Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 108722
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el recurso federal interpuesto por el doctor Ramos Feijoo, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48) y 2) denegar el recurso federal interpuesto por el apoderado de Fiscalía de Estado, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 108.722 "U.N.I.R.E.C. C/ RAMOS E IGLESIAS E. Y OT. S/ EXPROPIACIÓN"
I.1. Esta Corte -por mayoría y en lo que interesa destacar- hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto y, en consecuencia, dispuso que la indemnización por la tierra expropiada -fijada en dólares estadounidenses- se convertirá a moneda de curso legal, conforme la cotización de la moneda extranjera más próxima al efectivo pago. Asimismo, determinó el interés a aplicar y, finalmente, impuso las costas de todas las instancias -respecto del valor tierra- en el orden causado (v. sent. de 16-II-2023 y su aclaratoria de fecha 14-III-2023).
Frente a ello, deducen sendos recursos extraordinarios federales, por un lado, el doctor Claudio Ramos Feijoo -por su propio derecho y en su carácter de sucesor del codemandado Eduardo Mario Ramos- (v. archivo adjunto identificado como "RAMOS..." al trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 3-III-2023, a las 11:59:59 hs.) y, por el otro, el apoderado de Fiscalía de Estado, doctor Torres (v. archivo adjunto identificado como "REF..." al trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 13-III-2023).
I.2. En el caso, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había fijado el valor de la tierra expropiada a la fecha de la desposesión y por el monto que fijó expresado en dólares estadounidenses (v. sents. de fechas 30-IX-2008 y 14-V-2009 en documentos adjuntos al trámite "OBSERVACIÓN" de fecha 17-VIII-2023).
II.1. En la vía intentada por el doctor Feijoo, el recurrente funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio, igualdad, congruencia, debido proceso, tutela judicial y justa indemnización (arts. 14, 17, 18 y 31, Const. nac.; 8 y 25, CADH; v. págs. 3/5, 15, 19/20, 24, 29, 31, 33, 35 y 38 del adjunto "RAMOS..." cit.).
II.2. Sostiene que la decisión en crisis resulta arbitraria, no constituye una derivación del derecho vigente y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto, esta Corte, apartándose de las constancias de la causa, de su anterior sentencia y del alcance del fallo dictado por el Máximo Tribunal nacional con fecha 1 de octubre de 2020, modificó -dogmáticamente- la imposición de costas en todas las instancias, fijándolas en el orden causado. Afirma que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal apta para habilitar esta vía. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 335:353; 345:1140; 278:48; 308:1076; 317:1139; 339:1691; 311:1950; 311:1189; 321:654; 322:464 y 329:2856, entre otros), en particular las causas "Rey c/ Rocha", "Santillán", "Spada" y "Cima" (Fallos: 112:384; 310:1014, 2122 y 2306; v. págs. 2/4 y 21/38).
En tal sentido, explica que dicha cuestión no había sido materia de agravio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ni estaba dentro de los parámetros dados por la Corte nacional para que se dicte el nuevo fallo y, en consecuencia, se encontraba firme. Además, alega que lo resuelto contradice el art. 37 de la Ley General de Expropiaciones n°5708 que establece -como principio general- que las costas del proceso serán a cargo del expropiante, salvo los supuestos de excepción que la propia ley detalla, los cuales -asevera- no se dan en la especie. Señala que se dejó de lado la normativa específica, sin declarar su inconstitucionalidad, causando un gravamen personal irreparable, al mermar significativamente la indemnización otorgada por tener que afrontar los honorarios y gastos causídicos (v. págs. 15/38, adjunto "RAMOS..." cit.).
III.1. Respecto del remedio deducido por el apoderado de Fiscalía de Estado, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los derechos constitucionales de propiedad, debido proceso, legalidad, defensa en juicio, tutela judicial, acceso a la justicia y cosa juzgada (arts. 17, 18 y 19, Const. nac.; v. págs. 3/4, 6, 18/19, 21/23 y 25/26 del adjunto "REF..." cit.).
III.2. Arguye que el fallo objetado resulta arbitrario, vulnera la garantía de propiedad y debe ser revocado. Ello por cuanto, este Tribunal apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, bajo el pretexto de fijar prudencialmente el monto indemnizatorio estableció -dogmáticamente y con exceso ritual- el valor del metro cuadrado en la cantidad de diecisiete dólares estadounidenses (u$s 17), suma que se desprende de una tasación desactualizada, que no refleja -según su entender- el valor "actual" del inmueble expropiado.
En ese marco, expone que -en casos como el de autos- el monto estipulado debe ser equivalente a lo que habría que invertir para obtener -actualmente- un bien igual al expropiado. Y que la sentencia en crisis no requirió una nueva tasación del inmueble en cuestión, por lo que cuantificó la expropiación siguiendo una tasación de vieja data que -asevera- duplica el valor que correspondería aplicar (v. págs. 17/26, adjunto "REF..." cit.).
III.3. Por otro lado, cuestiona la extensión de lo resuelto a la desvalorización del remanente. Aduce que, conforme lo manifestado por la Corte Suprema nacional en su fallo de fecha 1 de octubre de 2020, dicho ítem no había sido motivo de agravio ante este Tribunal provincial, en consecuencia, su inclusión vulnera la cosa juzgada, por tratarse de una cuestión firme y consentida (v. págs. 22/23, adjunto "REF..." cit.).
III.4. Finalmente, denuncia -con sustento en fallos de la Corte federal- que al adicionar el impuesto establecido por el art. 35 de la ley 27.541, este Tribunal excedió el límite de su competencia, en tanto abordó una cuestión que no había sido planteada ante esta sede local (v. págs. 23/24, adjunto "REF..." cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 5-IV-2023), el mismo fue contestado, por un lado, por el mencionado doctor Ramos Feijoo (v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 20-IV-2023) que, en lo que interesa destacar, plantea el incumplimiento por parte de la contraria del límite máximo a la cantidad de renglones por página (art. 1, Ac. 4/2007, CSJN) y -también- de las formalidades que deben tener los escritos judiciales (v. págs. 1/6, del adjunto al trámite cit.). Y, por el otro, por el apoderado de Fiscalía de Estado (v. trámites titulados "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fechas 20 y 21-IV-2023, respectivamente).
Al respecto, corresponde señalar que, tanto el mencionado requisito que establece la Ac. 4/2007 de la Corte Suprema, como el establecido para la generalidad de los escritos judiciales, se encuentran abastecidos con la presentación hecha como archivo adjunto al escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 13-III-2023 (conf. art. 1 y 2, Ac. 4/2007 cit.), lo que sella la suerte del planteo intentado al respecto.
V.1. En lo que atañe al recurso extraordinario federal de fecha 3 de marzo de 2023, corresponde recordar que para su procedencia es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho público y procesal local (en el caso, se controvierten la forma en que fueron impuestas las costas y el principio de la cosa juzgada), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 303:638; 306:300, 1332, 1535; 307:588, 1793, 599; 322:1716; 324:3421 entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante, no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, autocontradicción, falta de fundamentación suficiente y apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el interesado se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis y a disentir con la postura de este Tribunal en cuanto a la imposición de las costas de todas las instancias -respecto del valor tierra- en el orden causado (v. págs. 16/38, adjunto "RAMOS..." cit. y sent. en crisis cit.).
V.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 14, 17, 18 y 31, Const. nac.; 8 y 25, CADH; v. págs. 3/5, 15, 19/20, 24, 29, 31, 33, 35 y 38 del adjunto "RAMOS..." cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, en particular la doctrina derivada de las causas "Rey c/ Rocha", "Santillán", "Spada" y "Cima" (Fallos: 112:384; 310:1014, 2122 y 2306), no abastece el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.202, "Usuarios Y Consumidores Unidos", resol. de 11-V-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 124.528, "Ludovico", resol. de 5-XI-2021; C. 124.730, "Pavón", resol. de 24-V-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023, C. 125.600, "Protegiendo Al Consumidor", resol. de 1-VIII-2023; entre otros).
V.4. En consecuencia, corresponde denegar el recurso federal interpuesto por el doctor Ramos Feijoo, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
VI.1. Ingresando ahora al estudio del remedio federal deducido por al apoderado de Fiscalía de Estado, resulta también pertinente recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada de las circunstancias fáctico-probatorias para cuantificar la tierra expropiada con criterio de actualidad, los rubros de la condena y la vulneración de la cosa juzgada), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 303:1311; 311:1310; 325:1201; 329:646; 330:4770; entre muchos y 303:638; 306:1332; 1535; 307:1793; cits.).
Así, no se observa que en la vía recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el interesado, no constituyen más que meras divergencias con el criterio de esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
VI.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación suficiente y apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493, cits.).
Dentro de ese marco, el interesado debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en el presente, toda vez que el recurrente se limita a denunciar dicho vicio de la sentencia atacada y a objetar lo decidido por este Tribunal al establecer el monto indemnizatorio con criterio de actualidad (v. págs. 17/26, adjunto "REF..." cit. y sent. en crisis cit.).
VI.3. En lo que atañe a la pretendida vulneración de la garantía constitucional de propiedad, no se evidencia en principio- que se hayan formulado argumentos bastantes para demostrar la relación directa e inmediata con las circunstancias particulares del caso, no siendo idóneas -a tal fin- las genéricas alegaciones volcadas en las pág. 17/22 del adjunto "REF..." cit. (doctr. art. 15, ley 48).
VI.4. Resta decir, que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 17, 18 y 19, Const. nac.; v. págs. 3/4, 6, 18/19, 21, 23 y 25/26 del adjunto "REF..." cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 107.985, "Kusayu SA", resol. de 15-VIII-2018; C. 116.674, "Malianni", resol. de 20-III-2019; C. 106.540, "Gomez Alzaga", resol. de 31-III-2021; C. 116.233, "Suparo", resol. de 29-X-2021; entre otros; entre otros).
VI.5. En razón de todo lo antedicho, es que corresponde -también- denegar el recurso federal interpuesto por el apoderado de Fiscalía de Estado doctor Torres, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Denegar el recurso federal interpuesto por el doctor Ramos Feijoo, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48) y 2) denegar el recurso federal interpuesto por el apoderado de Fiscalía de Estado, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/09/2023 09:35:47 - MANCINI HEBECA Fernando Luis María - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2023 09:36:24 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/09/2023 13:45:18 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 09:43:22 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 12:41:44 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/09/2023 13:07:05 hs. bajo el número RR-547-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia