Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a A. F., de demás circunstancias personales obrantes en autos a la pena de UN (1) AÑO de prisión de cumplimiento en suspenso como autor penalmente responsable del delito de "amenazas calificadas", previsto y reprimido por los arts. 149 bis, primer párrafo, segundo supuesto del Código Penal.
2Imponer a A. F., por el término de CUATRO (4) AÑOS, el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:
A) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1);
B) La prohibición de contacto (por cualquier medio, ya sea por sí o por intermedio de terceros) y de acercamiento a menos de 200 metros respecto de la damnificada A. C. (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 2); c) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 3);
D) Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 6). e) Concurrir a talleres de “Habilidades para la vida”, “Manejo de la ira” y/o dispositivos de deconstrucción de masculinidades.
3Hacer SABER al imputado que el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas podrá dar lugar a la revocación de la condicionalidad de la pena.
4INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro Único de Personas Violentas (RUV), conforme lo previsto por la Ley Provincial …
LIBRO: CIII REGISTRO: 3524 FOLIO: 155/161
Río Gallegos, 05 de octubre de 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia de la Dra. María Alejandra Vila, con las vocalías del Dr. Jorge Daniel Yance -titular- y del Dr. Fernando Zanetta -subrogante-, con la asistencia de la Sra. Secretaria, Dra. María Fernanda Tuñon, a fin de dictar sentencia en autos caratulados: "A. F./AMENAZAS CALIFICADAS” Expte. Nro. 9448/25 y resolver la situación procesal de A. F., hijo de M. y de C. M., argentino, nacido el **/**/1976, en LUGAR_1, divorciado, instruido, chofer, domiciliado en xxxxx N° *** de la localidad de El Calafate, DNI N° **.***.***, quien se encuentra asistido por su defensor particular Dr. Tomas Irineo Rodriguez, siendo la acusación representada por la Fiscal de Cámara Dra. María Verónica Zuvic, de los que;
Que en las presentes actuaciones se le imputa a A. F. el siguiente hecho: “...que el 21 de noviembre de 2022, siendo aproximadamente las 23:30 horas, en el domicilio sito en xxxxxx N° ***, habría comenzado a realizar reproches a su pareja A. C. por un viaje que realizó hace unos meses, aduciendo que en dicho viaje lo había engañado, comenzando a alterarse y tornándose cada vez más violento, tomando un cuchillo de hoja fina tipo carnicero, manifestándole que si no le decía con quién lo había engañado, la mataría, sintiéndose A. C. amedrentada por tales términos y conducta. Que todo lo expuesto se habría dado en el marco de violencia de género hacia la mujer…”.
Que a fs. 94/95, la Fiscalía de Cámara propuso la Omisión de Debate en los términos del artículo 517 del Código de Rito, estimando que conforme las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, en caso de dictarse fallo condenatorio respecto del imputado en orden a los delitos de Amenazas Calificadas, previstos y reprimidos por los arts. 149 bis primer párrafo in fine del CP, correspondería aplicar como monto de pena apropiado un año de prisión de cumplimiento en suspenso (art. 26 CP), además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
A fs. 100, 101 y 106/vta., tanto el imputado como su defensor aceptaron la propuesta de omisión de debate formulada por la Fiscalía de Cámara, quedando expedita la vía para llevar adelante el juicio conforme lo prevé el art. 517 del Código Procesal Penal.
Asimismo la defensa presentó alegato, oportunidad en la que destacó la orfandad probatoria respecto a la acreditación del hecho imputado, cuando afirmó “...la presente investigación carece incluso de ratificación de denuncia en sede judicial, reconocimiento de objeto, pericias psicológicas, telefónicas, testigos, registros fílmicos u otros indicios que confirmen en grado de certeza que mi pupilo profirió términos amenazantes y esgrimió el supuesto cuchillo para amedrentar a la presunta víctima…”.
Con relación al secuestro del arma blanca de la cocina de la vivienda señaló que en toda cocina hay cuchillos y que eso no implica que sea utilizado como arma blanca, al tiempo que advirtió que no se hicieron pruebas para detectar las huellas en el mango del mismo. Concluyó que esas falencias “...confirman que dicho elemento no fue utilizado por mi pupilo y por ende, no puede ser agravante de supuesta amenazas que no existieron…”, descartó que el hecho se haya cometido en contexto de violencia de género, aclaró que su representado carece de antecedentes penales y solicitó la absolución. Que, cumplidos que fueran estos actos procesales, quedan las presentes actuaciones aptas para analizar y resolver, en primer término, la aceptación de la omisión de debate y del límite de la condena estimada por la Fiscal de Cámara y, de resultar procedente la propuesta, la situación procesal del encartado A. F.. Y;
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es admisible y procedente la propuesta de omisión de debate y del límite de la condena estipulada por la Fiscalía de Cámara?: Que a la primera cuestión el Tribunal expresó:
Se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Penal para tornar viable la procedencia de la omisión de debate en el presente juicio en razón de que las actuaciones cuentan con la propuesta formal por parte de la Fiscalía de Cámara y la correspondiente aceptación y conformidad tanto del defensor interviniente, como del propio imputado.
Conforme a las características del hecho, a la entidad del bien jurídico tutelado lesionado por el delito y a las condiciones personales del imputado, a criterio de este Tribunal, el monto de pena solicitado por la Fiscalía de Cámara -para el caso de recaer sentencia condenatoria- resulta admisible y adecuado.
Es por ello que este Tribunal por unanimidad resuelve en primer término decretar la omisión de debate y proseguir con el estudio de las otras cuestiones para dictar sentencia en los presentes actuados.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho imputado, la autoría y la consecuente responsabilidad penal del acusado? Al respecto, el Tribunal dijo:
Se inician las presentes actuaciones a partir de la denuncia efectuada por A. C. el día **/**/2022 ante la Comisaría Segunda de El Calafate, oportunidad en la que manifestó que se encontraba en pareja con A. F. desde hacía doce años, sin hijos en común.
En dicha ocasión relató que el día anterior, aproximadamente a las 23:30 horas, su concubino comenzó a realizarle reproches por un viaje que había efectuado con anterioridad, diciéndole que lo había engañado. Aclaró que A. F. “...comenzó a alterarse y tornarse cada vez más violento, tomando en un instante un cuchillo de hoja fina, tipo carnicero para proferirle términos amenazantes mediante el empleo del arma mencionada… me manifestaba que si no le decía con quién lo había engañado me mataría…”. Ante ello llamó inmediatamente a la policía, lo que generó que su pareja se retirara de la vivienda.
La damnificada describió el cuchillo como “...de carnicero, con hoja fina y mango de madera color marrón. El cuchillo mide entre mango y hoja, aproximadamente 20 cm…”, y aclaró que al momento de los hechos ambos se encontraban solos en la vivienda.
Con relación a la modalidad del vínculo, la denunciante señaló: “...hemos tenido discusiones como toda pareja, no obstante es la primera vez que llegamos a este extremo. Es la primera vez que me amenaza teniendo un cuchillo…”.
Al ser consultada acerca de si A. F. se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, aclaró que “...estaba sobrio…”.
Seguidamente, se labró acta de secuestro del arma blanca descripta por la damnificada, la cual se encontraba en la vivienda, concretamente en el comedor, sobre una mesa de madera color blanco (fs. 6/vta.), incorporándose también secuencias fotográficas (fs. 21).
Asimismo, se incorporó el acta de aprehensión y el informe médico policial del imputado, del cual se desprende que no presentaba lesiones, que no tenía aliento etílico ni estado de ebriedad, y que se descartó sospecha de consumo de sustancias psicoactivas.
Lo vertido en dicho informe policial resulta conteste con lo relatado por la denunciante, quien afirmó que su pareja no se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Ello permite ubicar el hecho no como un episodio derivado de una intoxicación, sino como una discusión iniciada por reproches de celos, que culminó con la utilización de un cuchillo y la expresión intimidatoria consistente en que, si no le decía con quién lo había engañado, la mataría.
Cabe destacar que, en este tipo de hechos, cuando se investigan sucesos cometidos en un contexto de violencia de género, corresponde aplicar un estándar de debida diligencia reforzada y valorar la prueba con perspectiva de género. Ello no implica modificar las reglas de la sana crítica racional, invertir la carga probatoria ni disminuir el grado de certeza requerido para condenar, sino analizar el material probatorio de manera integral, contextual y libre de estereotipos sobre cómo debería comportarse una mujer que denuncia un hecho de violencia.
Aplicando dicha pauta de valoración, corresponde traer a colación lo señalado por la UFEM en cuanto a que, en estos casos, deben tenerse en cuenta “...las características particulares que presentan estos casos, como la frecuente inexistencia de testigos directos, el carácter cíclico de la violencia, las dificultades que experimentan las víctimas para denunciar y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. En particular, las/os operadores judiciales deben evitar valorar el testimonio de la víctima en función de estereotipos basados en supuestas conductas ‘esperables’ de parte de las mujeres en determinadas situaciones (...) Con frecuencia el testimonio de la víctima es la única prueba directa del hecho. Sin embargo, en la mayoría de los casos existen otras pruebas indirectas (indicios) y de contexto que permiten corroborar el relato de la víctima y acreditar fehacientemente lo ocurrido (...) Pero aun en los casos en los que sólo se cuenta con el testimonio de la mujer damnificada, esta circunstancia no impide la formulación de la acusación y la condena del imputado, ya que nuestro sistema de valoración probatoria se basa en la sana crítica y no adopta la regla ‘testigo único, testigo nulo’...” - Protocolo UFEM, “Guía de actuación en casos de violencia de género contra las mujeres”, año 2016, pág. 29- .
En el caso concreto, no se cuenta únicamente con el relato de la damnificada. A sus dichos se suman el informe de inicio de actuaciones, el acta de secuestro del cuchillo, las fotografías, el acta de aprehensión y el informe médico policial del imputado, elementos que sostienen y corroboran lo manifestado por A. C..
Resta ingresar al análisis de la versión exculpatoria desplegada por la defensa del imputado al presentar el alegato. El Dr. Rodríguez destacó que estaríamos ante un cuadro de orfandad probatoria y mencionó una serie de medidas que no se efectuaron en las presentes actuaciones, tales como ratificación de denuncia, reconocimiento de objeto, pericias telefónicas y psicológicas, testigos, registros fílmicos u otros elementos de corroboración.
Sobre este punto, corresponde recordar que en nuestro proceso penal rige el principio de libertad probatoria, conforme lo establecido por el art. 199 del Código Procesal Penal, en cuanto dispone que todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba. De ello se sigue que no existe una exigencia legal de producción de medios probatorios específicos para tener por acreditada la hipótesis acusatoria.
En ese sentido, la defensa menciona una serie de medidas que no fueron realizadas y, a partir de ello, concluye que el hecho no se encuentra probado. Sin embargo, omite explicar de qué modo concreto esas medidas habrían resultado conducentes para confirmar o descartar la hipótesis fáctica sostenida por la acusación. Tampoco se advierte que, en su calidad de parte, hubiera propuesto oportunamente su producción.
Ninguna de las medidas señaladas por la defensa constituye una exigencia legal para tener por acreditado el hecho imputado. Su ausencia no genera, por sí misma, una duda razonable sobre la ocurrencia del suceso, máxime cuando la declaración de la damnificada aparece circunstanciada, fue brindada inmediatamente después del hecho y encuentra respaldo periférico en los elementos objetivos incorporados al proceso.
Es importante resaltar que el hecho investigado se habría materializado mientras la víctima y el imputado se encontraban solos en el domicilio que compartían. Precisamente por las características de este tipo de episodios, resulta frecuente la inexistencia de testigos presenciales, registros audiovisuales u otros elementos de corroboración directa. Ello no impide alcanzar el grado de certeza exigido cuando la declaración de la víctima resulta coherente, persistente, no presenta contradicciones relevantes y se encuentra corroborada por otros indicios.
En autos, lo vertido por la damnificada encuentra sustento en el acta de secuestro del cuchillo, en las fotografías incorporadas, en el informe policial, en el acta de aprehensión y en el informe médico policial del imputado. Estos elementos conforman un cuadro probatorio armónico y convergente que permite acreditar, con el grado de certeza exigido para esta etapa, la materialidad del hecho y la intervención responsable de A. F..
Con relación al planteo defensista vinculado a que el cuchillo secuestrado se encontraba en la cocina de la vivienda y que en toda cocina existen cuchillos, corresponde señalar que tal argumento no desvirtúa la imputación. En efecto, la agravante no se sustenta en la mera existencia de un cuchillo en el domicilio, sino en que la damnificada describió concretamente su utilización durante la amenaza, precisó sus características y, de manera inmediata, dicho elemento fue secuestrado en el interior de la vivienda, en concordancia con lo denunciado.
Tampoco resulta decisiva la ausencia de pericia dactiloscópica sobre el mango del cuchillo. Tratándose de un elemento existente en el ámbito doméstico, eventualmente manipulable por quienes habitaban o frecuentaban la vivienda, la ausencia de ese estudio no impide valorar el secuestro como un indicio corroborante, especialmente cuando se integra con el relato inmediato de la víctima y con la restante prueba reunida.
Descartado el argumento defensista, y en función del análisis integral y armónico del material probatorio incorporado a la causa, se tiene por probado que A. F., luego de mantener una discusión con su pareja, A. C., motivada en reproches de celos, tomó un cuchillo de hoja fina tipo carnicero y la amenazó diciéndole que si no le decía con quién lo había engañado la mataría, lo que provocó temor en la damnificada, quien llamó inmediatamente a la policía, circunstancia que motivó que el imputado se retirara de la vivienda. Concluido este punto de análisis, y toda vez que durante el proceso no se han comprobado situaciones especiales que hagan viable alguna causal de justificación o de exclusión de la culpabilidad prevista en el artículo 34 del Código Penal, ni excusa absolutoria alguna, corresponde atribuir a A. F. responsabilidad penal por el hecho imputado.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a la conducta del acusado?
Al respecto, el Tribunal dijo:
Llegado el momento de resolver la adecuación típica de los hechos que se tuvieron por comprobados, corresponde determinar el encuadre jurídico que cabe asignar a la conducta atribuida al imputado A. F..
En tal sentido, del plexo probatorio reunido en autos ha quedado debidamente acreditado que el imputado cometió un hecho que encuentra su encuadre jurídico en el delito de amenazas calificadas por el uso de arma, previsto en el art. 149 bis, primer párrafo, segundo supuesto, del Código Penal. El concepto de amenaza ha sido definido como la manifestación de voluntad del agente de anunciar a una persona un daño futuro que recaerá sobre ella o sobre un tercero, con el propósito de infundir temor. Comete ese delito quien, con el fin de atemorizar, alarmar o amedrentar, anuncia a otro un mal grave, posible y futuro, con idoneidad para intimidar y cuya producción depende de la voluntad del agente, ya sea por acción u omisión.
En el caso concreto, la expresión atribuida a A. F. consistente en manifestarle a A. C. que, si no le decía con quién lo había engañado la mataría, reúne las exigencias típicas de la figura. Se trató de un anuncio de un mal grave, futuro, posible e injusto, dirigido contra la vida de la damnificada y formulado en un contexto de reproches de celos y creciente alteración del imputado. A ello se suma que dicha expresión no fue proferida de manera aislada, sino mediante el empleo de un cuchillo de hoja fina tipo carnicero, extremo que incrementó objetivamente el poder intimidatorio de la amenaza y permite tener por configurada la agravante prevista en la segunda parte del primer párrafo del artículo 149 bis del Código Penal.
En referencia a dicha agravante, arma es “...todo objeto, instrumento o máquina capaz de aumentar el poder ofensivo del hombre. El concepto abarca tanto las llamadas ‘armas propias’, vale decir, aquellos instrumentos destinados específicamente para el ataque y la defensa, cuanto las ‘armas impropias’, esto es, aquellos objetos que si bien carecen de dicho destino originalmente, se transforman o convierten en arma por el empleo que de ellas se hace. Por consiguiente, quedan comprendidas toda clase de armas, por ejemplo, de fuego - revólver, pistola, fusil, carabina, etc.- , de disparo - arco y flecha, ballesta, etc.- , armas blancas - cuchillo, puñal, cortaplumas, navaja, etc.- , así como todo otro elemento que pueda ser utilizado como tal, por ejemplo, un palo, material inflamable, corrosivo, un destornillador, etcétera...” (Buompadre, Jorge E., Derecho Penal. Parte Especial, t. II, editorial Mave, pág. 73).
En esa línea, el cuchillo utilizado por el imputado debe ser considerado arma a los fines de la agravante, no por su sola existencia en el ámbito doméstico, sino porque, conforme se tuvo por acreditado, fue tomado y empleado como medio de intimidación durante la amenaza dirigida contra la víctima. En el caso, la expresión intimidatoria atribuida al imputado debe ser valorada en el contexto de violencia de género acreditado en autos. Al respecto se ha dicho que “...la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo es una circunstancia que no puede desatenderse dentro del análisis de las manifestaciones proferidas. Ese vínculo debe ser especialmente ponderado a la luz de la normativa y los compromisos asumidos por el Estado Argentino al ratificar la Convención de Belem do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, en especial, ante víctimas mujeres, cuando entre ambos protagonistas se perfila una relación asimétrica o de vínculo vertical” (Marcela De Langhe, Código Penal, t. 3, Hammurabi, 2025, p. 731). Desde esa perspectiva, la amenaza no puede ser examinada como una frase aislada o como una discusión ordinaria de pareja. Fue formulada en el interior del domicilio, en horario nocturno, en el marco de una relación de pareja de larga duración, a partir de reproches de celos y con la utilización de un cuchillo, circunstancias que dotaron a la expresión de una idoneidad intimidatoria concreta.También se encuentra acreditado el aspecto subjetivo del tipo, en tanto A. F. actuó con conocimiento del alcance intimidatorio de sus dichos y con voluntad de amedrentar a A. C.. La referencia directa a matarla si no le decía con quién lo había engañado, unida al empleo del cuchillo, permite concluir que su conducta estuvo dirigida a infundir temor y afectar la tranquilidad y libertad psíquica de la damnificada.
Es por ello que este Tribunal entiende que A. F. debe responder en calidad de autor penalmente responsable del delito de amenazas calificadas por el uso de arma, previsto y reprimido por el art. 149 bis, primer párrafo, segundo supuesto, del Código Penal.
CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar y qué pena corresponde imponer?
Para establecer la sanción justa aplicable, se debe tomar en cuenta la responsabilidad penal atribuida al imputado y la calificación legal que fuera establecida en la cuestión precedente, actuando de conformidad con las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
Que, en este caso en particular, y existiendo pena sugerida por la Fiscalía de Cámara al momento de efectuar la propuesta de omisión de debate, el Tribunal debe actuar conforme lo estipula el artículo 517 del Código Procesal Penal, más precisamente en su párrafo quinto, según el cual, si bien puede arribarse a una sentencia absolutoria, en caso de dictarse sentencia condenatoria la sanción nunca podrá superar la pena mayor requerida por el Ministerio Público Fiscal o la parte querellante, si la hubiere.
Asimismo, y a los fines de graduar la pena, corresponde ponderar las constancias del informe socioeconómico ambiental obrante en autos, del cual surge que A. F. nació hace cincuenta años en LUGAR_1, vive con uno de sus hijos y trabaja en el rubro turismo para la empresa “xxxxxx” de la localidad de El Calafate.
De igual manera, corresponde valorar como atenuante la inexistencia de antecedentes penales en cabeza del encartado.
Como circunstancias agravantes, corresponde ponderar la modalidad concreta de ejecución del hecho, en tanto la amenaza fue dirigida contra su pareja, en el interior del domicilio que compartían, en horario nocturno, mediante la utilización de un cuchillo y a partir de reproches vinculados con celos, todo ello en un contexto de violencia de género y de asimetría en el vínculo. Tales circunstancias incrementaron la entidad intimidatoria del suceso y la situación de vulnerabilidad de la damnificada.
Con respecto al monto de pena a imponer al acusado, habiéndose evaluado su situación personal en relación con el contexto fáctico y jurídico contenido en este proceso, y conforme a las pautas mensurativas contenidas en el Código Penal, se considera apropiado aplicar la pena de un (1) año de prisión de cumplimiento en suspenso por el delito de amenazas calificadas por el uso de arma, previsto y reprimido por el art. 149 bis, primer párrafo, segundo supuesto, del Código Penal.
Asimismo, corresponde imponer al condenado el pago de las costas del proceso, conforme lo previsto por el art. 29 inc. 3° del Código Penal. En atención a la modalidad de cumplimiento de la pena impuesta, se dispone que durante el plazo de cuatro (4) años el condenado deberá observar las siguientes reglas de conducta: fijar residencia estable y someterse al control y cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados; abstenerse de mantener contacto - por cualquier medio, por sí o por intermedio de terceros- y de acercarse a una distancia menor a doscientos (200) metros de la damnificada A. C.; abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; y someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe profesional que acredite su necesidad y eficacia.
Tales obligaciones se imponen de conformidad con lo previsto en los incisos 1, 2, 3 y 6 del artículo 27 bis del Código Penal, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento injustificado, podrá disponerse la revocación de la condicionalidad de la pena otorgada.
Asimismo, se le impone la obligación de concurrir y participar en talleres de “Habilidades para la vida”, “Manejo de la ira” y/o en dispositivos de deconstrucción de masculinidades, o programas equivalentes que determine la autoridad de ejecución.
También deberá disponerse que, una vez firme la presente sentencia, se libre oficio al Registro Único de Personas Violentas - RUV- a los fines de la inscripción de A. F., conforme lo previsto por la Ley Provincial N° 3595. Por otra parte, deberá hacerse saber a A. C. el estado del trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos del artículo 73 inciso “b” del Código Procesal Penal y el artículo 5 inciso “i” de la Ley 27.372. Asimismo, corresponde disponer el decomiso del cuchillo secuestrado, una vez firme la presente sentencia.
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383, 386 y 517 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial:
1. CONDENAR a A. F., de demás circunstancias personales obrantes en autos a la pena de UN (1) AÑO de prisión de cumplimiento en suspenso como autor penalmente responsable del delito de "amenazas calificadas", previsto y reprimido por los arts. 149 bis, primer párrafo, segundo supuesto del Código Penal.
2. IMPONER a A. F., por el término de CUATRO (4) AÑOS, el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:
a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1);
b) La prohibición de contacto (por cualquier medio, ya sea por sí o por intermedio de terceros) y de acercamiento a menos de 200 metros respecto de la damnificada A. C. (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 2); c) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 3);
d) Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 6). e) Concurrir a talleres de “Habilidades para la vida”, “Manejo de la ira” y/o dispositivos de deconstrucción de masculinidades.
3. HACER SABER al imputado que el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas podrá dar lugar a la revocación de la condicionalidad de la pena.
4. INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro Único de Personas Violentas (RUV), conforme lo previsto por la Ley Provincial Nº 3595.
5. INFORMAR a la víctima de autos el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, en los términos del art. 73 inc. b) del Código Procesal Penal y art. 5 inc. i) de la Ley 27.372.
6. ORDENAR y DISPONER el inmediato decomiso de los efectos secuestrados una vez firme la sentencia (art. 503 CPP).
7. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y, firme que sea, REMÍTANSE las presentes actuaciones a la Secretaría de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dra. María Alejandra Vila - presidenta- Dr. Jorge Daniel Yance - juez- Dr. Fernando Zanetta - juez subrogante-, ante la Dra. María Fernanda Tuñón - secretaria-.
Fin de la sentencia