Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo ello, concordamos con la Instrucción en que el fundamento del encierro provisorio radica en la vulnerabilidad de las víctimas que se proyecta sobre el proceso, imponiéndose su protección para garantizar la indemnidad como prueba fundamental conforme la naturaleza de los delitos investigados.
Se comparte asimismo que los hechos reprochados se enmarca dentro del fenómeno de “violencia de género”, en cuya erradicación se encuentra seriamente comprometido el Estado Argentino, debiéndose proteger a las víctimas portadoras del elemento de prueba fundamental en casos como el que se ventila, surgiendo su vulnerabilidad, de manera ostensible a lo largo de los elementos de cargo reunidos.
La resolución que se intenta atacar evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención de los Derechos del Niño”, la “Convención Belem do Para” y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.
En este aspecto, he de coincidir con la a quo que surge claramente la necesidad de garantizar la seguridad de las víctimas (por la condición de vulnerabilidad), y evitar que, en caso de quedar en libertad el imputado, intente intimidarlas de …
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781 , C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.20 08:44:51-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C =AR, CN=GEYER Adriana Inés TOMO CLX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.20 08:45:30-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO Nº 10.030 FOLIO Nº 027/035 PROT. ELECT. JR101 177I.261 Río Gallegos, 20 de mayo de 2026.
La presente causa caratulada: “C.A.F. S/AMENAZAS”, Expte. Nº 10.030/25, Apelación JR Nº 10.136/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 16/28, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de A.F.C., en orden a los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas reiteradas (tres hechos), desobediencia reiterada y daño, todo en concurso real" (arts. 55, 89 en función de los arts. 92 y 80 inc. 1º, 149 bis, 239 y 183 del CP) y en el punto 2) ordenó el embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000).
Que a fs. 32/44, la defensa oficial apeló dicho auto - motivándolo-; a fs. 49 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. Que a continuación se abordarán cada uno de los agravios de la recurrente respetando el orden propuesto en el escrito de apelación.
1. De las nulidades: En primer lugar la defensa advierte la inexistencia del requerimiento de instrucción de la Sra. Agente Fiscal, titular de la vindicta pública, lo que acarrea la nulidad de todo lo actuado, la errónea aplicación de las reglas del concurso de delitos con afectación del principio de congruencia procesal, la orfandad probatoria, la falta de motivación y de fundamentación, tratándose de un pronunciamiento nulo y arbitrario.
Recuerda las previsiones de los artículos 59, 62, 180, 187, 517, 172, 173, 174 y 164 del CPP, y plantea que la Sra. Jueza a quo llevó adelante la instrucción de la causa arrogándose funciones de la vindicta pública, ingresando en la órbita que le es propia a la Fiscalía de Instrucción.
Por todo ello, sostiene que lo acontecido es violatorio del principio de congruencia procesal, dado que no obra en autos la calificación legal de los hechos que se reprochan en el acto de la indagatoria ni obra requerimiento de instrucción que debió formular la Sra. Fiscal.
En suma, plantea que lo acontecido conculca la garantía del debido proceso, el derecho a la libertad, el estado de inocencia y el derecho de defensa en juicio.
Ahora bien, este primer agravio no prosperará.
En efecto, el requerimiento de nulidad de la defensa debe ser analizado teniendo en consideración que: “…El sistema de nulidades receptado en nuestro ordenamiento procesal impone la interpretación restrictiva, y establece que no corresponde la declaración de una nulidad por la nulidad misma, sino que el acto atacado debe producir un perjuicio efectivo a la parte que la plantea, afectando, concretamente, una garantía constitucional, además de requerirse que dicha parte posea un interés en su invalidación.” (CSJN, Fallos 325:1404, 323:929, 311:1413 y 311: 2337.- 2 CSJN - Fallos: 236:37; 240:160, entre otros).
Asimismo tenemos en cuenta que: “… no se debe declarar la nulidad por la nulidad misma, es decir en el sólo beneficio de la ley o para satisfacer pruritos formales. En cambio, la declaración de nulidad debe tender a enmendar perjuicios efectivos y la afectación de garantías procesales, en especial el derecho de defensa. Lo contrario sería caer en un ritualismo inaceptable, ya que la forma procesal tiene un sentido teleológico y la nulidad constituye un remedio extremo…” (La nulidad y sus efectos en el proceso penal”; publicado en DJ20/02/2008, 381; Cita Online:
AR/DOC/2719/2007).
En el caso en análisis, la sanción requerida por la defensa resulta por demás extrema y desmesurada, habida cuenta que la presente investigación versaría sobre hechos reiterados de violencia física, psicológica y económica en el orden doméstico, cometidos por parte de la ex pareja de la pretensa víctima, incluso en algunas ocasiones en presencia de sus hijos menores de edad y también frente a terceras personas.
Con lo cual entendemos que, teniendo debidamente acreditado el contexto de violencia, resulta imperante la aplicación del marco internacional de derechos humanos y las leyes nacionales de protección integral de la mujer y los NNyA.
Los pilares incluyen la CEDAW y la Convención de Belém do Pará a nivel internacional, y la Ley 26.485 en Argentina, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia, garantizando una vida libre de ella.
Asimismo, resulta aplicable la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y su correlato provincial Ley 3062, la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y las “100 Reglas de Brasilia” sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Al respecto esta Alzada ha venido sosteniendo de manera invariable en reiterados pronunciamientos que la investigación de oficio en hechos de violencia de género encuentra sustento en razones de interés público y en la necesidad de protección reforzada de las mujeres, cuando la acreditación de circunstancias objetivas permitan inferir la existencia de un contexto de vulnerabilidad, asimetría de poder o un ciclo de violencia que justifique tal intervención.
En el caso de marras, observamos la acumulación por conexidad objetiva y subjetiva de: una primer denuncia de la Sra. J.R.V. ante la Oficina de la Mujer en fecha 27/10/2024; una segunda denuncia de la Sra. J.R.V., de fecha anterior, esto es, del 18/05/2024; una tercer denuncia ante la Fiscalía de Instrucción de fecha 15/05/2025, la cual es acompañada del requerimiento de instrucción por el delito de “usurpación” en el que solicitan medidas probatorias; un segundo requerimiento fiscal de instrucción por el delito de “desobediencia”, de fecha 11/11/2025; un acta/denuncia de la ciudadana G.M.S. de fs. 91/93 y por último las actuaciones prevencionales de oficio por las que el imputado quedó detenido en fecha 27/03/2026. Del análisis integral de las actuaciones, advertimos que no le asiste razón a la defensa en sus argumentaciones, toda vez que no se han conculcado las normas procesales que alega ni la Sra. Jueza a quo hubo de atribuirse indebidamente las funciones que le competen al Agente Fiscal. La presente investigación tuvo inicio de oficio en virtud de las denuncias de fecha 18/05/2024 y 27/10/2024 radicadas por la Sra. J.R.V. ante la autoridad preventora, conforme lo previsto por el art. 175 del CPP, que faculta a la policía a investigar los delitos de acción pública por iniciativa propia o por denuncia.
Es por ello que el agravio de nulidad de lo actuado por la necesidad de un requerimiento fiscal de instrucción que delimite formalmente la imputación queda descartada, ya que resulta aplicable únicamente cuando la denuncia es presentada directamente ante el Juez de Instrucción, conforme lo dispuesto por el art. 172 del CPP, o ante la Fiscalía de Instrucción conforme lo previsto por el art. 173 del CPP.
De ello inferimos que, por esas dos primeras denuncias acumuladas, la investigación se inició correctamente de oficio por la Oficina de la Mujer y la Familia de la Policía de Puerto Santa Cruz.
Continuando con la compulsa del expediente, encontramos que seguidamente se acumuló una denuncia de fecha 15/05/2025 efectuada directamente ante la Fiscalía de Instrucción, la cual cuenta con el requerimiento fiscal de instrucción por el delito de “usurpación” y se solicitan medidas probatorias.
Posteriormente y a instancias del Sr. Juez del Juzgado de Familia -que corre vista con copias de las partes pertinentes a la Fiscalía de Instrucción para que en caso de corresponder efectúe requerimiento-, observamos que se incorporó un requerimiento fiscal de instrucción por el delito de “desobediencia”.
De lo analizado advertimos que, por el contrario a lo planteado por la defensa, a la vista está que, cuando correspondía, la fiscalía de instrucción efectuó los requerimientos de instrucción que reclama la defensa, dando cumplimiento con las mandas procesales.
Luego se acumuló a fs. 91/93 el acta/denuncia de la Sra. G.M.S., ante la Oficina de la Mujer, quien resulta ser compañera de trabajo de la pretensa damnificada, la cual detalla haber sido testigo involuntaria, en razón de encontrarse circulando en la vía pública, de un incidente entre el imputado para con J.R.V. mientras se encontraba vigente una orden de restricción de acercamiento y contacto entre las partes, siendo que lo observó correr por la calle muy agresivo para alcanzarla, hostigándola y persiguiéndola hasta que ésta ingresó a su lugar de trabajo. La testigo da cuenta de la vulnerabilidad de la pretensa víctima y sus hijos en su declaración, explicando que al hablar con ella le manifestó temor por denunciar al imputado y que sus hijos le piden que ya no lo denuncie porque éste les dice que si no no podrá volver a trabajar a las represas cuando se reactiven y perderían todo.
Y finalmente, se acumularon los autos caratulados:
“C.A.F. S/Desobediencia y Daños”, Expte. Nº 11.444/26, los cuales se inician de oficio por la autoridad preventora a instancias de la Sargento C.M.J., quien cumplía consigna policial en el domicilio de la Sra. J.R.V.. Por todo lo valorado, entendemos que cuando –como en el caso de marras-, la investigación se inicia por denuncia ante Policía, no existe requisito legal que el Ministerio Público Fiscal formule un requerimiento de instrucción en los términos pretendidos por la defensa como condición de validez del proceso, toda vez que la noticia criminis y la delimitación fáctica surgen de las actuaciones prevencionales –en el caso, de la Oficina de la Mujer y la Familia de la Policía de Puerto Santa Cruz-. (Mismo criterio sostenido recientemente por este Sr. Juez de Recursos en autos caratulados: "B.S.J. S/ Dcia. Les. Leves Agravadas por el vínculo“ - Expte. N° 17162/23 - Apelación/Causa JR N° 10109/26, en concordancia con el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámaras).
En consecuencia, no se verifica afectación alguna a la garantía del debido proceso, el derecho a la defensa en juicio, al principio de congruencia y al principio de inocencia que alega la defensa.
2. De la orfandad probatoria: En segundo lugar, la defensa se agravia por cuanto el auto recurrido se sostiene únicamente en el relato de la denunciante y pretensa víctima.
Critica la valoración de los testimonios de las niñas M.V.V. y D.A.V., ya que a pesar que los informes periciales los estiman fiables, estos resultan contradictorios entre sí, ya que las versiones de las menores difieren absolutamente.
Con lo cual, la defensa sostiene que no se cuenta con pruebas válidas que permitan afirmar siquiera la probabilidad que los hechos hayan sucedido y, mucho menos, que C. sea el autor de los mismos. Concluye que el proceso ha sido gestado por una denuncia y, a partir de ella se generó una suma de inferencias, hipótesis y conjeturas inconsistentes ante la inexistencia de elementos probatorios que las sostengan.
Pues bien, llama la atención de este Sr. Juez de Recursos que la defensa introduzca el presente agravio, cuando esta Alzada ha venido sosteniendo de manera invariable y en reiterados pronunciamientos que, en casos donde se encontraría acreditado el contexto de violencia de género en el que la pretensa víctima estaría inmersa así como el estado de vulnerabilidad y sometimiento, rige el principio de amplitud probatoria que se desprende del marco nacional e internacional en materia de violencia contra la mujer, que ordena a los jueces a valorar todas las pruebas disponibles con perspectiva de género, sin restricciones formales, ante la falta de testigos directos en hechos cometidos en la intimidad del hogar. Y esto no conculca ni menoscaba el derecho de defensa del imputado.
Más precisamente la Ley 26.485 en su art. 16 inc. i), busca superar los obstáculos probatorios, permitiendo indicios, informes técnicos y testimonios de referencia, priorizando el relato de la víctima. En ese sentido, analizando el mérito de la prueba reunida en autos, del estudio del auto de procesamiento se observa -sin dificultad-, que no se sostiene en el testimonio único de la damnificada, sino que luce producto de la valoración armónica y pormenorizada de: los diversos informes prevencionales de la Oficina de la Mujer y la Familia de Puerto Santa Cruz, el certificado médico de la víctima, las denuncias de J.R.V., los informes del Juzgado de Familia librados en los autos caratulados: “V.R. C/C.A.F. S/Actuaciones Ley 26.485”, Expte. Nº 3.051/24, las actas de notificación de las medidas cautelares, las declaraciones mediante técnica de cámara Gesell de las niñas M.V.V. y D.A.V. y los informes de psicodiagnóstico, el acta/denuncia de la Sra. G.M.S, el acta de aprehensión, el acta de inspección ocular, secuencias fotográficas y la declaración testimonial de la Sargento de Policía M.J.C., concluyendo razonadamente que robustecen el relato de la víctima, tratándose de pruebas e indicios lo suficientemente graves, precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditados los hechos investigados y conectar –con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado con las mismas.
A su vez encontramos que a fs. 238/238vta. de los autos principales, la a quo confrontó el descargo del encausado con la totalidad de las pruebas, concluyendo que no logra desvirtuarlas ni mejorar su situación procesal.
En función de ello, se desvanece la crítica individual que efectúa la defensa de la valoración de los dichos de la víctima, toda vez que existen otras pruebas que, sopesadas en su conjunto, robustecen el valor conviccional de su testimonio.
Del estudio de la actividad desarrollada por la Instrucción entendemos que se han respetado los derechos y garantías del imputado. Es sabido que, en casos como el que nos ocupa, donde los hechos se suelen llevar a cabo en ámbitos privados, el testimonio de la víctima cobra un rol fundamental.
Y en el caso de marras, su versión de los hechos y el contexto de violencia de género se encuentran reforzados con otras piezas probatorias por resultar contestes y concordantes, lo que despeja toda duda acerca de una presunta mendacidad.
Este criterio, ha sido sustentado por nuestro máximo Tribunal provincial, al señalar: “…Concretamente, con relación a los dichos de la damnificada se ha sostenido que en atención al ámbito en que por lo general se desarrollan esta clase de delitos, el testimonio de la víctima cobra un papel fundamental. Se ha señalado que ante la inexistencia de testigos presenciales del hecho, el juzgador debe basarse en los dichos de la víctima y en el de las personas que tomaron conocimiento mediante sus dichos...” (Tribunal Superior de Justicia; Secretaría Penal; Interlocutorio Nº: 012; Recurso de casación; 08/03/12; autos: “A.R. s/ secuestro calificado abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y desobediencia todo en c/r entre sí y A.H.S. s/ secuestro calificado”, Expte. Nº 3707 (A-686/11/T.S.J.). Con igual criterio otras Cámaras Nacionales de Apelaciones han considerado suficientes estos elementos probatorios: “…la valoración conjunta de los testimonios y los informes periciales permiten corroborar la materialidad del hecho y la intervención del acusado, considerando además la perspectiva de género y el interés superior del niño conforme a lo compromisos internacionales asumidos por el Estado…” (Cita online: TR LALEY AR/JUR/169790/2025).
Tampoco prosperará el agravio que cuestiona el valor probatorio de los testimonios de las niñas M.V.V. y D.A.V., bajo el pretexto de resultar contradictorios, ello toda vez que se concuerda con la a quo en que en lo esencial ambas relatan lo que habrían vivenciado desde sus perspectivas, tratándose de pruebas testimoniales que lucen en armonía con el resto de los elementos incriminantes.
Por todo lo examinado, entendemos que la instrucción valoró correctamente las probanzas incorporadas a la causa, no resultando suficientes los planteos de la defensa técnica para revertir los fundamentos expuestos por la Magistrada.
Por todo lo valorado, corresponde desestimar este segundo agravio.
3. De la calificación legal: En tercer lugar, la defensa se agravia por entender que no se ha acreditado un obrar doloso con entidad idónea para causar los hechos típicos que se le imputan a su asistido, consecuentemente no se configuran los tipos penales.
Expresa que si bien es cierto que C. con la denunciante tienen una familia integrada con cuatro hijos en común (aún no reconocidos por C.), hecho que si está acreditado en autos, no así el obrar doloso que se le endilga y por el cual fuera procesado con prisión preventiva, mucho menos las reglas del concurso de delitos.
Reitera que el único elemento probatorio que consta en autos y que le adjudica un obrar doloso al encartado, es el relato de la denunciante, el cual insiste ha sido desvirtuado por el testimonio de la hija menor M.J.V., quien también se encontraba presente el día del hecho. Analizando este tercer agravio que ataca la calificación legal de los hechos reprochados al imputado, del estudio de la resolución recurrida advertimos que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden al delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas reiteradas (tres hechos), desobediencia reiterada y daño, todo en concurso real" (arts. 55, 89 en función de los arts. 92 y 80 inc. 1º, 149 bis, 239 y 183 del CP); en cambio, del análisis de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la valoración del plexo probatorio y la conclusión a la que arriba la Instrucción, sin lograr controvertir lo decidido.
Esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, sostiene el criterio que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal.
Ello toda vez que el hecho imputado resulta ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia e incluso en instancias superiores; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras).
Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). A mayor abundamiento, se ha dicho que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18).
Cabe agregar que, si bien la calificación legal eventualmente puede incidir en el dictado de la prisión preventiva, lo cierto es que la medida de cautela personal que se abordará en profundidad en el agravio siguiente, no se fundó únicamente sobre ese motivo.
Otros juzgados tienen dicho al respecto que:
“…Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la defensa contra el auto que decretó el procesamiento del imputado y dictó su prisión preventiva, pues la calificación asignada en el auto de procesamiento no incidirá en la libertad provisoria de su defendido, ya que aquella medida cautelar ha sido fijada en virtud de la valoración efectuada en cuanto al peligro de fuga por parte del imputado…” (Cita online: TR LALEY AR/JUR/19730/2010).
En virtud de lo expresado, se advierte que la defensa no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados a su asistido, motivo por el cual será desestimado.
4. Solicita excarcelación: Por último y en función de los agravios que motivan la apelación, la defensa propicia la excarcelación de su asistido de conformidad con lo previsto por los arts. 299, 300 sgtes. y cctes. del CPP, bajo la caución que se estime corresponda.
Plantea que lo perjudicial e irreparable para su defendido es que la a quo ordena la prisión preventiva para asegurar la investigación sin explicar cuáles son los montos de las penas que resultarían aplicables en caso de recaer condena, ni si sería de cumplimiento efectivo.
Destaca que su asistido posee arraigo, trabajo y familia en la localidad y siempre estuvo a derecho.
Ahora bien, analizando este último agravio, entendemos que la solicitud de excarcelación no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues no se advierte que la decisión carezca de fundamentos que la tornen arbitraria ni inconstitucional.
Debemos recordar al recurrente que, en esta instancia, no se requiere certeza sobre los hechos y la autoría, sino que: “… basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I; 08/06/2010; A.R.M.A. y otro; Cita: TR LALEY 70061334).
Del análisis de las actuaciones entendemos que la prisión preventiva fue debidamente abordada y motivada por la Instrucción luego de disponer el procesamiento del encartado, sin observar que la decisión afecte los derechos de defensa, ni que constituya una pena anticipada.
Pese al esfuerzo de la defensa y por el contrario a lo planteado, observamos que la a quo aportó los argumentos objetivos por los que entiende que, en función de los antecedentes del encartado -de los que se desprende que cuenta con una primer condena de fecha 04/04/2025, en autos caratulados: “C.A.F. S/Lesiones Leves y Amenazas en concurso ideal entre sí, en concurso real con el delito de Daño y Desobediencia”, Expte. Nº 4.160/25, donde la Cámara Criminal de la 1ra Circunscripción Judicial le impuso la pena de seis meses de prisión efectiva, inscribiéndolo en el Registro Único de Personas Violentas-, en el caso de recaer condena en las presentes actuaciones, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos investigados, y la escala penal sancionatoria prevista para las figuras penales endilgadas y el concurso de delitos, la misma será indefectiblemente de cumplimiento efectivo.
Es por ello que razonadamente estimó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 295 inc. 1º del CPP, que se encuentra frente a la hipótesis prevista en el art. 302 del mismo cuerpo normativo, lo que la habilita a ordenar la prisión preventiva con el objeto de asegurar la investigación.
Advertimos igualmente que la Instrucción justipreció la gravedad de los delitos investigados en función de las constancias probatorias, de las que se desprende de manera clara el contexto de violencia de género y de aprovechamiento de la relación desigual de poder entre los involucrados, en el cual el imputado habría incurrido en reiteradas situaciones de violencia, incluso en presencia de sus hijos en su casa y en la vía pública en presencia de terceros, así como sendas desobediencias a las medidas cautelares –de menor intensidad- dispuestas por el fuero de familia, lo que resultaría demostrativo del desprecio a los mandatos de la autoridad jurisdiccional y la ineficacia de las medidas menos gravosas, no sólo para asegurar los fines del proceso sino también para la protección de las víctimas (su ex mujer y sus hijos menores de edad).
Por todo ello, concordamos con la Instrucción en que el fundamento del encierro provisorio radica en la vulnerabilidad de las víctimas que se proyecta sobre el proceso, imponiéndose su protección para garantizar la indemnidad como prueba fundamental conforme la naturaleza de los delitos investigados.
Se comparte asimismo que los hechos reprochados se enmarca dentro del fenómeno de “violencia de género”, en cuya erradicación se encuentra seriamente comprometido el Estado Argentino, debiéndose proteger a las víctimas portadoras del elemento de prueba fundamental en casos como el que se ventila, surgiendo su vulnerabilidad, de manera ostensible a lo largo de los elementos de cargo reunidos.
La resolución que se intenta atacar evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención de los Derechos del Niño”, la “Convención Belem do Para” y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.
En este aspecto, he de coincidir con la a quo que surge claramente la necesidad de garantizar la seguridad de las víctimas (por la condición de vulnerabilidad), y evitar que, en caso de quedar en libertad el imputado, intente intimidarlas de cualquier forma, con el objeto de mejorar su situación procesal.
Es por ello que concordamos en que puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, el imputado podría entorpecer la investigación y/o darse a la fuga, frente a la posibilidad seria de que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo.
Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. Apelación JR Nº 6582/20 y Nº 9257/24).
Que, por lo tanto, compartimos con la Instrucción que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar del encartado denota su total desapego a la ley y que las medidas menos gravosas dispuestas por el Sr. Juez de Familia, resultaron ineficaces.
Es por ello que pese a la disconformidad de la defensa, la resolución que se intenta poner en crisis se encuentra debidamente motivada y la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la ley. En suma, se concuerda con la Instrucción el criterio que sostiene que el riesgo procesal de entorpecimiento del accionar de la Justicia se ve incrementado en el caso concreto, a lo que se adiciona la solidez de las piezas probatorias incorporadas al legajo, que le permitieron arribar a la conclusión incriminante en grado de probabilidad afirmativa, sin que se encuentren conculcados sus derechos y garantías como persona sometida a un proceso penal.
Por otro lado, esta Alzada advierte que el imputado no ha sobrepasado en detención cautelar el límite establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como plazo razonable de la prisión preventiva, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva por resultar ajustada a derecho.
II. Observaciones: Que, este Sr. Juez de Recursos en uso de las facultades de Superintendencia delegadas por el Excmo. TSJ y aplicando una perspectiva amplia de derechos humanos, se ve compelido a efectuar una serie de consideraciones y recomendaciones a la Instrucción, sin que ello pueda ser interpretado como un menoscabo de la resolución de mérito que por medio de este auto interlocutorio se confirma.
Sucede que tras el análisis del expediente principal digitalizado y del estudio de las medidas probatorias ordenadas, no podemos dejar de advertir una instrucción deficitaria y totalmente alejada de la debida diligencia reforzada, toda vez que:
-nunca se llamó a ratificar y ampliar sus dichos a la denunciante, sino que se ordenó –mucho tiempo después de sus denuncias-, que se someta a una pericia psicológica, - a su vez se ordenó escuchar a los cuatro hijos menores de edad mediante cámara Gesell, - tampoco se llamó a ratificar y ampliar sus dichos a las dos (02) testigos presenciales G.M.S. y M.J.C., ni mínimamente se judicializó la declaración testimonial del oficial de servicio de la Oficina de la Mujer y la Familia de la Policía Provincial, - mucho menos se proveyó la solicitud de medidas probatorias del requerimiento fiscal.
Que sin discutir el mérito de los elementos de cargo por cuanto fue abordado en el agravio pertinente, este Juez de Recursos advierte que si tomamos las fechas de las primeras denuncias de la ciudadana J.R.V., los días 18/05/2024 y 27/10/2024, recién el Juzgado de Instrucción dispuso el primer proveído ordenando medidas probatorias en fecha 11/04/2025, consistentes en que el imputado fije domicilio y que los menores presten declaración mediante cámara Gesell, lo que luce revictimizante por no haberse escuchado previamente a la denunciante ni a las dos testigos –terceras personas imparciales- que surgen de las constancias de la causa.
Obsérvese que al no convocar a la damnificada a ratificar sus dichos, el Juzgado tampoco le ofreció la asistencia a la víctima, no se le explicaron las previsiones de las normas procesales en cuanto a su derecho a ser tenida por parte querellante, ni se dio intervención a la OPIDNNA de la Municipalidad de Pto. Sta. Cruz de entrada, para que asista a sus hijos menores de edad en caso de detectarse vulneración de derechos.
Esta Alzada hace hincapié en que se debió dar temprana intervención al área de niñez, en función de lo que a la postre quedó en evidencia con los informes de psicodiagnóstico de los niños y los informes de la OPIDNNA. Ello en cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26.061, la Ley 3062, la ley 27372 de víctimas de delitos y las “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad”.
Llegados a este punto, nos vemos obligados a efectuar una consideración respecto a la actitud asumida por la defensoría complementaria y por la fiscalía de instrucción, habiendo transcurrido períodos de tiempo en que la causa no tuvo movimientos, sin efectuar presentación alguna.
Vemos además que tampoco en ese primer proveído se requirió información al Juzgado de Familia a los efectos de acreditar si existía historial de violencia en la pareja así como medidas cautelares vigentes; incorporándose en fecha 09/05/2025 el informe “solicitado el 14/04/2025 por el Juzgado de Instrucción”, a fs. 35/35vta., sin que obren constancias en el expediente del proveído que lo ordenó ni qué Juez lo firmó y por supuesto tampoco obra copia del oficio librado.
Al respecto, no es posible determinar si se produjo un error en la digitalización del expediente donde falten fojas o si efectivamente no se cuenta con el proveído y el oficio que solicitó al Juzgado de Familia la información pertinente, debiéndonos expedir con las constancias que fueron elevadas a este Sr. Juez de Recursos.
Los siguientes proveídos resultan de fecha 13/08/2025 - por el cual la Sra. ConJueza I.B. se avoca al entendimiento de la presente investigación- y de fecha 09/09/2025 en los cuales insiste -en las dos oportunidades-, en la materialización de la escucha de los niños mediante cámara Gesell, sin ordenar ninguna otra medida de instrucción tendiente al esclarecimiento de los hechos ni a brindarles asistencia a las víctimas. Llegamos así a fs. 77/80, que consisten en la incorporación de la denuncia de la Sra. J.R.V. ante la Fiscalía de Instrucción acompañada del requerimiento por los delitos de “usurpación en concurso ideal con coacción simple” con solicitud de pruebas en fecha 15/05/2025, sin que se provea nada al respecto.
Acto seguido se acumula en fecha 12/11/2025 un nuevo requerimiento fiscal de instrucción por el delito de desobediencia, a fs. 84/85, sin que se provea nada al respecto.
Seguidamente a fs. 91/93 se incorpora el acta/denuncia de G.M.S. de fecha 04/11/2025.
Recién, en fecha 03/12/2025, fs. 98 se provee dando intervención a Infancia municipal por los niños víctimas y se solicita informe al juzgado de familia si se encuentran medidas cautelares vigentes. En misma fecha a fs. 104 obra escrito de la fiscalía solicitando a la Instrucción se expida respecto a las medidas de prueba del requerimiento de instrucción.
Para sorpresa de esta Alzada, el siguiente proveído es de fecha 27/03/2026, con un informe actuarial que daba cuenta que el imputado estaba detenido por un hecho cometido en flagrancia y con violencia hacia su pareja y hacia la Sargento M.J.C. que estaba de consigna fuera de su domicilio, ordenando en ese acto recibirlo en indagatoria en los presentes actuados en misma fecha. Es decir, recién estando detenido por un nuevo hecho de violencia contra la pareja, se estimó –sin más- que había mérito para el llamado a indagatoria en los presentes actuados.
Lo que sigue a continuación en lo sustancial son las declaraciones indagatorias –tomadas por separado por no haber acumulado el último episodio-, donde el 27/03/2026 se le reprocha -en las presentes actuaciones- cuatro (04) hechos: de fechas 19/05/2024, 27/10/2024, 15/05/2025 y 04/11/2025.
Y, en misma fecha 27/03/2026, obra otra acta de indagatoria donde se le endilga el hecho que habría acaecido aproximadamente a las 00:05 hs. del mismo día, en autos caratulados: “C.A.F. S/Desobediencia y Daños”, Expte. Nº 11.444/26, que posteriormente, en fecha 09/04/2026 recién ordenan la acumulación del preventivo por el que estaba detenido y desencadenó el llamado a indagatoria.
De todo este análisis pormenorizado de lo acontecido en el presente legajo detectamos claramente que, el Juzgado de Instrucción hubo de asumir una actitud no tolerable en el marco de actuaciones de índole de violencia de género, limitándose a acumular las sucesivas denuncias de la Sra. J.R.V. –las que no hacen otra cosa que dejar expuesto el presunto espiral de violencia doméstica en el que ella y sus cuatro hijos menores se encontrarían inmersos-, en tanto el fuero de familia en cada oportunidad en que la pretensa víctima acudía a denunciar hechos de violencia sufridos por parte de su pareja (y a la postre ex pareja), inmediatamente en ejercicio de la debida diligencia reforzada disponía medidas cautelares en resguardo de los derechos vulnerados.
El hecho de que luego de transcurrir holgados meses en los que no se escuchó a la damnificada, se ordene convocarla a una pericia psicológica luce revictimizante dentro de este contexto, al igual que se haya indagado al encartado el mismo día en dos actos separados, cuando por economía procesal y en función de la conexidad subjetiva y objetiva se debió acumular el último hecho; no son más que una muestra de la pérdida de rumbo en el marco de la investigación criminal.
Con lo cual esta Alzada se ve en la imperiosa necesidad de conminar al Juzgado de Instrucción a imprimir celeridad y concretar las medidas probatorias tendientes a completar la instrucción en el marco de la debida diligencia reforzada, toda vez que desde la primer denuncia del 18/05/2024 a la fecha, han transcurrido veinticuatro (24) meses. Este Sr. Juez de Recursos hubo de efectuar a la Instrucción anteriormente en otros expedientes recepcionados en grado de apelación de la misma dependencia, las recomendaciones requeridas por la perspectiva de género y derechos de NNyA, con sustento en la normas convencionales, que exige de parte de la judicatura asumir una responsabilidad reforzada, tendiente a dar cumplimiento con el deber asumido por el Estado Argentino para prevenir, sancionar y erradicar hechos de violencia contra las mujeres.
Dicho más claro, no es admisible que de parte de la judicatura se deje plasmado en el auto de procesamiento referencias normativas genéricas de la perspectiva de género sino que ello debe ser abordado de manera eficaz en cada acto de la actividad jurisdiccional.
III. En función de lo expresado en el considerando que antecede, se deberá remitir copia de la presente resolución mediante oficio de estilo al Sr. Secretario de Superintendencia y Jurisprudencia a los fines que estime corresponder.
IV. Reserva del caso federal: Para el caso que se rechace su pretensión la defensa deja planteado expresamente el caso federal, por entender vulnerados el principio de legalidad, la defensa en juicio y el debido proceso amparados por normas constitucionales, lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
V. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
incoados por la defensa, de conformidad a lo expuesto en los considerandos que anteceden.
2. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 122/134, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
3. HACER SABER A LA INSTRUCCIÓN lo consignado en el punto II) de los considerandos que anteceden.
4. LIBRAR OFICIO al Sr. Secretario de Superintendencia y Jurisprudencia, ADJUNTANDO COPIA DE LA PRESENTE, de conformidad con lo dispuesto en el III) considerando que antecede.
5. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada por la defensa.
6. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
7. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
8. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia