Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78295
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto. En consecuencia, se revoca la sentencia en lo que respecta a la determinación del valor del terreno remanente y se reenvían las actuaciones a la instancia de grado para que, debidamente conformada, dicte sentencia en el tramo que corresponde (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812—).
Las costas de las instancias anteriores se imponen en un 80% al fisco y un 20% a la actora, en razón de lo allí resuelto. Las de esta instancia de excepción, se imponen en un 70% al recurrente y lo restante al expropiado de acuerdo al progreso de la impugnación (conf. arts. 68, 274 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.295, "Altube, Rodolfo José c/ Ministerio de Obras y Servicios Públicos s/ Expropiación Irregular. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada e hizo lugar parcialmente al de la actora. En consecuencia, modificó la sentencia de primera instancia en lo referido al monto indemnizatorio otorgado en concepto de "depreciación del remanente" elevándolo, y finalmente reconoció el rubro "alambrados". Por último, impuso las costas de esa instancia por su orden.
Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la pretensión de expropiación inversa promovida por la parte actora contra la Provincia de Buenos Aires con motivo de la afectación de dos parcelas de su propiedad a raíz de la ejecución de obras realizadas en el marco del "Plan maestro integral para la Cuenca del Río Salado", específicamente la "Cuenca del Canal San Emilio".
En consecuencia, y previo desestimar la defensa de prescripción, declaró expropiadas en favor de la Provincia de Buenos Aires las fracciones de terreno objeto de autos y fijó el monto indemnizatorio —teniendo en cuenta el valor de la tierra a la época de la sentencia— en la suma de siete millones noventa y cuatro mil seiscientos noventa y dos pesos con setenta y ocho centavos ($7.094.692,78); más un interés puro del 6% anual a computarse a partir de la desposesión (octubre de 2000) hasta el dictado de ese pronunciamiento, tomando como pauta para esos accesorios el valor histórico del inmueble y luego, de acuerdo a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires y hasta el efectivo pago. Las costas fueron impuestas a la demandada.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, en lo que aquí interesa destacar por ser materia de agravio, modificó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, elevó el monto otorgado por el rubro "depreciación del terreno sobrante" y reconoció el rubro "alambrados" cuya cuantificación difirió —en relación a este último— para la etapa de ejecución de sentencia.
Finalmente, la confirmó en cuanto: i) determinó el monto indemnizatorio de la tierra expropiada con criterio de actualidad; ii) el modo de computar los intereses y iii) tomó en consideración al dólar estadounidense como parámetro de referencia para fijar el valor de la tierra expropiada.
III. Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación del art. 8 y concordantes de la ley 5.708; entre otras normas.
Esencialmente, los agravios de la recurrente se circunscriben a los siguientes puntos: i) el modo de determinación y la cuantía de la indemnización por el rubro "depreciación del terreno sobrante"; ii) la fijación del monto indemnizatorio a un momento distinto al de la fecha de la desposesión y finalmente el valor asignado a la superficie libre de mejoras; iii) la utilización del dólar estadounidense como parámetro de cuantificación y iv) la tasa de interés respecto al período abarcado entre la fecha de desposesión y el dictado de la sentencia de grado.
III.1. En relación al primer agravio, considera arbitrario e irracional el argumento brindado por el Tribunal de Alzada para modificar la sentencia de grado en este segmento. Reprocha al fallo en cuanto se apartó del presupuesto seleccionado por el juez de grado y, en su lugar, tomó en cuenta —para arribar al monto otorgado— un promedio de las sumas arrojadas por los dos dictámenes periciales realizados en autos.
III.2. Como segundo tramo del recurso, critica la sentencia en cuanto —a su entender— ha desoído e inaplicado el art. 8 de la Ley de Expropiaciones. Precisa que en el caso la desposesión se produjo en octubre del año 2000 y, no obstante la claridad de la norma, los sentenciantes se enrolan en una construcción doctrinaria mediante la cual fijan un valor actual, violándose de esta manera la citada norma.
Por otro andarivel, se agravia del modo en que se arribó al monto otorgado. En ese derrotero, critica lo resuelto por el a quo en cuanto convalidó la preferencia dada por la jueza de grado al informe del perito ingeniero Castilla cuando —según sostuvo en la apelación ordinaria y reitera en esta Sede extraordinaria— dicho informe no cumple con los requisitos del art. 12 de la ley 5.708.
En virtud de lo expuesto, alega que la única tasación que reúne los recaudos legales es la realizada por el perito de su parte, la cual —entiende— debió servir de fundamento para determinar el valor indemnizatorio a pagar.
III.3. El tercer agravio se circunscribe a cuestionar el uso de la variable del dólar, argumentando, de un lado, que tal divisa no tiene curso legal en el país y, del otro, que resulta falaz que su utilización otorgue estabilidad al precio, formulando finalmente distintos ejemplos que —a su entender— refutarían esta tesis.
III.4. En lo tocante al cuarto y último agravio, alega que la tasa de interés pura aplicada por los sentenciantes resulta abusiva. En su lugar, y aseverando que el valor actual del bien fue fijado en dólares, solicita se aplique la tasa de interés que paga el Banco Provincia en sus depósitos a treinta días en dicha moneda.
IV. Como quedó expresado en el relato de antecedentes, el recurso contiene los siguientes agravios: i) la fijación a valores actuales de la indemnización, ii) la utilización de promedios para fijar la desvalorización del remanente, iii) la utilización del dólar como variable, y iv) los intereses.
Adelanto que el recurso prosperará parcialmente pues, aunque con escasa holgura, el recurrente logra acreditar que el mecanismo de fijación para el valor del bien, resulta contrario a la doctrina de esta Corte.
IV.1. En primer lugar, en relación al agravio referido a la violación del art. 8 de la ley 5.708 y la utilización del dólar estadounidense como parámetro de cuantificación, es preciso advertir que el art. 31 bis, de la ley 5.827 —texto según ley 13.812— otorga a este Tribunal la facultad de rechazar los recursos extraordinarios con la sola mención de esa norma, cuando hubiese estimado otros remedios en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
Sentado lo que antecede, se advierte que las cuestiones aquí sometidas a decisión a través de la impugnación extraordinaria deducida en autos han sido desestimadas por este Tribunal en las causas A. 73.043, "Fisco de la Provincia c/Borgoglio" y sus citas (sent. de 5-III-2021) y, recientemente y con su actual integración en la causa A. 73.615, "Mendi Agrícola Ganadera S.A. Comercial y Forestal" (sent. de 22-III-2024) y son sustancialmente análogas a las planteadas en el caso, circunstancia que resulta suficiente, de acuerdo a lo establecido en la disposición referenciada en el párrafo anterior, para rechazar los agravios en tratamiento (cfr. art. 31 bis, cit.).
IV.2. En otro orden de consideraciones, observo insuficiente el agravio vinculado a la utilización del dólar como variable para determinar el monto indemnizatorio.
Dicha moneda ha sido tomada, entre muchos otros aspectos, como un patrón de referencia. Para ello, la Cámara funda su decisión en precedentes de esta Corte.
Lejos de confrontar con esta decisión, el recurrente insiste en que no se trata de una moneda de curso legal, apunta a los cambios drásticos en la economía del país, y endilga a la sentencia —de modo ciertamente dogmático— un apartamiento del ordenamiento jurídico. Esto es, el recurrente no logra identificar, explicar y menos aún controvertir el eje de la decisión de Cámara.
En ese sentido, esta Corte ha sostenido que debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo y que se basa en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (doctr. causa A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016).
De manera tal que, en las condiciones descriptas, el agravio traído no es de recibo y corresponde su desestimación.
IV.3. Tampoco merece favorable acogida el embate referido a los intereses. En la sentencia de primera instancia el juez fija una tasa del 6% a partir de la desposesión aclarando que "el capital productor de los accesorios queda conformado por el valor histórico del bien en aquella ocasión cuyo parámetro para calcular el mismo resulta ser el monto de $1.250...". Aun cuando ello no se condice con la doctrina del Tribunal en esta materia, cualquier modificación generaría una situación de mayor perjuicio que la actual. En virtud de ello, y por derivación del instituto de la reformatio in pejus , que como principio de jerarquía constitucional prohíbe agravar, perjudicar o empeorar objetivamente la situación del recurrente (conf. C. 119.580, sent. de 15-XI-2016), corresponde confirmar dichos extremos.
IV.4.a. De modo liminar, advierto un error interpretativo a instancias del Fisco. Pues, de la simple lectura de la sentencia de primera instancia se observa que la condena fue expresada en pesos, resultando el dólar estadounidense —en todo caso, y como se dijo antes— un parámetro de referencia para justipreciar el valor del bien expropiado, circunstancia que por cierto no constituye por sí misma la aplicación de un índice de actualización monetaria, sino un modo de establecer una indemnización justa (arts. 17, Const. nac.; 4, ley 25.561; 35, ley 5.708; doctr. causas C. 101.107, "Arbizu", sent. de 23-III-2010; C. 100.908, "Ormaechea", sent. de 14-VII-2010, e.o.).
No resulta cierto lo afirmado en el recurso en torno a que la tasa "resulta abusiva ya que aquí no ha se determinado el valor actual del bien en pesos argentinos, sino que, el valor del bien expropiado se establece en dólares estadounidenses".
Lo expuesto resulta suficiente para desestimar el agravio en análisis.
IV.4.b. Distinto temperamento habrá de tomarse respecto de la determinación del valor del terreno remanente. Más allá de que el núcleo de la indemnización en esta parcela, versa sobre el monto de construcción de un inmueble, más que la pérdida del valor venal, y aun cuando el recurso alcanza por un margen mínimo la suficiencia necesaria, corresponde revocar la sentencia en este tramo.
En tal sentido, habré de recordar que en el precedente C. 93.693, "Laburu" (sent. de 27-II-2008) y recientemente en C. 121.069, "Lavadero de lanas el triunfo" (sent. de 15-V-2025), este Tribunal resolvió una cuestión similar a la que ahora se reedita; es decir, brindar solución a un agravio concreto dirigido a cuestionar el modo (promediando los valores informados) en que había sido fijada la indemnización expropiatoria. Por ello me permito recordar lo que aquella vez se expusiera.
Allí se dijo: "En el art. 35 de la ley 5708 el legislador prescribe que los magistrados deben fijar el valor objetivo del bien en la sentencia que declare operada una expropiación. Al llevar a cabo tal tarea, para la generalidad de los casos, los tribunales se apoyan en las conclusiones de la prueba pericial, la que -tratándose de expropiación de bienes inmuebles- bajo pena de nulidad, debe relevar los elementos de juicio a los que refiere el art. 12 de la citada ley (conf. art. 31, último párrafo). Los resguardos adoptados por el legislador al destacar ciertas circunstancias consideradas reveladoras del valor del inmueble expropiado, al tiempo que acotan el libre arbitrio del órgano jurisdiccional para justipreciar la indemnización, brindan pautas para dotar de la mayor certeza y uniformidad posibles los elementos que han de conformarla y determinarán su quantum . Desde esta perspectiva, no cabe duda que cuanto mayor sea la disparidad en los datos económicos suministrados por los peritos participantes respecto de aquellos elementos de juicio ponderables para la determinación de la indemnización, menores serán las chances de fijar el valor objetivo del bien acudiendo al trámite de promediar valores surgidos de informes periciales no homogéneos. En ello radicaría un quebranto normativo (arts. 35 y por remisión, 12, ley 5708). Entonces, el reproche que aquí cabe estimar no está centrado en la adopción del método de promediar valores, pues tal proceder podrá admitirse según las peculiaridades de cada litis (v.gr. cuando para proveer a una indemnización adecuada del valor objetivo del bien expropiado el juez coteja distintos valores unitarios fijados por los expertos para un mismo momento histórico y en función de circunstancias consideradas homogéneas). De lo que se trata, en cambio, es de descalificar el modo como esa metodología ha sido aplicada en el caso. Si es empleada partiendo de un desvío valorativo notorio, que lleva a comparar valores probadamente heterogéneos [...] la conclusión arribada será, a más de irrazonable y portadora del vicio de absurdidad en la ponderación de los elementos de prueba relevantes (doct. causa Ac. 83.282, sent. de 8-III-2007, por mayoría), contraria a las normas consagradas en los arts. 8, 9, 12 y 35 de la ley 5708".
En base a ello, en este tramo corresponde hacer lugar al recurso.
V. Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso articulado, revocar la sentencia en lo que respecta a la determinación del valor del terreno remanente y reenviar las actuaciones a la instancia de grado para que, debidamente conformada, dicte sentencia en el tramo que corresponde. Atento el modo en que se resuelve, las costas de las instancias anteriores habrán de imponerse en un 80% al fisco y un 20% a la actora, en razón de lo allí resuelto. Las de esta instancia de excepción en un 70% al recurrente y lo restante al expropiado de acuerdo al progreso de la impugnación (conf. arts. 68, 274 y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Mancini , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto. En consecuencia, se revoca la sentencia en lo que respecta a la determinación del valor del terreno remanente y se reenvían las actuaciones a la instancia de grado para que, debidamente conformada, dicte sentencia en el tramo que corresponde (arts. 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 —texto según ley 13.812—).
Las costas de las instancias anteriores se imponen en un 80% al fisco y un 20% a la actora, en razón de lo allí resuelto. Las de esta instancia de excepción, se imponen en un 70% al recurrente y lo restante al expropiado de acuerdo al progreso de la impugnación (conf. arts. 68, 274 y 289, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2026 08:37:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:34:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 12:39:59 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 11:22:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 12:19:30 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/05/2026 12:38:31 hs. bajo el número RS-43-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia