajadores de la cooperativa (v. fs. 1.073/1.075).
Respecto de esta técnica recursiva esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente (art. 279 inc. 2 apdo. 2, CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios y desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. doctr. causas C. 109.221, "Dirección de Vialidad", sent. de 11-IV-2018; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; e.o.), lo que acontece en la especie y sella el resultado adverso del intento revisor.
III.2. En cuanto a la determinación del "justo valor" o "valor objetivo" de las tierras expropiadas y el momento en que corresponde fijarlo, el recurso gira en torno a una única cuestión: la necesaria aplicación del art. 8 de la ley 5.708, interpretado al pie de la letra, que fija ese valor a la época de la desposesión, excluyendo las fluctuaciones posteriores de los valores y la moneda, por más razonable que parezca en virtud del aumento progresivo de los precios de bienes similares al que se expropia (conf. punto VII del recurso, v. fs. 1.105 vta./1.111 vta.).
Este esquema interpretativo del régimen legal aplicable expuesto por la recurrente, basado en la inteligencia literal de un precepto -el art. 8- desconociendo el impacto de los hechos en torno a la variación del valor real del bien entre el momento por la ley elegido y el de la sentencia definitiva, omitiendo computar la totalidad de los preceptos de manera que armonicen con los principios y reglas constitucionales que rigen esta materia, no demuestra la violación legal alegada ni exhibe un razonamiento absurdo. No basta con la sola mención de la aplicación silogística del art. 8 y la previa interpretación, en cuanto a que si el texto es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos y, en consecuencia, resulta inadmisible apartarse de la fecha de determinación del monto indemnizatorio previsto en la mentada norma, con lo que no se acreditan las infracciones denunciadas. En este sentido la Cámara, en uso de sus específicas atribuciones de juzgar y en función de las circunstancias del caso al momento de dictar sentencia, ponderó una serie de pautas para determinar el valor objetivo del bien así como evaluó las consecuencias disvaliosas que provocaría la aplicación excluyente de ese precepto (conf. fs. 1.083 vta./1.087). En razón de lo apuntado concluyó que una interpretación apegada a ese precepto afectaría la garantía de inviolabilidad de la propiedad, a la vista de las cualidades que debe sustentar la indemnización, sujeta a reglas constitucionales propias -justa, actual, integral y previa- (art. 17, Const. nac.).
Antes de ahora he considerado que si el expropiante cumpliera cabalmente con su deber de pagar la indemnización con carácter "previo", tal como lo establece nuestra carta magna (arts. 17, Const. nac. y 31, Const. prov.), las modificaciones que podría sufrir el valor del bien expropiado durante el trámite del proceso judicial no tendrían lugar, porque entre la desposesión y el pago del precio no transcurriría lapso alguno apreciable (conf. mi voto en minoría en la causa Ac. 77.399, "Fiscalía de Estado", sent. de 14-XI-2001; Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo , 6ta Edición, Tomo VI, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, n° 1362 y sigs.).
Ello así toda vez que la mora en el pago en que incurrió el Estado, al no cumplir la exigencia constitucional de que la indemnización debe ser "previa" al acto expropiatorio, en modo alguno puede beneficiar al expropiante moroso que dejó de cumplir tan esencial deber.
En la causa referida, he tenido en cuenta lo que sostuviera la Corte Suprema de la Nación en los albores de nuestra organización institucional: tanto en materia de avalúos como de perjuicios de las cosas expropiadas, en caso de duda debe siempre estarse a favor del expropiado (sent. de 20-VIII-1874, in re "Keravenant c/ Empresa Constructora del Ferrocarril de Córdoba a Tucumán", Fallos: 15:254), concepto reiterado en "Devoto c/ Poder Ejecutivo" (Fallos: 82:432). Dije, recordando a Laquis, que aquel lejano precedente lleva las firmas de Salvador María del Carril y José Benjamín Gorostiaga, que intervinieron como convencionales en la sanción de la Constitución de 1853 ( Derechos Reales , Tomo III, pág. 515 y sigs.). Asimismo, el cimero Tribunal ha resuelto que el concepto de indemnización justa debe conformarse de acuerdo con las modalidades del caso (sent. de 14-IV-1975, ED, Tomo 64, pág. 193; conf. Ac. 77.399, cit.).
Ahora bien, en el sub discussio , como en el precedente Ac. 77.399 citado (fallo revocado luego por la Corte nacional con fecha 29-VI-2004), media ausencia de pago, lo que constituye fundamento idóneo para mantener igual criterio que el sostenido por la Cámara para fijar el valor de las tierras expropiadas a los valores reales que estén más cercanos a la sentencia y no a la época de la desposesión, a semejanza de como se resolviera en la causa Ac. 63.091 ("Fisco c/ González Gowland de Gaviña", sent. de 2-VIII-2000), por aplicación del principio de "justa indemnización" -reparación justa, actual e integral del bien expropiado- (arts. 17, Const. nac. y 31, Const. prov.; CSJN Fallos: 268:112; 317:377 y causa F.308.XXXIX in re "Fiscalía de Estado c/Asociación Comunidad Israelita Latina", cit.).
En apoyo de esta solución es dable agregar que el derecho público argentino otorga garantía judicial a todo habitante del país cuando se promueve una acción expropiatoria de que el juez sea quien determine la compensación (arts. 35, ley 5.708 y 17, Const. nac.). Precisamente, la parte del art. 17 de la Constitución nacional en que se expresa que ningún habitante puede ser privado de la propiedad "sino en virtud de sentencia fundada en ley" exige ese recaudo.
Puede concluirse, entonces, que la crítica formulada por la recurrente en cuanto a los pilares sobre los que basó su fundamentación el a quo ha tenido una mirada limitada conformada por una aplicación mecánica del art. 8 de la ley expropiatoria en la labor del intérprete. En función de lo expuesto, la crítica enderezada a sostener que la Cámara realiza un encuadre jurídico erróneo no logra rebatir el análisis que desarrolló el sentenciante (art. 279, CPCC).
Por otra parte, en cuanto a la determinación de la indemnización en procesos de expropiación y la opción legal que ha fijado el valor del bien que se desapropia a la fecha de la desposesión, no desconozco que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en referencia al art. 20 de la ley 21.499, sostuvo su procedencia, excluyendo la incidencia de las vicisitudes propias de los bienes expropiados sobre aquel valor y, por lo tanto, la necesidad de realizar una nueva peritación antes del pronunciamiento ("Provincia del Chaco v. Confederación General del trabajo de la República Argentina"), con la referencia a Fallos: 305:1897 y 307:458. Cabe precisar que en relación a los mismos, los supuestos de hecho que estos precedentes contemplan son diferentes al presente: en ninguno de ellos era materia de agravio la atención a los cambios acaecidos sobre las propiedades en el valor de plaza después del desapoderamiento para definir si con fijarse el valor del bien que se desapropia a esa fecha quedaba cumplido el objetivo de satisfacer al expropiado el mismo valor que se le quita. Incluso, si debiera considerarse a través de sus postu
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