Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2025-37029297-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 y 33/2025, con costas.
3Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del recurrente, en las sumas de $314.597 equivalente a 3,70 UMA por la representación procesal y de $786.493 equivalente a 9,26 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines la etapa procesal cumplida, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423 Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-51935895-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 26 de Mayo de 2026 Argentina S.R.L En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) para resolver el Expediente EX-2025-37029297- -APN-SGAI#TFN caratulado "EXXONMOBIL BUSINESS SUPPORT CENTER ARGENTINA SRL s/apelación"
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Exxonmobil Business Support Center Argentina S.R.L. -en adelante Exxon- interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas por la División Determinaciones de Oficio A del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero:
• la Res. N° 29/2025, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 02/2018 y 06/2018 a 12/2018 y se lo intimó a ingresar la suma de $211.977,09 más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
Además, en dicho acto se le aplicó una multa de defraudación de $423.954,18, en los términos del art. 46 y 47, incs. a, b y c de la misma ley. • la Res. N° 30/2025, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 01/2019 a 12/2019 y se lo intimó a ingresar la suma de $329.373,74, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
Además, en dicho acto se le aplicó una multa de defraudación de $658.747,48, en los términos del art. 46 y 47, incs. a, b y c de la misma ley. • la Res. N° 31/2025, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 01/2020 a 12/2020 y se lo intimó a ingresar la suma de $695.772,93, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
Además, en dicho acto se le aplicó una multa de defraudación de $1.391.545,86, en los términos del art. 46 y 47, incs. a, b y c de la misma ley. • la Res. N° 32/2025, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 01/2021 a 12/2021 y se lo intimó a ingresar la suma de $185.444,54 más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
Además, en dicho acto se le aplicó una multa de defraudación de $370.889,08, en los términos del art. 46 y 47, incs. a, b y c de la misma ley. • la Res. N° 33/2025, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 01/2022 a 12/2022 y se lo intimó a ingresar la suma de $302.167,51, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
Además, en dicho acto se le aplicó una multa de defraudación de $604.335,02, en los términos del art. 46 y 47, incs. a, b y c de la misma ley. En su presentación ante este Tribunal, explica que los ajustes son consecuencia de haberse impugnado el cómputo del crédito fiscal por gastos incurridos por el Consorcio de Propietarios del Edificio Torre Boston, responsable inscripto en el gravamen. Agrega que el crédito fiscal habría sido perfectamente computable para Exxon si los gastos se los hubieran facturado directamente a ella y que el hecho que lo facture un intermediario, en el caso, el Consorcio, y éste luego lo facture a quien recibió el servicio, no obsta al cómputo en cabeza de Exxon. Refiere también que el Consorcio es sujeto pasivo del gravamen, según el art. 4°, segundo párrafo de la ley y que está autorizado por ARCA a emitir factura “A”, es decir con IVA. Invoca, por último, que el Consorcio es un consumidor final cuando en las expensas debe trasladar los gastos a los consorcistas que son responsables en el IVA y que si no se le admite el cómputo “en los hechos crea una ruptura en la cadena de crédito que genera una doble imposición de IVA”.
Por este motivo, invoca violación al principio de legalidad consagrado en el art. 17 de la Constitución Nacional al crear una obligación tributaria por via de interpretación sin respaldo en la ley. Se agravia también de los intereses intimados en las Resoluciones por falta de obrar doloso o culposo y por mora inimputable a ella, así como también de las multas aplicadas en dichos actos, tanto por ausencia del elemento objetivo como subjetivo. En relación a este último, alega que no se ha configurado al haber actuado en forma correcta conforme a una interpretación razonable de la normativa aplicable. Alega que el ente fiscal debió demostrar el dolo en su conducta y, en subsidio, solicita se la exima de responsabilidad por la causal de error excusable.
Aporta como prueba documental la copia de la constancia de habilitación en el IVA del Consorcio y solicita que se dejen sin efecto las Resoluciones, con costas.
II. A su turno, la representación fiscal contesta el traslado del recurso y solicita que se confirmen sus actos, también con costas.
Invoca para ello que la fiscalización se inició al constatarse el cómputo indebido de créditos fiscales, vinculados directamente con facturas tipo "A" emitidas por consorcios de propietarios en concepto de expensas y cuyos gastos se relacionan con las actividades y servicios propios de éstos. Al respecto, sostiene que los créditos fiscales corresponden al mantenimiento y conservación del edificio que fueron refacturados por el Consorcio a Exxon con el fin de trasladarle el crédito fiscal.
Entiende que las expensas que son cobradas a los copropietarios no están alcanzadas por el gravamen en la medida que se sean reintegros de gastos comunes que proporcionalmente cada propietario debe afrontar. Agrega que al contestar el requerimiento de fiscalización, el Consorcio informó que su actividad no estaba gravada ya que no realizaba venta de cosa mueble ni prestaciones de servicios, y que se limitaba a refacturar los gastos comunes a los consorcistas.
Solicita que se confirmen también los intereses resarcitorios intimados en las Resoluciones por encontrarse debidamente liquidados así como también las multas aplicadas en dichos actos por encontrarse correctamente encuadradas al haberse acreditado la conducta dolosa de la recurrente.
En el IF-2025-12841491-APN.DTD#JGM, Exxon solicita que se dicte sentencia, por lo que por PV-2025- 141566944-APN-VOCXI#TFN se eleva a la Sala y por IF-2026-51317121-APN-VOCXI#TFN queda en estado de dictarse la sentencia.
III. Corresponde resolver sobre la legitimidad de las Resoluciones recurridas en este Expediente. Para ello, cabe tener en cuenta que esta Sala ya se expidió en un caso similar al fallar en “IRSA Inversiones y Representaciones S.A.”, sentencia del 29 de octubre de 2025.
Allí, la Dra Gómez, voto al cual adherí por compartir sus fundamentos, dijo que:
“…considero pertinente previo a todo, referirme a las figuras de “consorcio de propietarios” y de “administrador”, cuáles son sus funciones y alcances conforme lo define y establece el derecho común, debiendo remitirme a las normas contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación -que derogó la ley N ° 13512 y sus decretos reglamentarios-, más precisamente al Título V referido al Régimen de Propiedad Horizontal. En lo que aquí interesa, el articulo 2044 define a la figura del Consorcio estableciendo que “El conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal, sea por acuerdo unánime de los propietarios instrumentado en escritura pública o por resolución judicial, inscripta en el registro inmobiliario”.
“En cuanto a los gastos y contribuciones, el artículo 2048 dispone que “Cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea. Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros. Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la asamblea. El certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el consejo de propietarios, si éste existe, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones”. “Que de lo apuntado se desprende que el conjunto de propietarios de las unidades funcionales constituyen un ente con órgano de dirección y representación, es decir, el ente consorcio es una persona jurídica en sentido estricto y que su principal función es la administración y conservación de las partes comunes del inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal, para lo cual recibirá pagos mensuales y obligatorios de todos los propietarios y/o inquilinos –expensas comunes- para cubrir gastos, ya sea de mantenimiento, seguridad de las áreas comunes, como pasillos, ascensores y portería, además de servicios como limpieza y luz. Asimismo, los artículos a continuación de este último precisan que tanto los propietarios como los poseedores a cualquier título son los obligados a afrontar el pago de las expensas y que, en principio, no podrán estos liberarse de dicha obligación ni rehusarse al pago de las mismas ni oponer defensas fundadas en derechos que invoquen contra el consorcio (conf. artículos 2049 y 2050 del CCCN)."
“Por otra parte, la figura del administrador se encuentra receptada en el artículo 2065 del mencionado texto, que dispone que “El administrador es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario. Puede serlo un propietario o un tercero, persona humana o jurídica.” Asimismo, el articulo 2067 al enumerar sus derechos y obligaciones, establece en su inciso d) que el administrador debe “practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos necesarios para satisfacerlas. Para disponer total o parcialmente del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios, el administrador debe requerir la autorización previa del consejo de propietarios”.
En dicho caso, al igual que en el que se trata en este Expediente, los créditos fiscales impugnados surgen de facturas emitidas por el Consorcios de Propietarios a sus consorcistas, entre ellos Exxon, en concepto de expensas. Fue el propio Consorcio el que a al ser circularizado por la fiscalización manifestó que no realizaba ninguna actividad gravada en el IVA y que los créditos respondían a la refacturacion de los gastos. Exxon dio cuenta ante la fiscalización que los créditos fiscales computados correspondían a los siguientes conceptos: gastos de expensas, recupero de gastos de expensas, recupero de gastos directos no gravados, recupero de gastos y alquiler recupero de gastos.
Así las cosas, de las facturas en cuestión no se desprende en forma concreta cuáles son los servicios prestados en forma directa o indirecta a Exxon que puedan justificar, en los términos del art. 12 de la ley del gravamen, el cómputo del crédito fiscal. Tampoco Exxon aportó ni ofreció en esta instancia prueba alguna con dicho propósito. Con ello, no es suficiente invocar que como los Consorcios son sujetos de IVA y como ARCA inscribió al consorcio en IVA y lo autorizó a facturar el crédito fiscal es computable, ya que un razonamiento en dicho sentido omite considerar que el cómputo del crédito fiscal depende del cumplimiento de los requisitos previstos en la ley del gravamen, en particular en el art. 12 ya citado. Tampoco se advierte violación alguna al principio de legalidad, por el contrario, el criterio fiscal se ciñe estrictamente a lo dispuesto en dicha norma, esto es, el art. 12. Así se dijo en el precedente antes citado:
“Ello así cabe recordar que el artículo 12 de la ley de Impuesto al Valor Agregado supedita el cómputo del crédito fiscal por compras o importaciones definitivas, locaciones y prestaciones de servicios cualquiera fuera la etapa de aplicación a que estas se vinculen con operaciones gravadas. Es decir, el derecho al cómputo se circunscribe a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado –en este caso- respecto de la prestación de un servicio gravado, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues al no encontrar respaldo en probanza fehaciente que logren acreditar tal extremo, los agravios de la aquí recurrente resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover los fundamentos volcados por el Fisco Nacional”.
Para concluir que, “…, en la presente no ha quedado acreditado que los consorcios hayan prestado servicios gravados en el IVA a la aquí recurrente sino que los gastos efectuados se corresponden con la propia actividad de los consorcios, esto es el mantenimiento y conservación de las partes comunes sujetas a un régimen de propiedad horizontal, no resultando procedente el cómputo del crédito fiscal”.
Por lo expuesto, corresponde confirmar las Resoluciones tanto en cuanto al capital como a los intereses resarcitorios intimados en ellas en tanto, según el art. 37 de la ley 11.683, constituyen una indemnización debida al Fisco Nacional como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Debe agregarse, por último, que no se advierten razones para eximir a Exxon de su responsabilidad del pago de los mismos, dada la claridad de las normas aplicables al caso, en particular las que rigen los requisitos para el cómputo del crédito fiscal.
IV. En cuanto a las multas aplicadas en las Resoluciones, las razones más arriba expresadas dan cuenta de la configuración del elemento objetivo del tipo previsto en el art. 46 de la ley 11.683, en tanto el cómputo de créditos fiscales improcedentes implicó la presentación de declaraciones juradas inexactas en el gravamen. Respecto al elemento subjetivo, recaía sobre Exxon la demostración de la inexistencia de la intención dolosa y probar en contra de las presunciones escogidas por el juez administrativo que admiten prueba en contrario, pero no lo hizo. Tan solo se limita a reiterar que liquidó correctamente sus obligaciones y a solicitar su eximición con arreglo a la causal del error excusable, dispensa que la ley 11.683 reserva únicamente para la multa de omisión del art. 45 de dicha norma.
En efecto, recaía sobre Exxon el deber de probar en contra de su culpabilidad que el juez administrativo presumió por aplicación de los incs. a, b y c del art. 47 de la ley 11.683, más, como ya se dijo, nada argumentó en dicho sentido. Así las cosas, debe concluirse que desplegó una conducta tendiente a disminuir sus obligaciones, que tuvo directa incidencia en la determinación de la materia imponible del gravamen. Tales circunstancias habrían pasado inadvertidas si el organismo recaudador no hubiese ejercido sus facultades de verificación. Por lo expuesto, no habiéndose producido prueba que acredite la falta de dolo en su obrar, cabe concluir que las razones expuestas por el juez administrativo para aplicar las multas no han sido conmovidas y resultan suficientemente aptas para fundar el encuadre infraccional. Por lo expuesto, corresponde también confirmar las multas aplicadas en las Resoluciones, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto precedente Atento al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 y 33/2025, con costas.
3. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del recurrente, en las sumas de $314.597 equivalente a 3,70 UMA por la representación procesal y de $786.493 equivalente a 9,26 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines la etapa procesal cumplida, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423 Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se hace constar que esta sentencia se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183). Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.05.26 12:03:22 -03:00 Date: 2026.05.26 12:24:21 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.26 12:24:21 -03:00
Fin de la sentencia