Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto de fs. 25/29, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
TOMO CXLII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9047 FOLIO Nº 140/143 PROT. ELECT. JR101725I.242
Río Gallegos, 31 de octubre de 2024.-
La presente causa caratulada “A.F S/ Amenazas Calificadas” - Expte. Nº 22392/22 - Apelación/Causa JR Nº 9204/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 25/29, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno con asiento en la localidad de El Calafate, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado A.F, en orden al delito de Amenazas (Art. 149 bis 1º párrafo del C.P), en tanto que en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000). Que a fs. 44/45, la defensa particular apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 50, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su asistido un gravamen irreparable y perjudicial a la libertad y derechos de éste.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por el recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la orfandad probatoria:
La defensa particular plantea que el hecho plasmado en el procesamiento por el cual se lo imputa a su asistido, es erróneo.
Entiende que la imputación no se encuentra confrontada con otros elementos probatorios; advierte que el único elemento cargoso, está constituido por el testimonio de la Sra. C.A, y a su juicio, no es una prueba técnicamente hablando, sino la notitia criminis, sobre el cual debe probarse la existencia de los hechos, su modo, circunstancia y lugar. Cuestiones que, estima, no se encuentran acreditadas en autos, mas tratándose del tipo de delito imputado –a su criterio- “presuntas amenazas”. Que expresa el defensor, el interlocutorio que recurre se encuentra sin fundamentos válidos, y –según él- sólo se fundan en apariencia, sin poder conectar el relato de la denunciante con el resto del material probatorio.
Indica que las pruebas son escasas, casi nulas. Entiende que ninguna alcanza para confirmar, en probabilidad, que las presuntas amenazas existieron, no hay mensajes, llamadas, grabaciones o algún soporte objetivo de las supuestas manifestaciones.
Advierte que se debe considerar que, conforme las manifestaciones de la propia denunciante, todo se desarrollo en el marco de discusiones de pareja, donde según la doctrina calificada y jurisprudencia, quedan exentas las amenazas, por carecer de sus elementos objetivos (falta de seriedad- entidad de las presuntas amenazas) y subjetivo (por ausencia de dolo).
Que, continúa señalando el defensor, el secuestro de un cuchillo, en este caso, no implica que este fuera utilizado para inferir temor o amenazar con el mismo. Señala que el cuchillo es un elemento de cocina, un material habitual en los hogares.
Plantea no entender porque en este caso, el cuchillo integra el concepto de “arma” y porque se califica, cuando siquiera se acredito su utilización o manipulación por parte de su pupilo, o por ejemplo, tampoco se encontraron huellas dactilares sobre su mango.
Estima el recurrente, todo lo dicho queda reforzado por la falta de ratificación y ampliación por parte de la denunciante en sede judicial, sin instar acción o presentar interés en la investigación. Es decir, para el defensor no existen pruebas de un real temor o perjuicio en el bien jurídico protegido por la norma.
Así, quedan planteadas las cuestiones a resolver.
Que ingresando al tratamiento del presente agravio, consideramos conveniente recalcar lo dicho por la doctrina “el auto de procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los imputados en este. En tanto, serán suficientes para su dictado, aquellos elementos que permitan orientar el proceso hacia la base del juicio”. (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612).- Que en las presentes actuaciones se vislumbran diferentes constancias probatorias que, con el grado de probabilidad que la instancia exige, resultarían ser suficientes para tener por acreditada la responsabilidad del incuso, el Sr. F.E. Ello así, por cuanto advertimos que las probanzas aunadas en la causa y leídas al encartado en la declaración indagatoria a fs. 15/16, y situadas en el acto resolutorio del Magistrado a fs. 25/29, entre otros, son elementos que valorados armónicamente permiten formar un conglomerado indiciario acerca de la materialidad y autoría que le caben al imputado. Consideramos, que en el caso de marras, la figura penal de amenazas se encontraría acreditada, con el grado de probabilidad que esta etapa procesal requiere, conforme los elementos de prueba a los que nos referimos precedentemente.
En este sentido, advertimos que lo dicho por la víctima en la denuncia incoada, guarda plena coincidencia con el acta de secuestro a fs. 06/vta., donde se procedió a incautar el elemento que habría utilizado el imputado al proferirle los términos amenazantes a la Sra. C.A, siendo el mismo: "(...) arma blanca, tipo cuchillo carnicero, con mango de madera color marrón, con dos franjas verde y azul en su extremo, con hoja de filo, sin marca visible (...)". Que ello además, resulta coincidente con las secuencias fotográficas contenidas en el DVD que se adjunta en autos a fs. 21, el cual consideramos un elemento oportuno a fin de corroborar la existencia del arma en cuestión.
Que los elementos probatorios aunados en la causa nos permiten -con el grado de probabilidad que la instancia exige-, acreditar el temor que pudo haber sentido la víctima al oír los términos intimidatorios que le habría manifestado su pareja, el Sr. A.F, habiendo sido proferidos con un arma blanca en mano; y que ello da cuenta del contexto de violencia en el que la dicente se encontraría inmersa. Que, como consecuencia de la relación de pareja que mantendrían las partes (conforme denuncia judicial a fs. 01 y vta), creemos que existe en el sumario una connotación de violencia de género, en donde se evidencia una desigualdad de poder al ejercerse la violencia psicológica dentro de la modalidad de violencia doméstica, conforme lo establecen los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 26.
Por ello, respecto a lo narrado por la víctima, esta Alzada ya tiene dicho, -en varias ocasiones-, que la sola mención de que se trate de la persona damnificada (e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados) no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma.
Que la doctrina enseña: “… el valor probatorio del testimonio de la víctima en casos donde por su especial modo de comisión no puede ser corroborado por otros medios, no puede ser soslayado o descalificado dado que ello constituiría una forma de violencia institucional revictimizante, contraria a los parámetros internacionales en la materia…” (Ledesma, Ángela “El debido proceso penal”, Ed. Hamurabi, Bs. As. 2016, pág. 106). Que, siguiendo esta línea, se ha dicho que el abordaje desde una perspectiva de género, reconoce que los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la víctima o denunciante. (CP Contrav. y Faltas Sala III, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11/05/2017; M., S. G. s. Infracción art. 149 bis; Rubinzal Online; RC J 4167/17).- Por consiguiente, el testimonio de la víctima no debe ser desacreditado por su condición de tal, debiendo ponderarse en forma íntegra con la totalidad del plexo probatorio recabado durante la instrucción.
Que nos resulta necesario destacar, en concordancia con lo dicho por el Sr. Juez, en los casos de violencia de género o doméstica, suceden hechos que importan una violación de los derechos humanos y libertades de las mujeres, que por lo general son quienes la padecen, y que ello obliga a los operadores judiciales a analizar estos conflictos con mayor prudencia, garantizando la amplitud probatoria. En consecuencia, al observarse la connotación de violencia de género que contiene esta causa, se le impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio, por lo que debe primar una inclinación a seguir las directrices internacionales que rigen la materia, como lo son la Convención Belém Do Pará (Convención Interamericana para la prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer) o la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), siendo guiado por la sana crítica racional y, por supuesto, siempre derivado del análisis conjunto de todas las pruebas que se encuentren vertidas en autos.
De esta manera, consideramos que los obrados exhiben suficiente información para presumir, con el grado de probabilidad que la instancia reclama, que el imputado podría haber agredido psicológicamente a su pareja, siendo estos comportamientos contrarios a las normas que protegen a la mujer de agresiones basadas en el género, para restringir su libertad de determinarse en las diferentes facetas de su vida, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad. En suma, el cuadro probatorio existente permite, por el momento, superar positivamente el cuestionamiento relativo a la credibilidad del testimonio de la damnificada, el que resultaría plenamente ajustado a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de conformidad a los elementos de cargo producidos en la causa y que fueran debidamente merituados por el Sr.
Juez, a la luz de la sana crítica racional, dándose cumplimiento a lo estipulado en los arts. 115 y 116 del C.P.P. Por otro lado, en relación a la falta de ampliación o ratificación de la denunciante en sede judicial, se ha dicho en materia jurisprudencial que “la falta de ratificación de una declaración de testigos rendida ante la autoridad policial, no desacredita el acta ni el procedimiento en sí mismos y no invalida su posterior apreciación judicial, en tanto como se dijo precedentemente la ley de rito otorga esas atribuciones prevencionales a los funcionarios” (CÁMARA FEDERAL Nº 2 DE CORRIENTES, FCT 6169/2017/CA4, 12/08/2020), motivo por el cual, la ratificación del testimonio de la Sra.
C.A no resulta necesaria a fin de atribuirle valor probatorio, entendiendo su realización una facultad del magistrado. A su vez, respecto a la impugnación de la calificación agravante por el uso de arma blanca, consideramos conveniente aludir a lo establecido por la jurisprudencia, en cuanto “(…) considerándose así que el elemento “arma” simboliza un objeto apto, en el caso concreto y según el modo en que fuere utilizado para dañar, y que la ofensividad del “arma” consiste en su aptitud para funcionar de modo dañoso en el caso, cuya circunstancia debe acreditarse según las normas respectivas (SupCorte Bs. Aires, 10/12/1991, “T.G”, JA, 19092-II-461; ídem CCivilComLab y Minería Trelew, Sala ProcesalPenal, 12/7/2000, “A.M.” (Omar Breglia Arias, Amenazas y Coacciones, Revista Pensamiento Penal, página 16.).
Respecto al tipo subjetivo de la figura penal que aquí se cuestiona, otro tribunal ha dicho: “Aún cuando el arma estuviere descargada se configura la calificante, pues la razón de ser de la más intensa punibilidad reside en el mayor poder intimidatorio de la acción ejecutada con el instrumento, siendo que sea suficiente que pueda aumentar la intimidación de la víctima por desconocer ésta la deficiencia del arma (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 1ª, 26/2/2003, “A. H”). (Omar Breglia Arias, Amenazas y Coacciones, Revista Pensamiento Penal, página 16.).
Por ello, consideramos que las amenazas habrían sido realizadas por el imputado, toda vez que ha cumplimentado con el tipo objetivo del delito en cuestión, esto es, hacer uso de las amenazas con la exhibición de un arma blanca –en este caso, cuchillo- para amedrentar o alarmar a su pareja, la Sra. C.A.
Aún más, resulta trascendental el contexto en el que se encontraría la víctima, siendo, a su vez, que ésta sindica la autoría de los términos intimidatorios en cabeza del incuso, no obrando en autos elementos que permitan contrarrestar sus afirmaciones, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo, lugar y autoría del hecho investigado.
En efecto, concordamos que el ilícito penal se encontraría configurado, con el grado de probabilidad que requiere esta etapa procesal, y sería penalmente responsable por el hecho aquí en disputa, el Sr. A.F. Por consiguiente, consideramos que no procederá tal agravio.
Por todas las circunstancias arriba mencionadas y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, es que confirmaremos la resolución que se intentó poner en crisis.
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VI. Comunicaciones: Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez Subrogante de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 25/29, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
Suscripto y registrado por el Dr. Carlos E. Arenillas -Juez Subrogante de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia