Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 41474-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
Expte. nro. 47755/23 - EXXONMOBIL BUSINESS SUPPORT CENTER ARGENTINA SRL (TF 41474-I) c/ DGI s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2024.- MLF Y VISTOS,
I. El Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución de fecha 3 de noviembre de 2014 dictada por la Jefa (int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Palermo de la AFIP-DGI, mediante la cual se determinó de oficio el impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2007, más sus intereses resarcitorios y se aplicó una multa en los términos del art. 45 de la ley 11683 (to1998 y mod.), equivalente al 70% del impuesto omitido; impuso las costas a la vencida (v. sentencia a fs. 232/235).
El pronunciamiento fue apelado por el Fisco, cuyo recurso fue concedido a fs. 242 y fundado a fs. 243/251. A fs. 261/263 la parte actora contestó los agravios.
II. En el presente caso se discute si los préstamos otorgados por la empresa actora a sus empleados en relación de dependencia se encuentran, o no, alcanzados por las previsiones del art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias. El Fisco Nacional postula la tesis afirmativa, por entender que el caso se trata de una disposición de fondos a favor de terceros ya que los empleados en relación de dependencia ostentan tal carácter y los préstamos otorgados no resultan en el interés de la empresa. Por su parte, la firma actora sostiene que dichos préstamos forman parte de su política corporativa, una estrategia de captación y mantenimiento del personal en relación de dependencia, por lo que su otorgamiento redunda en beneficio e interés de la empresa aunque éste no se refleje, en principio, en forma directa o inmediata.
III. Luego de reseñar los tipos de préstamos que otorga la actora a sus empleados, el Tribunal Fiscal puso de resalto que, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Cámara, para que el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias resulte de aplicación a un caso concreto se deben verificar tres requisitos: (a) la disposición de fondos a favor de un tercero; (b) dicha disposición debe ser efectuada por un sujeto comprendido en el inc. a del art. 49 de la ley del gravamen; y (c) que esas operaciones no sean realizadas en interés de la empresa.
Señaló que, en el caso, no se encuentra en discusión el segundo recaudo y, respecto de los restantes, consideró que aun cuando los empleados en relación de dependencia sean, en principio, terceros ajenos respecto de la empresa, en un sentido estrictamente jurídico-formal de la acepción, mal puede considerarse que la realización de préstamos como los que cuestiona el Fisco no hayan sido realizados en interés de la empresa otorgante ni que no constituyan una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa. Ello, dado que el fortalecimiento del vínculo laboral entre ambas partes en un contrato de trabajo redunda en un claro beneficio para la concreción de las operaciones propias del giro de la empresa.
Observó que los préstamos bajo análisis no constituyen una liberalidad a favor de los empleados que las reciben sino que se establecen consecuencias claras ante el incumplimiento de las obligaciones pactadas y que, aunque aparezcan más favorables que aquellos existentes en plaza para la misma época, ello tiene que ver con el especial vínculo en el que se desenvuelven. Expresó que resulta innegable el valor agregado que para la empresa representa la concesión de este tipo de préstamos, no sólo a nivel de mantenimiento y conservación del personal sino en lo que se refiere a la mayor competitividad a los efectos de su incorporación (cfr. aumento del 45% en la nómina de empleados con respecto al año anterior, fs. 3 AA de cuerpo ganancias).
Finalizó agregando, a mayor abundamiento, que de acuerdo a los estados contables aportados por la recurrente, el saldo de los préstamos cuestionados no resulta relevante en comparación con el costo de prestación de servicios incurrido por la empresa en lo que a sueldos y contribuciones se refiere.
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IV. En sus quejas, el Fisco sostiene, en esencia, que la presunción contenida en el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias no admite prueba en contrario cuando los sujetos comprendidos en el art. 49, inc. c), de dicha ley dispongan de fondos o bienes a favor de terceros y no respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa. Alega que los empleados califican como “terceros” en los términos de la norma mencionada y alude a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Fiat Concord SA” (Fallos 335;131) y “Akapol” (Fallos 335:519), según la cual resulta decisivo que los préstamos estén relacionados con el giro de la empresa y le reporten un beneficio, extremos que no se verifican el en caso. En este sentido, entiende que estos préstamos no constituyen “operaciones propias del giro de la empresa” puesto que no encuadran en el principal objeto social ni en la actividad declarada por la actora, esto es, “servicios de contabilidad y teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal y no la actividad financiera” y que no hay prueba directa e inequívoca que compruebe que los prestamos hayan representado valor agregado alguno para la otorgante. Señaló que el aumento de la nómina del personal pudo deberse a múltiples factores que no necesariamente deben vincularse con el otorgamiento de préstamos.
Manifiesta que el “interés de la empresa” debe ser un interés concreto y tangible en su aspecto comercial; de tal modo, no existe en la causa la condición prevista para excluir la presunción legal, ya que no se ha verificado un interés real y concreto a favor de la empresa vinculado con la actividad gravada que realiza.
Puso de resalto que la fiscalización constató que la tasa de interés pactada en estos préstamos fue inferior a la publicada por el Banco Nación, por debajo de la establecida en el art. 73 de la ley, por lo que debe gravarse la diferencia.
Finaliza señalando que la decisión apelada convierte en letra muerta la previsión legal citada y resulta arbitraria, ya que no ha tenido en cuenta la presunción de legitimidad de los actos administrativos como el impugnado, teniendo por probado extremos que no han sido fehacientemente acreditados.
V. A fin de examinar la apelación, cabe puntualizar que la presunción prevista en el artículo 73 de la ley del impuesto a las ganancias establece que “[t]oda disposición de fondos o bienes efectuados a favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el artículo 49 inciso a), y que no responda a operaciones realizadas en interés de la empresa, hará presumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia gravada equivalente a un interés con capitalización anual no menor al fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales o una actualización igual a la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, con más el interés del 8% (ocho por ciento) anual, el importe que resulte mayor”. A su vez, el artículo 103 de la reglamentación define qué debe entenderse por disposición de fondos o bienes a favor de terceros, situación que se configura “cuando aquéllos [fondos o bienes] sean entregados en calidad de préstamo, sin que ello constituya una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa o deban considerarse generadoras de beneficios gravados”.
De las normas transcriptas se advierte que, para aplicar la presunción contenida en el dispositivo legal mencionado (es decir, una ganancia gravada equivalente a un interés con capitalización anual no menor al fijado por el Banco de la Nación Argentina), deben cumplirse tres requisitos: a) que se trate de una disposición de fondos a favor de terceros; b) que sea realizada por alguno de los sujetos descriptos en el artículo 49 inciso a; y c) que no responda a operaciones realizadas en interés de la empresa (Sala V, causa “Akapol S.A. c/ DGI”, sentencia del 9/03/05).
Cumplidos tales recaudos, esa presunción debe aplicarse sin admitir prueba en contrario (Sala IV de esta Cámara, causa “Lemiro Pablo Pietroboni S.A. c/DGI”, sentencia del 5/07/07), según lo establece el propio texto de la norma, lo cual conduce a adoptar, inexorablemente, determinaciones con base presunta (esta Sala, causa “Eurocine S.A. c/ DGI”, sent. del 13/05/08 y Sala IV CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III de esta Cámara, causa “Cía de Transporte de Energía Eléctrica EN Alta Tensión Transener S.A.”, del 3/06/14).
VI. En consecuencia, en este caso para determinar si la disposición de fondos efectuada a favor de los empleados de la actora resulta subsumible en el art. 73 de la ley del impuesto, se debe establecer si los prestatarios califican como “terceros” y si las operaciones fueron realizadas en “interés de la empresa”.
VII. En punto a la primera cuestión, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos: 335:131 sostuvo que la sujeción económica por revestir una de las partes del contrato de mutuo una condición dominante respecto de otra dependiente “no impide considerar que dicha disposición se haya efectuado a favor de terceros, en los términos del art. 73 que se examina, puesto que se trata de distintos sujetos de derecho que son considerados individualmente como sujetos pasivos de la obligación tributaria”. En efecto, como lo precisó el más Alto Tribunal, la “...relación de subordinación no suprime la personalidad jurídica de la sociedad dependiente [respecto de la sociedad dominante] pero tampoco anula su capacidad jurídica tributaria” (Fallos: 286:97).
Lo expuesto es suficiente para considerar que los empleados en relación de dependencia que revistieron la calidad de prestatarios en el sub examine califican como “terceros” en los términos dispuestos por el art. 73 de la ley, tal como lo estimó el Tribunal Fiscal.
VIII. Ahora bien, la aplicación del instituto legal utilizado por la demandada también requiere que los préstamos efectuados no constituyan operaciones realizadas en interés de la empresa (prestadora de los fondos), análisis que comporta una cuestión de hecho y prueba que debe dilucidarse en el caso concreto según las constancias aportadas a la causa (arg. CSJN, Fallos 335:131 -cons. 4- y 335:519; en el mismo sentido, v. Sala IV de esta Cámara, “Supercanal Internacional SA (TF 20439-I) c/ DGI”, del 23/02/2010 y “Petroquímica Río Tercero S.A.” (TF 24.663-I) contra D.G.I.”, del 17/10/2013).
En el caso, el tribunal de la instancia anterior valoró las pruebas producidas en la causa, lo que le permitió concluir que las particularidades de los diversos préstamos disponibles (examinados en el punto V de la sentencia) resultan erogaciones que, en principio redundan en un beneficio para la empresa y que, en definitiva, son consecuencia de operaciones propias de ese mismo giro empresario (cfr. últimos párrafos del punto VI). Frente a ello, el Fisco menciona genéricamente que tales antecedentes no alcanzan para excluir la presunción, pero sin fundar concretamente su postura.
En este punto, cabe recordar que, en principio, no corresponde apartarse de la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal de las circunstancias fácticas de la causa, dados los límites del recurso incoado (conf. art. 86, inc. b, ley 11.683; CSJN, Fallos: 300:985; 305:2261, esta Sala, Causa Nº 13.068/10, in re “Ambulancias Privadas Argentinas S.A.”, del 23/02/11). En efecto, se trata de cuestiones de hecho reservadas a ese organismo que exceden, en principio, el conocimiento de esta Cámara a menos que se pruebe que el Tribunal a quo hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión (conf. esta Cámara, Sala IV, "La Rueca Porteña S.A. (T.F. 9861-I) c/ D.G.I." del 27/10/98; esta Sala, "Amas María, Amas Miguel y Rodríguez Nélida HS (TF 19.634-1) c/D.G.I." del 19/05/08, entre otros).
IX. En este contexto y teniendo en cuenta que la finalidad del art. 73 de la ley del impuesto fue combatir ciertas prácticas destinadas a evitar el pago del tributo por parte de los accionistas de sociedades cerradas con utilidades retenidas (cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 27º reunión - continuación de la 14º sesión ordinaria, septiembre 4 de 1985, p. 4177), cabe concluir que el otorgamiento de préstamos por parte de una empresa para afianzar y mejorar las relaciones con el personal en relación de dependencia no constituye un accionar ajeno a su “interés” en los términos y con el alcance dispuesto en el precepto legal aquí involucrado. Ello, dado que en el caso, existe un provecho por parte de la actora distinto a la remuneración del capital facilitado en préstamo o dispuesto pero que aun así la beneficia (en el mismo sentido, v. esta Cámara, Sala V causa “Antolín Fernández SA c/ DGI”, sentencia del 30/12/10 y Sala IV, “EXXONMOBIL BUSINESS CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III SUPPORT CENTER ARGENTINA SRL - TF 48615-I c/ DGI”, expte. nro. 27868/2022, de fecha 6/9/2022 -actualmente firme de acuerdo a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la queja el 7/11/2023).
No resulta ocioso añadir que en la causa “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina (TF 28823-I) c/DGI” (expte. P.868. XLVIII.), del 26/08/2014, la Corte Suprema examinó un “plan de pensión” establecido por la empresa actora para incrementar la jubilación futura de los trabajadores que se desempeñaban inicialmente en su antecesora y que se hallaba sujeto a la condición de que aquéllos permanecieran una cantidad mínima de años en la empresa con la finalidad de interesarlos en el correcto cumplimiento de sus funciones y en la consecuente estabilidad laboral que les permitiría acceder al beneficio previsto. En dicha ocasión, el Alto Tribunal destacó que “ al tratarse de un incentivo para el correcto y leal cumplimiento de las tareas por parte de los empleados, procurando asegurar su permanencia en la empresa, cabe concluir que las erogaciones efectuadas por la actora en tal concepto han tenido por finalidad la obtención de ganancias y la conservación de la fuente productora de renta, máxime si se tiene en cuenta la innegable importancia de los recursos humanos en toda organización industrial o comercial.
En efecto, con tal comprensión, el gasto puede considerarse vinculado al giro del negocio de la sociedad, en la medida en que resulta una herramienta utilizada para lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de su objeto social”.
Más allá de las diferencias entre ambos casos, resulta útil la valoración del Máximo Tribunal respecto al “plan de pensión” y su vinculación con el giro del negocio en tanto instrumento empleado por la empresa como parte de su política de recursos humanos.
En consecuencia, resulta acertada la decisión del Tribunal Fiscal por lo que corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto.
En mérito a lo expuesto, SE
confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Salasuscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 2/24 de esta Cámara.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia