Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 103877
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 103.877 "GOMEZ ALZAGA, CARLOS INDALECIO C/ FISCO DE LA PCIA. DE BS. AS. S/ EXPROPIACION INVERSA"
I. El apoderado del actor deduce recurso extraordinario federal contra el fallo de esta Corte que, por mayoría, hizo parcialmente lugar al de inaplicabilidad de ley articulado por el Fisco provincial y, en consecuencia, revocó la sentencia de Cámara y estableció que los intereses se calcularán sobre el capital indemnizatorio determinado a la fecha de la desposesión, aplicándose la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días desde ese momento y hasta la del efectivo pago (v. sent. de 7-II-2018, soporte papel de 6-III-2018, escrito electrónico de 5-III-2018 y su segundo archivo adjunto identificado como "Documento Adjunto").
II.1. El impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y en la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional (v. págs. 2 y 14, adjunto cit.).
II.2 Sostiene que el fallo objetado resulta confiscatorio, ello por cuanto, apartándose de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, modificó parcialmente la sentencia del a quo y dispuso que los intereses deberán calcularse sobre el capital indemnizatorio determinado a la fecha de desposesión hasta su efectivo pago, satisfaciendo sólo de manera aparente -según su entender- la exigencia constitucional de una adecuada fundamentación y vulnerando el art. 17 de la Constitución nacional por la afectación del derecho a una "indemnización justa" (v. págs. 2 y 13/14, adjunto cit.).
En ese sentido, explica que -conforme los precedentes de la Corte Suprema nacional que cita- el mentado concepto de "justa indemnización" implica cubrir el costo de reproducción o de reposición, es decir, lo que habría que invertir para obtener -actualmente- un bien igual al expropiado. Y que la sentencia en crisis omite justamente ponderar la variación de esos valores a través del tiempo, con el agravante de que la prolongación de ese lapso resulta -a su entender- imputable al Tribunal, dada la demora en resolver estos casos (v. págs. 14/15, adjunto cit.).
A ello agrega la incidencia de otro factor que desmerece el monto expropiatorio, esto es, el proceso inflacionario que -denuncia- la justicia se niega a reconocer y remediar. Concluye -así- que la sentencia se desentiende de la realidad económica del juicio. En consecuencia, peticiona que el pronunciamiento en crisis sea revocado y que se ordene dictar uno nuevo, ya sea fijando el valor de la tierra expropiada en la etapa de ejecución de sentencia tomando la cotización del dólar estadounidense a ese momento o bien ordenando la emisión de un nuevo informe pericial que contenga el valor real y actual de las tierras expropiadas (v. págs. 16/18, adjunto cit.).
II.3 Afirma, por otro lado, conforme los precedentes de la Corte Suprema nacional que cita, que la condena al pago de intereses desde que el expropiante ocupó el bien, hasta que se ponga el precio a disposición del dueño es impuesta, no sólo por la ley, sino por la naturaleza misma de las cosas, en tanto se resarce -así- la indisponibilidad del valor expropiatorio (v. págs. 18/19, adjunto cit.).
Ello pues explica que, por una parte, el mentado rubro integra el justo resarcimiento debido y por la otra, corresponde al beneficio disfrutado por el expropiante sin una contraprestación. Y agrega que su cálculo debe ser efectuado sobre la totalidad de la suma que se ordena pagar en concepto de indemnización (v. págs. 19/21, adjunto cit.).
Finalmente, alega que los intereses -como accesorios- siempre siguen la suerte del principal y denuncia que el sistema de doble capital impuesto por este Tribunal -uno para la reparación y otro para el cálculo de intereses- carece de justificación jurídica y debe ser dejado sin efecto (v. pág. 22, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 14 de marzo de 2018), el mismo fue contestado por la apoderada de la Fiscalía de Estado (v. escrito electrónico y soporte papel de fechas 11 y 12 de abril de 2018, respectivamente).
IV.1. Liminarmente, cabe señalar que las cuestiones vinculadas con la interpretación del derecho común y público local (en el sub lite , el cómputo, la aplicación -y su modalidad- de los intereses en materia de expropiaciones), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN Fallos: 325:1201; 329:646; 330:133 y 330:4770; véase también: 298:425; 318:1214; 323:2122 y 329:5467).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que los argumentos de los impugnantes no constituyen más que discrepancias con el criterio sentado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal.
IV.2. En lo relativo a la arbitrariedad denunciada con base en las causales de apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, omisión de cuestiones y falta de fundamentación, tampoco se observa que se formulen razones bastantes que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (doctr. art. 15, cit.)
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, recaudos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie.
IV.3. Tampoco se advierte un apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocados por el interesado (v. págs. 14/15 y 18/19, adjunto cit.), toda vez que las circunstancias allí juzgadas no pueden asimilarse a las planteadas en el presente proceso.
IV.4. En lo que atañe a la pretendida vulneración de la garantía constitucional de propiedad, así como las relativas a la confiscatoriedad de la sentencia, no se evidencia en principio- que se hayan formulado argumentos bastantes para demostrar la relación directa e inmediata con las circunstancias particulares del caso, no siendo idóneas a tal fin las genéricas alegaciones volcadas en las págs. 2 y 13/18 del segundo adjunto cit. (doctr. art. 15, ley 48).
IV.5. Resta agregar, que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 16, 17 y 18 de la Const. nac.; v. págs. 2 y 14, adjunto cit.) no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 107.985, "Kusayu SA", resol. de 15-VIII-2018; C. 116.674, "Malianni", resol. de 20-III-2019; C. 106.540, "Gomez Alzaga", resol. de 31-III-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/08/2021 16:00:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/08/2021 13:33:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2021 12:42:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2021 12:05:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2021 13:32:51 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia