Abriendo la norma
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.195 FOLIO Nº 024/026 PROT. ELECT. JR101 342I.261
Río Gallegos, 19 de agosto de 2026.-
Los presentes autos caratulados “A.F. S/ Denuncia” - Expte. Nº 15.470/23 - Apelación Nº 10.281/26, venidos a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 144/147 obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno con asiento en la localidad de Pto. San Julián que en su punto 1º) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado E.A.R. en orden al delito de “Encubrimiento” (Art. 277 inc. 1 “c” del C.P). A fs. 155/157, la defensa apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 164 (cód. validación: 2017515e), y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Seguidamente se abordarán los agravios propuestos por la parte recurrente.
1. El Defensor sostiene que el resolutorio carece de sustento probatorio respecto del supuesto valor de mercado del bien al momento del hecho.
Se agravia al señalar que no obra en las actuaciones ningún informe técnico, tasación, pericia, factura de compra, presupuesto o publicación comercial que determine fehacientemente cuál era el valor real del rodado.
Por consiguiente, indica que la afirmación de que el precio pagado era notablemente inferior al valor real constituye una mera apreciación subjetiva del a quo, desprovista de respaldo empírico y edificada sobre conjeturas, lo cual resulta arbitrario en materia penal. Señala que las inferencias deben constituirse sobre hechos acreditados no sobre conjeturas.
Plantea que si no se encuentra probado el valor de mercado del bien no puede sostenerse que el precio abonado resulta irrisorio o incompatible con una adquisición legítima. Asimismo, el apelante destaca que, aunque pudiera determinarse la diferencia entre el precio abonado y el valor de mercado, ello tampoco permitiría, por sí solo, tener por configurado el elemento subjetivo exigido por el tipo penal. Argumenta que no se han verificado circunstancias concomitantes que revelen que el imputado tenía conocimiento acerca de la procedencia ilícita del objeto, tales como maniobras de ocultamiento, adulteraciones visibles en el cuadro, numeraciones suprimidas o el uso de documentación falsa. En este sentido, la defensa subraya que las operaciones de compraventa de bienes usados suelen realizarse por valores significativamente inferiores a los originales, dependiendo de factores como el estado de conservación, la antigüedad y la urgencia de la transacción, extremos que no fueron investigados en la instrucción.
Finalmente, la defensa explica que el magistrado primero afirma, sin prueba alguna, que el precio era irrisorio y, posteriormente, sobre esa premisa no acreditada, concluye que su asistido debía conocer el origen ilícito de la bicicleta. Así, entiende la defensa que no existe en autos elemento probatorio alguno que permita determinar cuál era el valor de mercado de la bicicleta al momento de los hechos, ni mucho menos concluir que el precio abonado resultaba ostensiblemente incompatible con un operación lícita, la inferencia efectuada por el instructor constituye una mera conjetura carente de sustento objetivo, incompatible con el estándar de probabilidad exigido incluso para el dictado de un auto de procesamiento. Frente a las críticas vertidas por la defensa técnica de E.A.R. contra el auto de procesamiento, esta Alzada considera que los agravios no logran conmover la solidez de la resolución de grado.
Que, en primer término, debe desestimarse el cuestionamiento sobre la supuesta falta de sustento probatorio respecto al valor de mercado del bien; la determinación de un precio notablemente inferior ($25.000) por una bicicleta marca SLP rodado 29 no constituye una mera conjetura, sino un indicador objetivo y ostensible de su procedencia ilícita, máxime cuando, a fs. 15, la damnificada acompañó la factura correspondiente al bien, en la que se detallan sus características, pudiéndose advertir que el monto consignado asciende a la suma de PESOS Setenta y cinco Mil ($75.000).
Asimismo, es dable señalar que, al momento de tomar contacto con la damnificada, el encausado inicialmente se mostró reticente a brindar información respecto de la persona que le habría vendido la bicicleta, evitando señalar quién se la había entregado. Posteriormente, y aun cuando ya tenía conocimiento de que el rodado pertenecía a la damnificada, manifestó que no estaba dispuesto a restituirlo sin más, solicitando, como condición para su entrega, el reintegro de la suma de dinero que había abonado por él, expresando: “...pero yo pagué, no es de malo, pero ¿cómo hago yo ahora? ¿Quién me devuelve esta plata?...”. Tal circunstancia permite advertir que no existía una voluntad espontánea de restituir el bien, pese a conocer que este pertenecía a la damnificada, sino que su entrega se encontraba supeditada a la recuperación del dinero que había desembolsado, evidenciándose así una actitud reticente tanto respecto de informar el origen de la bicicleta como de proceder a su inmediata restitución. Siguiendo este lineamiento, se ha dicho “…que el delito en cuestión afecta la administración de justicia, cuya actividad se encuentra dada por la individualización de los autores y partícipes o la recuperación de los objetos, y justamente ese accionar puede verse perjudicado por el accionar del encubridor…” (Martín Castellano, “Encubrimiento” Revista Pensamiento Penal, pág. 02, CREUS, Carlos, “Derecho Penal Parte Especial”, T. I, Ed, Astrea, Buenos Aires, 1997, pág. 339). Que, tal reticencia, sumada a las capturas de pantalla de la red social WhatsApp (fs. 04/07) donde se documentaría el intercambio con la testigo Y.M. y la posterior entrega voluntaria del bien ante la evidencia de su origen espurio, demostraría que R. habría tenido, al menos, una representación clara sobre la irregularidad de la operación. La afirmación del propio imputado ante M. de haber adquirido el rodado a un monto barato reforzaría la convicción de que el dolo se encontraría configurado a través de estos indicios graves, precisos y concordantes, quedando acreditada -con el grado de probabilidad-, la materialidad cuestionada por la defensa.
Finalmente, es preciso subrayar que la resolución recurrida no padece de un razonamiento circular ni de falta de motivación, ya que se apoya en un plexo probatorio multiforme. De esta forma, el magistrado ha fundado el procesamiento en la denuncia de F.A. (fs. 01/02), las capturas de pantalla de (fs. 04/06), el acta de secuestro (fs. 12) las imágenes de (fs. 15/16) y el acta de reconocimiento del bien (fs. 14), el testimonio de Y.M. (fs. 24), las capturas de (fs. 25/27), como así también el escrito de reparación integral (fs. 122) elementos que en su conjunto conectarían al encartado con el hecho de manera sólida. Como bien sostiene la doctrina y la jurisprudencia de este Juez de Recursos, para el dictado del auto de procesamiento es suficiente con la confirmación inicial de la sospecha y que las pruebas recolectadas sean aptas para orientar el proceso hacia la fase de acusación.
Por todo lo expuesto, al existir elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado habría recibido el objeto a sabiendas de su origen delictivo, corresponde confirmar el procesamiento dispuesto en todos sus términos, ello por encontrarse debidamente fundada, en consonancia con las prescripciones de los arts. 115, 116 y 291 del C.P.P.
II. En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se advierte que el plazo de tres (03) días ordenado a fs. 124/126 en fecha 03/04/2025, se cumplió holgadamente con relación a lo dispuesto en el decreto de fs. 142 de fecha 04/06/2026, lo cual evidencia una prolongada e injustificada dilación en la tramitación de la causa. Por tal motivo, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a los plazos procesales, pues la falta de apego a los mismos por parte del Juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1°)-CONFIRMAR el auto de fs. 144/147, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.- 2°)- HACER SABER a la Instrucción lo consignado en el apartado II) de los considerandos.-
4º)-Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia