Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el Recurso Extraordinario Federal interpuesto a fs. 02/06 vta. de autos, por resultar formalmente inadmisible.
2Costas a la parte recurrente.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Treinta y cinco.
San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de octubre de 2026.
Estos autos Corte N° 014/2026, “En Expte. Corte N° 07/26, “WALTHER DE SALAS GÓMEZ, Blanca Stella s/ Testamentaria -s/ RECURSO DE CASACION s/ RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL”; y
Que comparecen el Dr. Pedro Humberto Salas, por sí, y los Sres. Ernesto José Salas y Carlos Alberto Salas, con patrocinio letrado, e interponen Recurso Extraordinario Federal en contra de la Sentencia Definitiva N° 14, de fecha 12 de mayo de 2026, dictada por la Sala respectiva de esta Corte de Justicia, en Expte. Corte N° 07/26 (fs. 36/41, por cuerda), mediante la cual se rechaza el recurso de casación deducido por la misma parte (fs. 1/10 vta. de los autos referidos), por resultar formalmente inadmisible, con costas a la parte recurrente.
Exponen sobre los recaudos formales de la vía extraordinaria federal intentada, en cuanto a la resolución impugnada, el tribunal interviniente, la oportunidad del planteo y la cuestión federal. Asimismo, señalan que acompañan la carátula prevista en el reglamento, Acordada N° 4/2007.
Relatan los antecedentes del caso que estiman relevantes, a cuya lectura nos remitimos, en honor a la brevedad.
Afirman que el pronunciamiento resulta arbitrario por autocontradicción interna y prescindencia de constancia decisiva, en tanto en el mismo considerando que rechaza el recurso por extemporaneidad del depósito, reconoce que la parte recurrente realizó una presentación vía Sistema de Expediente Digital (S.E.D.), que individualiza. Que además no se analizó si la presentación vía S.E.D. operó como acto procesal idóneo para subsanar o integrar el cumplimiento del recaudo del art. 300 del C.P.C.C.
Sostienen que la sentencia recurrida acumula cinco valladares formales en un caso de naturaleza sucesoria que involucra cuestiones patrimoniales sustanciales, así como la regulación de honorarios profesionales. Que esta acumulación constituye un exceso ritual manifiesto, conforme jurisprudencia y doctrina citada, exhibiendo una desproporción entre la severidad formal y la entidad sustancial de las cuestiones que la parte buscaba someter a casación.
Agregan que la sentencia impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y al principio “pro actione”. Que la clausura múltiple y acumulativa de la vía casatoria que practica la sentencia recurrida, desconociendo hechos dirimentes como el convenio de herederos homologado y las constancias digitales, resulta opuesto a los estándares convencionales, en los términos planteados.
Expresan que la resolución atacada funda el rechazo por omisión de carátula según jurisprudencia de la Corte Suprema que refiere al Recurso Extraordinario Federal ante esa Corte, regida por la Acordada CSJN 4/2007. Que la extrapolación mecánica de esa doctrina al recurso de casación local, regulado por la Acordada provincial N° 4070/2008 configura un defecto grave de fundamentación normativa, por las razones que invocan.
También argumentan que la sentencia impugnada se sostiene, en gran medida, en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, sin análisis de identidad sustancial entre los regímenes procesales bonaerense y catamarqueño.
Alegan el defecto de fundamentación sobre el recaudo formal del depósito de ley. Que la sentencia reconoce que el art. 292 del C.P.C.C. local admite la integración del depósito insuficiente como excepción al principio de cumplimiento acabado al momento de interposición, pero descarta la aplicación analógica del principio de subsanabilidad al supuesto de depósito acreditado pocos días después del vencimiento, sin ofrecer fundamento legal o doctrinal que justifique tal restricción. Que la distinción entre depósito insuficiente y depósito tardío resulta, en el contexto del caso, contrario al principio de razonabilidad y de conservación de los actos procesales.
En forma subsidiaria, manifiestan que la cuestión propuesta reviste gravedad institucional, por los motivos que exponen.
Señalan que existe relación directa e inmediata entre las cuestiones federales planteadas y la decisión adoptada en el caso.
Formulan reserva del caso federal y de acudir ante los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos.
Corrido el traslado de ley (fs. 07), luce a fs. 12/16 contestación del Dr. Lucio Miguel Montero, en la que solicita el rechazo del recurso intentado por ausencia de reserva del caso federal en el recurso de apelación. Asimismo, sostiene que la vía recursiva carece de los requisitos formales exigidos por la reglamentación; todo ello, con costas.
A fs. 17 se corre vista al Sr. Procurador General, obrando a fs. 18/20 vta. Dictamen Nº 102/2026, mediante el cual se aconseja declarar la inadmisibilidad del recurso extraordinario federal, quedando los autos en estado de resolver (fs. 21).
Para que proceda la apertura de la competencia federal es necesario la concurrencia de los agravios específicamente determinados por los incisos del art. 14 de la ley 48, motivo por el cual el recurso extraordinario federal resulta un remedio de naturaleza excepcional y de aplicación restrictiva (cfr. Gabriel H. Quadri, Ramiro Rosales Cuello y Toribio E. Sosa, “Tratado de los recursos”, tomo 1, ed. Astrea, 2019, Buenos Aires, p. 201 y sgtes.).
En este orden de ideas, la admisibilidad del recurso extraordinario federal se encuentra sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos comunes, propios y formales. Entre los requisitos comunes, se puede mencionar la intervención de un tribunal de justicia, la existencia de un juicio o causa, una cuestión de carácter justiciable, legitimación y la existencia de un gravamen directo y personal.
Por su parte, hacen a los requisitos específicos del presente recurso: a) que en la causa se haya decidido de manera expresa o implícita una cuestión federal; b) que dicha cuestión guarde relación directa e inmediata con el objeto principal del pleito; c) que aquella haya sido decidida por la sentencia definitiva y en contra del derecho federal invocado; d) que tal cuestión haya sido sentenciada por superior tribunal de la causa; y e) que haya sido resuelta por el superior tribunal de la causa (cfr. autores citados, “Tratado de los recursos”, tomo 1, ed. Astrea, 2019, p. 225). Resulta esencial que la sentencia que se pretende impugnar revista el carácter de definitiva y que la cuestión federal esté claramente configurada, debiendo verificarse, en este último caso, su oportuno planteamiento y mantenimiento durante todas las etapas del proceso. A más de otros requisitos, conforme las disposiciones de los arts. 14 y 15 de la ley N° 48 y de la Acordada N° 4/2007 dictada por la CSJN.
Cabe destacar que la cuestión federal es un requisito ineludible para la viabilidad de este medio de impugnación, pues constituye la materia sobre la que debe expedirse el Alto Tribunal, por lo que es necesario que el memorial establezca de forma clara y precisa de qué modo se configuran las causales invocadas y sobre las que se pretende asentar el recurso, debiendo asimismo establecer la conexión entre las normas constitucionales que dice comprometidas con la materia del pleito, exigencia que no se satisface con enunciaciones genéricas no referidas a las particularidades del proceso, por tanto se requiere que se demuestre el vínculo que ellas guardan con el expediente. Las cuestiones federales son las enumeradas en los tres incisos del art. 14 de la ley N° 48 (simple y complejas), habiéndose incorporado por vía de creación pretoriana la doctrina de la arbitrariedad.
Expuesto lo precedente, se advierte que en el caso sub examine se invoca lo dispuesto en el art. 14 de la ley N° 48, la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y, en forma subsidiaria, gravedad institucional, según lo consignado por los recurrentes en la carátula anexada (fs. 01vta.) como en el memorial de agravios (fs. 02/06vta.).
Frente a ello, corresponde principiar por la arbitrariedad acusada, pues de configurarse tal vicio, no habría sentencia propiamente dicha (-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-Fallos: 344:692; Fallos: 342:2075; Fallos: 341:1106; Fallos: 329:4044; Fallos: 327:4227; Fallos: 323:2504).
El recurso extraordinario por arbitrariedad, conforme la jurisprudencia del Alto Tribunal sentado en numerosos precedentes, no pretende convertir a la Corte Suprema en una nueva instancia donde pueden corregirse fallos que el recurrente considere equivocados, pues solo tiende a cubrir defectos realmente graves de fundamentación o razonamiento que descalifican a la sentencia como acto jurisdiccional y reparar anomalías que no encuentran apoyo en la ley o en los hechos que debieron ser de guía a los fines de resolver la causa. Desde luego, la arbitrariedad debe invocarse y probarse fehacientemente por el interesado (CSJN, 9/12/86, ED, 121-276). Así, en tanto las sentencias exhiban motivaciones suficientes en orden a los principios jurídicos que aplica y que, más allá del acierto o error, confieren base jurídica a lo resuelto, descartan la tacha de arbitrariedad (CS, “Arruebarrena, Olga E. c. Producciones Argentinas de Televisión S.A.”, 3/6/1997, D.J. 1998-3-457).
Además, la CSJN ha expresado el carácter restrictivo y excepcional de este medio de impugnación, especialmente cuando la arbitrariedad es invocada contra un pronunciamiento dictado por los tribunales superiores de las provincias que deciden acerca de la procedencia de los recursos locales interpuestos (CS. Rep. Ed. T 20- B, p 2119, Nº 383, Fallos: 313:493; 307:1100, entre muchos otros); y ha sostenido que tal causal no tiene por objeto revisar, en una tercera instancia, las decisiones de los jueces de la causa concernientes a la aplicación e interpretación del derecho común y procesal que rigen el caso (Fallos: 329:4659). -
Teniendo en cuenta lo desarrollado, en el presente caso los agravios vertidos en relación a tal causal no suscitan cuestión federal para su consideración por la vía intentada, pues carece de una crítica que ponga de manifiesto la existencia de arbitrariedad.
Al respecto, las quejas de la parte recurrente están desentendidas de los fundamentos dados en la sentencia que se pretende impugnar, en la que se detallaron los requisitos formales exigidos por la ley para la viabilidad formal del recurso de casación intentado. En efecto, los impugnantes ponen de manifiesto su interpretación en relación a los aludidos recaudos formales y el prendido cumplimiento de los mismos, sin desvirtuar, de manera precisa y concreta, las deficiencias técnicas que presentaba el memorial recursivo de casación, las que fueran señaladas en la resolución atacada con sustento en las disposiciones del C.P.C.C. y la Acordada N° 4070, de fecha 15 de julio de 2008 dictada por este Tribunal.
En este sentido, en primer lugar, se marcó la fecha de vencimiento del plazo para interponer el recurso de casación, de la que surgía que tanto el depósito como su acreditación en los autos Corte N° 07/26 se habían realizado en forma extemporánea. Cualquiera de los momentos cronológicos apuntados, esto es, cuando los recurrentes realizaron la presentación vía S.E.D., o cuando materializaron el depósito en la entidad bancaria –invocados en este recurso-, o en la oportunidad en que acreditaron el depósito en el expediente de casación, fueron realizados cuando el plazo legal se encontraba vencido. Además, dicho expediente de casación tramitó exclusivamente en formato papel (Acordadas N° 4623, de fecha 03/08/2023, y N° 4746, de fecha 28/07/2025), por lo que, indudablemente, la presentación de la constancia de depósito en los autos Corte N° 07/26 era imprescindible y resultó también el hito temporal destacado en el decisorio.
En cuanto a los demás valladares formales indicados en la sentencia en cuestión, se aclara que su verificación en la causa determinó la inoficiosidad del tratamiento de los demás asuntos, entre los que se encontraban las causales que se invocaron y sobre las que asentó el mentado recurso (art. 298 del C.P.C.C.). Es decir, las deficiencias técnicas obstaron el estudio de la procedibilidad de la vía recursiva y, por ende, del asunto de fondo, como pretenden los impugnantes.
Dichos recaudos formales –como se dijo- se encuentran contemplados en el C.P.C.C. y la Acordada N° 4070/2008, debiendo los recurrentes sujetarse a su observancia tal cómo están prescriptos, máxime cuando las disposiciones respectivas no fueron objeto de ningún cuestionamiento al deducirse el recurso de casación. Del mismo modo, se advierte que se trata de normativa de derecho público local, que conforma la legislación provincial (arts. 5, 6 y 120 de la CN), correspondiendo su aplicación e interpretación a los tribunales provinciales, siendo materia ajena al recurso extraordinario federal (S.I. N° 15, de fecha 20/08/2021, autos Corte N° 031/20, de esta Corte de Justicia).
Asimismo, deben desecharse los agravios relativos a la existencia de un excesivo rigor formal. Al respecto, no cabe proclamar un exceso ritual si los jueces apoyaron sus conclusiones en preceptos adjetivos no tachados de inconstitucionalidad y que se presumen sancionados precisamente en salvaguarda de los derechos fundamentales de los justiciables, insertados en los mandatos de la Constitución Nacional (ED, T 77, p. 372; 16/2/78; JA N° 5089, 14/3/79, p. 24), siendo tal doctrina - “exceso ritual manifiesto”- de carácter excepcional.
Finalmente, los recurrentes no logran desvirtuar el argumento relativo a la falta de correspondencia entre los agravios de la casación y los temas articulados en el recurso de apelación, limitándose su crítica a la jurisprudencia citada en la resolución atacada, sin reparar acerca de aquel defecto procesal que constituía un impedimento para su análisis por parte de este Tribunal, también marcado en la sentencia.
De este modo, lo resuelto responde estrictamente a los términos en que fue planteado el remedio casatorio, esto es, con deficiencias técnicas, conforme fuera oportunamente analizado en la resolución examinada, en la que se puntualizaron los extremos y falencias formales que exhibía la presentación recursiva.
Precisamente, los defectos apuntados no permitieron, en el momento procesal oportuno, encuadrarlo en el marco de lo normado por el art. 3, inc. “g”, Acordada N° 4070/2008, al resultar tales recaudos requisitos formales de cumplimiento ineludible, cuya carga procesal se encontraba en cabeza de los recurrentes (en igual sentido, SCBA, LL 1986-E-850, citado por Aldo Bacre, “Recursos Ordinarios y Extraordinarios”, 2da. edición, La Rocca, Buenos Aires, 2010, p. 760), principales interesados en el progreso de la vía intentada.
Así, el discurso argumental transita por carriles completamente diferentes, sin ningún argumento de peso que quiebre o contradiga las razones dadas en el fallo, conforme la normativa y reglamentación citada y aplicable y las constancias de la causa, que permitan descalificarlo como tal.
Circunscribiéndose los agravios a los inspeccionados, se descartan los casos contemplados en el art. 14 de la ley N° 48, invocado por los recurrentes de manera genérica, sin precisión de los supuestos que prevé la norma. -
Igualmente cabe poner de relieve, como lo menciona el Procurador General en su Dictamen N° 102/2026, que en el presente caso los recurrentes omitieron efectuar reserva del caso federal al tiempo de interponer el recurso de apelación (A.D. N° 119978/2024), efectuándola recién en oportunidad de deducir el recurso de casación precedente (fs. 10/vta. Expte. Corte N° 07/26, por cuerda), sin que en ése acto procesal se alegara “arbitrariedad sorpresiva”, ni se demostrara que no se trataba de una reflexión tardía a fin de justificar el incumplimiento de tal requisito, lo que determina la inviabilidad del recurso intentado. La jurisprudencia de la CSJN ha expresado en reiterados pronunciamientos que la cuestión federal no sólo debe ser introducida oportuna y completamente en el proceso sino además mantenida en todas las instancias de aquél, sean ordinarias o extraordinarias. También ha expresado que el presente recurso no puede ser fruto de una reflexión tardía o de una mera ocurrencia (F: 303:468). Tal lineamiento jurisprudencial, según el alto Tribunal, obedece a que la admisión de las pretensiones de las partes constituye una eventualidad que impone la oportuna formulación de los agravios constitucionales que pudieran derivar; y además en virtud de que corresponde dar ocasión adecuada para que los jueces de la causa puedan considerarlos y resolverlos. Finalmente, en cuanto a este tema ha puntualizado que la presente exigencia no configura exceso ritual alguno, ya que emerge de la índole de la competencia de la CSJN, cuando conoce por vía de éste recurso, que no es originaria, sino apelada (F: 302:228) (cfr. S.I. N° 13, de fecha 03/08/2021, autos Corte N° 024/20 de esta Corte de Justicia).
Respecto del planteo de gravedad institucional formulado en subsidio, aquella ha sido definida según la doctrina de la CSJN. Así, la gravedad institucional se manifiesta cuando la cuestión excede el mero interés de las partes del proceso (Fallos, 324:533, 833, 1225; 326:2126; 329:1787, 2620, entre otros) y tiene entidad como para comprometer la buena marcha de las instituciones (Fallos, 324:1225). En otros términos, la cuestión debe tener virtualidad para afectar el interés de toda la comunidad (Fallos, 324:533; 326:2126, 4240), los principios del orden social (Fallos, 324:4300, voto del Dr. Boggiano) o proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano (Fallos, 324:3184, voto de los Dres. Nazareno, Moliné O´Connor y López). En consecuencia, no habrá gravedad institucional cuando la cuestión planteada no tenga otro objeto que el de proteger los intereses particulares de las partes del proceso (Fallos, 325:2534). Asimismo, se destaca que utilización de esta doctrina es de carácter excepcional y su presencia debe invocarse oportunamente y acreditarse por quien pretenda valerse de ella (cfr. Gabriel Hernán Quadri, Ramiro Rosales Cuello y Toribio Enrique Sosa, “Tratado de los recursos”, tomo 1, ed. Astrea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019, p. 278/279).
En virtud de lo sentado, se aprecia que el memorial de agravios se encuentra desprovisto de una fundamentación mediante la cual se precise de qué forma se configura en el caso de autos la aludida gravedad institucional que se denuncia, con los recaudos citados, lo que se evalúa en el marco de lo analizado anteriormente.
De lo expuesto deriva también el incumplimiento de los requisitos de forma establecidos por la Acordada N° 4/2007 dictada por la CSJN, en particular, lo establecido en el art. 3, incs. b), c), d) y e) de dicho reglamento.
Conforme lo señalado, el recurso resulta formalmente inadmisible, por no reunir los requisitos mínimos del recurso extraordinario federal y así debe ser declarado, con costas.
Por lo precedentemente expuesto, y habiendo sido oído el Sr. Procurador General en su Dictamen Nº 102/2026, que se pronuncia en igual sentido, de conformidad con lo preceptuado por los arts. 14 y 15 de la Ley 48; arts. 68 y 256, concordantes y correlativos del C.P.C.C. de la Nación y Acordada N° 4/2007 de la CSJN,
LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Rechazar el Recurso Extraordinario Federal interpuesto a fs. 02/06 vta. de autos, por resultar formalmente inadmisible.
2. Costas a la parte recurrente.
3. Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, bajen los autos a la Cámara de origen.
Presidente: Dra. Fabiana Edith GOMEZ.-
Dr. José Ricardo CACERES.-
Dr. Carlos Miguel FIGUEROA VICARIO.-
Secretaria: Dra. Delia Isabel ARIAS.-
Fin de la sentencia