Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122975
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Por mayoría, tener por no presentado el escrito de fs. 1544/1545 vta., reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. 4/07, CSJN) y 2) conceder, por mayoría, el recurso federal interpuesto (arts. 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 122.975 "MICHAT HORACIO EDGARDO C/ MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ EXPROPIACIÓN INVERSA"
El señor juez doctor Soria dijo:
I. El Fisco demandado deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó -en virtud de la falta de definitividad de la decisión atacada- la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley (art. 292, CPCC y Acordada 1.790; v. fs. 1531/1532 vta. y fs. 1531/1532 vta., respectivamente).
En el caso, en la etapa de cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de expropiación inversa y daños y perjuicios -en lo que aquí interesa destacar- la Cámara confirmó la sentencia del Tribunal de origen que, a su turno, admitió la impugnación a la pericia realizada a los fines de determinar el monto actual del objeto de autos -por aplicación de la ley 24.283- y fijó el valor de la hectárea del bien expropiado (v. fs. 1122/1125 y fs. 1440/1442 vta.).
II. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de los derechos constitucionales de propiedad y debido proceso legal (arts. 5, 17, 18, 31, 121, 122 y 123 de la Constitución nacional: v. fs. 1537 vta./1540 vta.).
II.1. Afirma que en autos ha habido violación a los principios de preclusión y cosa juzgada, al desinterpretarse -según su punto de vista- la sentencia judicial firme de autos (v. fs. 1537 vta.)
II.2. Aduce que el fallo de esta Corte ha desestimado la queja sin mayores argumentos que meras afirmaciones dogmáticas que revelan -a su modo de ver- apego a pautas generales que la han privado de comprender las reales características del caso (v. fs. 1540)
II. 3. Asimismo, opina que este Tribunal, con el simple y arbitrario fundamento de la inexistencia de agravio federal, no admitió el recurso local, postura que -según su modo de ver- implica un manifiesto enriquecimiento sin causa para el actor, al obligar al Estado Provincial a abonar sumas que entiende exorbitantes, con la consecuente afectación de la garantía de la propiedad (v. fs. 1540 vta.).
II.4. Considera que la decisión impugnada, basándose en cuestiones puramente formales, permite arribar a un monto de condena de $ 116.000.000, cifra que considera lesiva del derecho de propiedad del Fisco y de la comunidad bonaerense, afectando además, la garantía del debido proceso y el principio de la cosa juzgada (v. fs. 1540/1541 vta.).
II.5. Finalmente, denuncia que el caso constituye un típico supuesto de gravedad institucional desde que, considerando las sumas en disputa, se atenta contra el aseguramiento y la continuidad en la prestación de los servicios que están a cargo de la Provincia (v. fs. 1542).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 1543), el mismo fue contestado por la parte actora (v. fs. 1544/1545 vta.)
Con relación a dicha pieza, cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito relativo a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 reglones a fs. 1544/1545). En razón de ello, se lo tiene por no presentado, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. cit.).
IV. Liminarmente, cabe señalar que si bien las cuestiones relativas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales provinciales no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la competencia federal, en el sub lite los argumentos expuestos por el recurrente objetando la decisión que desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley provincial, se muestran - prima facie - hábiles e idóneos para dar sustento a su pretensión de que sean considerados por la vía extraordinaria, teniendo en cuenta que los embates traídos suscitan cuestión federal y que guardan relación directa e inmediata con la materia objeto del pleito (arts. 14 y 15, ley 48).
En efecto, atento a las especiales circunstancias del presente litigio, se advierte que los agravios referidos al denunciado dogmatismo de la decisión atacada, con base en la doctrina de la arbitrariedad y en la presunta afectación de las garantías constitucionales de propiedad y debido proceso, cuentan -en principio- con fundamentos suficientes para tener por acreditada la condición de la habilitación de la mentada instancia federal (v. fs. 1540/1541).
Específicamente, los cuestionamientos efectuados en torno a la exorbitancia del monto de condena, cuya determinación vulnera -a criterio del recurrente- los principios de preclusión y de la cosa juzgada, implicando un enriquecimiento sin causa del accionante y -como contrapartida- una lesión al derecho de propiedad del Fisco bonaerense, resultan planteos aptos para que -en su caso- sean evaluados en sede federal (v. fs. 1541 vta./1542).
En esas condiciones, y en el marco de verificación que es propio de esta instancia de admisibilidad, encontrándose cumplidos los demás recaudos formales, es que corresponde conceder el recurso intentado (arts. 14 y 15, cit.).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del señor Juez doctor Soria, con excepción de lo dispuesto en el punto III de ese voto, en cuanto a tener por no presentada la contestación del recurso extraordinario federal.
II. En reiteradas ocasiones he participado de decisiones en que se ha dispuesto el rechazo in limine del recurso extraordinario federal o el desglose de su contestación, en razón de mediar incumplimiento a lo dispuesto en el citado art. 1° de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de la Nación.
En autos se suscita la circunstancia peculiar de que el límite máximo de 40 páginas ha sido respetado (usándose solamente 4), aunque en algunas de ellas aparezca excedido el número de renglones. El cálculo matemático conduce así a una particular conclusión: aún si se distribuyeran los renglones excedentes en nuevas páginas, no llegaría a una extensión de 40 carillas. En esas condiciones, entiendo necesario formular un análisis diverso.
Estimo que tan especiales características autorizan a tener por satisfechos los recaudos reglamentariamente vigentes. Desde la perspectiva teleológica, la norma apunta a regular la extensión máxima de la presentación ("...un escrito de extensión no mayor a…"). Se trata de evitar recursos y contestaciones farragosos, sumamente extensos o desmesurados, que en lugar de esclarecer las cuestiones debatidas las complican. La argumentación crítica debe formularse como máximo en 40 páginas. He aquí el límite.
Pero ese límite podría ser soslayado, si esas páginas estuvieran conformadas de cualquier modo, sea con escritura en letras de tamaño minúsculo, o sin espacios adecuados en los renglones. De allí las previsiones complementarias: el tipo de letra no puede ser menor a 12, y los renglones existentes no pueden superar los 26. Entiendo en consecuencia que estas últimas exigencias poseen un claro sentido, que es el de no desnaturalizar la extensión máxima de las 40 páginas.
Entonces, cuando de las circunstancias del caso pueda desprenderse que las pautas tamaño de letra y número de renglones no constituyen infracción al límite máximo de 40 páginas, su esporádica infracción en alguna de ellas carece de relevancia. Adviértase, en este sentido, que las notas al pie contenidas en un recurso -que generalmente llevan un tipo de letra menor a 12- son consideradas por el alto Tribunal como renglones lisos y llanos, sin observación alguna en cuanto a su tamaño. ("Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios, 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ Incidente ejecución de sentencia", 28-IX-2013, M S7.XLIX).
III. Sostengo en definitiva que la manera en que aparece redactado el escrito en cuestión no constituye un obstáculo insalvable, lo que habilita a su consideración en los términos dispuestos en el art. 11 de la referida Acordada. Antes bien, repulsarlo importaría un exceso ritual manifiesto, con quebrantamiento de la garantía constitucional de la defensa y la tutela judicial efectiva. (art. 18 de la Constitución nacional).
Acudo en este sentido a una vieja enseñanza de Amílcar A. Mercader, que integrara este Tribunal hace más de cinco décadas: "El derecho es una cosa seria. Quiero decir que debe suponérselo coherente y que, por eso mismo, habría violencia en resignarse a concebirlo integrado por una pluralidad de normas desprovistas de afinidad a causa de la falta del necesario sentido acumulativo de sus enunciaciones. El orden jurídico no comienza ni se forma con la acumulación de una pluralidad de preceptos, tan sólo aproximados por razón de mera contigüidad. Antes por el contrario, se funda en la recóndita acumulación armónica que todos y cada uno de ellos lleva consigo en razón de su propio destino. Y el proceso no es ni puede ser una cosa menos seria. A título de instrumento del cual depende el coeficiente del servicio de justicia instituido para garantizar los bienes y la paz del hombre, tampoco podría ser intuido como un mecanismo con resortes dislocados por un sistema de reglas heterogéneas. Así lo pienso porque si tuviésemos que asistir sin esperanzas al repetido espectáculo de justiciables que reciben el amparo jurisdiccional sorpresivamente regateado sin otra causa que las infracciones veniales que no desvirtúan la claridad y plenitud de sus demandas, se disminuiría esa sensación de seguridad que el individuo necesita para moverse con fe dentro de su grupo…. Todo el proceso debe volverse más humano, en el sentido de que se manifieste al pueblo no ya como una ceremonia cabalística, sino como un refugio accesible que el Estado ha puesto a disposición de todos los que creen en la justicia y que para ser oídos no disponen de otros títulos que el buen sentido y la buena fe… Las reglas jurídicas -por la irreductible necesidad pragmática que las engendra- nunca son tan absolutas e inexorables como a veces se lo podría inferir de su propia enunciación". (Mercader; En torno al proceso y a la unidad del orden jurídico, Revista Jus, n° 3, 1962, pág. 150 y sgts.).
Por lo expuesto, considero que la presentación efectuada a fs. 1544/1545 vta. satisface las exigencias del art. 1 de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de la Nación, debiendo tenerse por contestado el traslado conferido. Asimismo, se conceda el recurso federal articulado.
Así lo voto.
La señora jueza doctora Kogan dijo:
I. Disiento con la opinión de los colegas que me preceden, salvo respecto de lo dispuesto en el punto III del voto del señor Juez doctor Soria, en tanto comparto la postura de tener por no presentada la contestación del recurso extraordinario federal (arts. 1 y 11, Ac. 4/07, CSJN).
II. En lo que atañe a la vía federal incoada, liminarmente, es preciso recordar que las cuestiones relativas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (arts. 14 y 15, ley 48; doctr. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 251:164; 310:1542; 322:1888; 325:1753; 330:1405; 331:2271)
En el sub lite , no advierto que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones del impugnante no configuran más que discrepancias de criterio, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, cit.).
II.1. En lo atinente a la arbitrariedad basada en las causales de falta de fundamentación suficiente, excesivo rigor formal, apartamiento de las constancias de la causa y dogmatismo, no se observa en el caso que se hayan expuesto razones bastantes que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio intentado (doctr. art. 15 cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la referida doctrina posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206; 3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (conf. Fallos: 311:100 y 313:493, cit., entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
II.2. Por otro lado, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 5, 17, 18, 31, 121, 122 y 123 de la Const. nac.: v. fs. 1537 vta./1540 vta.), no abastece el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; entre otros
II.3. Resta agregar, que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. fs. 1542).
Por lo expuesto, considero que corresponde, por un lado, tener por no presentado el escrito de fs. 1544/1545 vta., reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. 4/07) y, por el otro, denegar el recurso federal interpuesto, con imposición de costas por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" Ac. cit.).
El señor juez doctor Pettigiani dijo:
Por compartir sus fundamentos, adhiero a la opinión vertida por la doctora Kogan y voto en igual sentido.
El señor juez doctor Genoud dijo:
Por compartir sus fundamentos, adhiero a la opinión vertida por el doctor Soria y voto en igual sentido.
El señor juez doctor Torres dijo:
Por compartir sus fundamentos, adhiero a la opinión vertida por la doctora Kogan y voto en igual sentido.
El señor juez doctor Borinsky dijo:
Por compartir sus fundamentos, adhiero a la opinión vertida por el doctor Soria y voto en igual sentido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Por mayoría, tener por no presentado el escrito de fs. 1544/1545 vta., reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. 4/07, CSJN) y 2) conceder, por mayoría, el recurso federal interpuesto (arts. 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y remítase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/08/2020 14:06:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2020 15:27:20 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2020 15:53:10 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2020 19:00:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/08/2020 17:25:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2020 17:51:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2020 10:45:14 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2020 14:41:34 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia