Abriendo la norma
Cámara Primera Civil y Comercial de Bahía Blanca, Sala II · Causa 169588
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar parcialmente la sentencia dictada el 9/6/2026, y establecer que el canon locativo se debe a F.E. desde el 20/7/2020 y a N.E. desde el 8/8/2022.
2Disponer que el canon se determine en la etapa de ejecución de sentencia, conforme a las pautas fijadas en el apartado "E" del primer voto, y que se liquide a F.E. a razón de 1/6 desde el 20/7/2020 hasta el 4/4/2022 y de 1/3 desde el 5/4/2022, y a N.E. a razón de 1/3 desde el 8/8/2022, sobre el valor locativo de la vivienda que el demandado ocupa en forma privativa.
3Confirmarla en lo demás que decide y fue materia de agravios.
4Imponer las costas de Alzada en un 80% al demandado y en un 20% a la parte actora
5Diferir la regulación de honorarios de Alzada para la oportunidad en que se hubieren fijado los de la instancia anterior (art. 31 y cctes., Ley 14.967).
En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en la fecha resultante de la última certificación de firma digital, en acuerdo de los Señores Jueces de la Sala Dos de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, Doctores Jorge Federico Mercado, Leopoldo L. Peralta Mariscal y Fernando C. Kalemkerián para dictar sentencia en los autos caratulados: " E F A y otro/a contra E D sobre condominio-acciones derivadas (excepto división) " (expediente nro. 169.588) y, practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal), resultó que la votación debe tener lugar en el siguiente orden: Doctores Mercado, Peralta Mariscal y Kalemkerián.
A- Sujetos intervinientes.
En esta causa demandaron F A E (F.E.) y N B E (N.E.) a su hermano D O E (D.E.).
En adelante, las partes serán mencionadas por las iniciales que siguen a sus respectivos nombres completos o por sus roles procesales.
B- El pleito.
B- 1) F.E. y N.E. reclamaron la fijación y el cobro de un canon locativo por la ocupación que su hermano, D.E. hace de la casa de calle L... 124 de Bahía Blanca, que pertenecía a sus padres. Explicaron que, por el fallecimiento de ambos progenitores, la propiedad pertenece a los tres hermanos, y fundaron su reclamo, en lo sustancial, en que D.E. la habita con su familia desde hace 29 años sin haber pagado jamás suma alguna por esa ocupación (v. pres. del 8/8/2022).
Indicaron que el inmueble se designa catastralmente como Circ. I, Sec. C, Manzana 184, Parcela 13-b, y que se encuentra inscripto en la matrícula 32.756 (007).
Contaron que su padre falleció el 27/10/2017 y su madre el 5/4/2022. Refirieron que esta última vivió en la casa hasta su muerte y que D.E. la habita con su esposa y sus hijos, mientras que ellos debieron alquilar las viviendas en que han vivido.
Explicaron que " a partir del fallecimiento de nuestro padre... -ocurrido en octubre de 2017- en nuestro carácter de herederos nos correspondió de pleno derecho (arts. 2.337 y conc. del Cód Civ y Com) una parte equivalente a 1/6 indiviso sobre esa vivienda, a cada uno de nosotros dos (a nuestro hermano le correspondió el 1/6, mientras que a nuestra madre los 3/6 restantes) reclamamos de nuestro hermano el pago del cánon correspondiente, por la ocupación de la vivienda sucesoria".
Agregaron que, por tal motivo, día 9 de enero de 2019, N.E envió una carta documento a D. E. en los siguientes términos: "INTIMO a Ud. en mi carácter de heredera del Sr. J C E junto a mi hermano y madre, conforme documentación obrante en mi poder, proceda a restituir y comprobar en el plazo de 48 hs. en carácter de que título ocupa parte del inmueble sito en calle L... 114 de la ciudad de Bahía Blanca, cuyo dominio pertenece el 50% a la Sra. A M E y el otro 50 % a nuestro padre premuerto. Que en función de ello y en esa proporción pertenece a los herederos en partes iguales. Caso contrario se iniciarán las acciones legales correspondientes "..."; intimación que el requerido contestó el día 16 de enero 2019 del siguiente modo " Dirijo a Ud. la presente, en respuesta a vuestra C.D. recibida con fecha 15 de enero del corriente, rechazando la misma por improcedente, ilegítima y carente de todo sustento jurídico-legal. Mas allá de rechazar la representación invocada respecto de su hermano y su madre, por no haberlo acreditado fehacientemente, lamento comunicarle que el suscripto no habita el inmueble de calle L... Nº114 de esta ciudad, motivo por el cual, incorrectamente se me conmina a desocupar un inmueble que no ocupo, por lo que, consecuentemente con todo lo expuesto, la intimo a que cese con sus injustificados y caprichosos reclamos en mi contra, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes y reclamar los daños y Perjuicios que pudieran corresponder, en resguardo de mi buen nombre y honor ".
En función de ello, el 16/7/2020 F.E. envió a D.E. una carta documento en la que le reclamó, por sus derechos como heredero del padre, el pago del canon correspondiente a su parte proporcional por la ocupación del departamento ubicado en la parte posterior de la casa de L... 124 y de una parte del patio del inmueble lindero de L... 114, otorgándole un plazo de 72 horas. Afirmaron que esa intimación no tuvo respuesta efectiva y que, como nunca lograron que su hermano les reconociera esa compensación, iniciaron este proceso.
Solicitaron que se condene a D.E. al pago de los cánones atrasados, con intereses, gastos y costas, desde noviembre de 2017 sobre el 1/6 que correspondía a cada uno y desde abril de 2022 sobre el 1/3 que les corresponde. Pidieron además que el monto del canon se establezca a valores lo más cercanos posible a la sentencia, mediante un parámetro objetivo que contemple la depreciación monetaria (art. 772 CCC).
Finalmente, fundaron en derecho y ofrecieron prueba.
B- 2) D.E. contestó la demanda y reconvino el 30/3/2023, solicitando el rechazo de la demanda con costas.
Manifestó que los reclamos previos fueron confusos por errores sustanciales en la descripción de los domicilios, y sostuvo que siempre hubo una partición provisional de hecho, que atribuye solo el uso y goce de los bienes sin alterar la propiedad, que sigue en estado de indivisión.
Explicó que el inmueble de L... 124 está compuesto por dos edificaciones, y que la delantera, donde vivía la madre de las partes hasta su fallecimiento, es usada y usufructuada actualmente por los actores. La trasera, según dijo, la habita él con su esposa y su hijo; y fue edificada desde los cimientos hasta su finalización íntegramente por él y su núcleo familiar a partir de 1999 aproximadamente, con la anuencia y el permiso de sus padres, quienes lo autorizaron bajo la condición de que la solventara en su totalidad y de que ambas viviendas fueran independientes. Agregó que se convino la subdivisión del lote, que no pudo concretarse registralmente por falta de buena predisposición del resto de los interesados, pese a que la solicitó durante más de veinte años; que la construcción tiene un acceso lateral independiente; que en 2011 se amplió con una planta superior; y que los constructores fueron los Sres. Naretto y Vinet.
Afirmó que el acceso por calle L... le está vedado por decisión de los actores, y que debió recurrir a un vecino para ingresar por su patio, que da a calle Napostá. Sostuvo que los actores cortaron además el suministro de energía eléctrica que abastecía desde el frente a la edificación del fondo.
Invocó el art. 2328 CCC y alegó que no utiliza privativamente el inmueble, sino solo la parte donde sus padres lo autorizaron a construir hace más de veinte años, sin tener acceso a la otra parte, que sí pueden usar los actores, por lo que el reclamo es improcedente. Dijo que tampoco hay desproporción en el metraje de lo edificado.
Sobre el intercambio epistolar, explicó que la carta documento de enero de 2019 se refería a un inmueble de calle L... 114 que nunca habitó, y que respondió la de julio de 2020 el 21/7/2020, rechazándola. Calificó de mentirosa la afirmación de los actores relativa a que no hubo respuesta efectiva, señalando que fue el propio F.E. quien la recibió, según el acuse de recibo que acompañó.
Subsidiariamente, sostuvo que, si se considera que asiste razón a los actores, el canon se debe recién desde el requerimiento del otro coheredero, y que hasta entonces rigen las normas del poseedor de buena fe.
Al reconvenir, afirmó que tiene derecho a reclamar a los coherederos el reembolso de las mejoras incorporadas al bien común -recordando que el lote es propiedad de sus progenitores y que la unidad funcional trasera fue íntegramente solventada por él- y de lo abonado en concepto de impuestos, expensas y cargas de la propiedad, en la parte proporcional. Definió las mejoras; sostuvo que siempre se comportó como poseedor de buena fe y alegó que, si no se hace lugar a su pretensión, los actores se enriquecerían sin causa, pues el mayor valor del bien no contó con aporte económico de ellos.
Ofreció prueba, solicitó que se rechace la demanda y que se haga lugar a la reconvención, con costas.
B- 3) F.E. y N.E. contestaron la reconvención el 12/6/2023, solicitando su rechazo con costas.
En lo sustancial, plantearon la inadmisibilidad de la reconvención por imprecisión, ya que D.E. no indicó cuáles son las obras realizadas, los importes desembolsados ni los períodos; y no aportó comprobantes de los gastos de conservación -impuestos, expensas y cargas-, con lo que incumplió la carga del art. 330 inc. 3 CPCC, afectando su derecho de defensa.
Señalaron que, intimado a precisar el importe de su reclamo, D.E. respondió el 23/5/2023 que el valor de las mejoras depende del peritaje ofrecido, destacando que esa prueba debe versar sobre hechos concretos y que, al no haberse detallado las mejoras, es el perito quien terminaría individualizándolas.
Seguidamente, afirmaron que son falsos los hechos en que se sustenta la reconvención, y dijeron que el departamento trasero, al igual que la casa delantera, fue construido por sus padres, y que vivieron en él, antes que D.E., una tía (N.E., junto a su entonces su esposo), un primo y luego distintos inquilinos; que D.E. pidió a la madre ir a vivir allí un tiempo, tras regresar de Mar del Plata sin trabajo ni ingresos; que la tía tomó a su cargo algunas mejoras, como las terminaciones y la conexión de gas, en compensación por habitar sin pagar; y que, cuando D.E. se mudó, el departamento ya estaba construido. Negaron haberle vedado el acceso por calle L..., pues el departamento tiene un acceso separado por el lateral y fue decisión de D.E. ingresar por calle Napostá, a raíz de un arreglo con un primo que vive en el inmueble lindero. Explicaron que, en vida de la madre, era ella quien pagaba los impuestos, tasas y servicios; que los devengados con posterioridad a su fallecimiento son obligación de D.E. como ocupante exclusivo; y que el inmueble, al no estar subdividido, no devenga expensas. En cuanto al suministro eléctrico, relataron que la empresa prestataria retiró el medidor por una conexión clandestina y que F.E. debió abonar la multa.
Señalaron que, en el peor de los casos, solo pueden ser condenados a abonar el valor proporcional de las mejoras que D.E. acredite haber introducido, y no el supuesto mayor valor del inmueble, que depende de múltiples factores ajenos a su actividad.
Plantearon como defensa de fondo la prescripción de la acción reconvencional respecto de las mejoras realizadas antes del 30/3/2018 y de lo abonado en concepto de impuestos, expensas y cargas devengados con anterioridad a esa fecha.
C- La sentencia de primera instancia.
C- 1) El juez de grado anterior hizo lugar a la demanda y fijó un canon locativo mensual, cuyo valor debe determinarse en la etapa de ejecución de sentencia mediante la tasación de un martillero que se designará a tal fin. Condenó a D.E. a abonar la suma resultante, en la proporción que le corresponda, con los intereses que se fijarán en esa etapa, dentro de los diez días de quedar firme el canon.
Por otro lado, rechazó la reconvención, impuso las costas -por la demanda que prospera y la reconvención que se rechaza- al demandado vencido y difirió la regulación de honorarios.
C- 2) Para decidir como lo hizo, consideró en primer lugar que quedó claramente demostrado que D.E. habita el inmueble integrante del acervo sucesorio, y que no se encuentra controvertido el uso exclusivo que hace de él ni la existencia de la intimación fehaciente efectuada por los actores para reclamar por ese uso. Explicó que la privación que sufren los herederos que no usan el bien debe ser compensada en dinero a partir de la oposición del copartícipe y hasta la partición o la convención sobre la administración.
Expuso que "En cuanto al momento desde el cual se deberá abonar dicho canon, cabe recordar que "El valor locativo del inmueble de la sucesión que permaneció ocupado por un coheredero corre desde el momento en que se pidió, pues por el tiempo anterior debe considerarse que existe consentimiento tácito a la ocupación gratuita" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, Rímolo, Mabel Beatriz Martha Haydée c/ Rímolo, Carmen Enriqueta, 21/02/2002, Publicado en: La Ley Online, Cita online: AR/JUR/7887/2002).
No obstante ello y otros precedentes análogos, surge del comentario del precitado artículo en la obra del prestigioso Dr. Lorenzetti que si algún otro integrante de la comunidad le requiere una indemnización al heredero que disfruta la cosa común este debe satisfacerla desde la fecha de la petición, señalando que "...Si bien la norma dice desde la fecha del requerimiento, no establece si éste debe ser judicial o no. La creación pretoriana que dio lugar a la norma decidió que el reclamo era efectivo desde la presentación de la demanda judicial. Similar solución a la que se encontraba legislada en el código civil derogado ante la petición alimentaria. Este Código respecto de esta última ha modificado el derecho positivo disponiendo, según la letra de su artículo 548, que los alimentos se deben desde el día de la interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por medio fehaciente, siempre que la demanda se presente dentro de los seis meses de la interpelación. La aplicación analógica de dicha norma resulta habilitada por el artículo 2 de este Código (Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo X, arts. 2162 a 2443, pág. 582, Ricardo Luis Lorenzetti, Rubinzal Culzoni Editores, 2015)...".
Luego, observó que los actores interpelaron a D.E. por carta documento en julio de 2020 y que, según el sistema Augusta, la demanda se presentó el 8/8/2022, superando con exceso ese plazo, por lo que entendió que la indemnización se adeuda desde la fecha de interposición de la demanda.
Para establecer el canon, consideró el peritaje del martillero Lebene y sus explicaciones del 8/10/2025, y destacó que el perito no ofreció explicación ni fundamentación sobre el método de tasación empleado, ni especificó por año el canon que corresponde al inmueble. Recordó que apartarse del peritaje es una alternativa legal autorizada por el art. 474 CPCC, pues el dictamen no es obligatorio para el juez, a quien corresponde apreciar su mérito convictivo conforme a la sana crítica, y que la estimación del perito tampoco constituye un límite.
Concluyó que las estimaciones del profesional carecen de fundamentación suficiente, por lo que difirió la determinación del valor locativo del bien para la etapa de ejecución, la cual estará a cargo de un nuevo perito tasador.
C- 3) Al abordar la reconvención, recordó que corresponde a cada parte acreditar los hechos que invoca como sustento de su pretensión y que los arts. 330 y 331 CPCC exigen claridad y precisión en la redacción de la demanda. Transcribió el pasaje de la reconvención en el que D.E. anuncia que probará el mayor valor del bien como consecuencia de la obra realizada y costeada por él con la autorización de sus progenitores. Consideró que del escrito de contestación/reconvención, de la documental, de la restante prueba producida y de la audiencia de vista de causa, no se desprende indubitablemente cuáles son las mejoras que reclama el reconviniente ni que hayan sido realizadas y financiadas por él -teniendo presente que se efectuaron cuando ambos progenitores aún residían en el inmueble-, y menos aún a cuánto asciende el mayor valor adquirido.
Destacó que la prueba con la que se pretende acreditar las mejoras es el peritaje ingenieril, del que se desprende, entre otros datos, el año en que se efectuaron las construcciones, su costo y su valor actual. Entendió, sin embargo, que esos datos no despejan el desconocimiento sobre el valor y el tipo de las mejoras reclamadas y generan una duda de entidad suficiente como para cuestionar su existencia.
D- La articulación recursiva.
D- 1) Contra dicho pronunciamiento interpusieron recurso de apelación F.E. y N.E. el 11/6/2026 y D.E. el 16/6/2026; ambos fueron concedidos el 18/6/2026.
D- 2) F.E. y N.E. expresaron agravios el 19/8/2026 y D.E. lo hizo el 24/8/2026.
Las contestaciones a los memoriales fueron presentadas en fechas 7/9/2026 y 8/9/2026.
E- Los agravios .
E- 1) F.E. y N.E. se quejan de que el juez de grado anterior, al condenar a D.E. a pagar un canon cuyo importe difirió para la ejecución, aplicó erróneamente el art. 548 CCC y lo hizo correr desde la promoción de la demanda -8/8/2022-, en lugar de hacerlo desde la carta documento del 16/7/2020, pese a que entre ambas fechas transcurrieron más de seis meses.
Sostienen que el art. 548 CCC es una norma de alimentos, ajena al reclamo de canon locativo fundado en el art. 2328 CCC, y que la solución se encuentra en el art. 1988 CCC, aplicable supletoriamente, que hace correr el canon desde la oposición fehaciente de los restantes comuneros, con independencia de la fecha de la demanda. Invocan precedentes de la Sala II de esta Cámara (24/2/2026, expte. nro. 167.774, y 6/6/2025, expte. nro. 166.244) según los cuales basta que un heredero manifieste su oposición al uso exclusivo para que el copartícipe quede obligado desde entonces, y que la indemnización corre desde que el usuario es intimado formalmente.
Afirman que, en consecuencia, el canon debe correr desde el 16/7/2020, fecha en que reclamaron su pago mediante la carta documento acompañada con la demanda.
Subsidiariamente, plantean que debe correr desde la presentación del formulario de mediación previa obligatoria, el 9/10/2020. Piden que se modifique la sentencia en ese sentido, con costas.
E- 2) D.E., por su parte, solicita la revocación total de la sentencia, con costas a los actores en ambas instancias, y plantea cinco agravios.
E- 2- a) En el primero, sostiene que la sentencia omite tratar la cuestión central, la inexistencia de uso exclusivo y excluyente del bien por su parte. Explica que el art. 2328 CCC condiciona la indemnización a que el copartícipe " use privativamente " la cosa, lo que supone excluir a los demás coherederos, y que sin exclusividad no hay canon, aunque exista ocupación parcial.
Recuerda que en la contestación de demanda afirmó que el inmueble tiene dos edificaciones independientes, con accesos separados, que él ocupa solo la trasera, que la delantera es usada por los actores o por uno de ellos, que le vedaron el acceso por calle L... y que cortaron el suministro eléctrico de la construcción del fondo.
Critica que la sentencia resuelva la cuestión partiendo de que el uso exclusivo no se encuentra controvertido, pues lo controvirtió desde el responde. Agrega que el juez no analizó la defensa fáctica, ni el peritaje de tasación sobre la proporción del lote y de las edificaciones ocupadas por cada parte, ni la prueba testimonial rendida en la audiencia de vista de causa sobre la construcción y la ocupación. Califica el vicio de arbitrariedad por fundamentación aparente y sostiene que habitar una porción del inmueble no equivale al uso privativo que exige la norma. Añade, " a criterio del suscripto ", que mientras subsista la indivisión los herederos son simples comuneros y no pueden reclamar el canon por derecho propio, reclamo que solo corresponde al administrador del acervo, cuyo nombramiento no se acreditó.
Pide que se examine si se acreditó la exclusividad que exige el art. 2328 CCC y, de no ser así, se rechace la demanda.
E- 2- b) En el segundo, objeta que la sentencia rechaza la reconvención por " orfandad probatoria " y, a la vez, reconoce que el peritaje ingenieril informa el año de las construcciones, su costo y su valor actual. Afirma que ello es una autocontradicción, pues no puede sostenerse que no hay certeza sobre la existencia, el tipo y el costo de las mejoras si el peritaje los determina, y que el juez no explica por qué le niega valor convictivo.
Admite que el juez tiene amplias facultades para valorar el peritaje, pero sostiene que no lo eximen de fundar su apartamiento. Pide que se revoque el rechazo y se haga lugar a la compensación por mejoras en la medida en que el peritaje lo permita, sin perjuicio de la prescripción parcial que reconoce respecto del período anterior al 30/3/2018.
E- 2- c) En el tercero, subsidiario, cuestiona que la sentencia difiera el canon a la ejecución, a cargo de un nuevo perito tasador, sin fijar método, período ni parámetros, lo que a su juicio deja el quantum debeatur a la discrecionalidad de un experto, sin contradicción posible y con el debate probatorio cerrado. Afirma que ello viola la congruencia (art. 163 inc. 6 CPCC) y su derecho de defensa, y recuerda que la propia sentencia invoca el deber de decidir con fundamentación suficiente las cuestiones conducentes. Pide que se establezcan pautas concretas para la determinación del canon o, en su caso, se revoque este aspecto.
E- 2- d) En el cuarto, también subsidiario, sostiene que la sentencia omite tratar el enriquecimiento sin causa de los actores (art. 1794 CCC). Recuerda que alegó y ofreció prueba de que la edificación trasera fue construida íntegramente por él y su familia desde 1999, con autorización de sus padres y sin aporte de los actores, y afirma que la sentencia lo reconoce indirectamente al describir el peritaje ingenieril. Explica que el mayor valor del inmueble beneficia a los tres coherederos sin inversión de los actores, por lo que condenarlo a pagar canon por una edificación que él financió, sin compensar ese mayor valor, consagra un enriquecimiento sin causa.
Afirma que el juez debió compensar el canon con la proporción de ese mayor valor que corresponde a cada actor, o diferir la compensación a la ejecución, y que al omitirlo viola el art. 163 inc. 6 CPCC. Pide que, de confirmarse el canon, se ordene esa compensación, determinando ambos valores en la ejecución.
E- 2- e) En el quinto, cuestiona la imposición total de las costas (art. 68 CPCC) y pide que, si prospera cualquiera de sus agravios, se redistribuyan las de ambas instancias conforme al resultado, por su orden o a cargo de los actores. Dice que tenía motivos suficientes y razonables para creer que le asistía razón, lo que hace injusta la imposición total, y recuerda que el art. 68 CPCC permite eximir al vencido con mérito fundado (cita un precedente de la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala B, "Carini", 8/9/2006).
E- 3) F.E. y N.E. contestaron el memorial de D.E. pidiendo que se lo desestime, con costas.
Sostienen, sobre el primer agravio, que D.E. falta a la verdad al decir que ingresa por calle Napostá y que ocupa solo una parte, pues según el peritaje del martillero y casi todos los testigos se ingresa a la vivienda trasera por el frente de L... 124, y se encuentra en la disponibilidad material de todo el inmueble. Afirman que su uso exclusivo no está controvertido según el acta de apertura a prueba del 30/8/2023; que no contestó la carta documento del 16/7/2020, lo que implica reconocimiento; que ellos no usan la vivienda delantera, pues residen en otros domicilios; y que están legitimados para reclamar el canon como perjudicados directos.
Sobre el segundo, afirman que D.E. no detalló en la reconvención las mejoras ni los gastos, incumpliendo el art. 330 inc. 3 CPCC, y que no puede tenerse por demostrado un hecho que no fue alegado, aunque el peritaje ingenieril informe mejoras; destacando, además, que otros ocupantes anteriores mejoraron el departamento.
Al atacar el tercer agravio, dicen que no hay gravamen porque la sentencia no fijó el monto sino que lo difirió, sin violar la congruencia (art. 165 CPCC), y que lo diferido es solo el valor locativo y no los períodos.
Por otro lado, en cuanto al cuarto, refieren que la compensación por enriquecimiento sin causa no fue pedida como pretensión concreta al reconvenir, por lo que constituye una cuestión novedosa vedada a la alzada (art. 272 CPCC), y que la acción es residual (art. 1795 CCC).
Sobre el quinto, postulan que la creencia subjetiva del vencido no basta para eximirlo de costas (art. 68 CPCC).
E- 4) D.E. contestó el memorial de F.E. y N.E. pidiendo su rechazo, con costas.
Ratifica que el inmueble no fue de uso exclusivo suyo y que el juez no hizo referencia a esa defensa. Sostiene que, aun si el art. 548 CCC no fuera aplicable, la solución se apoya en el art. 1988 CCC que exige una oposición fehaciente, recepticia, actual y sostenida mediante su formalización judicial en un plazo razonable. Afirma que la carta documento de julio de 2020, que desconoce, no pudo conservar virtualidad dos años después sin ser proseguida judicialmente, lo que contraría la buena fe y la doctrina de los actos propios; agregando que el planteo subsidiario sobre la mediación del 9/10/2020 sufre el mismo defecto, pues pasaron veintidós meses hasta la demanda.
Invoca el art. 2562 inc. c CCC y sostiene que el canon es una prestación periódica sujeta a prescripción bienal, por lo que pide que, si se hace lugar a la demanda, se declare prescripto todo período anterior a los dos años contados hacia atrás desde la notificación de la demanda, y que el canon corra desde esa notificación.
Agrega que los precedentes departamentales citados por los actores no reflejan una inacción análoga y que la Suprema Corte provincial exige contemporaneidad entre la oposición y su judicialización.
F) Encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada del día 9/6/2026?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR MERCADO DIJO:
A) Por cuestiones de índole metodológica, abordaré los agravios expuestos por los apelantes desentendiéndome del orden en el que fueron expuestos.
B) A modo introductorio, recordemos que el art. 2328 del CCC, que refiere al uso y goce de los bienes en estado de indivisión hereditaria, establece en su párrafo segundo que " El copartícipe que usa privativamente de la cosa indivisa está obligado, excepto pacto en contrario, a satisfacer una indemnización, desde que le es requerida ".
Pero puede ocurrir que los herederos acuerden el destino de los inmuebles durante el estado de indivisión -por ejemplo, manteniéndolos deshabitados o colocándolos bajo administración, locación o renta-, y cuando nada se ha convenido, el uso y goce que uno de ellos realiza en forma exclusiva se encuentra limitado por el mismo derecho que asiste a los demás.
Entonces, se presume -en principio y salvo prueba en contrario- el consentimiento para que sea usado en forma gratuita cuando existe un uso privativo del bien por parte de uno de los coherederos, si, por ejemplo, no existe un reclamo de fijación de canon por parte del resto (v. Clusellas, Eduardo G., " Código Civil y Comercial ", 1°ed., Buenos Aires, edit. Astrea, 2015, Tomo VIII, pág. 10).
En cambio, si otro integrante de la comunidad requiere una indemnización, debe satisfacerse desde la fecha de la petición; ello en atención a la limitación mencionada, que procura la compatibilidad del derecho de quien lo usa con el de los demás copartícipes, pues " Se trata de una forma de compensar en dinero lo que unos reciben más que otros en especie, en virtud de que cuando un heredero usa y goza un bien de la herencia, no sólo priva al resto de igual derecho, sino también de arrendarla o enajenarla " (v. Lorenzetti, Ricardo L.; "Código Civil y Comercial de la Nación comentado ", 1° edic, Santa Fé, edit. Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 581).
Se trata, en definitiva, de una compensación en dinero por la privación que sufren los herederos que no usan ni gozan de la cosa por parte de quien lo hace con exclusividad.
Bajo tales directrices, analizaré el primer agravio de D.E.
C) D.E. sostiene que el juez de grado anterior omitió tratar la cuestión central, que es la inexistencia de uso privativo, y que resolvió el punto afirmando que " no se encuentra controvertido el uso exclusivo que realiza del inmueble el demandado ".
Le asiste razón en este primer aspecto. Al contestar la demanda, D.E. negó expresamente que el uso del inmueble fuera privativo y afirmó que solo ocupa la edificación trasera, mientras que la delantera es usada por los actores. Véase también que, en el acta de la audiencia de conciliación de fecha 30/8/2023, el juez indicó como no controvertido únicamente que D.E. vive en el inmueble de calle L... 124, y como controvertidos " la fijación y cobro de canon locativo " y la " compensación por mejoras ".
Es cierto, entonces, cuanto refiere el quejoso respecto de que " el uso exclusivo sí fue expresamente controvertido ... desde el responde, constituyendo el núcleo mismo de la defensa de fondo ". Y también lo es que, si bien el juez reseñó esa defensa en los resultandos de su sentencia, no la analizó ni tampoco examinó la prueba referida a ella.
Desvirtuada, entonces, la premisa considerada por el juez, la defensa oportunamente articulada por D.E. -que reedita en su memorial- permanece sin resolver. Ello así, habiéndose solicitado su tratamiento al expresar agravios, corresponde abordarla en virtud de la habilitación que dimana del art. 273 del CPCC (ver esta Sala, expte. nro. 159.205, sent. del 13/4/2023).
Veamos qué surge de la causa en relación al uso privativo que se endilga al demandado.
De los dichos de las partes y de los peritajes del ingeniero civil Rodriguez Brussa del 20/3/2024 y del martillero Lebene del 7/9/2025, se extrae que el inmueble tiene dos viviendas, una adelante y otra atrás. El primero de estos informes -ver también las explicaciones del auxiliar del 29/7/2024- describe una vivienda original al frente, con planos aprobados el 16/6/1974 y una superficie construida de 68,62 metros cuadrados; y una vivienda en el fondo de 99,99 metros cuadrados, compuesta por dos sectores de distinta data anexados entre sí, uno de 37,87 metros cuadrados que estima construido aproximadamente en enero de 2005 y otro de 62,12 metros cuadrados que ubica por enero de 2010.
Por su parte, el martillero Lebene describe también dos viviendas, la delantera de unos 60 metros cuadrados cubiertos y la trasera, mucho más nueva, de unos 80. Señala que, aunque el lote no está subdividido en propiedad horizontal, " al tener cada vivienda un acceso independiente es factible comercializarlas para alquiler de manera separada ", y que la del frente ocupa aproximadamente el 45% del lote y la del fondo el 55%.
Tenemos, entonces, que la vivienda que ocupa el demandado y su grupo familiar es autónoma, circunstancia que, en principio, impide el uso simultáneo por los demás herederos, con independencia de que estos puedan transitar por el predio.
Por otro lado, en lo que respecta a la parte delantera, coinciden las partes en que allí vivía su madre hasta su fallecimiento. Y si bien D.E. sostiene que actualmente es " usada y usufructuada en forma exclusiva por los propios actores, o por lo menos uno de ellos ", no se aportaron elementos suficientes que respalden esa afirmación. El martillero describió esa vivienda como " aparentemente desocupada " al tiempo de su inspección, y la perito asistente social informó el 26/10/2023 que F.E. y N.E. residen en otros domicilios, sin que de su informe surja que alguno use la parte delantera.
Tampoco están acreditados los hechos que D.E. invoca como obstáculo para su acceso. Surge de las constancias de autos que la vivienda trasera cuenta con un pasillo lateral que la comunica con el frente y con un ingreso por calle Napostá, al que los actores se refirieron el 11/12/2023 al señalar que la " casa trasera ... también tiene ingreso por calle Napostá 1188 ". Pero nada permite concluir que se le haya vedado el acceso por L....
Pero aun si se hubiera acreditado que los accionantes hacen uso de la vivienda delantera, ello no alteraría el uso que D.E. hace privativamente de la trasera. Lo que correspondería analizar, en ese caso, es si existió un acuerdo entre los hermanos sobre el uso de cada una, es decir, un " pacto en contrario " en los términos del art. 2328 CCC.
El apelante explica que existió una partición provisional de hecho y que sus padres autorizaron la construcción de la vivienda trasera. El artículo mencionado en el párrafo anterior dispone, como ya vimos, que " El copartícipe que usa privativamente de la cosa indivisa está obligado, excepto pacto en contrario, a satisfacer una indemnización, desde que le es requerida ", pero, por supuesto, quien lo invoca debe probarlo, y ello solo importa para el período posterior al requerimiento, dado que antes se presume el consentimiento de los demás a la ocupación gratuita.
Ahora bien, la autorización para construir -que, según afirma D.E., fue otorgada por sus progenitores, entonces titulares del inmueble-, no equivale a un convenio entre los coherederos sobre el uso y goce del bien indiviso, que solo pudo celebrarse tras el fallecimiento del padre el 27/10/2017. Además, D.E. afirma la partición en términos genéricos, sin indicar entre quiénes ni en qué términos se habría acordado, y los actores negaron su existencia (v. contestación de la reconvención del 12/6/2023).
Por último, D.E. sostiene que, mientras subsiste la indivisión, los herederos son simples comuneros y no condóminos, de modo que el canon solo podría ser reclamado por el administrador del acervo, cuyo nombramiento no se acreditó. Este argumento no fue introducido al contestar la demanda ni, consecuentemente, abordado en la sentencia, por lo que constituye una cuestión novedosa cuyo tratamiento está vedado en esta instancia (art. 272 CPCC). Sin perjuicio de ello, el art. 2328 CCC refiere al " heredero " y al " copartícipe " y condiciona la indemnización a que sea "requerida ", sin supeditarla a la actuación de un administrador.
Por todo lo dicho hasta aquí, el primer agravio de D.E. no puede prosperar, pues la ocupación que hace de la vivienda trasera constituye uso privativo en los términos del art. 2328 CCC.
D) Continuaré ahora con el primer agravio de F.E. y N.E.
Brevemente, recordemos que se quejan de que el juez de grado anterior haya fijado el inicio del canon en la fecha de interposición de la demanda -es decir, el 8/8/2022-, por aplicación analógica del art. 548 del CCC, y piden que corra desde la carta documento del 16/7/2020 o, subsidiariamente, desde el inicio de la mediación.
Esta Sala ha sostenido que, mientras subsiste la indivisión hereditaria, el heredero que usa una cosa de la masa, aunque lo haga de manera exclusiva, no asume por ello obligación alguna frente a los restantes; pero basta que uno de ellos manifieste su oposición al uso exclusivo del requerido para que, " a partir de entonces, (este) quede obligado frente a aquél al pago de una compensación hasta tanto se concrete la partición o se convenga la administración del bien " (ver expte. nro. 167.774, sent. del 24/2/2026).
La norma que rige el caso es el art. 2328 del CCC y no el 1988 del CCC que " supletoriamente " pretenden los actores. Y aquella es clara en cuanto a que la indemnización se debe " desde que le es requerida "; es decir, desde la intimación formal por parte de los coherederos. Entonces, la oposición a la que se alude en el párrafo anterior se satisface con el requerimiento de la indemnización. Por el período anterior, como ya expliqué, se presume el consentimiento de los demás a la ocupación gratuita.
El colega de grado anterior, siguiendo un comentario doctrinario, aplicó por analogía el art. 548 del CCC, que dispone, para los alimentos, que se deben desde la demanda o desde la interpelación fehaciente, siempre que la demanda se presente dentro de los seis meses. En ese marco, concluyó que, al haber transcurrido más tiempo entre la carta documento de julio de 2020 y la demanda, el canon se debe desde esta última.
No comparto esa solución. El art. 2328 del CCC no presenta una laguna que justifique acudir por analogía a la norma mencionada. Establece claramente que la indemnización se debe desde el requerimiento, sin distinguir si es judicial o extrajudicial.
Además, como sostienen los apelantes, el mencionado art. 548 es una regla especial de la obligación alimentaria y ajena al reclamo de autos.
Corresponde, entonces, determinar desde cuándo fue requerida la indemnización.
Con la carta documento del 16/7/2020, F.E. reclamó a D.E. el pago del canon correspondiente a su parte proporcional por la ocupación del departamento ubicado en la parte posterior de la casa de calle L... 124 -y de una parte del patio del inmueble lindero de calle L... 114-, otorgándole 72 horas para responder y anunciándole que, en caso de silencio o negativa, accionaría judicialmente.
Al contestar la demanda, el propio D.E. transcribió la respuesta que dio el 21/7/2020 a esa comunicación, señalando que en esa oportunidad la rechazó a e intimó a F.E. a abstenerse de continuar con su reclamo. En ese contexto, en la sentencia apelada se tuvo por no controvertida " la existencia de la intimación fehaciente efectuada por la parte actora con el objeto de reclamar por ese uso ".
Ahora bien, D.E. sostiene que la intimación no pudo mantener su efecto casi dos años después -reitero que la demanda se promovió el 8/8/2022-, cuando en ese lapso de tiempo su contraria no prosiguió con el reclamo para solicitar judicialmente la fijación del canon en un plazo razonable. Pero tal exigencia no surge del art. 2328 del CCC y, además, una vez efectuado el requerimiento, nada permite presumir que se renovó el consentimiento a la ocupación gratuita.
Por otra parte, D.E. alega, al contestar los agravios, que " el art. 2562 inc. c) CCyC dispone que prescribe a los dos años '...el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos... ". Pero esta es una defensa que no fue opuesta al contestar la demanda, donde el recurrente discutió solo el momento desde el cual corre el canon. Y no solo este Tribunal no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de grado anterior -art. 272, CPCC-, sino que, además, si este argumento no formó parte de los agravios de D.E., mucho menos atendible resulta que los traiga recién en la contestación de los de su contraria, en tanto no es la oportunidad para introducir cuestiones nuevas. Por la misma razón, no puede acogerse su pedido subsidiario de que el canon corra desde la notificación de la demanda.
Dicho todo ello, cabe ahora señalar que la solución que se presenta resulta distinta para cada uno de los reclamantes. La carta documento del 16/7/2020 fue enviada solamente por F.E., y en esa oportunidad reclamó el canon correspondiente a la ocupación que el requerido hace " desde hace muchísimos años" del departamento ubicado en la parte posterior de la vivienda ubicada en L... nro. 124. Por su lado, la que remitió N.E. el 9/1/2019 se refiere al pedido de restitución del inmueble de calle L... 114, y no a compensación alguna por la ocupación del la vivienda que nos ocupa.
Así las cosas, corresponde modificar la sentencia y establecer que el canon se debe a F.E. desde el 20/7/2020.
Y en lo que respecta a N.E., su primer requerimiento se concretó en la etapa de la mediación prejudicial que ambos actores promovieron. Según el acta de cierre -acompañada con la demanda en el trámite del 8/8/2022-, aquella se inició el 9/10/2020 y D.E. fue notificado de la primera audiencia por cédula diligenciada el 21/10/2020, concluyendo sin acuerdo el 20/10/2021, con su participación y la de su letrado.
Como vimos, el art. 2328 CCC establece que el copartícipe que usa privativamente la cosa indivisa debe una indemnización "desde que le es requerida" . La ley no exige una forma determinada de requerimiento, de modo que lo relevante es que el usuario conozca la oposición del restante copartícipe a su ocupación exclusiva y gratuita. Ese conocimiento no se configura con la mera presentación del formulario de mediación, ni con la citación a la audiencia, aun cuando allí se mencionara el cobro de canon locativo, pues en esas etapas el requerido sabe que se lo convoca, pero todavía no conoce el contenido concreto del reclamo ni la posición de quien lo formula.
Sí se configura una vez celebrada la audiencia. D.E. asistió con patrocinio letrado, y en ese acto tomó conocimiento del contenido de la pretensión, sin que pueda sostenerse razonablemente lo contrario. Y esta solución se refuerza con la conducta posterior del demandado, pues al contestar la demanda no postuló que lo reclamado en el juicio no hubiera sido materia de mediación, ni cuestionó su validez, dando cuenta con ello de que, al celebrarse la audiencia respectiva, tomó conocimiento de lo pretendido.
Propongo, entonces, computar el canon adeudado a N.E. desde el cierre de la mediación (20/10/2021).
E) Pasaré a analizar ahora el tercer agravio de D.E., a través del cual se queja -subsidiariamente y para el caso en que se confirme la procedencia del canon locativo- de que la sentencia haya diferido la determinación del canon a la etapa de ejecución sin fijar método, período ni parámetros, lo que, a su juicio, deja su fijación librada a un nuevo peritaje y sin contradicción posible (art. 163 inc. 6 CPCC).
Su agravio prospera parcialmente.
El colega de grado anterior indicó que las conclusiones del perito martillero carecen de argumentación suficiente, en tanto no explicó el método de tasación utilizado ni especificó el canon locativo que correspondería por año. Sabido es que, como bien señaló el colega de grado anterior, los jueces podemos apartarnos de las conclusiones de los peritos cuando no se encuentran suficientemente motivadas, y ello es lo que ocurre aquí. Y si bien D.E. no cuestiona la sentencia en ese aspecto, sí se queja de que no se haya establecido el método ni el período de referencia de la nueva tasación; en otras palabras, cuestiona que no se hayan dado pautas para la nueva determinación.
El diferimiento en sí mismo no ocasiona al recurrente gravamen alguno -pues podrá cuestionar el informe del perito y lo que se resuelva en la ejecución-, pero sí lo hace la ausencia de pautas claras.
Ello así, propongo que la tasación se realice conforme a las siguientes bases: 1) se determinará el valor locativo mensual de mercado de la vivienda trasera, unidad que D.E. usa en forma privativa, con el patio que forma parte de ella, y con exclusión de otros sectores del inmueble; y 2) el perito deberá explicar el método empleado y acompañar los antecedentes de mercado en que se apoya, y el valor se expresará a una fecha cercana a la de su dictamen y se aplicará a todo el período adeudado.
Asimismo, propongo dejar sentado que los cánones se deberán a F.E. desde el 20/7/2020 y a N.E. desde el 20/10/2021; y en la proporción que corresponda a cada uno según su participación hereditaria en cada período considerado, con el límite de lo efectivamente pretendido (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC).
F) En cuarto lugar, y para el caso en que se confirme la procedencia del canon, D.E. se agravia de que la sentencia no haya tratado el enriquecimiento sin causa que la condena genera, según sostiene, a favor de los actores (art. 1794, CCC).
En primer lugar, la sentencia no omitió pronunciarse sobre la pretensión de D.E. Al reconvenir, este reclamó el reembolso y de los gastos de conservación, pidiendo que se condene a los actores a abonar, en su proporción, el costo de las mejoras. El " enriquecimiento sin causa " lo mencionó únicamente como argumento para el supuesto de que no se hiciera lugar a esa pretensión. Textualmente, la única referencia en este aspecto es en el pasaje de la reconvención donde dice que " para el supuesto caso que V.S. no hiciera lugar a nuestra pretensión, resulta indudable, que los co-herederos aquí demandantes, se enriquecerían sin causa alguna ... "
Y el juez de grado anterior resolvió la petición tal como fue planteada, y la rechazó dando suficientes fundamentos para concluir que " ningún extremo alegado por el demandado ha sido acreditado " y que no se desprende de la prueba cuáles son las mejoras, ni que hayan sido " realizadas y financiadas " por D.E. -teniendo presente que se efectuaron cuando ambos progenitores aún residían en el inmueble-. Todo esto, sumado a que tampoco se probó el mayor valor adquirido.
Frente a ello, D.E. afirma que alegó y ofreció prueba de que construyó íntegramente la vivienda, pero no indica cuál es esa prueba ni qué surge de ella. La única que individualiza es el peritaje ingenieril, que informa la antigüedad, las características y el costo de los distintos sectores de la edificación, y no quién los ejecutó ni quién los pagó.
Dicho ello, recordemos que la función del apelante no es manifestar su desacuerdo con lo decidido por el juzgador, para luego -y sin más- procurar imponer sus propias ideas, sino que debe postularlas y explicarlas, analizando las premisas y conclusiones contenidas en la sentencia y exponiendo por qué entiende que resultan equivocadas o injustas (ver al respecto: Gozaíni, Osvaldo: Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, L.L., 1era. ed., t. I, Buenos Aires 2003, págs. 516 y ss.; en similar orientación: Hitters, Juan Carlos: Técnica de los recursos ordinarios , LEP, 2da. edición, Buenos Aires, 2004, págs. 470 y ss.).
En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia provincial ha explicado que expresar agravios supone, como carga procesal, una exposición jurídica en la que, mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado, se evidencie su injusticia; requiere así, una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (SCBA, sent. del 19/12/1995, " Seel "; 16/7/2003, " Giménez "; 13/12/2006, " Labati "; 17/6/2009, " Ortiz ", entre otras, base de datos Juba B22970).
Bajo tales premisas, el postulado en análisis se encuentra desierto (art. 260, CPCC).
G) El agravio de D.E. relativo a las costas no puede prosperar.
El apelante cuestiona la imposición total de las costas a su cargo y lo hace, en primer término, como " agravio consecuente de los anteriores ", pidiendo que, " De prosperar" su recurso -por el rechazo total de la demanda o por la admisión total o parcial de la reconvención-, se redistribuyan las de ambas instancias conforme al resultado del pleito.
Y, en segundo término, alega que tenía motivos suficientes y razonables para creer que le asistía razón, por lo que, aun si la sentencia se confirmara, la imposición total le resulta injusta, pidiendo, en forma subsidiaria, que sean impuestas por su orden.
La primera parte de su agravio no constituye una crítica al modo en que se impusieron las costas, sino más bien de un pedido que hace depender del resultado de la apelación. Ello así, habiendo prosperado la demanda y no habiendo logrado D.E. su rechazo ni la admisión de la reconvención, no hay razón para modificar la imposición decidida. Y la circunstancia de que la sentencia se modifique en algunos aspectos no lo convierte en vencedor, pues la admisión parcial de la pretensión no quita la calidad de vencido a quien se opuso a ella (SCBA, C. 120628, 8/3/2017; esta Sala, expte. nro. 158.002, sent. del 21/3/2023).
Finalmente, sus restantes argumentos tampoco pueden prosperar. El art. 68 CPCC prevé que los jueces podemos eximir al vencido siempre que encontremos mérito para ello; pero esa eximición no se apoya en la mera creencia subjetiva del litigante sobre su derecho, sino en circunstancias objetivas que la justifiquen, que no han sido identificadas en el caso.
Así las cosas, lo decidido en cuanto a la imposición de costas se mantiene.
H) Dado que no es deber de este tribunal analizar cada uno de los argumentos y consideraciones expuestas, sino solo los conducentes para resolver adecuadamente el litigio, lo hasta aquí dicho basta para inclinar mi voto parcialmente por la negativa.
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR PERALTA MARISCAL DIJO:
Comparto los fundamentos y conclusiones del voto del Dr. Mercado, con una discrepancia circunscripta al momento desde el cual se devenga la indemnización correspondiente a la coactora N B E.
Mi colega considera que la convocatoria a mediación prejudicial no constituye un requerimiento suficiente a los fines del artículo 2328 del Código Civil y Comercial, y que la celebración de la audiencia permite tener por acreditado el conocimiento de la pretensión indemnizatoria por parte del requerido. Sobre esa base, propone fijar el comienzo del canon correspondiente a N.E. en el 20/10/2021, fecha de cierre de la mediación.
He tenido oportunidad de estudiar recientemente esta cuestión, arribando a una conclusión diferente.
En efecto, al examinar el resarcimiento por el uso y goce excluyente de la cosa común, expresé: «Lo que justifica dicha solución es que cada condómino tiene derecho a usar y gozar de la cosa conforme a su destino, por lo que, si no media oposición de los demás condueños, se encuentra ejerciendo su derecho y nada debe indemnizar, pues lo que no puede hacer es "obstaculizar" el derecho de los demás condueños (art. 1986) y no es esa la hipótesis regulada en el artículo 1988. Es por ello que, tradicionalmente, la doctrina ha entendido que en el período transcurrido con anterioridad a la oposición fehaciente formulada por el condómino que no tiene el uso y goce de la cosa existía un consentimiento tácito al aprovechamiento exclusivo efectuado por el otro copropietario en ejercicio de su derecho real.- La notificación de la oposición debe ser "fehaciente", es decir, que si no media reconocimiento, debe acreditarse su formalización mediante la firma del destinatario, constatación notarial, telegrama colacionado o carta documento. Convocar a una audiencia de mediación prejudicial no es "oposición fehaciente"; tampoco su efectiva celebración, pues el contenido de lo actuado es confidencial» (Peralta Mariscal, Leopoldo L., Derecho real de condominio , Rosario, Juris, 2026, § 20, pp. 46/47).
En igual sentido se han pronunciado Pettis (Christian R., "Condominio", en Kiper, Claudio -director-, "Derechos Reales: novedades en el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994)", Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, p. 189) y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, en "Saralegui" (09/02/2010, JA 2010-II-54).
Es preciso señalar que la cuestión es debatida en doctrina, donde hay posiciones diferentes. En contra de mi punto de vista se ha pronunciado Areán (Beatriz A., comentario al art. 1988, en Bueres, Alberto J., *Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias: análisis doctrinario y jurisprudencial*, t. 4a, Hammurabi, 2017, pp. 478/481). En una posición intermedia, Leandro y Nelson Cossari sostienen que «si la convocatoria a la mediación prejudicial nada dice sobre los motivos obviamente no es el requerimiento fehaciente que pretende el Código, pero si en cambio está correctamente expresado que se pretende una indemnización por la ocupación exclusiva del inmueble en condominio -o lo que es lo mismo, pero menos usual: la oposición al uso exclusivo, como reza el Código- ello será bastante para que comience a contabilizarse la indemnización» (Cossari, Nelson y Cossari, Leandro, comentario al art. 1988, en *Código Civil y Comercial de la Nación. Tratado Exegético*, t. IX, 3ª ed., La Ley, 2019).
Como dije, me decanto por la solución que propongo en este voto, por las razones expuestas párrafos atrás, las cuales resultan aplicables al supuesto de autos, en el que la norma directamente operativa es el artículo 2328 del Código Civil y Comercial, que reconoce el derecho del copartícipe a obtener una indemnización desde que le es requerida. Ambos preceptos responden a un fundamento coincidente: mientras no se exteriorice eficazmente la voluntad contraria al aprovechamiento gratuito de la cosa común, se presume la conformidad de los restantes comuneros con esa situación.
El artículo 2328 no impone una forma determinada para el requerimiento. Cualquiera sea la forma elegida, resulta indispensable que se acredite su existencia y su recepción por el destinatario, pues de ese acto depende el nacimiento de la obligación indemnizatoria.
La fehaciencia del requerimiento atañe a la certeza de que la voluntad de exigir una compensación fue comunicada al ocupante. Por ello, el conocimiento de la existencia de un conflicto entre los copartícipes no equivale necesariamente al conocimiento de una oposición al aprovechamiento gratuito del inmueble.
Desde esta perspectiva, la convocatoria a mediación podría contener una comunicación eficaz del requerimiento indemnizatorio si sus términos fueran suficientemente explícitos y estuviera acreditada su recepción, en línea con la posición intermedia antes reseñada. En ese supuesto, la eficacia derivaría del contenido concreto de la comunicación.
No se encuentra acreditado que la convocatoria contuviera un requerimiento indemnizatorio formulado por N.E.; su notificación sí está probada, pero no el contenido.
En efecto, el acta de cierre de la mediación, acompañada con la demanda del 8/8/2022, consigna que «E D fue notificado a primera audiencia mediante cédula diligenciada por la Notificador ad Hoc [sic] con fecha 21/10/2020 en el domicilio denunciado». También registra la realización de dos audiencias y la conclusión del procedimiento sin acuerdo el 20/10/2021, con participación del requerido y de su letrado patrocinante.
La cédula correspondiente a aquella convocatoria no se encuentra incorporada a las actuaciones, por lo que se desconocen los términos concretos en que fue practicada la notificación. El acta de cierre tampoco reproduce requerimiento indemnizatorio alguno formulado por N.E.
Así, se encuentran acreditadas la convocatoria y la celebración de las audiencias. Falta la prueba de que mediante ellas se hubiese comunicado fehacientemente al demandado la voluntad de N.E. de exigir una compensación por la ocupación de la vivienda de L... 124.
Mi colega considera que la asistencia de D.E. a la mediación, acompañado de su abogado, permite tener por demostrado que conoció el contenido de la pretensión indemnizatoria, conclusión que encuentra reforzada en la circunstancia de que, al contestar la demanda, no cuestionó la correspondencia entre lo reclamado judicialmente y lo sometido a mediación.
No comparto esa inferencia.
La efectiva celebración de la mediación acredita que las partes participaron del procedimiento; el contenido concreto de las manifestaciones realizadas durante su desarrollo permanece desconocido, pues se encuentra amparado por la confidencialidad legal (art. 16, ley 13.951). La asistencia del requerido, incluso con patrocinio letrado, no suple la prueba del requerimiento indemnizatorio.
Tampoco la ausencia de cuestionamientos acerca de la correspondencia entre la pretensión judicial y la sometida a mediación equivale al reconocimiento de que durante esta última se hubiera formulado una oposición fehaciente al uso gratuito del inmueble. Una cosa es el cumplimiento de la instancia prejudicial y otra la acreditación de un acto al que se pretende atribuir consecuencias sustanciales respecto del comienzo de una obligación indemnizatoria.
Además, el acta registra dos audiencias, sin individualizar en cuál de ellas se habría exteriorizado la oposición ni los términos en que ello habría ocurrido. El cierre del procedimiento, ocurrido el 20/10/2021, tampoco constituye un requerimiento indemnizatorio, por lo que esa fecha carece de aptitud para determinar el comienzo del canon.
En definitiva, la circunstancia de que la mediación haya concluido sin acuerdo no permite establecer que N.E. hubiera requerido fehacientemente una compensación por la ocupación del inmueble, ni desde qué momento habría tenido lugar esa comunicación.
Comparto, por otra parte, lo señalado por mi colega respecto de la carta documento remitida por N.E. el 9/1/2019, pues se refería a la restitución de parte de un inmueble diferente, ubicado en L... 114, y no contenía un requerimiento indemnizatorio relacionado con la ocupación de la vivienda de L... 124.
Por consiguiente, considero que no se encuentra acreditado un requerimiento indemnizatorio eficaz formulado por N.E. con anterioridad a la promoción de la demanda.
En tales condiciones, corresponde desestimar su agravio en cuanto pretende adelantar el comienzo del canon y mantener a su respecto la fecha del 8/8/2022, establecida en la sentencia de primera instancia.
Aclaro que la notificación del traslado de la demanda tuvo lugar posteriormente, y no corresponde desplazar el comienzo de la indemnización a una fecha más tardía, pues el demandado no introdujo oportunamente una crítica recursiva concreta dirigida a obtener esa modificación. Como señala mi colega, el planteo formulado al contestar los agravios de los actores resulta tardío (art. 272, CPCC). En consecuencia, la fecha establecida en primera instancia constituye el límite de la revisión posible en perjuicio de N.E.
En cuanto al comienzo de la indemnización correspondiente a F.E., comparto la solución del Dr. Mercado, pues se encuentra acreditado el requerimiento indemnizatorio formulado mediante carta documento del 16/7/2020, cuya recepción por el demandado permite establecer el comienzo del canon en el 20/7/2020.
Respecto de las proporciones indemnizatorias, la oposición al uso privativo y gratuito de la cosa común conserva su eficacia mientras no sea revocada. El posterior incremento de la participación hereditaria del reclamante modifica la extensión de la indemnización que le corresponde, sin exigir un nuevo requerimiento, pues subsisten la misma ocupación privativa y la voluntad anteriormente exteriorizada de obtener una compensación.
Por ello, la indemnización correspondiente a F.E. debe calcularse sobre su participación de 1/6 desde el 20/7/2020 hasta el 4/4/2022, y sobre 1/3 desde el fallecimiento de la madre, ocurrido el 5/4/2022. En cuanto a N.E., cuyo crédito indemnizatorio debe computarse desde el 8/8/2022, corresponde aplicar la participación de 1/3 que ya le pertenecía a esa fecha.
Finalmente, el segundo agravio de D.E., referido al rechazo de la reconvención por mejoras, debe desestimarse.
El apelante atribuye a la sentencia una autocontradicción, pues habría negado certeza sobre la existencia, el tipo y el costo de las mejoras, pese a que el peritaje ingenieril los determina. No hay tal cosa. El juez de grado anterior tuvo en cuenta las constancias del peritaje y consideró no acreditado cuáles son las mejoras reclamadas, que hayan sido realizadas y financiadas por el demandado "teniendo presente que se efectuaron cuando ambos progenitores aún residían en el inmueble" y el mayor valor adquirido por el bien.
El informe del ingeniero Rodríguez Brussa del 20/3/2024 describe las características, la antigüedad y el costo de las construcciones. Esos datos nada dicen acerca de quién las ejecutó y quién las pagó, extremo indispensable para la procedencia de la pretensión, cuya prueba pesaba sobre el reconviniente (art. 375, CPCC).
El juez valoró, en suma, el contenido del peritaje y lo consideró insuficiente para tener por acreditados los presupuestos de la pretensión reconvencional, facultad que el propio apelante le reconoce. En este agravio, D.E. no identifica otra prueba que supla esa insuficiencia, por lo que la crítica no demuestra el error de valoración atribuido a la sentencia de primera instancia.
En todo lo demás, adhiero a los fundamentos y conclusiones de mi colega, incluyendo la procedencia del canon locativo, las pautas para su cuantificación, el rechazo de la reconvención y la solución relativa a las costas.
Con el alcance de la discrepancia expuesta, voto parcialmente por la negativa.
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR KALEMKERIÁN DIJO:
Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Peralta Mariscal.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR MERCADO DIJO:
A) Atento al resultado alcanzado al votar la cuestión anterior, corresponde modificar parcialmente la sentencia apelada y establecer que el canon locativo se debe a F.E. desde el 20/7/2020 y a N.E. desde el 8/8/2022, debiendo su monto determinarse en la etapa de ejecución conforme a las pautas fijadas en el apartado "E" del primer voto y en las siguientes proporciones:
A- 1) A F.E., 1/6 desde el 20/7/2020 hasta el 4/4/2022, y 1/3 desde el 5/4/2022.
A- 2) A N.E., 1/3 desde el 8/8/2022.
Tales proporciones se aplican al valor locativo del sector que el demandado ocupa en forma privativa.
En lo demás, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios.
B) Propongo que las costas de Alzada sean cargadas en un 80% al demandado y en un 20% a la parte actora, atento al modo en que se resuelve (art. 68, 71 cctes., CPCC).
Tal es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR PERALTA MARISCAL DIJO:
Adhiero al voto del Dr. Mercado por compartir sus fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR KALEMKERIÁN DIJO:
Adhiero al voto del Dr. Mercado por compartir sus fundamentos.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto que la sentencia apelada no se ajusta totalmente a derecho.
Por ello, este tribunal RESUELVE :
1. Modificar parcialmente la sentencia dictada el 9/6/2026, y establecer que el canon locativo se debe a F.E. desde el 20/7/2020 y a N.E. desde el 8/8/2022.
2. Disponer que el canon se determine en la etapa de ejecución de sentencia, conforme a las pautas fijadas en el apartado "E" del primer voto, y que se liquide a F.E. a razón de 1/6 desde el 20/7/2020 hasta el 4/4/2022 y de 1/3 desde el 5/4/2022, y a N.E. a razón de 1/3 desde el 8/8/2022, sobre el valor locativo de la vivienda que el demandado ocupa en forma privativa.
3. Confirmarla en lo demás que decide y fue materia de agravios.
4. Imponer las costas de Alzada en un 80% al demandado y en un 20% a la parte actora
5. Diferir la regulación de honorarios de Alzada para la oportunidad en que se hubieren fijado los de la instancia anterior (art. 31 y cctes., Ley 14.967).
Hágase saber y devuélvase.
Firmas
Funcionario firmante: PERALTA MARISCAL Leopoldo Luis - JUEZ
Funcionario firmante: MERCADO Jorge Federico - JUEZ
Funcionario firmante: KALEMKERIAN Fernando Carlos - JUEZ
Funcionario firmante: GUGLIELMI Ingrid Julieta - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 387-2026
Fin de la sentencia