Abriendo la norma
Expte. 14397. Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 14.397
(RGE:Ne-3678-2022 )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea Petición: Recurso de Apelación Peticionante: Dr. Guillermo A. Massa (gestor procesal parte actora) Necochea, VISTOS Y CONSIDERANDO :
I. Con la presentación del día 20/2/2025, téngase presente la ratificación formulada por el actor y por cumplido con el art. 48 del CPCBA.
II. El Señor Juez de grado, en la resolución del 01/11/24 resolvió: "Compulsadas las actuaciones, siendo que en autos se ordenó embargo sobre el 30% de las sumas que el Municipio de Necochea retiene mensualmente en concepto de cuota sindical a la Asociación de Guardavidas de Necochea y Quequén, y teniendo en cuenta lo informado con fecha 5 de Julio de 2023 y 3 de Mayo de 2024 por la Municipalidad de Necochea, resultando dicha medida menos gravosa que la subasta peticionada, máxime teniendo en cuenta que el monto de saldo del crédito a percibir -atento que el actor ya percibió holgadamente mas de la mitad del crédito- y que además nos encontramos próximos a una nueva temporada estival, deberá efectuar la petición pertinente, a fin de ampliar el embargo oportunamente decretado".
Ello, como consecuencia de la solicitud de subasta efectuada por la parte actora, del 15/10/24.
III. Dicha decisión es cuestionada por la ejecutante mediante el recurso de apelación del día 09/11/24. Se agravia de lo decidido. Expresa que: "De esta manera, si el auto no es revocado, tal vez el Sr. P. en 30 años podrá percibir lo que le adeudan, dado que previamente deberá esperar que en aquéllos juicios se "agoten" los embargos ordenados y efectivizados". Seguidamente, solicita el recurrente se revoque la resolución en crisis.
Es así que, el día 11/11/24, se concedió en relación el remedio recursivo incoado. En el mismo acto, se confirió el traslado de ley a la contraria, el que no mereció réplica.
IV. De los antecedentes de la causa surge que la presente ejecución se promovió el día 22/7/2022 por el señor A. G. P. a los fines de percibir la suma de $1.057.677 y sus accesorios originada en sentencia dictada a su favor el día 8/11/2019 -y confirmada por este Tribunal el día 9/6/2021-.
Así, impulsada la ejecutoria, se dictaron diversas medidas compulsorias: a) se trabó embargo sobre las sumas que el Municipio de Necochea retiene mensualmente en concepto de cuota sindical a favor de la Asociación de Guardavidas de Necochea y Quequén, al momento de liquidar los sueldos de los empleados Guardavidas Municipales hasta cubrir la suma en ejecución (ver auto del 18/8/2022), b) se trabó el embargo de los derechos posesorios que posea la demandada respecto del inmueble cuyos datos son: Nomenclatura Catastral Circ. I, Secc. F, Quinta 196, Manzana 196-A, Parcela 13, Matrícula (076) 48481 (ver auto del 19/4/2023); citándose a venta a la Asociación de Guardavidas de Necochea y Quequén (ver auto del 15/2/2023) y dictándose la sentencia que mandó a "continuar la ejecución adelante por la suma de $ 1.057.677 -conforme liquidación aprobada y firme de fecha 21 de Febrero de 2022 en los autos principales.- con más los intereses fijados en la sentencia de fecha 8 de Noviembre de 2029, sin recurso alguno..." (ver sent. interloc. del 16/2/2024). Con esa metodología y luego de instrumentar los embargos decretados, al actor se le adeuda más de la mitad del capital de condena, sin contar sus intereses devengados hasta el día de la fecha (ver informe del día 1/7/2024); esto es, transcurridos más de cuatro de años de encontrarse firme la sentencia en ejecución.
V. Y ello debe ser especialmente considerado en orden a lograr una decisión justa y expedita, porque el período sustanciado en los estrados judiciales sin lograr el cobro de la acreencia en una persona que a la fecha tiene 69 años (v. copia de DNI adjunto a la demanda), nos impone atender el impacto del transcurso del tiempo en el acceso a la justicia, que se constituye en característica esencial del pronunciamiento judicial, en orden a su razonabilidad y oportunidad. Tal contextualización resulta inescindible del trato diferenciado y preferencial que debe dispensarse a las personas mayores (arts. 75 incs. 22 y 23 CC; arts. 3, 4 y 31 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores Const. Prov. art. 15 y 36; Reglas de Brasilia -Cap. 1° Sección 2a. puntos 1, 2 y 8).
En procura de lo expuesto, relacionado con la materialización del derecho de defensa en juicio y debido proceso (art. 8 y 25 de la C.A.D.H., 18 de la C.N., 15 C.Pcial), hemos sostenido que: “Este enfoque se encuentra en clara concordancia con la reciente Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de Personas Mayores (Resolución SC N° 216/24 de la SCBA), que en orden a los principios de celeridad reforzada, economía procesal y concentración de los actos procesales, expresamente establece: "Los procesos en los que intervenga una persona mayor como parte o tercero gozan de la aplicación reforzada y preferente de los principios de celeridad y economía procesal para su tramitación, resolución y ejecución. Los operadores judiciales deben establecer las medidas conducentes para evitar retrasos en la tramitación de tales procesos y procedimientos, garantizando su pronta resolución, así como la ejecución rápida de lo decidido". Esta guía de buenas prácticas resalta el trato preferente y prioritario, señalando que "la edad y la concreta situación que pueda atravesar una persona mayor en su vinculación con el sistema de justicia imponen un estándar específico y más exigente de la garantía de plazo razonable en que deben ser resueltos los asuntos judiciales que directa o indirectamente le conciernen, lo que conlleva a un tratamiento preferencial de tales casos y el cumplimiento del deber reforzado de celeridad en favor de la persona mayor". (esta Alzada expte. 14.270, reg. elect. 66 (RR) del 21/03/24)
VI. En ese contexto, este Tribunal advierte que el argumento que el ejecutante haya percibido parte de su crédito no es óbice para denegar la subasta requerida, en especial si aquella se enmarca en una ejecutoria que exhibe varios años de trámite (arts. 497, 500, 502 del CPCBA).
En ese sentido, la existencia de otros créditos en ejecución contra el demandado Asociación de Guardavidas de Necochea y Quequen (ver causa ejecutivas n°61372, 62565 y 61991; todos de trámite ante el Juzgado Civil y Com. n°1 local) sumado a la ausencia de excepciones opuestas en el presente trámite (ver sentencia del día 16/2/2024) al del silencio guardado frente a las diversas notificaciones electrónicas cursadas a su apoderada (ver notificaciones elect. de los días 3/4/2024, 27/5/2024, 24/10/2024) y la manifestación vertida por la representante de los demandados el día 24/10/2024, justifican admitir la apelación.
Es que, "...una vez reconocidos los derechos del accionante mediante el dictado de la sentencia definitiva, el acreedor puede obtener en forma forzada su ejecución si el obligado no la cumple voluntariamente en el plazo que aquélla estableció, acudiendo al tramite previsto en el Código de rito dentro de los límites marcados por el estricto cumplimiento del fallo" (conf. este Tribunal, en expte. 12687, registro bajo el número RS-16-2021, sent. del 19/08/2021); sin que la gravosidad de la medida -subasta de derechos posesorios- sea obstáculo para avanzar en la ejecución donde, justamente, se persigue la percepción del crédito largamente adeudado. Siendo ello así y aún cuando la temática ha sido objeto de posturas divergentes, lo cierto es que bajo la vigencia del derogado código civil velezano se admitió la subasta judicial de derechos posesorios. Así, se consideró que todo lo que integra el patrimonio puede transferirse; todo lo que puede transferirse puede embargarse; todo lo que puede embargarse puede subastarse; no obstante, toda regla tiene sus excepciones "...pero la posesión no está entre ellas" (conf. Ventura, Gabriel B. “Tracto Abreviado Registral”, Ed. Hammurabí, Bs.As. 2005, pág. 279, 280). Por consiguiente, se concluyó que: "Los derechos y acciones posesorios o de otra naturaleza, están en el patrimonio; son susceptibles de ser transferidos por vía de la cesión de derechos, mientras no estemos en los supuestos de excepción (art. 1444 y ss. del Código Civil); son susceptibles de embargo y, finalmente, terminando con nuestra regla general, son subastables" (conf. Gabriel B. Ventura en "La cesión de derechos posesorios" publicado en www.acaderc.org.ar. En sentido similar, Jorge W. Peyrano, "Un tema redivivo: La venta forzada de derechos y acciones", en L.L., 1978-D-1198; Maurino, Luis Alberto "Subasta Judicial"; edit. Astrea, pág. 27, año 2010).
En coincidencia, la jurisprudencia bonaerense sostuvo que siendo los derechos posesorios susceptibles de embargo y enajenación voluntaria, no resulta procedente negar la posibilidad de subasta judicial (conf. Cám. de Apelaciones Civil y Com. de Bahía Blanca, Sala II, sent. del 17/2/87, L.L., 1987-E-480, 37.830-s) juzgándose procedente la subasta judicial de derechos y acciones embargados (CNCiv., Sala C, sent. del 4/8/94, L.L.1995-A-391).
Siguiendo esa concepción, el nuevo código civil y comercial adopta una tesis amplia respecto a la transmisión de derechos señalando que: "Todo derecho puede ser cedido, excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina, o de la naturaleza del derecho" (arts. 1616 y 1617 del CCyC), por consiguiente, siendo transmisibles los derechos posesorios en forma voluntaria, cabe admitir su subasta pues ello sólo implicaría su enajenación en forma coactiva (conf. esta Alzada, en expte. 8961; reg. 44 (S) del 23/5/2013).
Por su analogía, también debe señalarse la jurisprudencia que consideró procedente la subasta judicial de derechos emergentes de un boleto de compraventa (conf. esta Alzada en expte. 11408; reg. 241 (R) del 26/10/2018. Cám. Civi. y Com., San Isidro, Sala I, sent. del 21/9/2000; LLBA, 2001-291); en la misma línea argumentativa este Tribunal convalidó la subasta de derechos hereditarios (conf. este Tribunal, en expte. nº 11.425; reg. int. n°242 (R) del 30/10/2018 y expte. 11935; reg. int. n°254 (R ) del 21/11/2019) siendo idéntica la solución que aquí se propicia.
También la jurisprudencia de la provincia muestra casos de subasta judicial de derechos posesorios (ver Juzgado Civ. y Com. n°14 de Mar del Plata, en autos "Tejeiro Alejandro Alberto s/Quiebra" -expte. n°5771-, en su resolución del día 3/7/2019), lo que también se registra en el sitio de Subastas Electrónicas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -subastas muebles Cgo. MP 366; MP45; BB 532- (https://subastas.scba.gov.ar/, conf. Ac. 3604/2012 y normas complementarias)
Por los motivos expuestos y no advirtiéndose que los derechos posesorios configuren, por su naturaleza o alcance, una excepción para su libre transmisión en el ámbito del tráfico jurídico, la posibilidad de subastarlos judicialmente debe admitirse (arts. 242 y 743 del CCyC).
VII. Sentado lo anterior y en función de lo manifestado el día 24/10/2024, previamente a dictarse el auto de subasta, deberá por la instancia practicarse todas las medidas que permitan ajustar el contenido de la diligencia a las particularidades propias del bien a subastar. Ello así pues por razones de seguridad jurídica, los derechos posesorios que la condenada ostenta sobre el inmueble -identificado como nomenclatura Catastral Circ. I, Secc. F, Quinta 196, Manzana 196-A, Parcela 13, Matrícula (076) 48481- deberán ser definidos, precisados en cuanto a su alcance y contenido; reuniendo en autos todos los antecedentes y elementos que permiten abastecer documentadamente, en cuanto a su extensión y calidades, los derechos posesorios a subastar. A tal fin el ejecutante podrá solicitar las medidas instructorias que estime necesarias a tal fin, las que pueden incluir, entre otras, pedido de informes al Municipio local o entrega de los libros de la Asociación.
De ese modo, se permitirá a los eventuales adquirentes conocer el alcance de los derechos a subastar y justipreciar la pertinencia del precio que deberán afrontarse durante el acto de subasta.
Asimismo en dicho marco, deberá por la instancia eventualmente evaluarse la pertinencia de disponer la anotación de litis sobre el inmueble cuyos derechos posesorios han sido embargados y ordenada aquí su pública subasta, ello en resguardo del procedimiento dispuesto, para el cumplimiento de sus fines y para dar publicidad registral a lo resuelto, POR ELLO: y con las aclaraciones expuestas en el punto VI.-) de la presente, se revoca la providencia del día 01/11/24 debiendo admitirse la subasta de los derechos posesorios embargados el día 19/4/2023 de conformidad con las pautas establecidas; lo que así se decide (arts. 242, 743, 1616 y 1617 y concod. del CCyC; art. 562 del CPCBA). Las costas se imponen a los ejecutados por su calidad de vencido y el tipo de proceso (art. 556 del CPCBA).
Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Francisco (Ap. parte demandada)
Fin de la sentencia