Abriendo la norma
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10131 FOLIO Nº 013/018 PROT. ELECT. JR101 278I.261
Río Gallegos, 15 de julio de 2026.
La presente causa caratulada: "F.C.A. S/Denuncia Estafa", Expte. Nº 33.241/25 - Apelación/Causa JR Nº 10.237/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 27/43 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, quien en el punto 2) ordenó el procesamiento con prisión preventiva -con la modalidad domiciliaria- de C.N.M., en orden al delito de “estafas reiteradas (tres hechos), todos en concurso real" (arts. 45, 172 y 55 del CP) y en el punto 7) trabó embargo sobre el dinero o bienes del procesado por la suma de quince millones (15.000.000) de pesos. Que a fs. 47/53, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 61 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna. Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
Y
I. Que a continuación se abordarán cada uno de los agravios respetando el orden propuesto por la defensa. 1.- De la ausencia de mérito suficiente. Errónea valoración de la prueba: En primer lugar la defensa se agravia del auto dictado aseverando que le causa un gravamen irreparable al ser perjudicial a los intereses de su asistido.
Plantea que la resolución no resulta una derivación razonada del derecho vigente y ajustado a las constancias probatorias colectadas en la pesquisa.
Critica que las aseveraciones de cargo que fundamentan el agravamiento de la situación procesal del imputado, resultan meras afirmaciones dogmáticas carentes de toda apoyatura probatoria, tratándose de una resolución arbitraria.
Concretamente cuestiona que la autoría de su representado se encuentre debidamente acreditada, ya que la recepción de transferencias bancarias provenientes de la cuenta de su pareja S.L.B. y la participación en la adquisición del vehículo Ford EcoSport, no acredita el dolo específico del tipo del art. 172 del CP, en cuanto al conocimiento de las maniobras defraudatorias cometidas por su pareja para obtener ilícitamente esos fondos, ni el dominio del hecho que requiere la autoría del art. 45 del CP. Rechaza que obren elementos probatorios que permitan afirmar que el imputado haya participado en la captación de datos personales, apertura de cuentas, solicitud de préstamos ni ninguna de las conductas típicas que constituyen el núcleo de la maniobra investigada. No existe mensaje alguno, registro informático, evidencia digital, declaración testimonial, que ubiquen a su asistido interviniendo en las maniobras defraudatorias. Con relación al hecho uno endilgado, la defensa analiza que la cuenta de G.V.M. del Banco Galicia fue generada a nombre de la damnificada, y que las transferencias allí originadas se dirigieron a la cuenta de M.. Sin embargo, sostiene que ningún elemento de prueba indica que su asistido hubiera intervenido en la apertura de la cuenta, en la obtención del préstamo ni un ardid o engaño desplegado sobre M., con lo cual la mera recepción de fondos –que incluso pudo obedecer a una causa lícita-, no configura participación punible. Respecto del hecho dos reprochado, la adquisición del vehículo por la suma de trece millones quinientos mil pesos ($13.500.000), destaca que quien efectuó los pagos, utilizó las tarjetas y manejó los fondos fue S.B.. Y sobre el hecho tres imputado, plantea que los registros de Personal Pay sólo demuestran la recepción de transferencias, sin ningún elemento que evidencie la existencia de un acuerdo previo de voluntades, división de funciones o aporte esencial al ardid de parte de su asistido.
En definitiva se agravia por cuanto la resolución transforma una relación de pareja en un indicio de responsabilidad penal, vulnerando el principio de culpabilidad. Pues bien, este primer agravio no prosperará.
Frente al planteo defensista que postula una "ausencia de mérito suficiente" y tacha de "arbitrario" y "dogmático" el auto de procesamiento, corresponde precisar la naturaleza de la resolución en crisis. Es doctrina consolidada de esta Alzada que el auto de procesamiento no exige el grado de certeza apodíctica que es propio y exclusivo de una sentencia condenatoria definitiva, sino que se satisface plenamente con un juicio de probabilidad positiva sobre la existencia material del hecho delictuoso y la participación penal del encausado en el mismo. (Conforme el criterio asentado en la causa caratulada: “C.C.R. y Otros S/ Robo agravado por ser cometido en poblado y en banda (Damn. Fruteria “L.M.”) Expte. Nº 93.043/25, Apelación Nº 10.090/26, de esta Alzada, que cita a modo de ejemplo).
El procesamiento es una resolución de mérito cargoso y de carácter esencialmente provisional, que no causa estado y tiene por objeto orientar la investigación penal hacia la base del plenario. Por consiguiente, sirve para afirmar la existencia de un mérito probatorio suficiente que justifique habilitar la realización del juicio oral, etapa central y definitiva del proceso donde se evaluará si la probabilidad inicial alcanza el grado de certeza absoluta indispensable para dictar una eventual condena. La tacha de arbitrariedad formulada por el recurrente debe desecharse, pues una resolución solo adolece de tal vicio cuando carece por completo de motivación, prescinde inequívocamente de las leyes aplicables o se funda en el íntimo arbitrio del juzgador. En la resolución apelada, por el contrario, el magistrado de instrucción describió en forma razonada y lógica las probanzas que sustentan su convicción provisoria, cumpliendo acabadamente con el deber constitucional de motivación y fundamentación escrita que resguarda la garantía del debido proceso y la defensa en juicio. Analizando el mérito de la prueba reunida en autos, del estudio del auto de procesamiento se observa -sin dificultad-, que se sostiene en la valoración armónica y pormenorizada de: el diligenciamiento de la orden de allanamiento N° 32/26, las declaraciones testimoniales de A.M.E.,C.O.A., D.O.A., y G.M., las denuncias de G.V.M., y A.J.J.B., las actuaciones de la División Cibercrimen, el acta de secuestro, los informes del Banco Macro, Tarjeta Naranja, Banco Central de la R.A., Mercado Libre y Personal Pay, la certificación actuarial, los elementos secuestrados y reservados en Secretaría, el acta de detención, las actas de recibo y entrega -por enumerar algunas piezas procesales más relevantes-, concluyendo razonadamente que robustecen las denuncias de los damnificados, tratándose de pruebas e indicios lo suficientemente graves, precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditados los hechos investigados y conectar -con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado con las mismas.
En función de ello, se desvanece la crítica individual que efectúa la defensa, toda vez que existen indicios y pruebas que, sopesadas en su conjunto, robustecen el valor conviccional de las denuncias. De la estrategia defensiva se observa que se alega que no se encuentra acreditado el dolo específico del tipo del artículo 172 del Código Penal ni el "dominio del hecho" que exige la autoría en los términos del artículo 45 del mismo cuerpo legal, pretendiendo desvincular a su asistido de las maniobras realizadas por su pareja, la coimputada S.L.B.. Sin embargo, el argumento recursivo parte de una concepción fragmentada y desactualizada de la participación criminal en delitos de defraudación y ciberestafa.
En la criminalidad económica y digital actual, las maniobras complejas de captación de datos, solicitud de créditos y desvío de fondos no son ejecutadas de manera unipersonal, sino a través de un esquema organizado con división funcional de roles o tareas. Para que se configure la coautoría funcional, no es necesario que cada uno de los intervinientes ejecute por sí mismo el núcleo del ardid o engaño típico (en este caso, la captación de datos personales, la apertura de la cuenta a nombre de G.V.M. o la solicitud del préstamo en el Banco), sino que basta la existencia de un acuerdo común de voluntades (pacto previo) y la realización de un aporte que resulte esencial para el éxito del plan delictivo global. En el diseño criminal investigado y conforme las constancias de la causa, el rol asignado al encartado M. habría tenido una trascendencia fundamental: ya que habría actuado como canalizador y destinatario final del flujo de los activos ilícitos (operación comúnmente denominada como "mula de dinero" o receptor de transferencias).
Sin su activa y voluntaria cooperación consistente en aportar sus cuentas personales para recibir los fondos sustraídos a las víctimas y disipar de inmediato el rastro del dinero mediante la compra de un bien mueble, la maniobra defraudatoria pergeñada no habría podido perfeccionarse ni consolidar su provecho económico. Por lo tanto, el aporte material de M. se inscribiría en la fase ejecutiva del delito y denotaría un claro codominio del hecho de carácter coautoral.
Se advierte por ende que la estrategia de la defensa consiste en desgranar el material probatorio y analizar cada indicio de forma individual y aislada para restarle valor convictivo. Sin embargo, esta Alzada y el Máximo Tribunal de la Provincia han establecido que la valoración de la prueba indiciaria y de presunciones debe realizarse de manera conjunta, global e interrelacionada, puesto que ponderar cada elemento de convicción de forma fragmentaria desnaturaliza las características definitorias de este medio de prueba. (Criterio sustentado en la causa caratulada: "L.A.M.; A.J. M. y Otro S/ Robo Doblemente Calificado por ser en Poblado y en Banda y con el uso de Armas" - Expte. Nº 29662/26 - Apelación/Causa JR Nº 10179/26, por citar la más reciente).
En ese sentido, concordamos con el Sr. Juez de grado en que un análisis integral y armónico de las constancias de autos permite dotar de plena verosimilitud la imputación dirigida contra el encartado en cada uno de los hechos endilgados.
Respecto del hecho uno (cuenta Galicia de G.V.M. y desvío de fondos), si bien la defensa sostiene que M. no intervino en la apertura de la cuenta ni en la obtención del préstamo del Banco Galicia a nombre de la damnificada, es un dato objetivo incontrovertible que los fondos de ese préstamo ilícito habrían sido transferidos de manera inmediata a la cuenta personal de M.. Recibir el provecho directo e inmediato de un fraude electrónico perpetrado en perjuicio de un tercero no puede ser catalogado como un "acto neutro" o una "recepción inocente por causa lícita", menos aún ante la total ausencia de justificación comercial, laboral o contractual que explique legítimamente el ingreso de tales sumas de dinero en el patrimonio del imputado. El nexo temporal inmediato entre el engaño a G.V.M. y la acreditación del dinero en la cuenta de M. constituye un indicio unívoco de su posible participación en el plan delictivo. Con relación al hecho dos (adquisición del vehículo Ford EcoSport por $13.500.000), sostiene la defensa que quien manejó los fondos y utilizó las tarjetas para la compra del rodado fue su pareja S.B.. No obstante, el plexo probatorio acreditaría que la operación de venta del rodado se coordinó con el imputado y, si bien la que efectuó el pago fue la coimputada S.B., los fondos aplicados a dicha compra provenían de las transferencias ilícitas. La adquisición de un vehículo utilizando de forma inmediata el dinero proveniente de la estafa constituiría la fase de consumación, ocultamiento e integración del provecho criminal en el patrimonio común de la pareja. El hecho de que S.B. realizara materialmente las transacciones físicas no diluye la responsabilidad de M., en tanto no desconocía que los fondos aplicados pertenecían al caudal ilícito.
Por último, en relación al hecho tres (registros de Personal Pay), la reiterada recepción de transferencias desde la cuenta de Personal Pay de la coimputada, a través de cuentas registradas a nombre de M. en diversas entidades bancarias, sin causa lícita demostrada –surge de la causa que se encuentra desocupado-, y en un lapso coincidente con las maniobras de defraudación, descartaría de plano la hipótesis de una casualidad o de una mera desatención. Estos movimientos contables sistemáticos operarían como indicios graves, precisos y concordantes que, interrelacionados con los hechos anteriores, confirmarían un modus operandi coordinado y estable de dispersión de activos ilegales. Del mismo modo, nos encontramos en condiciones de aseverar que carece de asidero el agravio de la defensa que sostiene que la resolución del Juez de grado transforma una relación de pareja en un indicio de responsabilidad penal, con supuesta afectación al principio de culpabilidad por el acto (Art. 18 de la C.N.). La Instrucción no penaliza ni reprime el vínculo sentimental o convivencial que une al encartado con S.L.B.. La relación de pareja simplemente describe el ámbito de confianza, inmediatez y logística en el cual se habría fraguado el acuerdo criminal previo y que habría facilitado la distribución recíproca de las tareas defraudatorias. La imputación penal dirigida contra M. se sustentaría estrictamente en comportamientos materiales y objetivos propios (Derecho Penal de Acto), tales como el aporte de sus cuentas bancarias personales, la recepción efectiva del dinero de origen delictivo y el codominio en la adquisición del vehículo Ford EcoSport con las ganancias del ilícito.
En consecuencia, la responsabilidad criminal atribuida es estrictamente de carácter personal e individual por los aportes ejecutados por el imputado, sin que exista una transferencia o extensión automática de la posible culpabilidad de su pareja.
2. De la calificación legal: En segundo lugar, la defensa tras hacer referencias doctrinarias del tipo penal reprochado a su cliente, cuestiona que se encuentre probado en autos el ardid penalmente relevante que pudiera haber desarrollado, en virtud que -insiste- el imputado no ejecutó maniobra engañosa alguna sobre las víctimas. Por el contrario, asevera que lo único que se ha probado es la recepción de transferencias por parte de su asistido. Y para que exista coautoría se requiere, al menos, que el partícipe haya brindado un aporte objetivo al hecho con conocimiento de su ilicitud. La mera convivencia con el autor del ilícito o la recepción de transferencias en ese contexto, no constituye el aporte consciente y esencial que la figura reclama. Se agravia que el auto sostenga que M. conocía el origen ilícito de los fondos, sin pruebas objetivas que lo demuestren, sino que lo presume por el volumen de operaciones, por los movimientos bancarios, por la convivencia con B. y por la utilización posterior del dinero.
En suma afirma que el procesamiento de su pupilo se sustenta en meras sospechas al no existir pruebas que permitan sostener que M. sabía que los préstamos provenían de maniobras fraudulentas, que las cuentas utilizadas habían sido abiertas mediante suplantación de identidad ni que las tarjetas utilizadas pertenecían a terceros damnificados.
Critica que la resolución incurre en un razonamiento circular violatorio de la sana crítica, ya que la adquisición del vehículo por M. tampoco puede por sí solo convertirlo en coautor de estafa, porque no prueba que debía conocer el origen ilícito del dinero. Por todo ello solicita se revoque la calificación legal y se adecúe el encuadre típico a la conducta efectivamente acreditada. Ahora bien, este agravio no prosperará, toda vez que esta Alzada viene sosteniendo de manera invariable desde el año 2022, en concordancia con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras, que la calificación legal resulta ser provisoria y mutable, con lo cual no causa estado. Prueba de ello, resulta el reciente fallo de nuestro máximo TSJ, que en autos caratulados: “V.J.A. S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”, Expte. Nro. 1701/24/TSJ, en fecha 14/05/26, mediante el recurso de casación hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial.
Y, siendo que en el caso de marras la defensa no ha logrado demostrar un agravio concreto o una mutación del hecho imputado que habilite, de forma excepcional, la revisión de la significación jurídica provisoriamente asignada por la Instrucción, este planteo queda descartado. 3.- De la vulneración del principio de congruencia. Error material en la imputación del hecho dos. Nulidad: En tercer lugar, la defensa plantea la nulidad de la imputación del hecho dos y del procesamiento por ese hecho, por el error material del juzgado al reprocharle un monto de diez millones ciento dieciocho mil trescientos pesos (10.118.300), cuando en la resolución se admite que el monto real de las transferencias acreditadas sería de cuatro millones ochocientos cincuenta y seis mil cien pesos ($4.856.100) –confr. fs. 373/377-, ya que esta diferencia incide en el derecho de defensa tras haber efectuado un descargo en la indagatoria bajo una representación fáctica inexacta inducida por el propio juzgador.
En respuesta a este agravio, adelantamos que no prosperará.
En efecto, el requerimiento de nulidad de la defensa debe ser analizado teniendo en consideración que: "…El sistema de nulidades receptado en nuestro ordenamiento procesal impone la interpretación restrictiva, y establece que no corresponde la declaración de una nulidad por la nulidad misma, sino que el acto atacado debe producir un perjuicio efectivo a la parte que la plantea, afectando, concretamente, una garantía constitucional, además de requerirse que dicha parte posea un interés en su invalidación." (CSJN, Fallos 325:1404, 323:929, 311:1413 y 311: 2337.- 2 CSJN - Fallos: 236:37; 240:160, entre otros).
Asimismo tenemos en cuenta que: "…no se debe declarar la nulidad por la nulidad misma, es decir en el sólo beneficio de la ley o para satisfacer pruritos formales. En cambio, la declaración de nulidad debe tender a enmendar perjuicios efectivos y la afectación de garantías procesales, en especial el derecho de defensa. Lo contrario sería caer en un ritualismo inaceptable, ya que la forma procesal tiene un sentido teleológico y la nulidad constituye un remedio extremo…" (La nulidad y sus efectos en el proceso penal"; publicado en DJ20/02/2008, 381; Cita Online:
AR/DOC/2719/2007). En el caso en análisis, la sanción requerida por la defensa resulta por demás extrema y desmesurada, habida cuenta que falta a la verdad cuando argumenta que al reprocharle a su asistido un monto de diez millones ciento dieciocho mil trescientos pesos (10.118.300), se lo habría inducido a una representación fáctica inexacta, motivando que efectuara un descargo al respecto en oportunidad de la declaración indagatoria, toda vez que, surge sin dificultad, tras pasar vista del acta de declaración indagatoria y de la posterior ampliación de indagatoria, que el imputado las dos veces optó por ejercer su derecho de abstenerse a declarar.
Si a ello adicionamos que la Instrucción en la resolución de procesamiento, más precisamente a fs. 39vta. del presente incidente, brindó fundamentos suficientes del error material involuntario al tiempo del reproche penal, explicando que, posteriormente, al resolver la situación procesal del encausado, con un profundo estudio de la voluminosa prueba y del cotejo del extracto bancario obrante en autos surge que las sumas transferidas ascenderían a $4.856.100 y no a la suma de $10.118.300 endilgada; no se advierte que le genere a la parte el perjuicio requerido doctrinaria y jurisprudencialmente.
No corresponde, por ende, decretar la nulidad por la nulidad misma, ya que ello importaría consagrar un formalismo vacío en desmedro de la debida administración de justicia y del derecho a una pronta resolución de las causas, de orden netamente público. En el caso bajo examen, la defensa no logra demostrar que la divergencia numérica señalada por el recurrente haya colocado al encartado en un estado de indefensión real o material que justifique la sanción de nulidad de la declaración indagatoria o del procesamiento. De todo lo analizado se concluye que la pretensión de la defensa no prosperará en esta instancia procesal por resultar a todas luces inconsistente.
4. De la prisión preventiva (en la modalidad domiciliaria): En cuarto lugar la defensa se agravia de la prisión preventiva –domiciliaria-, con tobillera electrónica, por carecer de fundamento.
Sostiene que no existe peligro de fuga ni de obstrucción de la investigación, pudiendo establecerse medidas de coerción menos gravosas que igualmente garanticen los fines del proceso.
Plantea que el encarcelamiento cautelar resulta violatorio del principio de inocencia, ya que además su asistido posee domicilio fijo junto a su progenitora desde hace muchos años, carece de antecedentes penales, por lo que configura una pena anticipada. Por todo ello solicita se revoque el dictado de la prisión preventiva y se disponga la inmediata libertad del imputado. Que el agravio de la defensa relativo a la prisión preventiva -en su modalidad domiciliaria con control mediante tobillera electrónica-, no obtendrá favorable acogida, puesto que la medida no carece de fundamentos que la tornen arbitraria ni constituye un adelantamiento de la pena. El encarcelamiento preventivo no vulnera el principio de inocencia consagrado constitucionalmente ni representa un castigo anticipado. Su finalidad es de estricto orden cautelar, dirigida a asegurar los fines del proceso, impedir que el imputado eluda la acción de la justicia, obstaculice la investigación o incumpla una eventual sanción penal.
Asimismo, cabe recordar que en esta etapa preliminar de la causa no se requiere certeza absoluta sobre los hechos ni sobre la autoría del procesado. El auto de procesamiento contiene únicamente un juicio de probabilidad provisorio y mutable sobre la responsabilidad penal del encartado, el cual resulta suficiente para orientar el avance del proceso hacia la etapa de juicio oral, donde se definirá la cuestión de fondo. Frente a la pretensión de la defensa de neutralizar el peligro de fuga sobre la base de la falta de antecedentes penales y el arraigo domiciliario del imputado (quien reside con su madre), esta Alzada ha sostenido de manera invariable que estas características personales no son suficientes para disipar los riesgos procesales cuando se enfrenta un proceso penal.
La peligrosidad procesal de fuga debe evaluarse a partir de pautas objetivas. En este aspecto concordamos con la Instrucción que dada la gravedad de la calificación legal provisoria y la naturaleza del delito investigado y la escala penal sancionatoria que prevé, en caso de recaer sentencia condenatoria, la pena a imponerse será indefectiblemente de cumplimiento efectivo, todo lo que permite inferir fundadamente la posibilidad cierta de peligro de fuga, máxime teniendo en cuenta que la detención del encausado se materializó en la Provincia de La Pampa y motivó su traslado a esta capital. Asimismo se puede inferir el riesgo de entorpecimiento procesal, teniendo en cuenta que aún restan por producirse medidas probatorias.
Conforme al criterio constante y pacífico de esta Alzada, "...se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia...". (Mismo criterio en causa caratulada: "CH.M.I. S/ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMAS EN CONCURSO IDEAL CON VIOLACIÓN DE DOMICILIO Y AMENAZAS", Expte. Nº 29009/25 - Apelación/Causa JR Nº 9995/26). El riesgo de obstaculización de la pesquisa aparece intensificado debido al contexto en el que se habrían desarrollado los hechos, existiendo vínculos familiares o de cercanía entre las partes. De encontrarse en libertad, el procesado podría intentar influir directa o indirectamente en el relato de los testigos o de las víctimas, condicionando su espontaneidad o generando escenarios de intimidación incompatibles con el normal desarrollo del proceso.
Este Sr. Juez de Recursos advierte que la prisión preventiva ya fue morigerada por el a quo, aportando los fundamentos de la modalidad elegida, con lo cual concordamos en que esta medida se erige en la única medida de coerción idónea, necesaria, razonable y proporcional para asegurar el normal desenvolvimiento de la investigación penal, resguardar la seguridad de las víctimas y garantizar los fines del proceso. Por todo lo valorado confirmaremos la prisión preventiva, en su modalidad domiciliaria y con tobillera electrónica del imputado, por resultar ajustada a derecho.
5. Del monto del embargo: En quinto lugar, la defensa se agravia de la suma cautelar impuesta por entender que quince millones de pesos ($15.000.000), resulta desproporcionado en relación al perjuicio concreto y efectivo que se le atribuye. Alega además que su asistido carece de bienes de envergadura que justifiquen una cautela de tal magnitud, constituyendo una sanción anticipada. Por ello solicita se reduzca el monto del embargo a una suma razonable y proporcionada al perjuicio efectivamente atribuible. Ingresando al tratamiento del último agravio relativo al monto del embargo trabado, corresponde adelantar que la solicitud de reducción efectuada por la defensa no tendrá acogida favorable en esta instancia. Sobre esta cuestión, cabe recordar que la Ley de Procedimientos en materia penal, de manera imperativa, establece que el Magistrado -al dictar el auto de procesamiento-, ordenará también el embargo de bienes del imputado, cumpliendo la resolución en crisis con las reglas imperativas establecidas en el art. 499 del CPP.
En efecto, de una atenta lectura del resolutorio atacado se advierte que el a quo ha dado las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos quince millones ($ 15.000.000). Dicha cifra no aparece como irrazonable ni desproporcionada, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado y resulta acorde a la gravedad y entidad del daño penal como consecuencia del delito investigado en autos.
Frente al argumento de la defensa referido a que la suma resulta infundada o "abultada" respecto de las posibilidades de su asistido, es imperioso citar calificada jurisprudencia que establece que la capacidad patrimonial del imputado resulta irrelevante al momento de cuantificar la medida. Así, se ha establecido reiteradamente que: “…A los fines de establecer el monto del embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV, 17/09/2009, La Ley Online). Asimismo, en concordancia con los tribunales, se entiende que el embargo debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias para su fijación. (Véase al respecto: Cámara Nacional Criminal y Correccional; 06/02/2024; TR LALEY AR/JUR/33938/2024).-
Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún parámetro o argumento objetivo en apoyo a su postura que permita a esta Alzada apartarse del criterio seguido por el Magistrado interviniente, limitándose genéricamente a calificar el monto estipulado como "abultado".
Por todo lo expuesto, al advertirse que se señalaron debidamente los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, compartimos los parámetros tenidos en cuenta por el juez de grado. En consecuencia, corresponde rechazar la petición de reducir el quantum del embargo, confirmando la medida decretada por la suma de pesos quince millones ($ 15.000.000) por resultar adecuada a derecho.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. III) Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 27/43 del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
Dr. NELSON A.
SÁNCHEZ JUEZ DE RECURSOS
Primera Circunscripción Judicial ANTE MI:
(AIG)
GABRIELA R. PHILLPOTT
Jefa de Despacho A/c SECRETARIA Juez de Recursos 1ª Circ. Judicial
Fin de la sentencia