Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 17492175-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Estado Nacional;
2Imponer las costas al Fisco Nacional (art. 68, primera parte, del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
34635/2023.-
“EXTRABERRIES S.A. (TF 17492175-A) c/D.G.A. s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
Buenos Aires, 14 de febrero de 2025.- MBR Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que, por resolución del 31-7-2024, la Sala “E” (competencia aduanera) del Tribunal Fiscal de la Nación, de acuerdo a la regulación de honorarios dictada por este Tribunal con fecha 8-8-2023, declaró -por mayoría- que la D.G.A. adeuda en concepto de intereses sobre los honorarios regulados a favor del Dr. Pereyra Moine, desde el 31-3-2023 al 8-1-2024, la suma de $ 117.848,74 y la suma de $ 24.748,23 a adicionar en concepto de I.V.A.
Para así decidir, destacó que si bien la demandada consideró la actualización de los importes nominales regulados, omitió computar los intereses correspondientes, por lo que corresponde proceder a practicar una liquidación de los mismos de conformidad con las pautas emanadas por la ley 27.423 (v. págs. 157/60 del DEO nro. 16225866).
II. Que, contra dicho resolutorio, el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación y expresó agravios en el mismo acto. Corrido que fuera el pertinente traslado, su contraria formuló réplicas (v. págs. 164/77 y 185/90 del DEO nro. 16225866).
En la citada presentación recursiva, la accionada en primer lugar alegó que el Tribunal Fiscal de la Nación no resulta competente respecto de las cuestiones relacionadas con la ley de aranceles y que deban integrarse a reglamentaciones administrativas dictadas al efecto.
Citó doctrina y jurisprudencia en apoyo de su tesitura.
En tal sentido, consideró que la competencia del Tribunal Fiscal en autos queda de manifiesto en la acción incoada al efecto y surge en materia aduanera del art. 1132 del C.A. que establece: “un recurso de apelación para revisar las decisiones de la A.F.I.P. -D.G.A.” y que no prevé la posibilidad de que se pronuncie sobre la ley 21.839, 23.982 y/o 24.624.
Señaló que ello es así debido al régimen de honorarios que (si bien es aplicable), debe integrarse al circuito administrativo correspondiente (regulado por las leyes 25.344 y 25.725, y las Resoluciones 387/04 y 42/06 del Ministerio de Economía) por ante la Sección Despacho y Contabilidad del Departamento Judicial de la Dirección General de Aduanas.
Destacó que: “…el Tribunal Fiscal de la Nación pretende aplicar el art. 49 y 61 de la ley 21839. Pero resulta que conforme lo mencionado en el párrafo precedente lo dispuesto en el art. 49 y 61 de la ley 21.839 'no aplica directamente' al caso en que los honorarios son adeudados por el Estado a los particulares, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II puesto que nos encontramos frente a un supuesto especial de momento de pago; regulado específicamente por las normas antes individualizadas.” (sic). Citó jurisprudencia y doctrina que -según comprende- avala su postura. En segundo lugar, se agravió de que el Tribunal Fiscal de la Nación haya considerado que su mandante incurrió en mora en el pago de los honorarios. Agregó que no puede aseverarse la configuración de culpa o dolo por el retardo en el pago y, que tampoco podría verificarse en la especie ya que el reclamo de honorarios regido por la ley 21.839, debería -según cree- integrarse al circuito administrativo correspondiente (regulado por las leyes 25.344 y 25.725, y las Resoluciones 387/04 y 42/06 del Ministerio de Economía. Afirma que su mandante se ajustó a la normativa vigente que no resulta regulado -en lo específico- por la ley 21.839.
Además, entendió que dicha circunstancia: “…armoniza perfectamente con lo que el codificador ilustró en la última parte del artículo 509 del Código Civil que consideraba que, si el motivo del incumplimiento no le era imputable, no correspondía el pago de intereses.” (sic).
Sostuvo que el criterio no cambió con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (arts. 888 y ss.).
Por tales consideraciones, solicitó se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Que, corresponde precisar que, para el cobro de la deuda de autos, resultan de aplicación los artículos 22 de la ley 23.982; 20 segunda parte de la ley 24.624 y 68 de la ley 26.895 -modificatorio del artículo 132 de la ley 11.672-. El artículo 22 citado prevé que: “a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo”.
Por su parte, el artículo 68 de la ley 26.895 (ley de presupuesto del año 2014), que modificó el art. 132 de la ley 11.672, establece que: “…En el caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo nacional, deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos deberá tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día treinta y uno (31) de agosto del año CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II correspondiente al envío del proyecto. Los recursos asignados por el Congreso Nacional se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el siguiente ejercicio fiscal”.
Similar requisitoria exige el artículo 68 de la ley 26.895 (ley de presupuesto del año 2014) que modifica el artículo 132 de la ley 11.672 y establece que: “[l]os pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Nacional o a algunos de los entes y organismos que integran la administración nacional al pago de una suma de dinero o cuando sin hacerlos, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en las distintas jurisdicciones y entidades del presupuesto general de la administración nacional, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido por las leyes 23.982 y 25.344.”.
Y a párrafo seguido, que: “[e]n el caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo Nacional, deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin las jurisdicciones y entidades demandadas deberán tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto, debiendo incorporar en sus respectivos anteproyectos de presupuesto el requerimiento financiero total correspondiente a las sentencias firmes a incluir en el citado proyecto, de acuerdo con los lineamientos que anualmente la Secretaría de Hacienda establezca para la elaboración del proyecto de presupuesto de la administración nacional.” Por último, dispone que: “[l]os recursos asignados anualmente por el Honorable Congreso de la Nación se afectarán al cumplimiento de las condenas por cada servicio administrativo financiero, siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente.”.
IV. Que, por otra parte, cabe destacar que el sistema para la satisfacción de créditos a cargo del Estado, de causa o título posterior al 1/4/1991 mencionado, obliga a los entes estatales a cumplir con determinados trámites, los cuales prorrogan indefectiblemente el plazo para la cancelación de deudas (cfr. esta Sala, in re, “Lowe Arg. S.A.C.I.F. de Cinematografía y TV S.A. (TF 19317-I) y otro c/D.G.I. y otro s/sin objeto”, expte. nº 33.830/06, del 29/12/2015, entre otros). Asimismo, el art. 132 de la ley 11.672, dispone que el organismo deudor deberá tomar conocimiento de la deuda con anterioridad al 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto (cfr. esta Sala, in re, “Lowe” ya citado y sus CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II citas y causa: “Constructora Andrade Gutiérrez S.A. (TF 23460-A) c/D.G.A.”, del 6/12/2012).
Sobre el punto, debe señalarse que la mora de la administración, que justifica el cálculo de los respectivos intereses, no se verifica hasta tanto no se encuentre incumplido el pago por vía de inclusión en el presupuesto del año siguiente al de su reconocimiento, en los términos del art. 22 de la ley 23.982, cuyas previsiones se reproducen en el art. 132 de la ley 11.672, antes citado (cfr. en este sentido, C.S.J.N., Fallos: 310:798 y 311:939; Sala III, in re: "Damianovich, Horacio Eleodoro y otros c/Estado Nacional", del 10/9/99 y sus citas: “Argarañaz”, del 10/9/96 y “Romero” del 17/7/97, y Sala IV, in re: “Vettorazzi, Mario Alejandro c/E.N –M° de Defensa –Armada Argentina s/Personal militar y civil de las FF.AA y de seguridad”, sentencia del 3/8/10, y “Maradona, Carlos Hugo c/E.N. –M° Defensa -Ejército Argentino s/personal militar y civil de las FF. AA.y de seguridad”, del 22/9/11, entre muchos otros).
V. Que, sentado lo expuesto, es dable indicar que de la compulsa de las actuaciones judiciales surge que esta Sala en la resolución del 8-9-2023 redujo los honorarios del Dr. Pereyra Moine al monto equivalente a 7 UMA, decisión que fuera notificada a las partes en idéntica fecha.
Luego, en el marco del expediente tramitado ante el Tribunal Fiscal, con fecha 29-1-2024 el letrado de la parte demandada acreditó un pago en concepto de honorarios por la suma de $ 84.420,49.
Posteriormente, el 16-2-2024, el letrado solicitó que se intimara al Fisco Nacional para que informara la fecha en que iba a depositar la diferencia de honorarios pendientes de pago.
El 22-3-2024, la parte demandada presentó ante el Tribunal Fiscal dos comprobantes de pago de fechas 25-10-2023 por la suma de $ 174.439,65 y 8-1- 2024 por la suma de $ 84.420,49 (mencionado arriba).
El 6-5-2024, el Dr. Pereyra Moine consideró insuficiente el pago de la accionada, alegando que omitió incluir los respectivos intereses. De ese modo, practicó liquidación de intereses.
Corrido el pertinente traslado, el Fisco Nacional únicamente indicó que el Tribunal Fiscal de la Nación no es órgano ejecutor de sus propias sentencias. Por último, el Tribunal Fiscal dictó la resolución venida en grado de apelación.
VI. Que, ante el referido contexto normativo, y tal como resulta de la reseña efectuada respecto de las actuaciones cumplidas, es claro que la pretensión recursiva de la demandada deviene improcedente.
En primer lugar, cuadra señalar que la resolución apelada en la medida que se ha limitado a fijar las pautas para la liquidación de los intereses correspondientes a los emolumentos fijados en autos, no implica un exceso de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II jurisdicción por parte del Tribunal Jurisdiccional Administrativo, toda vez que, así como se encuentra legalmente habilitado a fijar las costas del proceso y regular los honorarios de los letrados intervinientes, resulta de toda obviedad que bien puede decidir sobre los accesorios que se derivan de aquéllos.
VII. Que, sentado lo expuesto precedentemente, corresponde tratar el agravio de la parte demandada relativo a la procedencia de los intereses sobre honorarios.
Cabe recordar que el artículo 51 de la ley 27.423, establece que: “…El pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de U.M.A. contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago”. Asimismo, del artículo 54 de aquel texto legal, se desprende que: “…Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez (10) días de quedar firme la resolución regulatoria…” y que: “… Las deudas de honorarios, pactados o por regulación judicial firme, cuando hubiere mora del deudor, devengarán intereses desde la fecha de la regulación de primera instancia y hasta el momento de su efectivo pago, los que serán fijados por el juez de la causa siguiendo el mismo criterio que el utilizado para establecer la actualización de los valores económicos de la causa”.
En consecuencia, resulta que la ley que rige el asunto admite que se computen intereses moratorios de verificarse el incumplimiento del deudor, los que se habrán de calcular desde la regulación pertinente.
De lo expuesto se sigue que el régimen legal contempla, en su artículo 51 la actualización de la unidad de valor dispuesta para fijar los honorarios que se regulen en los procesos judiciales, y el artículo 54 admite la procedencia de intereses moratorios en el supuesto mencionado.
A su vez, como sostiene la accionada en la presente resultan de aplicación el art. 22 de la ley 23.982, el art. 20 -segunda parte- de la ley 24.624 y el art. 68 de la ley 26.895 (modificatorio del art. 132 de la ley 11.672).
Ahora bien, el Estado Nacional interpreta que al haber dado estricto cumplimiento con las disposiciones emanadas en la normativa señalada y dando en pago las sumas en tiempo oportuno no corresponde que se practiquen intereses desde la fecha en que se regularon los honorarios de los letrados. En lo que respecta a los honorarios, cuadra advertir que, con ajuste a la doctrina emanada del precedente emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re, expte. nº 7483/2007/2, Recurso de Queja Nº 2 “Martínez, Gabriel Rubén c/Estado Nacional -Ministerio del Interior Policía Federal Argentina s/daños y perjuicios”, sentencia del 3 de diciembre de 2020, la invocación y aplicabilidad del plexo normativo concerniente al mecanismo de pago de deuda pública proveniente de pronunciamiento judiciales, así como los plazos allí establecidos, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II son de suyo inconducentes para fundar la improcedencia de los intereses durante la tramitación del pago, ante la falta de previsión expresa que los excluya y habida cuenta de que la oportunidad del pago, aun cuando se prevé un orden de prelación, está condicionada por la disponibilidad de los fondos que unilateralmente apruebe el Estado en el presupuesto nacional (Consid. 5). A lo que se añade que los intereses moratorios, por imperativo legal, deben computarse hasta la cancelación del crédito en orden a satisfacer su integridad y producir el efecto liberatorio del pago para el deudor (art. 744 del Código Civil, actual art. 870 del Código Civil y Comercial de la Nación). En efecto, los intereses son accesorios del capital, y en ese carácter constituyen una parte de la deuda (Llambías, Jorge J., - 6 - “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, Tomo II-B, sexta edición actualizada, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 2012, pág. 148); de tal suerte que no puede reputarse como pago, con sus efectos extintivos propios, el inicio del procedimiento del art. 170 de la Ley n° 11.672 mediante la previsión presupuestaria del monto de la deuda judicialmente establecida mediante pronunciamiento firme (fallo cit., Consid. 6).
En efecto, de las constancias de la causa surge que, el pago que la demandada alega para sustentar su posición resulta insuficiente pues solo comprende las sumas que fueron reguladas en autos, por lo que no comprende los réditos devengados entre el vencimiento del plazo de pago y el momento en que se materializó la efectiva cancelación del adeudo.
Y dado que, para considerar un pago como íntegro y cancelatorio, ha de incluir los intereses que se devengaron hasta su efectiva materialización, resulta claro que cuando como en el caso, tal situación no se verifica (en tanto las sumas depositadas solo comprenden los honorarios regulados en autos, mas no los acrecidos hasta el efectivo pago), es claro que resulta parcial y no corresponde asignarle tal efecto (cfr. esta Sala, en autos: “Cardozo, Ángel Darío y otro c/E.N. - M° Seguridad -P.N.A. s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, Expte. N° 18767/2019, del 22-03-2024).
En conclusión, teniendo en cuenta las pautas interpretativas señaladas, es claro que en tanto los réditos se devengan desde el vencimiento del plazo aplicable a la cancelación del crédito reconocido, hasta el efectivo pago, deviene improcedente la pretensión recursiva de la demandada toda vez que la resolución apelada resulta ajustada a derecho (cfr. esta Sala, in re “Akapol S.A.C.I.F.I.A. c/Dirección General Impositiva”, Expte. N° 12.456/2020, sentencia del 3-5-2022).
Por ello, el tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el recurso del Estado Nacional; 2º) imponer las costas al Fisco Nacional (art. 68, primera parte, del C.P.C.C.N.).
Regístrese y notifíquese.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia