Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 47987-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso del Fisco Nacional, revocar el decisorio apelado y confirmar la Resolución Nº 058/17 (DV RR1P) de fecha 25/04/2017;
2Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, dada la novedad de la cuestión debatida (arts. 184, Ley nº 11.683 y 68, 2º párrafo, CPCCN). El Sr. Juez de Cámara Dr. Jorge F. Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 60.234/2022 EXTERRAN ARGENTINA SRL (TF 47987-I) C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fojas 234/6 del expediente en soporte papel la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar, por mayoría, al recurso de apelación deducido por la empresa Exterran Argentina SRL, declaró la nulidad de la Resolución Nº 058/17 (DV RR1P) de fecha 25/04/2017 e hizo lugar a la repetición del Impuesto a las Ganancias 2015 reclamada por la recurrente, ordenando adicionar al crédito intereses computados a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA.
Mediante el acto cuestionado la Administración fiscal había rechazado la acción de repetición intentada por la contribuyente con relación al Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2015, por la suma de $15.507.984,33. La actora adujo que en un contexto económico de alta depreciación monetaria, fuerte devaluación del peso e imposibilidad para las sociedades de acceder al Mercado Único y Libre de Cambios había adquirido títulos públicos de la deuda soberana de la República Argentina denominados en dólares, cuyo valor de mercado en moneda local ascendió a $165.824.697,24, los que luego fueron liquidados en Estados Unidos por U$s13.337.950,62, resultando así una pérdida contable de $44.308.526,66, que no fue considerada como ajuste al momento de confeccionar la DDJJ del impuesto y período del asunto, y que derivó en el pago en exceso cuya repetición intenta. Puso de relieve, además, que la Circular 5/2014 impide el cómputo de quebrantos originados en operaciones de “dólar MEP”, que supone la liquidación de los títulos en dólares en el mercado local, y no los casos de liquidación y depósito de las divisas en el extranjero (“dólar CCL”), de manera que la operación de marras queda fuera del ámbito de aplicación objetivo de aquella norma.
Para fundar su decisión anulatoria el a quo explicó en suma que:
(i) La Circular 5/2014 citada por el Fisco Nacional es una disposición vinculante para los órganos de la AFIP, que el Administrador Alta en sistema: 27/08/2025 Federal dicta a los fines de ordenar o instruir a sus subordinados sobre distintos aspectos, pero que no tiene carácter normativo ni efecto directo sobre los administrados;
(ii) El Fisco Nacional aclara en la circular mencionada que no resultan deducibles en el Impuesto a las Ganancias las pérdidas por diferencias de cambio negativas derivadas de operaciones de dólar Bolsa o dólar MEP, con títulos públicos, en razón de que éstas no se encuentran vinculadas con la obtención, mantenimiento o conservación de ganancias gravadas por dicho impuesto, ni cumplen con los requisitos legales para ser consideradas pérdidas extraordinarias en tanto no obedecen a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Pero ese criterio, en el caso concreto, expuesto sin mencionar la causa en que se funda y sin haber expresado las razones por las cuales se estima que se está en presencia de una planificación fiscal nociva, constituye una afirmación dogmática y sin fundamento;
(iii) Según surge del informe pericial contable producido en autos, se constató la registración de las operaciones de compra y venta de títulos públicos en cuestión. De acuerdo a los expertos, en la cuenta Resultados N° 790015 del Balance de Sumas y Saldos del ejercicio 2015, la sociedad registró el resultado negativo originado por la venta de los títulos públicos, el que a su vez se encuentra expuesto dentro del rubro "Resultados Financieros" del Estado de Resultados en el Balance de Publicación del ejercicio comercial 2015. Señalan los expertos que, según consta en los Estados Contables del ejercicio económico 2015, la empresa registró contablemente la pérdida, pero no la incluyó en el resultado impositivo del período;
(iv) En el caso, la diferencia entre el valor de mercado al que se adquirieron los títulos públicos y el valor al que luego se terminaron vendiendo -medidos en pesos argentinos al tipo de cambio oficial-, generó la pérdida que es objeto de reclamo. Esa pérdida se originó por la diferencia entre los precios de compra y de venta de los títulos involucrados, y, por lo tanto, su deducibilidad de la base del impuesto debe analizarse en función de si dicho resultado está subsumido o no en el objeto del tributo. En el caso, tratándose de una empresa, el resultado debe considerarse computable en función de lo normado por el inciso 2) del artículo 2 de la ley del tributo (teoría del balance);
(v) Los quebrantos originados por las operaciones de compra y venta de títulos resultan deducibles. Asimismo, conforme indicó la recurrente, la adquisición de los títulos tuvo por objetivo preservar su patrimonio, lo cual no ha sido desvirtuado por el Fisco Nacional Alta en sistema: 27/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V acreditando la existencia de la "planificación fiscal nociva" que menciona la Circular antes citada;
(vi) Decidir en contrario supondría un trato desigual de las ganancias respecto de las pérdidas, dado que si el mismo contribuyente realiza la operación inversa, esto es, compra los títulos con moneda extranjera y los vende en pesos, obtendrá una ganancia gravada, de manera que pagaría el impuesto en caso de ganar, pero cuando pierde no se permitiría la deducción de la pérdida.
II. Que, disconforme, el Fisco Nacional dedujo contra la decisión reseñada recurso de revisión y apelación limitada (art. 192, Ley Nº 11.683) y a fojas 250/61 expresó sus agravios, que merecieron la réplica de la accionada de fs. 279/87.
La crítica de la apelante puede resumirse de la siguiente manera:
(i) La decisión del a quo es equivocada porque pierde de vista las cuestiones a analizar: si la pérdida contable denunciada por la actora está relacionada con el objeto social declarado por la empresa; si esa pérdida puede ser considerada un gasto o una mala inversión o constituir un alea; si ese gasto es legalmente deducible a los efectos del impuesto a las ganancias;
(ii) No se ha acreditado en autos que la operación analizada haya estado vinculada con la obtención, mantenimiento o conservación de las ganancias gravadas, como exige la ley; en ese sentido, la actora no demostró haber otorgado con esos dólares un préstamo a una vinculada del exterior, como sostuvo;
(iii) Además, el gasto en cuestión tampoco constituyó una pérdida extraordinaria de aquellas que la ley autoriza a deducir; (iv) La Sala III de esta Cámara fijó el criterio de la vinculación de la pérdida al mantenimiento de la fuente para la evaluación de la deducibilidad, aun para el caso de las personas de existencia ideal;
(v) La descripción de la maniobra de la actora por la Circular resulta acertada, con prescindencia del valor que se le reconozca a esta norma interpretativa, y apunta precisamente a destacar que la deducibilidad del gasto en cuestión no está avalada por la ley del impuesto;
(vi) Contrariamente a lo señalado en la resolución apelada, las circulares son normas de alcance general, de carácter Alta en sistema: 27/08/2025 vinculante tanto para el organismo tributario como para los contribuyentes (Decreto 333/85; arts. 9 y 8, Decreto 618/97; Disposición AFIP 446/09);
(vii) La pretendida exigencia de tratamiento igualitario de gastos y ganancias no tiene correlato en las normas aplicables al caso; y (viii) La aplicación de la tasa pasiva promedio al crédito reconocido contraviene expresamente la manda legislativa del artículo 179 de la Ley n° 11.683; el a quo debería haber ordenado el cálculo de los accesorios a las tasas fijadas a lo largo del tiempo por la Secretaría de Hacienda para las repeticiones de tributos con fundamento en esa norma (empezando por la establecida en la Resolución MEyFP n° 314/04).
III. Que la cuestión a decidir en autos se circunscribe a la determinación de si las pérdidas que la accionante alega haber sufrido como consecuencia de la adquisición de dólares a través de la operación de bonos soberanos (“contado con liquidación”) efectivamente se materializaron y, en ese caso, si estas pueden ser consideradas como pérdidas (y, eventualmente, quebrantos) a los efectos del impuesto a las ganancias.
IV. Que a la luz de lo aclarado en el considerando que antecede, no parece relevante la discusión mantenida hasta esta instancia acerca de la legitimidad de la Circular nº 5/2014. En efecto, resulta incontrovertible la facultad del titular del organismo recaudador federal de fijar la interpretación de las normas que rigen la percepción de tributos. Así, según el artículo 8 del Decreto nº 618/97 “[e]l Administrador Federal tendrá la función de interpretar con carácter general las disposiciones de este decreto y de las normas legales que establecen o rigen la percepción de los gravámenes a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, cuando así lo estime conveniente […]”. Además, se indica en esa misma norma que “[…]las interpretaciones del Administrador Federal se publicarán en el Boletín Oficial y tendrán el carácter de normas generales obligatorias si, al expirar el plazo de QUINCE (15) días hábiles desde la fecha de su publicación, no fueran apeladas ante el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS”.
Asimismo, según la Disposición nº 446/09 -vigente al tiempo de los hechos- las Circulares, como actos externos de carácter no resolutivo “[s]on actos de alcance general emitidos exclusivamente por el Administrador Federal […] por los que se aclaran o precisan aspectos Alta en sistema: 27/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V vinculados con la interpretación o aplicación de determinadas normas, tales como leyes, decretos o resoluciones generales, con el sustento legal indicado” (conf. anexo I). La Disposición nº 199/22, vigente actualmente, señala en el mismo sentido que las circulares “[s]on los actos administrativos de alcance general emitidos exclusivamente por la máxima autoridad de esta Administración Federal en ejercicio de las funciones conferidas por el artículo 8° del Decreto N° 618/97, sus modificatorios y sus complementarios, en virtud de los cuales se aclaran o precisan aspectos vinculados a la interpretación o aplicación de determinadas leyes, decretos o resoluciones generales” (v. pto. A.5, del Anexo).
En ese contexto, es indudable que el Administrador Federal contaba con facultades suficientes para dictar una norma interpretativa de la forma en la que la ley del tributo discutido alcanzaba las operaciones objeto de este proceso. Es evidente, por lo demás, que sólo una ley formal del Congreso podría modificar un componente esencial del tributo, como es el hecho imponible (arts. 4, 17, 52, 75, inc. 2, 99, inc. 3, 3º párrafo, CN; (Fallos: 329:1554; 343:86; 346:1015; entre muchos otros).
Precisamente por esa razón –y por los contornos de esta potestad, tal como han sido fijados en las normas atributivas antes transcriptas- es claro que la discusión de autos se limita a la cuestión de saber si en los términos de la propia ley del tributo es admisible el descuento de la pérdida que la actora denuncia ahora.
V. Que no es materia de controversia que con el propósito de adquirir dólares la accionante recurrió a la operación denominada “contado con liquidación”, consistente en la negociación de instrumentos en el mercado de capitales –cuyo resultado pretende descontar de la base imponible del impuesto-.
El llamado “dólar contado con liquidación” es el tipo de cambio implícito que resulta de comprar un valor negociable -bono soberano, acción o CEDEAR- en un mercado bursátil local y utilizando pesos, con el propósito de vender posteriormente en dólares un instrumento equivalente con cotización en un mercado diferente (en el caso, según indica la accionante y no ha sido controvertido por la demandada o los peritos, en algún mercado bursátil de los Estados Unidos). Lo característico de esta operación, es que la venta del instrumento se realiza en un mercado y una moneda diferentes a los utilizados en la primera transacción; y que, como resultado de ello, el operador logra hacerse de divisas que se depositan -tras la liquidación de Alta en sistema: 27/08/2025 la venta- en una cuenta del extranjero (conf. en igual sentido, la sentencia del 21/12/2012 de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico en la causa nº 24.778 “BBVA Banco Francés SA y otros s/infracción Ley nº 24.144”, firme a partir de la decisión de la CSJN del 14/07/2015).
La accionante demostró haber operado a este fin bonos soberanos de la República Argentina, pero no alega haberse desprendido posteriormente de los dólares obtenidos por la enajenación de los títulos. De hecho, indica que esas divisas no salieron de su patrimonio y -aunque no fue materia ni de debate ni de prueba en la causa- que las empleó para otorgar un préstamo a una empresa extranjera vinculada. La “pérdida” que la actora pretende descontar de la base imponible del impuesto para el período en cuestión proviene, en cambio, de la diferencia entre aquel tipo de cambio implícito al que se hizo de aquellos dólares por contado con liquidación, y el valor esas divisas computado al tipo de cambio oficial.
V.1. Para determinar la procedencia de esa detracción es preciso indagar en las disposiciones de la ley del impuesto y su reglamentación, así como en la interpretación dada a la estructura y los distintos elementos del tributo, con el objetivo de analizar la deducibilidad de la presunta pérdida de la base del impuesto.
V.1.1. En palabras de Jarach “[e]l hecho imponible de este impuesto y correlativamente la base imponible, abarca los resultados de los actos, actividades, inversiones, tanto positivos -ganancias-, como negativos -pérdidas o quebrantos- que deberán sumarse o restarse, en su caso, para determinar el conjunto de ganancias imponibles o pérdidas compensables (Jarach, D., “El concepto de ganancias en la ley n° 20.628, “La Información”, Buenos Aires, Ed. Cangallo, enero 1974, tomo XIX, p. 709-716).
De acuerdo a la Ley Nº 20.628 -en su texto vigente al tiempo de los hechos- “[p]ara establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma que la misma disponga” (conf. art. 17, 1er párrafo). Además, se prevé que “[p]ara establecer la ganancia neta sujeta a impuesto se restarán del conjunto de las ganancias netas de la primera, segunda, tercera y cuarta categorías las deducciones que autoriza el artículo 23” y que “[e]n ningún caso serán deducibles los gastos vinculados con ganancias exentas o no comprendidas en este impuesto”.
En línea con lo anterior, la ley establece -en cuanto aquí importa- que “[l]os gastos cuya deducción admite esta ley, con las Alta en sistema: 27/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina” (art. 80 del texto entonces vigente).
La ley expone en esas previsiones el esquema de liquidación de la base de imposición o materia imponible. El resultado de este proceso se cristaliza en la liquidación de la materia imponible, magnitud o parámetro que representa la medición del hecho imponible o ganancia gravable, siendo esta la manifestación de capacidad contributiva o índice de riqueza que el legislador persigue alcanzar (Rajmilovich, D. “Manual de Impuesto a las Ganancias”, Buenos Aires, La Ley, 2019, 281/3).
El cálculo de los ítems de ganancias o ingresos y las pérdidas arrojará la llamada ganancia bruta. Explica la doctrina que la noción contable de ese concepto -que no está definido expresamente en la norma en análisis- es el “resultado que se obtiene al restar del precio de venta el costo directo de los bienes vendidos, sin considerar ningún tipo de gastos” (Fernández, Luis O. “Impuesto a las ganancias. Teoría, técnica y práctica”, Buenos Aires, La Ley, 2023, 5º ed., Tomo I, p. 640). Para la ley, ganancia bruta es el precio total de las cosas o de los bienes entregados, o de los servicios prestados, menos cuanto consiste en recuperar el costo incurrido para obtener las cosas, los bienes o los servicios así provistos: v.gr. en un préstamo, es ganancia bruta la diferencia entre lo devuelto por el deudor y el importe prestado; en el arrendamiento, lo es el total percibido por el alquiler; en una venta de cosas es ganancia bruta la diferencia entre el precio y el costo de las cosas vendidas (Raimondi, Carlos A. y Atchabahian, Adolfo, “El Impuesto a las Ganancias”, Buenos Aires, La Ley, 2017, 6º ed., Tomo II, p. 1 y sgtes.). Fernández explica que en la última hipótesis mencionada, el resultado puede ser negativo, cuando el precio sea menor al costo y, por tanto, no exista ganancia bruta (precisamente esto último es -en un sentido general- lo que la actora sostiene que ha ocurrido en el caso, aunque como resultado de la compra y la venta de títulos valores) (Fernández, Luis O., op. cit, p. 640).
El artículo 17 (actual 23) transcripto anteriormente aclara que la ganancia neta es el resultado que se obtiene cuando a la ganancia bruta se le detraen los gastos necesarios obtenerla o, en su caso, para mantener y conservar la fuente. Finalmente, la ganancia neta sujeta a impuesto es definida en el segundo párrafo de esa disposición Alta en sistema: 27/08/2025 como la que surge de restar del conjunto de las ganancias netas de las cuatro categorías, las deducciones correspondientes (Fernández, op. cit.).
V.1.2. De otro lado, el artículo 68 de la ley (actual 72)
establece: “[p]ara contabilizar las operaciones en moneda extranjera deberá seguirse un sistema uniforme y los tipos de cambio a emplear serán los que fije la reglamentación para cada clase de operaciones”. En este sentido, el reglamento de ejecución de la ley entonces vigente establecía que “[l]as operaciones en moneda extranjera se convertirán al tipo de cambio comprador o vendedor, según corresponda, conforme la cotización del BANCO DE LA NACION ARGENTINA al cierre del día en que se concrete la operación y de acuerdo con las normas y disposiciones que, en materia de cambios, rijan en esa oportunidad” (v. art. 97, Decreto nº 1344/98; y en igual sentido el art. 160 del Decreto nº 862/19, reglamento vigente actualmente).
V.2. Ahora bien, la actora pretende descontar la supuesta pérdida sufrida como consecuencia de la diferencia entre el precio de compra de los títulos públicos que adquirió en pesos, y el de su venta, en dólares valuados al tipo de cambio oficial, como indican las últimas normas transcriptas.
V.2.1. Sin embargo, como resulta del relato realizado en el primer apartado de este considerando, la accionante no se ha desprendido de los dólares adquiridos, vendiéndolos al tipo de cambio oficial durante el ejercicio fiscal del que se trata. Según su propio relato, ha mantenido los dólares en su patrimonio -ya sea en dinero o en la forma del préstamo que dice haber otorgado (lo cual, considerando la fungibilidad del bien del que se trata, es indistinto)- y pretende descontar la diferencia resultante de valuar ese activo en moneda extranjera al tipo de cambio oficial (que es más bajo que el implícito de la operatoria con la que efectivamente lo adquirió).
Visto de este modo, resulta claro que no puede considerarse que se esté frente a una pérdida en los términos de la ley, pues ese “resultado negativo” evidentemente no se materializó en realidad y, en consecuencia, escapa al objeto del impuesto (arg. Fernández, Luis O., “El Dólar Bolsa y el Impuesto a las Ganancias”, Buenos Aires, Doctrina Errepar, 01/01/2015).
V.2.2. Es necesario en este punto recordar que una de las disposiciones medulares de la Ley Nº 11.683 de Procedimiento Fiscal establece que “[p]ara determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas Alta en sistema: 27/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes”, y que “[c]uando éstos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes se prescindirá en la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos” (art. 2).
Este precepto consagra el denominado principio de realidad económica. Enseña Villegas -al explicar esta directriz, en un apartado dedicado a la interpretación de la norma tributaria- que “el derecho tributario se interesa por la intención empírica, o sea, aquella encaminada a obtener un determinado resultado económico, y no reconoce eficacia creadora a las formas jurídicas si las partes distorsionan la realidad mediante fórmulas legales inapropiadas, con el objetivo de defraudar al fisco pagando menos tributos de los que hubiera correspondido” (Villegas, Héctor B., “Curso de Finanzas derecho financiero y tributario”, Buenos Aires, Astrea, 2009, 9na ed., p. 248). Con relación al principio, la Corte federal ha dicho que “[…] para configurar la cabal intención del contribuyente, se debe atribuir preeminencia a la situación económica real con prescindencia de las estructuras jurídicas utilizadas, que pueden ser inadecuadas o no responder a esa realidad económica (Fallos: 237:246; 249:256; 251:379; 283:258 y 307:118), de modo tal que el propósito de la ley se cumpla, de acuerdo a los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 302:661; y concs.)”.
Además, ha explicado el Alto Tribunal que el principio de realidad económica faculta al organismo recaudador a desconocer las formas y estructuras asignadas por los contribuyentes a sus actos o negocios, y le permite recalificarlos a fin de considerar "la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o que les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos" (artículo 2° cit., in fine). Y si bien ha señalado el carácter excepcional del ejercicio de esta facultad, explicando que debe procurarse dar prioridad a las estructuras jurídicas utilizadas por los particulares, la ostensible discordancia entre la sustancia económica del acto o negocio y la forma o estructura que los Alta en sistema: 27/08/2025 contribuyentes le han asignado justifica indudablemente su empleo (arg. Fallos: 344:2175; 340:1513; 328:130 y 329:1812).
A la luz de este principio cardinal, no resulta admisible el reconocimiento pretendido por la actora de una pérdida jamás sufrida.
V.2.3. Para terminar de advertir el carácter ficticio de la pérdida denunciada debe ponerse de resalto que en ningún momento la actora arguyó haber estado imposibilitada de evitar la “pérdida” realizando en el mismo momento una operación inversa a la llevada a cabo: de haber adquirido nuevamente los bonos en dólares y liquidado los títulos en moneda nacional, hubiera obtenido la misma suma invertida originalmente.
Precisamente por esto es que la actora no ha intentado clasificar este resultado como una diferencia de cambio.
El artículo 68 de la LIG determina que hay diferencia de cambio en dos situaciones: a) por revaluación anual de saldos impagos (o no cobrados), b) por valuaciones ocurridas entre la última valuación y el pago (o cobro) total o parcial de los saldos (Fernández, Luis O., “El Dólar Bolsa y el Impuesto a las Ganancias”, Buenos Aires, Doctrina Errepar, 01/01/2015; e “Impuesto a las ganancias. Teoría, técnica y práctica”, Buenos Aires, La Ley, 2023, 5º ed., Tomo I, p. 834). En suma, se hubiera configurado en caso de haber habido variaciones en el tipo de cambio desde la incorporación de los bienes en el patrimonio del sujeto, que no es lo que arguye la actora.
V.2.4. En otro orden de ideas, conviene llamar la atención sobre el hecho de que una solución contraria a la que aquí se adopta importaría la virtual derogación de las normas cambiarias que habían limitado en ese tiempo el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios -que no fueron objeto de cuestionamiento en autos-, con el consiguiente menoscabo de las facultades del regulador y la potencial afrenta a la garantía de igualdad, que constituye, además, una de las bases de la tributación (arg. art. 16, CN).
V.2.5. Es preciso destacar que ningún obstáculo existe para que la actora dé cumplimiento al registro de esta porción de su activo con arreglo a la previsión del artículo 97 (actual 161) del decreto reglamentario de la LIG, compensando la diferencia en alguna cuenta regularizadora. Lo que en modo alguno puede admitirse -como se explicó- es que atendiendo a un parámetro meramente formal de registro de los activos en moneda extranjera se permita a la accionante descontarse una pérdida que jamás sufrió.
Alta en sistema: 27/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V VI.- Que, por todo lo anterior, corresponde acoger el recurso deducido y revocar el decisorio apelado y confirmar la Resolución Nº 058/17 (DV RR1P) de fecha 25/04/2017.
VII. Que, por último, resulta adecuado imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, dada la novedad de la cuestión debatida arts. 184, Ley nº 11.683 y 68, 2º párrafo, CPCCN). Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso del Fisco Nacional, revocar el decisorio apelado y confirmar la Resolución Nº 058/17 (DV RR1P) de fecha 25/04/2017; 2) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, dada la novedad de la cuestión debatida (arts. 184, Ley nº 11.683 y 68, 2º párrafo, CPCCN). El Sr. Juez de Cámara Dr. Jorge F. Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 27/08/2025
Fin de la sentencia