Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 91963 2
AL-YAN
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada resolución de fecha 13/09/2022?
2da. ¿Lo es la resolución de fecha 26/04/2023?
3ra¿Lo es la resolución de fecha 14/02/2024?
4ta. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor SOSA AUBONE dijo:
I. Antecedentes.
1.1. Dado el prolongado lapso que viene insumiendo la tramitación de este proceso y como gran parte de las actuaciones no se han digitalizado, es menester dejar constancia de lo siguiente:
a) Estas actuaciones fueron iniciadas por Mónica Graciela Sebastian, en su condición de síndico en los autos caratulados “HERIE S.A. s/Quiebra”, donde solicita extender la quiebra de la firma “HERIE S.A.” a los integrantes del directorio de dicha firma con fundamento en los arts. 160 y siguientes de la ley de concursos y quiebras 24.522 (L.C.Q.).
En los fundamentos a su pedido manifestó que en el Informe General de fs. 258/278 no pudo informar si los socios realizaron regularmente sus aportes, para poder determinar el tipo de responsabilidad que se les pueda imputar por su actuación en tal carácter, dado que no se cuenta con los libros sociales, de contabilidad, registros ni balances.
Refiere que en dicho informe se señaló que a la fallida le cabe la responsabilidad de no haber colaborado con la sindicatura presentado los libros y documentación que pudieran estar en su poder. Al respeto señala que en el auto de quiebra se ordenó a la fallida que entregue los libros de comercio y toda documentación relacionada con su contabilidad, lo cual no fue cumplido pese a las comunicaciones realizadas (alude a los edictos y notificación de fs. 114 bis). Agrega que recién el 15/4/99 la quebrada presentó una denuncia policial en la que manifestaba no encontrar al contador que le llevaba la contabilidad. Sostiene que esa circunstancia no la exime de responsabilidad. Supone que la sociedad sigue operando, ya que de lo contrario debería haber sido disuelta, lo cual no ocurrió según informa la Dirección de Personas Jurídicas a fs. 24, siendo los socios fundadores de la misma Bani Eduardo Víctor, Mateu Hugo Enrique, Quiroga Rubén Fermín y Piñeiro Eulogio Luis. Agrega que de acuerdo a los registros de la DGI y Rentas la firma esta activa. Funda el pedido de extensión en los arts. 59 de la ley de sociedades -deber de obrar con lealtad y diligencia de los administradores y representantes-, que impone responsabilidad solidaria e ilimitada por los daños causados por su acción u omisión. También invoca los arts. 58, 60 y 73 de la ley de sociedades. No ofreció prueba.
El pedido de extensión de quiebra fue efectuado el 15/03/2000 (ver cargo de fs. 1 vta).
En función de ello, por auto del 18/3/2000 se tuvo por promovido el pedido de extensión de quiebra respecto de los Sres. Eduardo Víctor Bani, Eulogio Luis Piñeiro -en algunas actuaciones se lo refiere como Piñeyro-, Hugo Enrique Mateu y Rubén Fermín Quiroga.
La demanda fue notificada al demandado Quiroga (fallecido el 14/1/2014) y a los herederos de Mateu (también fallecido); y la causa tuvo largos períodos de inactividad.
b) Frente al requerimiento tendiente al impulso del proceso, el síndico actuante manifestó que no resulta conveniente proseguir con el pedido de extensión de quiebra (fs. 116).
c) A raíz de la intervención de un nuevo síndico, este expresa que el pedido de extensión de quiebra a los socios fue promovida en virtud de no existir activos en la quiebra de HERIE S.A., que verificaron sólo dos acreedores, que no se aplica el art. 160 y que habría que analizar si alguno de los socios se encuentra alcanzado por las previsiones del art. 161 de la ley de concursos (fs. 151).
d) Se presentaron los herederos del Sr. Mateu quienes postularon que se resuelva la cuestión como de puro derecho, sin perjuicio de lo cual solicitaron la caducidad y prescripción (3/6/2022).
d) A raíz del requerimiento judicial de que se aclare la situación procesal de los Sres. Piñeyro y Bani, quienes todavía no habían sido notificados de la demanda de extensión de quiebra iniciada hace más de veinte (20) años (auto del 8/7/2022), el acreedor Bergamini desiste de la acción contra los mismos y pide que se dicte sentencia de extensión de quiebra (3/8/2022) -acción que había promovido el síndico-.
Por resolución del 19/8/2022, el juez consideró que el acreedor Bergamini no reviste la calidad de parte con base en que el pedido de extensión fue realizado por la sindicatura (remite a la presentación de fs. 1), por lo que ordenó correr traslado de lo expuesto y solicitado por dicho acreedor a la Sindicatura.
La Sindicatura contesto que para no contrariar sus propios actos no podía desistir del pedido de extensión formulado por el contador que actuó anteriormente como síndico, aunque indicó que los socios en cuestión no ejercían la administración, tenían un patrimonio distinto a la sociedad, que era de responsabilidad limitada. Agregó que el Directorio de la firma era unipersonal, siendo ejercido por el Sr. Mateu.
Ello generó que el juez de la causa dispusiera que sigan los autos con el traslado de la acción respecto de los socios Piñeiro y Bani (auto del 30/8/2022).
Frente a ello, como los Sres. Bani y Piñeyro están fallecidos, por el principio de economía procesal, la Sindicatura “…considera que es menester desistir de la acción en relación a estos dos Sres. Accionistas de Herie S.A.” (presentación del 31/8/2022).
En sintonía con ello, el acreedor Bergamini reiteró el pedido de desistimiento de la acción contra los referidos.
Por resolución de fecha 13/09/2022, el Sr. Juez de la anterior instancia tuvo presente el desistimiento de la acción formulado por la Sindicatura con relación a los Sres. Eulogio Luis Piñeiro y Eduardo Víctor Bani y declaró extinguido el proceso a su respecto, con costas al Órgano Sindical. Fundó su decisión en las previsiones de los artículos 73 y 304 del C.P.C.C. y 163 y 164 de la ley 24.522 -L.C.Q.-.
1.2. Contra esa forma de decidir se alza el Sindico - contador Semacendi- mediante recurso de apelación que funda con la presentación de fecha 13/09/2022.
Destaca en primer lugar que si bien el síndico como órgano es uno solo, a lo largo del proceso puede ser ocupado por distintos contadores, que no necesariamente pueden estar de acuerdo con lo efectuado por el contador anterior.
Agrega que: “…En la presente causa Yo soy el tercer síndico y he denunciado en el expediente principal que este proceso no existiría si V.S. no le hubiera permitido formar parte del proceso al Sr. Bergamini, que es uno de los dos acreedores presentados en la quiebra, el otro fue ARBA…”
Refiere que Bergamini fue beneficiado de numerosos traslados, a pesar de ser un acreedor y como tal vedada su participación en el proceso quien tampoco debería ser parte en el principal y sin embargo ha actuado como tal y es por tal razón y por economía procesal –nos dice– que ha solicitado el desistimiento de la acción de extensión de quiebra de los Sres. Berni y Piñeyro en consideración a que se trata de una sociedad anónima, no han participado de la administración, no caen en ninguno de los supuestos posibles de extensión de quiebra, los cuales son taxativos.
De consiguiente considera que las costas deben ser cargadas a la quiebra, no a la sindicatura, porque el desistimiento es en beneficio del proceso.
De todos modos afirma que no queda claro en este caso particular en el cual han sido tres los contadores designados síndico, quién debería abonarlas en razón de no haber sido él quien pidiera la extensión de quiebra, al contrario manifiesta haber trabajado para poder darle un punto final a este proceso.
1.3. La critica llega con la réplica del acreedor Bergamini de fecha 23/09/2024.
1.4. Con fecha 08/10/2024 dictaminó el Sr. Fiscal de Cámaras departamental quien dijo compartir en lo medular los argumentos esgrimidos por el “a quo” en la resolución de fecha 12 de septiembre de 2022.
II. Análisis del recurso.
2.1. Como principio de orden genérico la ley le concede al síndico -al igual que a cualquier acreedor que haya sido verificado o este tramitando su inserción en el pasivo concursal- una legitimación originaria para peticionar la extensión de la quiebra cuando lo entienda pertinente y no requiere autorización de los acreedores pues no ha sido ello legalmente establecido como sí ocurre en las acciones de ineficacia concursal (art. 163, L.C.; Junyent Bas, Francisco - Molina Sandoval, Carlos, “Ley de concursos y quiebras comentada”, t. II, Lexis Nexis, Bs. As., 2003, p. 316; Sosa Aubone, Ricardo Daniel, “Ley de Concursos y Quiebras”, ed. Hammurabi, 2021, pág. 707).
2.2. No es ocioso destacar que el síndico concursal es un funcionario del concurso (art. 251, L.C.Q.), cuyas funciones son indelegables y excluyentes (art. 252, L.C.Q.), están establecidas en la ley de concursos durante el trámite del concurso preventivo hasta su finalización y en todo el proceso de quiebra (art. 254, L.C.Q.), debiendo actuar personalmente (art. 258, L.C.Q.).
2.3. En cuanto a la condición jurídica del síndico del concurso, antiguamente se había sostenido que es un representante del deudor común, o de los acreedores, o bien, a la vez, del deudor y de los acreedores, existiendo posturas que lo colocaban como representante de la masa activa, o de la masa acreedora y, al mismo tiempo, de los acreedores individuales. Desde otro vértice, hay quienes habían sostenido que el síndico no es un representante ni del deudor, ni de los acreedores, ni de la masa, ni de los unos o de los otros simultánea o separadamente, sino que es un órgano del Estado, que actúa por consecuencia del cargo público que se le impone para liquidar el patrimonio del quebrado en defensa del interés común.
En puridad, el síndico no es representante, ni tampoco órgano o funcionario estatal, sino -tal como se dijo al comienzo- órgano o funcionario del concurso, que representa al interés general (lo cual engloba, aunque lo excede, el interés de los acreedores y del Estado).
2.4. El artículo 275 L.C.Q. pone en cabeza del síndico la necesidad de realizar las peticiones necesarias para la rápida tramitación de la causa (esto es que se cumplan los plazos legales y que el proceso avance hasta su finalización), la averiguación de la situación patrimonial del concursado, los hechos que puedan haber incidido en ella y la determinación de los responsables (lo que trasciende la petición del acreedor y el reconocimiento del deudor en orden al reconocimiento de un crédito), y realiza una detalle meramente enunciativo de las facultades que cuenta, entre las cuales destaca la posibilidad de firmar cédulas y oficios (inc. 1), solicitar directamente informes (inc. 2), requerir explicaciones (inc. 3), examinar expedientes sin autorización judicial (inc. 4), expedir certificados de servicios a los dependientes del concursado (inc. 5) y en general, solicitar todas las medidas que sean procedentes a los fines indicados (inc. 6).
Tales facultades deben ser ejercidas teniendo como piso de marcha la situación del síndico en el concurso, ya que tratándose del concurso preventivo, el concursado conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico (art. 15, L.C.Q.), a diferencia de la quiebra, donde el fallido queda desapoderado (art. 107, L.C.Q.), el síndico tiene la administración de los bienes y participa de su disposición en la medida fijada por la ley (art. 109, L.C.Q.) y el fallido ha perdido legitimación procesal respecto de los bienes desapoderados, debiendo actuar en ellos el síndico (art. 110, L.C.Q.), quien tiene la tarea de liquidarlos (arts. 203 y 217, L.C.Q.).
Es importante destacar que el último párrafo del art. 275 L.C.Q. establece que el síndico es parte en el proceso principal, en todos sus incidentes y en los demás juicios de carácter patrimonial en los que sea parte el concursado, salvo los que deriven de relaciones de familia en la medida dispuesta por la ley de concursos.
En consecuencia, si bien el síndico es un funcionario (órgano) del concurso, y como tal no podría ser considerado parte desde el punto de vista sustantivo, la ley lo legitima para intervenir en el proceso, asignándole la condición de parte necesaria desde el punto de vista adjetivo. Tal es así que, en ciertos supuestos podría cuestionar lo resuelto por el juez (v.gr. interponer incidente de revisión del art. 37 L.C.Q., acción por dolo del art. 38 L.C.Q.).
2.5. El incumplimiento de sus deberes-facultades puede dar lugar a la responsabilidad del síndico, y a la aplicación d sanciones que pueden ir desde el apercibimiento, multa hasta el equivalente a la remuneración mensual del juez de primera instancia y la remoción (art. 255, último párrafo, L.C.Q.) (conf. Sosa Aubone, Ricardo Daniel, “Ley de Concursos y Quiebras”, ed. Hammurabi, Bs. As., 2021, págs. 1036 y siguientes).
2.6. Sobre la base de lo expuesto considero que en la especie, el costo de la acción de extensión de quiebra pesa, por principio, sobre el activo falimentario (arg. art. 240 L.C.Q.), razón por la cual resulta improcedente que las costas por el desistimiento efectuado en autos, sean impuestas en forma personal al síndico con base en su calidad de vencido, al tratarse de una articulación que introdujo en calidad de funcionario concursal.
Atento la forma en que se resuelve, las costas de segunda instancia se imponen por su orden (arts. 68 y 384, C.P.C.C. y 278, L.C.Q.).
Consecuentemente, con el alcance indicado voto por la NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor LOPEZ MURO dijo: Adhiero al voto del Dr. Sosa Aubone y consecuentemente doy mi voto por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. SOSA AUBONE dijo: I. Antecedentes.
1.1. Con fecha 26/04/2023, el Sr. Juez “a quo” luego de considerar acreditado el deceso del Sr. Rubén Fermín Quiroga (remite a presentación del 21/3/2023) y que no se ha promovido juicio sucesorio (remite a informe de Registro de Juicios Universales del 13/9/2022), le hizo saber al síndico que deberá realizar las gestiones del caso para dar con los herederos del mismo, resolvió suspender la tramitación de las presentes actuaciones y citar a los herederos de Rubén Fermín Quiroga para que en el plazo de diez días tomen debida intervención en autos.
1.2. Ese modo de decidir motivó el alzamiento de Verónica Mateu, Canela Mariana Mateu y Castro Andrea Raquel, en su carácter de únicas herederas declaradas de Hugo Enrique Mateu, quienes expresaron su disconformidad en los términos que surgen de la presentación de fecha 05/08/2024.
Aducen las recurrentes que en las presentes actuaciones, con sustento en lo prescripto por el artículo 161 de la Ley de Concursos y Quiebras, se encuentran sustanciando en forma conjunta, acciones de extensión de quiebra respecto de quienes revestían calidad de socios de la sociedad quebrada Herie S.A.
Dicen que: “… la acumulación en un solo proceso de cuatro acciones de extensión de quiebra resulta totalmente improcedente, al igual que lo es mantener en trámite este anómalo proceso, que lleva más de veinticuatro años sin resolución, producto de una acción indebidamente iniciada y seguida contra cuatro posibles personas a quienes se pretende lograr el estatus de quebrados, en forma conjunta, cuanto cada eventual proceso de quiebra requería de la promoción de un trámite individual…”.
Agregan que en el caso de autos :”… el único impulsor es un acreedor a quien en forma reiterada se le ha dicho, mediante varias providencias firmes, que no reviste el carácter de parte, y en el que los herederos de uno de los demandados, los aquí presentantes, hemos contestado la demanda, opuesto defensas legitimas contra el progreso de la acción de extensión de quiebra deducida, y solicitado se declare la cuestión de puro derecho y se dicte sentencia, toda vez que no existe prueba para producir, y se dilata la resolución de las cuestiones sometidas a jurisdicción por la anómala acumulación de procesos.”
“Cada uno de los causantes a los cuales se pretendía extender la quiebra, requería de la promoción de un proceso individual, en el que se ejerza en forma adecuada el derecho de defensa, se produzca la prueba de los hechos invocado y se dictara sentencia haciendo o no lugar al pedido de extensión…”.
Explican que el pedido de extensión de quiebra supone la pretensión de obtener la declaración de una persona y ello es incompatible con la acumulación de semejante acción respecto de otros eventuales sujetos pasivos de semejante extensión ya que –nos dicen- cada pedido de quiebra por extensión requiere de la promoción de acciones individuales en las que se transite el análisis de los presupuestos que la justifiquen, no en forma colectiva, sino en forma individual.
Refieren que su parte, luego de largos años de letargo del expediente, ante la existencia de abusivas medidas cautelares y maniobras de hostigamiento extrajudicial a los herederos de uno de los socios -el señor Hugo Enrique Mateu- se hubo presentado en forma espontánea a contestar la demanda, oponer excepciones, y solicitar se dicte sentencia y que no existe trámite alguno pendiente respecto de nombrado causante que justifique la dilación en la resolución a su respecto, “… más que la anómala existencia de la acumulación antes referida, que provoca la eterna afectación en forma cautelar de bienes de nuestro padre y esposo…”.
Solicitan que en forma inmediata se resuelvan las defensas planteadas por su parte al no existir prueba pendiente de producción con relación a la extensión de quiebra solicitada a Hugo Enrique Mateu.
II. Tratamiento del recurso.
2.1. En autos se ha realizado una acumulación impropia de acciones, en violación a lo normado por el art. 87 del C.P.C.C., de aplicación supletoria conforme el art. 278 de la ley de concursos y quiebras 24.522 (L.C.Q.). Es que, tratándose de los supuestos de extensión de quiebra, ya sea del art. 160 como del art. 161 de la ley de concursos, se impone formar un expediente para tramitar la quiebra principal y un expediente para tramitar las quiebras consecuentes, máxime cuanto, en principio, corresponde formar masas separadas, sin perjuicio de que la sindicatura sea única y de las medidas de coordinación que deban adoptarse.
Ello facilitará la tramitación de esta causa, que se ha ido demorando en el tiempo.
Tengo presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Mémoli vs. Argentina”, sentencia del 22/8/2013 DE 22 de agosto 2013, donde se condenó a la República Argentina por no resolver en un plazo razonable.
En consecuencia, siendo que se ha desistido de la acción de extensión respecto de los Sres. Piñeiro y Bani, corresponde disponer que en la instancia de origen se forme un expediente para tramitar el pedido de extensión de quiebra formulado a Mateu, donde se deberán incorporar digitalizadas las actuaciones referidas al mismo, y otro para el pedido de extensión de quiebra formulado a Quiroga, con las copias digitalizadas pertinentes (arts. 34 inc. 5, 87, 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.; 88, 105, 125, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 274 y 278, L.C.Q.).
2.2. Luego de formado el incidente en cuestión, deberá sin mayores dilaciones resolverse el pedido de extensión de quiebra respecto del Sr. Mateu, lo cual impone analizar la declaración de puro derecho o necesidad de realizar actividad probatoria, y una vez firme o superada la
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