Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 113757
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"LA HORE S.A. CONTRA FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EXPROPIACION"
La Plata, 14 de Agosto de 2019.
I. El apoderado de la actora deduce recurso extraordinario federal contra el fallo de esta Corte que, por un lado -por unanimidad- hizo parcialmente lugar al de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado, modificó la superficie expropiada y determinó su indemnización, por el otro -por mayoría- estableció que los intereses se calcularán sobre el capital indemnizatorio determinado a la fecha de la desposesión -que fijó en la suma de $ 9.610- aplicándose la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, desde ese momento y hasta el efectivo pago y finalmente, rechazó el de inaplicabilidad de ley articulado por la legitimada activa (v. fs. 763/780 y 744/759, respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente confirmó la sentencia del juez de grado en cuanto había fijado la indemnización de la tierra libre de mejoras con criterio de actualidad y admitido la necesidad de construcción de puentes y la colocación de alambrados y aguadas -con más intereses desde la desposesión-, pero desestimó el rubro desvalorización del remanente y modificó la imposición de costas de primera instancias, las que puso a cargo de la expropiante. Finalmente, estableció las de alzada por su orden (v. fs. 606/617 y 658/670 vta.).
II. En la vía ahora intentada, el recurrente funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y en la violación de los arts. 17, 18, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 764 vta., 773 vta. y 777).
II.1. Sostiene, que esta Corte -mediante una fundamentación aparente- declaró insuficiente el recurso local por ella interpuesto, al ponderar que el mismo se limitó a meras discrepancias de criterio, vulnerando -así- el derecho constitucional de doble instancia -en lo que hace a la revisión de los fallos adversos por parte de un tribunal superior- pauta que considera aplicable en los juicios civiles, conforme la doctrina derivada del precedente "Marchal" de la Corte Suprema nacional que cita y estima pertinente para el caso (Fallos 330:1427).
En ese sentido, afirma que se criticó en forma clara y concreta la sentencia del Tribunal de Alzada, en cuanto a que había realizado una interpretación particular y subjetiva de la prueba pericial y, en consecuencia, rechazado -erróneamente, según su entender- el rubro indemnizatorio por la afectación del remanente no expropiado revocando, de ese modo, lo resuelto por el magistrado de origen (v. fs. 773 vta./777 vta.).
II.2. Denuncia, por otro lado, que este Tribunal apartándose de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, hizo parcialmente lugar al remedio de inaplicabilidad de ley articulado por la contraria, y dispuso que los intereses deberán calcularse sobre el capital indemnizatorio determinado a la fecha de desposesión hasta su efectivo pago, satisfaciendo sólo de manera aparente -según su entender- la exigencia constitucional de una adecuada fundamentación y vulnerando el art. 17 de la Constitución nacional por la afectación del derecho a una "indemnización justa" (v. fs. 764 vta./765 vta. y 777 vta./778).
En tal sentido, conforme los precedentes de la Corte Suprema nacional que cita, afirma que la condena al pago de intereses desde que el expropiante ocupó el bien, hasta que se ponga el precio a disposición del dueño es impuesta, no sólo por la ley, sino por la naturaleza misma de las cosas, en tanto se resarce -así- la indisponibilidad del valor expropiatorio (v. fs. 778/779 vta.).
Ello pues explica que, por una parte, el mentado rubro integra el justo resarcimiento debido y por la otra, corresponde al beneficio disfrutado por el expropiante sin una contraprestación. Y agrega que su cálculo debe ser efectuado sobre la totalidad de la suma que se ordena pagar en concepto de indemnización (v. fs. 778/779 vta.).
Finalmente, alega que los intereses -como accesorios- siempre siguen la suerte del principal y denuncia que el sistema de doble capital impuesto por este Tribunal -uno para la reparación y otro para el cálculo de intereses- carece de justificación jurídica y debe ser dejado sin efecto (v. fs. 779 vta.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 783), el mismo fue contestado por la apoderada de la Fiscalía de Estado (v. fs. 794/804).
IV.1. Liminarmente, cabe señalar que las cuestiones de hecho y prueba así como las relacionadas con la interpretación del derecho común y público local (en el sub lite , el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por la Cámara, la suficiencia del remedio local para atacar esa decisión y el cómputo, la aplicación -y su modalidad- de los intereses en materia de expropiaciones), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN Fallos: 325:1201; 329:646; 329:5424; 330:133 y 330:4770; véase también: 298:425; 318:1214; 323:2122 y 329:5467).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que los argumentos del impugnante no constituyen más que discrepancias con el criterio sentado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal.
IV.2. En lo relativo a la denuncia de arbitrariedad con base en las causales de apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, dogmatismo y falta de fundamentación, tampoco se observa que se formulen razones bastantes que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, recaudos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie.
IV.3. En lo que atañe a la pretendida violación del derecho a recurrir y al principio de la tutela judicial efectiva, con base en el precedente "Marchal" (CSJN, Fallos: 330:1427) cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos 329:1180, voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
IV.4. Tampoco se advierte un apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocados por el interesado (v. fs. 778/779 vta.), toda vez que las circunstancias allí juzgadas no pueden asimilarse a las planteadas en el presente proceso.
IV.5. En lo que refiere a la pretendida vulneración de la garantía constitucional de propiedad, no se evidencia -en principio- que se hayan formulado argumentos bastantes para demostrar la relación directa e inmediata con las circunstancias particulares del caso, no siendo idóneas a tal fin las genéricas alegaciones volcadas a partir de fs. 773 vta. (doctr. art. 15, ley 48).
IV.6. Resta agregar, que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (art. 18, 31 y 75 inc. 22, CN; 8.2.h, CADH; v. fs. 764 vta., 773 vta. y 777) no abastece el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 107.985, "Kusayu SA", resol. de 15-VIII-2018; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia