Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C =AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.23 11:51:08-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754 TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- , C=AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento REGISTRO Nº 10.086 Fecha: 2026.06.23 11:51:18-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 FOLIO Nº 045/052 PROT. ELECT. JR101 233I.261 Río Gallegos, 23 de junio de 2026.-
La presente causa caratulada “Defensoría Pública Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes de Río Turbio S/ Denuncia” - Expte. Nº 17.939/24 - Apelación/Causa JR Nº 10.172/26, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 909/925vta., obra glosado el auto dictado por el Conjuez a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil con asiento en la localidad de Río Turbio que en su punto 1º) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado L.J.G. en orden al delito de “Abuso Sexual Simple -dos hechos-” (Arts. 119 primer párrafo del C.P.A., en aplicación de las leyes 26.061 y 3.062); en tanto que en su punto 2º) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de la imputada Y.A.M. en orden al delito de “Lesiones Leves agravadas por el vinculo (Art. 89 en función de los arts. 92, 80 inc. 1 del C.P.A.) y Daño (Art. 183 primer párrafo del C.P.A. en concurso real entre sí (en función del art. 55 del C.P.A. en aplicación de las leyes 26.061 y 3.062). Y en su punto 3º) trabó Embargo sobre los bienes de L.J.G. hasta cubrir la suma de Pesos Tres Millones ($3.000.000).
Que, a fs. 955/956vta. y fs. 957/958vta., la defensa apeló dicho auto -motivándolos en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 981 y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Seguidamente se abordarán los agravios propuestos por la parte recurrente con respecto a los imputados Y.A.M. y L.J.G.
1. La defensa considera (en el escrito referido a la imputada Y.A.M.) que el auto de procesamiento carece de probanzas suficientes, sin fundamento y carente de razonabilidad. Que, la valoración del plexo probatorio no fue sencilla debido al anexo de actuaciones pertenecientes a otro fuero, lo que conlleva a una errónea motivación, basándose prácticamente en pruebas testimoniales que no acreditan la suficiente materialidad de los hechos investigados.
Plantea que de la extensa documental adjuntada, de gran tenor administrativo, se desprende que la imputada Y.A.M. golpeó a su hija durante cuatro días, según los relatos obrantes a fs. 150/151, por lo que, debería existir certificación que acredite la existencia, gravedad y antigüedad de los eventuales daños. Señala que resulta inviable que el a quo tenga por acreditado el delito de lesiones con lo informado a fs. 09/19.
Alega que no existe informe médico legal que indique la existencia de equimosis, contusión, o dolencia alguna, refiriendo que del relato se infiere que hubieron cachetadas, tirones de pelo, golpes con cable de celular que son de reciente data, y que nada acredita formalmente la conducta desarrollada por la progenitora de la víctima, planteando que la omisión de tal documental es una clara exposición de la falta de debida diligencia.
Agravía que se tenga por acreditado el delito de lesiones sin analizar lo informado a fs. 242/244 por el perito interviniente, quien describe la situación de vulnerabilidad e historia de vida de Y.A.M. (maternaje a los 14 años). Señala los cambios en el accionar de su asistida, lo que se refleja en la asistencia a los espacios psicoterapéuticos (constancias a fs. 869/870), con el compromiso de trabajar eventuales cuestiones de modalidad vincular.
En cuanto al delito de daños, refiere que el análisis debe efectuarse en el contexto en el cual se llevó a cabo la supuesta rotura del dispositivo móvil, no debiendo confundirse un hecho aislado de arrebato emocional con la voluntad de querer dañar la cosa. Que, la intención directa y consciente no puede tenerse por acreditada mediante escasas declaraciones testimoniales.
Advierte que la presente causa posee deficiencias no superadas aún luego de lo observado por esta Alzada a fs. 677/678, sin existir un avance significativo en los presentes, arribando a un procesamiento insostenible debido a dilaciones innecesarias.
En cuanto al imputado L.J.G. se agravia la defensa por encontrarse viciada con notoria arbitrariedad la resolución atacada, sosteniendo que la prueba existente es insuficiente para formar la convicción suficiente requerida en este estadio procesal en orden al delito de abuso sexual simple -dos hechos- (art. 119 1º párrafo del CP). Que, el imputado no posee antecedentes y además presta servicios en el ámbito educativo.
También, señala que se funda la responsabilidad de L.J.G. en un cúmulo de pruebas e impresiones, en su mayoría referidas a la imputación de Y.A.M. Explica que existe un proceso dentro de otro proceso, y que se utilizaron los mismos elementos de prueba para imputaciones que no son conexas; y que ello vulnera tanto el principio de inocencia como el de congruencia.
Asimismo, considera que no se ha indicado fecha exacta de los sucesos lo cual conlleva a que su defendido se haya visto impedido de ofrecer pruebas, y que esta falta de certeza jurídica afecta el principio de in dubio pro reo, debido a que las medidas probatorias aisladas no han llevado a un claro esclarecimiento de los sucesos, no existiendo en la investigación un avance significativo tendiente a acreditar la materialidad delictiva.
En cuanto a la motivación, cuestiona que no es consistente ni coherente, y que existe un desequilibrio entre la protección de la víctima y el derecho de defensa del imputado.
Que, se le ha dado un valor extremo a los aportes ofrecidos por la adolescente víctima, como también, entiende que se excede en la valoración de la declaración de la Lic. K.S.M. a fs. 04/vta., y 156/157 que no pueden individualizar ni aportar más datos. Mismo argumento utiliza para referirse a la valoración del protocolo médico ginecólogico, sin que exista una adecuada ponderación en cuanto a perspectiva de género ni de infancia.
Por último, señala que el supuesto de hecho debe poseer una entidad suficiente que haya generado un menoscabo en la libertad sexual de la víctima, cuya edad al momento de los hechos se desconoce, pues sólo se precisa la fecha de la denuncia, la incomodidad que relata, y que no se ha comprobado que en el actuar de su defendido haya existido un ánimo libidinoso ni impúdico.
Daremos inicio al abordaje de los agravios indicando que no compartimos las apreciaciones que efectúa la defensa, por cuanto el pronunciamiento del Sr. Juez de Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas producidas en el legajo, las cuales fueron analizadas de manera conjunta y a la luz de la sana crítica racional, permitiéndole concluir que revisten entidad suficiente con el grado de probabilidad que la instancia requiere para emitir el juicio de valor incriminatorio respecto de Y.A.M. y L.J.G.
En efecto, el Magistrado sustenta su resolución en la valoración concatenada del Acta (fs. 01), el Certificado Médico (fs. 03, 04/04vta), Denuncia de la Defensoría Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes (fs. 05/vta), el Requerimiento de Instrucción (fs. 07/08), el Informe de Examen Médico (fs. 09/19), el Informe Escolar (fs. 21/24), Actuaciones remitidas por la Secretaría de Desarrollo Social (fs. 35/121, 136/141, 255/284, 332/365, 371/376, 396/398, 404/416 Vta, 421/516, 706/711, 719/862), Informes Psicológicos (fs. 130/130 Vta, 131/131 Vta), la Declaración Testimonial de S.B.L. (fs. 146/147), de M.M. (fs. 148/149), de M.F.B. (fs. 150/151), de K.S.M. (fs. 156/157), Informe de la Div. Inv. y Narcocriminalidad (fs. 159/171), Resol. de Allanamiento y Secuestro (fs. 173/175 Vta), las Órdenes de Allanamiento y Secuestro (fs. 176/179), Exámenes Médicos (fs. 180, 182), Diligenciamiento de Órdenes de Allanamiento y Secuestro (fs. 184/193, 194/201, 202/207, 208/228), Ingresos de Elementos (fs. 232/vta), Informes Psicológicos (fs. 242/244vta, 247/248), Vista (fs. 323/325vta.), el Informe Psicológico (fs. 380/381), Acta de Entrega (fs. 387/vta), Informe Social (fs. 388/391vta.), DVD-R con secuencias Fotográficas (fs. 402), Constancia Judicial (fs. 403), los Informes Psicológicos (fs. 405/406vta, 407/408vta.), Vista del Ministerio Público Fiscal (fs. 518/520), Resolutivo (fs. 524/527 Vta.), Pericia Informática (fs. 535/563 Vta.), la Pericia Psicológica Psiquiátrica (fs.596/vta.), el Informe de la Div. Inv. y Narc. (fs: 628/649), Vista del Ministerio Público Fiscal (fs. 663/666), resolutivo proveniente del Juzgado de Recursos digital y en su original (fs. 677/681 y 692/697), la Declaración Testimonial de la Lic. C.D.A. (fs. 869/870), la Declaración Testimonial de N.A.S., Declaración testimonial de G.A.S. (fs. 902/902 vta.), de P.D.G (fs. 903/903 vta.). copia DNI de la menor C.J.M. (fs. 905/906), entre otros; concluyendo razonadamente que se trata de pruebas e indicios lo suficientemente precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditado los hechos investigados y conectar -con la precariedad propia de esta instancia-, a la imputada Y.A.M. y al imputado J.G.L. con las mismas.
De esa manera logró tener, en principio, por comprobado que, por un lado, la incusa habría agredido físicamente a su hija, la menor M.E.A. y dañado el teléfono personal de la misma. En cuanto al encartado, se tendría por acreditado -prima facie- que habría abusado sexualmente de la menor.
Con respecto al delito de lesiones, surge de autos que la imputada habría agredido físicamente a la menor M.E.A. durante cuatro días consecutivos. La situación salió a relucir en el ámbito escolar, luego de que la menor se descompensara y desmayara de manera repentina, debiendo ser asistida por personal de la institución educativa, lo cual obra en el acta de fs. 01.
De dicho instrumento surge que al momento en que la menor recuperó el conocimiento se encontraba muy angustiada, temblando y llorando y repitiendo que no llamen a su madre, expresando de igual manera que se quería morir que no podía seguir más con su vida que su mamá le está pegando hace cuatro días. Posteriormente la menor le manifestó a la profesora B: “...que su mamá le pega por pegar, que desde el día viernes sábado domingo y lunes le pegó tirándole de los pelos, pegando en la cabeza, cachetadas…" .
Que, al momento de prestar declaración testimonial la Sra. F.B. dijo: “...C. estaba sentada en una silla con una campera blanca y su capucha puesta, recuerdo que lloraba, cuando llego me agacho a la altura de la nena porque estaba sentada, y le pregunto cómo se sentía porque me habían avisado que se desmayó en el aula, me dice que si, que no se había sentido bien, le consulté si había desayunado, me dijo que no, le consulté si cenó, me dijo que no. Entonces le digo quedate tranquila, te vamos a llevar al hospital en la ambulancia, y le digo la vamos a llamar a tu mamá para que se pusiera al tanto y concurra al hospital, ahí es cuando C. rompe en llantos y comienza a repetir la frase varias veces "no llamen a mi mamá, no quiero que llamen a mi mamá", varias veces repitió esto, y estaba muy angustiada en ese momento, yo me alerto, la calmo y le digo explicame porque no queres que llame a tu mamá, y ahí C. me dice porque hace cuatro días mi mamá me pega sin razón, hizo referencia a que le pegaba cachetadas, le agarraba de los pelos. Relata además C., que su mamá le había roto su celular porque ella se comunicaba con su papá, nos comenta que ella se cortó el pelo, y como no le había quedado bien, su papá le había mandado la plata para que fuera a la peluquería y ese lo acomoden…” (fs. 150vta.). Idéntica versión surge por parte de la vicerrectora, la Sra. S.B.L. (fs.146/147) y la preceptora M.M. (fs. 148/149), quienes colaboraron en auxiliar a la menor el día del hecho.
En este sentido, resulta de importancia tener presente lo manifestado por la menor en su declaración llevada adelante en Cámara Gesell, quien al minuto 16:20 manifestó de qué manera la agredía, señalando con sus manos que la tomaba del pelo, sobre la parte de la coronilla. Asimismo, al minuto 26:06 comentó sobre un hecho que habría ocurrido en la provincia de Chaco, indicando: “...me agarró del cuello, me pisaba el cuello, parecía que me quería matar…”. Y que, al minuto 01:08 dijo que no quiere volver con su progenitora para ser maltratada, que no la quiere y que sólo la trata bien cuando hay otras personas cerca, parece que no fuera su hija. Que al ser consultada con quien desearía vivir manifestó con nadie.
Que ello guarda relación con el testimonio de su hermana, la menor T. quien expresó a partir del minuto 07:22 que su mamá le pega a C., mostrando con sus manos las zonas en que Y.A.M. le pegaría (señalando la parte frontal del cuerpo, cuello y pecho) e indicó que la golpea en todos lados. Que la ser consultada T. sobre situaciones de violencia vivenciada ella personalmente dijo que su mamá también le pega.
De igual modo, resulta significativo lo señalado por la lic. C., en el informe pericial correspondiente a la imputada, del que surge: “...Las funciones de cuidado, protección y contención hacia sus hijas serían deficientes, advirtiéndose conductas de omisión en el cuidado, falta de atención y escasa comprensión hacia C. y T. Presentaría carencia de vinculación afectiva y capacidad empática disminuida. (...) Existirían en la evaluada limitación en la posibilidad de reflexionar y cuestionar las dificultades que presentaría en el área vincular, tales como las decisiones respecto de crianza y cuidado de C. y T., evidenciándose imposibilidad de alojarlas. La disponibilidad para con sus hijas estaría gravemente interferida. Tendería a no reconocer sus propias emociones, por lo que podría reaccionar impulsivamente y agresivamente (...) Existirían marcadas dificultades en el autocontrol y autorregulación de sus emociones, pudiendo desplegar conductas explosivas…” (fs. 244/vta.).
En este mismo sentido, a fs. 248 la Lic. C. manifestó con respecto a la menor M.E.A.: “...Existen sentimientos de presión y amenazas en su ambiente. Se ponen de manifiesto indicadores de angustia. Existe una sensación general de falta de estabilidad y sentimientos de desarraigo. (...) Se evidencian indicadores que señalarian que C. no se siente a gusto en el ambiente familiar ni tampoco siente la calidez del hogar, ello podría deberse a carencias afectivas…”. En relación al sistema familiar, señaló que se observa una dinámica disfuncional, y que la adolescente identifica como referente afectivo a sus pares, a quienes considera sus amigas e incluye dentro de su familia biológica únicamente a su hermana T. Que ello pone de manifiesto el sentimiento de desarraigo y desapego respecto de su familia de origen, concluyendo la profesional que C. podría haber vivido en un escenario de vulnerabilidad infantil, caracterizado por la falta de empatía y de comunicación de sus progenitores.
En consonancia, resulta pertinente traer a colación la carta que la menor S.L. tenía almacenada en un teléfono celular, la cual fue entregada a las autoridades de la institución por su madre, la Sra. M.C. (fs. 23/vta.,). De su contenido se advierte el reiterado intento de la menor por comunicarse con su progenitora, manifestando que se encontraba cansada de las agresiones físicas sufridas y de que la hiciera sentir responsable de todo lo que le ocurría a Y.A.M. Asimismo, surge de la misma que la menor le habría manifestado el hecho de abuso ocurrido con J.G.L. y que la incusa no le habría creído.
De lo expuesto, se denota una manifiesta insuficiencia en el deber de cuidado y contención que incumbía a la progenitora respecto de la menor, máxime, cuando se advierte que la imputada tomó conocimiento de que su hija podría haber sido víctima de un delito, a saber, de abuso sexual simple (art. 119 1° párrafo del C.P) y, no obstante ello, omitió actuar con la diligencia exigible desatendiendo la posible comisión de un ilícito en perjuicio de la menor. Resulta oportuno señalar que la menor manifestó hechos de la misma índole ocurridos con anterioridad a éste (específicamente en la provincia de Chaco), y que la imputada actuó en idéntico sentido, es decir, omitiendo actuar en consecuencia y dudando de la palabra de menor.
Es dable destacar que dicha circunstancia fue reiteradamente manifestada por la menor en cada una de las oportunidades en que pudo expresarse a lo largo de la investigación. Ahora bien, con respecto al agravio de la defensa por el que plantea la inexistencia de un informe médico que acredite formalmente la conducta desarrollada por su asistida, no remitirnos a lo desarrollado por el a quo a fs. 918vta./919: “...Que, si bien no obran en autos certificación médica que constate médicamente las lesiones padecidas por la adolecente C.J.M., tal circunstancia no constituye un obstáculo para tenerlas por acreditadas, toda vez que su situación de vulnerabilidad -derivada tanto de su minoría de edad como del contexto intrafamiliar en el que se habrían producido-, sumado a la persistencia de su relato en Cámara Gesell, los testimonios incorporados a la causa, las actuaciones administrativas labradas por el personal de Niñez de la Municipalidad de Río Turbio, y la pericias psicológicas y sociales practicadas, conforman un plexo probatorio suficiente para comprobar la existencia de las agresiones físicas que C.J.M. habría padecido en manos de su progenitora a la vez. que dan cuenta de lo relatado por la adolescente en Camara Gesell…”.
Que, lo argumentado resulta razonable y convincente, en tanto se ha valorado adecuadamente la situación de vulnerabilidad de la menor, así como la persistencia y coherencia de su relato, lo que otorga solidez a la conclusión alcanzada, con la cual esta Alzada coincide en un todo (con igual criterio hemos resuelto en autos caratulados: “F.D.G. y Otras S/ Amenazas y Lesiones Graves Agravadas" - Expte. Nº 82.969/21 - Apelación/Causa JR Nº 7403/22, resultando específicamente relevante especialmente relevante puesto que la Excma. Cámara Criminal de la 1º Circunscripción Judicial hubo de arribar a una condena). En cuanto al agravio que refiere que se tuvo por acreditado el delito de lesiones sin haber considerado los informes que describen la situación de vulnerabilidad de la imputada (maternidad a los 14 años), así como los cambios en su conducta a partir de la asistencia a espacios terapéuticos (fs.869/870), cabe señalar que tales circunstancias no la eximen de responsabilidad por el delito en cuestión.
En efecto, consideramos que los daños físicos y psicológicos causados a la menor resultarían ser de carácter irreversible, por lo que el planteo defensista deviene irrelevante a los fines de desvirtuar la imputación.
En relación con el delito de daños, debemos decir que coincidimos con el criterio adoptado por el Sr. Juez de Instrucción, ya que, en primer lugar, no resulta desacertado advertir que los hechos habrían ocurrido en la intimidad del hogar familiar, lo que dificulta la obtención de prueba directa. Asimismo, debe considerarse el contexto intrafamiliar en el que se habría producido el hecho, esto es, un marcado escenario de violencia ejercido por la imputada respecto de su hija. También resulta pertinente considerar las restantes constancias obrantes en autos, la cual, valorada en su conjunto, permite tener por acreditada la materialidad del hecho en el marco descripto. En efecto, de dichas constancias surge que la menor sostiene que su madre le habría dañado el teléfono celular con la finalidad de impedir la comunicación con su progenitor, relato que fue mantenido al momento de poner en conocimiento la situación ante los miembros de la institución educativa, así como también en la correspondiente entrevista en Cámara Gesell.
Es relevante mencionar que, según los dichos de la Lic. A.C.D. obrantes a fs. 870, la imputada le habría manifestado que no quería que C. tuviera contacto con su padre. En idéntico sentido, al momento de brindar su declaración, C. expresó (al minuto 15:00) que un día sábado, al levantarse, su madre se encontraba llorando, refiriendo que supuestamente había peleado con su padre; asimismo, la describió como una persona muy agresiva, señalando que en esa ocasión tomó su celular, lo arrojó al piso y lo rompió.
A su vez, es dable señalar que su hermana también manifestó que la progenitora ejercería de manera constante actos de violencia hacia C., lo que coadyuva a reforzar el cuadro fáctico descripto. Ahora abordando la situación particular del imputado, J G.L en orden al delito de abuso sexual simple, corresponde señalar que el agravio articulado por la defensa, mediante el cual sostiene que la atribución de responsabilidad se funda en elementos probatorios provenientes de una causa no conexa, con la consecuente vulneración de los principios de inocencia y de congruencia, no prosperará.
Que, la prueba señalada ut supra y valorada en autos resulta suficiente -con el grado de probabilidad propio de esta etapa- para tener por acreditada la participación del imputado en los hechos investigados, pues, los dichos de la víctima se presentan contestes al referir que la habría tocado en sus partes íntimas en dos oportunidades distintas, extremo que se ve corroborado por la posibilidad de individualizar al presunto autor a partir de la descripción brindada por la menor, quien lo identificó como un preceptor del establecimiento educativo llamado J.
En efecto, del relato brindado por la menor surgen dos hechos bien diferenciados. En primer lugar, mencionó que su profe de apoyo -o “algo así”- la llevo a andar en moto, y en un momento simulando tener frío adentró sus manos entre sus piernas sin disimulo, expresando que le contó a su mamá pero que ella no le creyó, por el contrario le habría manifestado que la menor lo habría provocado.
Que, en otra oportunidad, en el interior de la vivienda donde reside el imputado con el fin de resolver un problema doméstico habían ingresado al entretecho para ver unos cables y que cuando hubieron de bajar la habría manoseado, resaltando la menor que al momento de este suceso se encontraba en pantalón corto. Dijo también, que este hombre va a su domicilio cuando su mamá le pide ayuda, que es como un novio de su mamá.
Es dable descartar que la menor señaló que también le contó a su madre sobre este suceso, y que cuando veía este hombre, J., tenía miedo, que llegaba a transpirar del miedo que le tenía, o se ponía nerviosa, que quería irse de la escuela, que no quería ir a la escuela porque sabía que lo veía en la puerta y que éste la saludaba y ella no quería saludarlo.
Ciertamente, debemos recordar que “...que los delitos de abuso sexual se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de elementos probatorios, por ello el testimonio de la víctima adquiere plena prueba al no advertir interés u odio tendiente a perjudicar al imputado...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 4º, 8/11/2001, “Rodas Jaras, Domingo”).
Siguiendo esta línea, es pertinente señalar lo pronunciado por el a quo a fs. 923: “...cabe evocar las conclusiones de los Licenciados M. y V. en el informe de fs. 596/596 vta., respecto a la pericia realizada al imputado, en el que surge que al tiempo anterior, concomitante y posterior al hecho su capacidad para comprender y dirigir la criminalidad de sus actos no se encontraba alterada. En cuanto a sus características de personalidad, se evidencia un estilo de pensamiento centrado en la autorización, con escasa preocupación por el impacto de su conducta en los demás. No se evidencian tendencias morbosas, por lo que su estado mental no puede incluirse dentro de los supuestos del art. 34 del CPA. Que tales manifestaciones en convergencia con el relato de la adolescente víctima y demás la prueba incriminante, resultan abastecedoras del dolo requerido en el delito en estudio…”.
En idéntico sentido al criterio adoptado por el Sr. Juez, quien puso de relieve la particular condición de la víctima -en su doble carácter de mujer y menor de edad-, así como la consecuente y pertinente aplicación de la normativa en materia de violencia de género y protección integral de la infancia, cabe concluir que los elementos probatorios reunidos resultan suficientes para tener por acreditada la conducta enrostrada.
De igual modo, vale resaltar lo mencionado por el a quo en el párrafo que precede en cuanto que “...debe rechazarse todo acto y/o conducta que infrinja el normal desarrollo físico, psíquico y sexual de infantes y adolescentes quienes por su particular vulnerabilidad han sido receptores de cuidado, protección y asistencia especial a través de diversos instrumentos normativos. Como así también el comportamiento del encartado al interferir en el desarrollo sexual de C.J.M…”.
No podemos pasar por alto que lo apreciado por el Magistrado no sólo aplica a la conducta atribuida al imputado, sino también respecto de Y.A.M., en orden al delito de abuso sexual, puesto que, la imputada no sólo habría ejercido hechos de violencia para con su hija, sino que desatendido deliberadamente situaciones que compromete la integridad sexual de la menor, evidenciándose -como se mencionó precedentemente- una omisión en el deber de cuidado y resguardo que le corresponde.
En efecto, se ha señalado jurisprudencialmente: “...Que se le atribuye a título de partícipe necesaria en comisión por omisión, por no haberlos evitado, aunque sólo a partir de que tomó inequívoco conocimiento de su ocurrencia en las circunstancias precisadas en el considerando relativo a su situación procesal, estando obligada a hacerlo por el deber legal de cuidado y protección que le imponía su condición de madre, en ejercicio de la patria potestad (arts. 45, 55 y 119, párrafos segundo y tercero, ambos en función del apartado b, del CP, y 306 del CPPN)...” (CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL SALA 1 CCC 32713/2011/CA1 M. L., A. M. y otra.
Procesamiento Juzgado de Instrucción nº 41, Secretaría nº 112). Por todo lo mencionado no podemos brindar acogida favorable al agravio que plantea que el a quo se excede en la valoración de la declaración de la Lic. K.S.M., pues, de la misma surge que la menor habría sido clara en determinar que sufría manoseos por parte de un hombre de nombre J., supuesto personal de educación; que al ser indagada por la profesional manifestó que estos hechos ocurren fuera del ámbito escolar. Que, tal elemento no fue considerado de manera aislada sino en forma conjunta y correlacionado entre sí con las demás piezas probatorias permitiendo a partir de su análisis integral, arribar a la conclusión sostenida, esto es la responsabilidad que le compete al Sr. J.G.L. por el delito de abuso sexual en contra de la menor C.J.M. Así pues, advertimos que los delitos enrostrados a los imputados no sólo se ven respaldados por elementos de cargo, sino que deben ser valorados sobre la base de las normas con jerarquía constitucional como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que protegen a las mujeres contra todo tipo de violencia.
Desde esta perspectiva, y atento a la naturaleza del ilícito que nos ocupa -lesiones leves agravadas por el vínculo, daños y abuso sexual-, resulta aplicable la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), la cual establece mecanismos de protección especial en lo que refiere a cualquier tipo de violencia ejercida contra los niños. Asimismo, debemos considerar que las obligaciones que el Estado Argentino ha asumido mediante los tratados internacionales, deben ser cumplidas teniendo en cuenta “…el interés superior del niño, derecho sustantivo que se debe evaluar y considerar al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, que constituye también un principio jurídico interpretativo fundamental de carácter especial, pues si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que mejor satisfaga el interés superior del niño...” (TCP; Sala VI, La Plata, Buenos Aires; Sánchez, Pablo Héctor y otros. Recurso de casación 14/03/2016; Rubinzal Online; 58920; RC J 1105/16). Criterio adoptado por esta Alzada en varias ocasiones (vgr. Apelación Nº 9397/25).
A mayor abundamiento, corresponde hacer especial énfasis en lo dispuesto por la Ley N° 27.709 -conocida como Ley Lucio-, la cual establece principios rectores orientados a la protección integral de niños, niñas y adolescentes. En particular, su artículo 5 dispone: a) velar por el respeto de la Convención sobre los Derechos del Niño -incorporada a la Constitución Nacional por el artículo 75 inciso 22- y de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y b) generar condiciones para una convivencia social basada en vínculos de afecto y confianza, definidos como “buen trato”, fundamentales para el desarrollo del proyecto de vida de las nuevas generaciones.
Tales lineamientos refuerzan la necesidad de analizar el hecho bajo un enfoque de protección integral, priorizando el interés superior del niño. Así, se torna necesaria la intervención del Estado de salvaguardia de la integridad tanto física como psíquica de la menor, en función de resguardar los derechos de aquella, consagrados por nuestra Carta Magna y por los demás instrumentos señalados.
En este sentido, debe decirse que una de las formas por la cual se avasalla los derechos del niño, resulta el ejercicio irracional de violencia física sobre aquél mientras se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo (art. 19:1 de citada Convención de los Derechos del Niño).
Por último, debemos recordar que “…para el dictado del auto de procesamiento se requieren elementos de prueba por los cuales, al menos, se permita corroborar la existencia de un estado de probabilidad con respecto a la comisión del delito investigado, y a la participación culpable de los indagados por aquel hecho…” (M., W. A. y otros. Infracción art. 300, Código Penal - Legajo de apelación /// CNPE Sala B; 07/04/2022; Rubinzal Online; RC J 2486/22).
Atento lo expresado los agravios no podrán prosperar, debiendo confirmarse el auto de procesamiento en su integridad.
2. Por último, en el marco del recurso de apelación interpuesto por el imputado L.J.G., la defensa señala en el desarrollo de sus agravios que el embargo dispuesto por la suma de Pesos Tres Millones ($3.000.000) resulta excesivo para afrontar el pago de daños, perjuicios y costas judiciales.
Sobre el presente agravio advertimos que el monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado a L.J.G. y su modalidad de comisión, la suma ordenada de Pesos Tres Millones ($3.000.000) no aparece como irrazonable.
En este aspecto, el Magistrado de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 925 los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. En este sentido, debo decir que compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el Magistrado para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: "...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado...." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "...conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de lo señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Es así que con relación al agravio de la defensa concretamente corresponde aclarar que, el monto del embargo cautelar, sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse - llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso.
II. Sin perjuicio de ello, del análisis de las presentes actuaciones se advierte que no fue materia de tratamiento lo consignado por la pretensa víctima niña de autos respecto a que los eventos denunciados de ataques a su integridad sexual oportunamente fueron puestos en conocimiento de su mamá, quien no habría hecho nada al respecto, acrecentando su estado de vulnerabilidad. Es por lo expuesto, y dejando constancia que la presente no constituye adelantamiento de opinión alguna sino una cuestión que luce clara de la lectura de estos actuados, se peticiona al juzgado instructor tenga a bien expedirse al respecto, arbitrando las diligencias procesales y vistas de rigor a dichos fines, con el propósito de concretar una revisión integral de los hechos denunciados, en pos de la debida diligencia reforzada que la ley nos exige. Máxime al estar en presencia de este tipo de delitos y de personas en situación de vulnerabilidad que las padecen (doble en este caso: por su condición de niña y mujer).
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 909/925vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER al Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de Río Turbio, lo advertido en el punto II) de los considerandos que anteceden.-
3º)-REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.-
4. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected] 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia