Abriendo la norma
Expte. 14038. Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 14.038
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaVISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la sentencia de grado con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967). (arts. 47/8 L. 5827).
(RGE:Identificacion en Receptoría )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 28 días del mes de noviembre de 2023, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "N… L… E… C/ H… E… N… S/ ALIMENTOS”, Expte. 14.038, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: la Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich, el Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza y la Sra. Jueza Dra. Ana Clara Issin.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a Derecho la sentencia dictada el 19/12/22?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. El 19 de diciembre de 2022 la Sra. Jueza dictó sentencia resolviendo, en lo que concierne al recurso: “Hacer lugar a la demanda de ALIMENTOS promovida por L… E… N…, DNI 21.448.794 contra E… N… H…, DNI 18.552.594, debiendo éste último abonar en concepto de cuota alimentaria definitiva para su hijo G… H…, DNI 45.865.782, desde la fecha de interposición de la demanda, 28 de septiembre de 2022, la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 85.000) mensuales (arts. 646, 658, y cctes. del Código Civil). Dicha cuota será abonada mediante depósito judicial del 1° al 10 de cada mes en la cuenta abierta en autos (arts. 38 y 643 del CPCC).”
Para decidir de tal forma la magistrada tuvo por cierta la obligación alimentaria del demandado respecto a su hijo, infiriendo que no corresponde acreditar necesidad alguna en tanto se trata de una obligación derivada de la responsabilidad parental.
A los efectos de cuantificar la cuota de alimentos destacó la consideración de la realidad imperante, la cual entendió supeditada al caudal económico del alimentante y a las necesidades del alimentado, acordes a su edad, "considerando justa y equitativa la petición realizada por la actora en el líbelo inicial" -concordante con el criterio sostenido por el Juzgado en casos similares- fijando así la cuota en la suma de $ 85.000 mensuales. Con fundamento en la teoría de la carga probatoria dinámica resaltó que el accionado no se presentó a hacer valer sus derechos a pesar de haber sido notificado, teniendo por acreditadas las afirmaciones de la actora en la demanda.
A partir de lo expuesto concluyó que el alimentante se encontraba en condiciones de abonar la cuota alimentaria solicitada, y con escrutinio de la prueba informativa, puso de relieve que “el Sr. H… tiene una habilitación comercial a su nombre (oficio de la Municipalidad de fecha 19/10/22). También se acredita que el Sr. H… se halla inscripto en los impuestos a las ganancias personales, en Bienes personales, IVA (ver oficio de fecha 25/10/22). También que es titular de dos automóviles y una moto (oficio de fecha 31/10/22)”.
II. Contra dicho pronunciamiento el demandado interpuso recurso de apelación, presentando su memorial el 1/6/2023, el que recibió la réplica de la actora mediante presentación del 9/8/2023.
El accionado se agravió de la cuantificación de los alimentos dispuesta en la suma mensual de $ 85.000, considerándola desmesurada en relación a la realidad de los hechos y resaltando la orfandad tanto en la acreditación de los ingresos del alimentante como en los egresos y gastos del alimentado.
Tildó de falsa la afirmación de la actora respecto a que sus ingresos son de $ 600.000, distinguiendo la diferencia entre la facturación y los ingresos en su condición de comerciante, a la par que reconoció explotar una ferretería y tener un automotor que utiliza para trabajar (IVECO). Con cita de jurisprudencia de esta Alzada resaltó la necesidad de producir prueba "específica" de las necesidades de las personas beneficiarias de los alimentos.
Finalizó su impugnación solicitando la fijación de los alimentos en el 18% de la Canasta Básica Total Hogar 1.
III. Se anticipa que el recurso no prospera. Paso a dar las razones que me llevan a proponer al acuerdo la confirmación de la sentencia que el alimentante impugna, con basamento en dos aspectos que considero dirimentes y que se encuentran directamente relacionados con los agravios del apelante: la conducta procesal del demandado durante el trámite del proceso -que no controvirtió la pretensión de la accionante- y el análisis de las necesidades del alimentado.
1. De modo liminar debe destacarse -como uno de los fundamentos basales- que la sentencia hizo lugar al monto de la cuota de alimentos solicitada en la demanda valorando el plexo probatorio, el que no fue controvertido por el demandado, quien debidamente notificado no compareció a la audiencia ni se presentó al proceso para ofrecer la prueba que consideraba pertinente para la defensa de sus derechos (arts. 636 y 640 del CPCC).
En tal sentido quedó acreditada la calidad de comerciante del demandado, el negocio que explota como ferretería y la titularidad de dos automóviles y una motocicleta, de acuerdo a los extremos expuestos en la demanda y la prueba informativa producida (v. Oficio Municipalidad del 19/10/22; oficio Afip del 25/10/22 y oficio nominal del Reg. del Automotor del 31/10/22).
No hay dudas que la conducta asumida por el alimentante, que recién se presentó en el proceso al momento de ser notificado de la sentencia, ostenta una relevancia dirimente con directa incidencia en los extremos que se tuvieron por probados en la instancia (arts. 375 y 384 del CPCC). Ahora bien, focalizando la mirada en el análisis del estándar probatorio, es importante señalar que los procesos de familia tienen particularidades propias, que obedecen -en parte- a la naturaleza de los conflictos que abordan, y cuya génesis conlleva a la primacía de principios específicos, como son los relativos a la prueba, que al respecto prescriben: “Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar” (art. 710 del CCyC) (esta Alzada expte.13933, reg. int. 142 (S) del 5/10/23).
Precisamente en el juicio de alimentos el deber de colaboración en el proceso por parte del alimentante se revela esencial a partir de la teoría de las cargas procesales dinámicas, consagrada en el art. 710 del CCyC, que “dispone que los procesos de familia, en general, se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba y que la carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar; lo que permite aplicar al proceso de alimentos las cargas procesales dinámicas (conf. Belluscio, Claudio A. Alimentos según el nuevo Código Civil, García Alonso, 1ra. ed. 2015, pág. 154). Es decir que, como sostiene el referido autor, aquella parte que en el juicio por alimentos cuente con mejores posibilidades de conocimiento e información (de ingresos, entradas o rentas) o con más posibilidades de suministrar los elementos de juicio conducentes (v.gr. acerca del ingreso y cuantía de rentas provenientes de participaciones societarias) deberá brindarlos, a riesgo de que su conducta evasiva o la negativa a proporcionarlos repercuta en la decisión del magistrado. (ob. cit. págs. 154/155).” (conf. este Tribunal 12594, reg. int. 49 (S) del 9/6/2021, entre otros).
Desde esa perspectiva probatoria se impone al alimentante aportar los datos indicativos de su situación patrimonial, extremo que en el caso el accionado no cumplió y que conlleva a que deba asumir las consecuencias de su falta de colaboración en tal sentido (con el mismo criterio v. Expte. 12784; reg. int. n° 60 (S) del 14/10/2021; Expte. 13805, reg. int. n° 85 del 16/06/2023).
Resulta lógico y consecuente con lo expuesto, que “La falta de información para el proceso no puede hoy beneficiar al obligado al pago pues, sea por su torpeza (culpa) o por su mala fe (dolo), no hay datos certeros de su situación patrimonial” (este Tribunal expte. 13.580, reg. 15 (S) del 1/2/23; entre otros).
Por otra parte, en el contexto de ese marco probatorio, la prueba indiciaria emerge con una gravitación especial, por ello “en lo que hace a la valoración de la prueba producida en el proceso de alimentos, no es necesario que la misma sea directa de los ingresos del alimentante o de su patrimonio, sino que basta con un mínimo de elementos que den las pautas básicas para estimar el monto de la pensión. La prueba del caudal económico del alimentante, puede surgir de la prueba directa en su totalidad, o en parte de prueba directa y de indicios sumados, o de presunciones exclusivamente, siempre que reúnan las condiciones de eficacia que le son propias, aunque valoradas con criterio amplio, en favor de la pretensión del demandante (conf. Colombo, Carlos “Código Procesal Civil y Comercial Anotado”, T° II, pág. 280)” (Cám. Nac. Apel. Civil Sala A, Della Busca Verónica c. Gori Maximiliano s/ Alimentos, sent. del 28/02/2023; Citas: TR LALEY AR/JUR/11897/2023) (cita efectuada en expte. 13.933 ya referenciado).
De este modo la crítica del alimentante enderezada a cuestionar sus reales ingresos económicos resulta inatendible pues deviene tardía, y la orfandad probatoria que expone al respecto no puede ser endilgada a la actividad desplegada por la actora, sino que debe ser asumida como un déficit revelador de su inacción (arts. 710 CCyC; art. 640 del CPCC).
2. Pasando al análisis relacionado con las necesidades del beneficiario de los alimentos y el cuestionamiento que porta el agravio del apelante en torno a las pruebas específicas que exige al respecto por parte del alimentado, no obstante las consideraciones procesales efectuadas hasta aquí, que ofrecen una respuesta en sentido contrario a las pretensiones del accionado, se advierte que la suma de alimentos solicitada fue detallada en el punto IV de la demanda titulada “Gastos estimados” con enumeración de cada uno de los rubros y cuantificada en la suma de $ 85.000 mensuales.
Sin perjuicio de ello, parametrizando los valores que corresponden al monto de los alimentos esta Cámara viene utilizado como referencia el costo de la Canasta Básica Total para justipreciar un quantum que satisfaga estas necesidades.
Actualmente se utiliza la CBT para niños y niñas mayores de 12 años, porque por debajo de esa franja etaria, es decir, de los 0 a 12 años, esta Alzada comenzó a utilizar los índices de la Canasta de Crianza como parámetro de referencia, que adiciona al costo mensual para adquirir los bienes y servicios, el costo del cuidado que surge -en esas edades- a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad (v. Expte. 13.992, reg. int. 282 (R) del 14/7/2023; Expte. 14.059, reg. int. 350 (R) del 12/9/2023; Expte. 13.933, reg. int. 142 (S) del 5/10/2023, Expte. 14.109, reg. int. 387 (R) del 10/10/2023).
Ambos índices se constituyen y ofician de parámetros de referencia a partir de datos que surgen relevados desde la estadística sobre los valores promedio de bienes y servicios en el mercado, para garantizar la cobertura de las necesidades mínimas que demanda un nivel de vida adecuado y que hace a la garantía de una vida digna (arts. 2, 658 y 659 del CCyC; art. 25 Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 11 inc. 1 del Pacto Internacional Derechos Económicos Sociales y Culturales).
Resulta inevitable, y una consecuencia lógica, que estas cuantificaciones -construidas a partir de las estadísticas- cristalizan realidades del mercado que deben asumir las familias para su sostenimiento económico y que eximen de acreditación en función de probar extremos de necesidades alimentarias, que por sus características, se presumen básicas y mínimas.
Por ello, el agravio del alimentante incardinado a cuestionar la falta de prueba “específica” de las necesidades del alimentado -más allá de no haberlo controvertido oportunamente- no puede ser interpretado en el sentido que pretende atribuirle, a partir -precisamente- de los propios antecedentes de esta Alzada que cita.
Surge así del voto del Dr. Loiza, que con profusa claridad y precisión conceptual, el Tribunal se refirió a las necesidades “específicas” de la persona que recibirá esa prestación, resaltando “si la persona demandante entiende estar por sobre la media de los requerimientos deberá acreditarlo”, pues en caso contrario, “no nos queda otra herramienta que la derivada de la estadística” (v. Expte. 11.711, reg. int. 52 (S) del 2/7/2019). Desde ese análisis interpretativo debe concluirse que la prueba “específica” refiere a la prueba conducente para acreditar aquellas necesidades particulares del alimentado que superan el umbral de las necesidades básicas y ordinarias en materia alimentaria, constituyéndose en circunstanciadas y propias, en cada caso, del reclamante de los alimentos (concurrir a una escuela privada, asistir a actividades extracurriculares, etc). En esta senda, respecto a la utilización de la Canasta Básica Total, esta Cámara se pronunció afirmando: Como hemos sostenido “Frente a la falta de pruebas más concretas de la específica situación de las partes y en procura de esa objetiva base, bien puede indicarse (tal como lo he efectuado en otras decisiones, expte. N° 7935 reg. int. N° 33 (S) del 13/03/2008 de la anterior Cámara departamental; expte. N° 8718 reg. int. N° 32 (S) del 15/5/2012 y expte. N° 10.710 reg. Int. 126 (S) del 01/812/2016, de esta Cámara) que el INDEC ha fijado el valor de la Canasta Básica total para un hogar de tres personas (…).
Según explica la teoría especializada “El valor monetario de la llamada canasta básica total es el valor de la canasta básica alimentaria, más una serie de artículos que se entiende que una familia debe poder consumir, como mínimo, para llevar una vida digna. Por ejemplo, necesita ropa, útiles, gastos de traslado, etc.” Y para ello “se mira la proporción del gasto en alimentos de un grupo de referencia. Es decir, aquellas personas que llegan a cubrir la canasta alimentaria, ¿cuánto gastan en bienes y servicios no alimentarios?, ¿qué porcentaje representan los alimentos en su gasto total? A esa proporción se la denomina "coeficiente de Engel". Entonces, dados estos datos, se toma el valor de la canasta alimentaria y se lo expande por la inversa del coeficiente de Engel.” (conf. Sosa Escudero, W. “Qué es (y qué no es) la estadística?” Ed. Siglo Veintiuno Editores SA, 2014, p. 135).
Es decir que el dato estadístico se construye sobre un consumo también estadístico de alimentos básicos más aquellos otros datos. (esta Alzada expte. n° 13.664, reg int. 49 (S), del 20/04/23)
Por las consideraciones efectuadas, considero que la cuota de alimentos fijada en el grado en la suma mensual de $ 85.000, para el beneficiario de los alimentos, que actualmente tiene 18 años, de acuerdo al detalle discriminado por la actora en la demanda y en comparación con la Canasta Básica Total, Hogar 1, luce adecuada y razonable (arts. 163 inc. 6, 375, 384 del CPCC) (v. informe en https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_10_230073639 E21.pdf).
Por las consideraciones expuestas propicio confirmar la sentencia de grado con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC).
A la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.
El Señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
La Sra. Jueza Doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
En atención al resultado de la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia de grado con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el Señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza doctora Issin votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 28 de noviembre de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la sentencia de grado con costas al apelante vencido (art. 68 CPCC). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967). (arts.
47/8 L. 5827).
Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Fin de la sentencia