Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmando la sentencia dictada en autos en cuanto fuera materia de recurso… FDO: L.
D. P.” (Conforme autos caratulados “GOMEZ, SEBASTIAN ALEJANDRO Y ROMERO, EDUARDO s/ PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA NRO. 21-070001982-2 Cita: 1188/16 Nº de tomo: 004 Folio N° 010 Resolución N° 734 Fecha del fallo:
04/12/2014 Colegio de Cámaras de Apelación en lo Penal (Rosario) - Santa Fe Jueces Georgina Elena DEPETRIS Carina LURATI Adolfo Benjamín José PRUNOTTO LABORDE, ACUERDO Nº: 734 Tº: IV Fº: 10/11 04 días del mes de Diciembre de 2014) (La Negrita y el subrayado son de mi autoría)
Queda acreditado que, del arma de fuego secuestrada, los imputados no poseían autorización para su tenencia como así de su portación, siendo además que de las dos armas de fuego restantes, poseían autorización de tenencia, no encontrándose acreditado su autorización de portación. Respecto de agravio en relación al concurso material, claramente se trata de hechos diferentes, por lo que el mismo es correcto y debe ser confirmado. Para ser claro, en los autos caratulados: “INCIDENTE DE COPIAS EN AUTOS: I., L.A. S/ Homicidio R/víctima” Expte. …
TOMO: XXII REGISTRO: 018 FOLIO: 167/186
Caleta Olivia, 21 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “A. F. F. Y OTROS S/ ABIGEATO AGRAVADO” Expte. Nº 63.681/26, N° de Juzgado de Recursos 8512/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 251/286, el Sr. Juez de Instrucción decidió: “…I.-DECRETAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de A. F. F. titular del DNI Nº **.***.***, por encontrarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de ABIGEATO AGRAVADO POR LA PARTICIPACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS Y ENCUBRIMIENTO EN CONCURSO REAL (Art.277, 167 quater inc. 6to y 54 del C.P.A.), por el que fuera indagado, hecho ocurrido en fecha **/**/2026 sobre DIRECCION_1 de Pico Truncado, trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00) suma actualizables según la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos cartera general (arts. 499 y ccs. del C.P.P.).
II.-ORDENAR LA INMEDIATA LIBERTAD BAJO CAUCIÓN JURATORIA, de A. F. F. ... III.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de A. L. titular del DNI Nº **.***.**, por encontrarlo prima facie autor penalmente responsable del delito ABIGEATO AGRAVADO POR LA PARTICIPACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS Y ENCUBRIMIENTO EN CONCURSO REAL (Art.277, 167 quater inc. 6to y 54 del C.P.A.), por el que fuera indagado, hecho ocurrido en fecha **/**/2026 sobre DIRECCION_1 N° 12 a 60 Km del Pico Truncado, trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00) suma actualizables según la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos cartera general (arts. 499 y ccs. del C.P.P.).
IV.-DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO para procesar o sobreseer a A. L. en orden al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO (Art. 189 bis inc.2 tercer párrafo del C.P.A) por el que fuera indagado, hecho ocurrido en fecha **/**/2026 sobre DIRECCION_1 de Pico Truncado. V.-ORDENAR LA INMEDIATA LIBERTAD BAJO CAUCIÓN JURATORIA, de A. L. ... VI.-DECRETAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de C. E. A. titular del DNI Nº **.***.***, por encontrarlo prima facie autor penalmente responsable del delito ABIGEATO AGRAVADO POR LA PARTICIPACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS, ENCUBRIMIENTO Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL (Art.277, 167 quater inc. 6to y 189 bis inc.2 tercer párrafo del C.P.A.), por el que fuera indagado, hecho ocurrido en fecha **/**/2026 sobre DIRECCION_1 de Pico Truncado, trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00) suma actualizables según la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos cartera general (arts. 499 y ccs. del C.P.P.).
VII.-ORDENAR LA INMEDIATA LIBERTAD BAJO CAUCIÓN JURATORIA, de C. E. A. ... VIII.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de J. M. A. titular del DNI Nº **.***.***, por encontrarlo prima facie autor penalmente responsable del delito ABIGEATO AGRAVADO POR LA PARTICIPACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS, ENCUBRIMIENTO Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL (Art.277, 167 quater inc. 6to y 189 bis inc.2 tercer párrafo del C.P.A.), por el que fuera indagado, hecho ocurrido en fecha **/**/2026 sobre DIRECCION_1 de Pico Truncado, trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00) suma actualizables según la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos cartera general (arts. 499 y ccs. del C.P.P.).
IX.-ORDENAR LA INMEDIATA LIBERTAD BAJO CAUCIÓN JURATORIA, de J. M. A.... X.-DECRETAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de M. E. P. titular del DNI Nº **.***.***, por encontrarlo prima facie autor penalmente responsable del delito ABIGEATO AGRAVADO POR LA PARTICIPACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS, ENCUBRIMIENTO Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL (Art.277, 167 quater inc. 6to y 189 bis inc.2 tercer párrafo del C.P.A.), por el que fuera indagado, hecho ocurrido en fecha **/**/2026 sobre DIRECCION_1 de Pico Truncado, trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00) suma actualizables según la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos cartera general (arts. 499 y ccs. del C.P.P.).
XI.-ORDENAR LA INMEDIATA LIBERTAD BAJO CAUCIÓN JURATORIA, de M. E. P. ...”
Contra dicha resolución el Sr. M. E. P. interpone recurso de apelación a Fs.297/298 y 374; los imputados J. M. A. y C. E. A. interponen recurso de apelación a fs. 371 y A. F. F. lo hizo a Fs.373, por su parte el imputado A. L. interpuso recurso de apelación contra el procesamiento dictado a fs. 384; motivándolo con posterioridad el defensor particular doctor Miguel Darío Hubert a fs. 410/414. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 424.
En esta instancia es mantenido a fs. 471 por el Dr. Hubert, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, a fs.475, posteriormente se corre en vista al Sr. Fiscal de Cámara, doctor Carlos Rubén Rearte, evacuando la misma a fs.479, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver. II.-Al motivar el recurso, el Dr. Hubert manifiesta que la impugnación se dirige contra el auto de procesamiento sin prisión preventiva y embargo dictado respecto de los imputados, cuestionando la atribución de participación en el delito de abigeato agravado por la intervención de tres o más personas y, en los casos correspondientes, la portación ilegal de arma de fuego. La defensa solicita la revocación del procesamiento y el sobreseimiento. Sostiene que no se encuentra debidamente acreditado que los animales vacunos hallados o faenados pertenecieran a la Estancia El Porvenir. Señala que la resolución se apoya en afirmaciones insuficientes respecto de la titularidad de los animales y que no existirían elementos objetivos que permitan determinar con certeza su procedencia.
Se agravia porque, tratándose de ganado mayor, la normativa exige la correspondiente marca o señal como medio de identificación. Afirma que los animales involucrados no presentaban marcas que permitieran individualizar de manera inequívoca a su propietario. También cuestiona que se pretenda suplir esa ausencia mediante tatuajes, reseñas, fotografías u otros elementos que, según la defensa, no poseen la eficacia identificatoria exigida por la legislación aplicable.
La defensa impugna la valoración probatoria de las fotografías incorporadas a la causa. Señala que las imágenes no permiten determinar con seguridad la propiedad de los animales ni establecer que se trate de los mismos ejemplares supuestamente sustraídos. Asimismo, cuestiona las conclusiones extraídas de fotografías de camionetas, rastros y demás elementos, por considerar que no permiten una vinculación cierta con los hechos investigados.
Cuestiona la fuerza convictiva de las declaraciones testimoniales utilizadas para atribuir la propiedad y procedencia de los vacunos. La defensa entiende que las referencias de los testigos no resultan suficientes para suplir la falta de una identificación legal y objetiva de los animales, y que las apreciaciones personales no permiten alcanzar el grado de probabilidad requerido para sostener el procesamiento.
El recurso sostiene que existen inconsistencias respecto del horario, recorrido y lugar en que habrían ocurrido los hechos. Se cuestiona la posibilidad material de compatibilizar los distintos horarios mencionados, las distancias recorridas y la ubicación de las camionetas. La defensa afirma que tales contradicciones debilitan la hipótesis acusatoria y generan dudas acerca de la reconstrucción efectuada.
Objeta la conclusión según la cual las camionetas secuestradas habrían sido utilizadas para trasladar animales o carne proveniente del hecho. La defensa destaca que los rastros encontrados no permitirían determinar su origen con certeza y cuestiona que la presencia de manchas, pelos u otros indicios sea suficiente para vincular los vehículos con los animales denunciados como sustraídos.
Sostiene que la resolución no describe de manera suficientemente precisa cuál habría sido el aporte concreto de cada uno de los imputados. La defensa cuestiona que se atribuya una participación conjunta a partir de circunstancias generales, sin individualizar actos específicos que permitan establecer el dominio del hecho, cooperación o intervención penalmente relevante de cada persona.
Respecto de M. E. P., cuestiona especialmente la inferencia de participación derivada de la utilización o presencia de su camioneta y de los datos obtenidos de su teléfono celular. La defensa sostiene que tales circunstancias no demuestran por sí mismas que hubiera intervenido en la sustracción o faenamiento de los animales y destaca las explicaciones brindadas acerca de sus desplazamientos y actividades.
Cuestiona que las comunicaciones, desplazamientos, presencia en determinados lugares o relaciones entre los imputados permitan inferir, sin otros elementos corroborantes, una actuación conjunta en el hecho. Considera que la resolución construye una hipótesis incriminatoria a partir de indicios que admite explicaciones alternativas y que no poseen entidad suficiente para sustentar el procesamiento.
Se agravia de la atribución del delito de portación ilegal de arma de fuego, señalando que no se habría acreditado de manera suficiente quién portaba concretamente el arma, en qué circunstancias ni bajo qué condiciones. La defensa entiende que la mera existencia o hallazgo de armas no permite atribuir automáticamente su portación a los imputados, debiendo demostrarse la disponibilidad inmediata y el vínculo personal con el arma. El recurso sostiene que no existen elementos suficientes para demostrar un acuerdo previo entre tres o más personas dirigido a cometer el abigeato. Afirma que la resolución presume una actuación coordinada a partir de vínculos personales, comunicaciones o coincidencias espaciales, sin prueba bastante acerca de una decisión común y consciente de participar en el delito. Como consecuencia de la falta de individualización de las conductas y del supuesto acuerdo previo, la defensa cuestiona la aplicación de la figura agravada por la participación de tres o más personas. Entiende que no basta con constatar la presencia o relación entre varios sujetos, sino que debe acreditarse su efectiva intervención en la ejecución del hecho.
La defensa afirma que el procesamiento se sustenta en una construcción indiciaria basada en inferencias y conjeturas. Cuestiona que se hayan valorado de manera aislada comunicaciones telefónicas, fotografías, rastros, desplazamientos y vínculos personales, sin que ninguno de esos elementos permita, individualmente ni en conjunto, afirmar con el grado de probabilidad exigible la participación de los imputados.
Sostiene que las dudas existentes respecto de la propiedad de los animales, su identificación, el horario y lugar del hecho, los vehículos involucrados y la intervención individual de los imputados impiden mantener el procesamiento. La defensa invoca el principio de inocencia y entiende que la hipótesis acusatoria carece de sustento probatorio suficiente.
Solicita el sobreseimiento de los imputados.
Asimismo, deja planteada la reserva del caso federal. En esta instancia al ampliar fundamentos el Dr. Miguel Darío Hubert, sostiene que en primer lugar plantea la incompetencia del juzgado de instrucción para continuar con la investigación, por cuanto los hechos que se investigan no acontecieron en jurisdicción del Juzgado de Pico Truncado. Que como surge de la motivación realizada, los hechos sucedieron a más de 300 km de distancia de Pico Truncado, (cfr. Art. 31 CPP). Que en segundo lugar plantea la atipicidad del hecho imputado a sus defendidos por cuanto no se acreditó la propiedad de los animales faenados, siendo de aplicación el art. 7 de la ley nacional 22.939.
Que en tercer lugar planteo la atipicidad del hecho imputado respecto a la portación de armas, por cuanto el bien jurídico tutelado por el tipo penal endilgado a sus defendidos requiere que el mismo sea en un lugar poblado, y ellos no portaron las armas en lugar poblado, sino en lugar totalmente despoblado y con la documentación en regla.
Finalmente, plantea se revoque el procesamiento por el delito de encubrimiento por cuanto no está acreditada la comisión de delito anterior, la intervención de ninguno de mis defendidos en ese supuesto hecho y tampoco la existencia de promesa anterior. La falta de coincidencia entre el número de motor y el número de cuadro de la motocicleta no es suficiente para procesar a los nombrados, por cuanto no existe denuncia penal acreditada en autos. Tampoco está acreditado el tipo subjetivo entendido como el real conocimiento de que el motor y el cuadro de la motocicleta sean consecuencia de un delito anterior.
III.-Al contestar la vista conferida al Fiscal de Cámara, éste expresa que luego de analizar en profundidad los presentes actuados y teniendo en cuenta el informe de novedad de fs. 03/vta., lo declarado por el Sr. M. N. M. a fs. 143/144, quien requirió la presencia del personal policial y lo manifestado por el Comisario Jorge Rubén Castillo a fs. 174/176 vta., surge que la estancia “El Porvenir” se encuentra a unos 60 km. de la ciudad de Pico Truncado por la Ruta Provincial N° 12, en dirección a la localidad de Gobernador Gregores.
Por ello, entiendo que es competente para entender en autos el Juez de Instrucción de Pico Truncado. IV.-Respecto de la incompetencia planteada en su escrito por el defensor al ampliar fundamentos entiendo que no le asiste razón al letrado dado que, y en forma coincidente con lo expresado por el Fiscal de Cámara considero que el hecho denunciado ocurrió claramente en cercanías de la ciudad de Pico Truncado, por ello la atribución de competencia aludida es la correcta. En los autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCEPCION DE COMPETENCIA EN AUTOS: SR. FISCAL DE ESTADO S/ Formula Denuncia”, Expte. Nº 84.999/24, N° de Juzgado de Recursos 7945/25, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: " En este orden, se ha sostenido que: "Nótese que en materia de interpretación de las leyes penales el primer método a corroborar es el gramatical, y únicamente frente a la poca o nula claridad de la letra de la norma corresponde al intérprete indagar otros métodos interpretativos en procura de una correcta adecuación típica, por caso la voluntad del legislador, o el método histórico y el sistemático." (Conforme CASOS DE DERECHO PENAL PARTE ESTECIAL, TOMO I, EDGARDO ALBERTO DONNA - HORACIO DIAS - JOAQUIN OCTAVIO MARCET - GUIDO EZEQUIEL WAISBERG, Ed.
Rubinzal-Culsoni, en este caso la cita corresponde al Dr. Horacio Días, Pág. 196) La norma en análisis no ofrece problema alguno de interpretación, pues es claro el art. 31 del CPP., al establecer la competencia territorial. Lo que puede ser, en algunos casos, materia de análisis en base a la información con la que se cuenta, es si el lugar del hecho esta determinado o es fácilmente determinable. Entiendo que en autos no hay dificultades desde el aspecto informativo para sostener en qué lugar se cometió el presunto hecho delictivo. Ello así, pues las citas que han realizado las partes para fundamentar sus argumentaciones, que han tenido en cuenta otros supuestos de intervención, lo son a partir de una eventual indeterminación del lugar en donde se cometió el delito, pues va de suyo que si la información aportada en la denuncia, es suficiente, entonces éstos criterios son desplazados por la propia letra de la ley, que es y debe ser la primer fuente de interpretación de la función jurisdiccional. El artículo 31 del C.P.P. estipula que: “Será competente el Tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito. En caso de tentativa, lo será el de la circunscripción judicial donde se cumplió el último acto de ejecución. En el caso de delito de continuado o de delito permanente, será competente el Tribunal de la c ircunscripción judicial en la que cesó la continuación o la permanencia”. En este sentido el Dr. Sebastián Rodrigo Ghersi, en el comentario al Artículo 37 del C.P.P.N., en la obra “CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN. COMENTADO Y ANOTADO”, Editorial La Ley, comentado por Miguel Ángel Almeyra, 1º Ed., Buenos Aires, 2007, página 432, sostuvo “Debe entenderse por lugar de comisión del delito, el sitio donde se ven realizados en su totalidad los elementos del tipo penal correspondiente al delito en cuestión. Es decir tanto la acción típica como su resultado, cuando el tipo en particular lo requiere. Para su concreta determinación debe analizarse las características de cada delito en particular… Expresó la Corte Suprema que: “Tanto el lugar donde se desarrolla el ardid propio de la estafa como aquel en el que se verifica la disposición patrimonial deben ser tenidos en cuenta para establecer la competencia territorial” (CS, Competencia Nº 165, XXII, Fallos: 311:2607, “Giner, Gonzalo…”, rta.
6/12/1988… En los llamados “delitos a distancia”, en los cuales los diferentes pasos del iter criminis, se producen en lugares distintos, debe tenerse por cometido en todos los sitios donde se realizaron parte de las acciones típicas y el resultado… “En los llamados “delitos a distancia”, es decir, en todos aquellos hechos en que los diferentes pasos del iter criminis no se producen en el mismo lugar, la adopción del criterio de ubicuidad para establecer el lugar de comisión de los hechos supone como consecuencia, para los supuestos de tentativa, que el delito deba reputarse cometido tanto en el lugar donde comenzó la ejecución como en el lugar donde se hubiera consumado, y la atribución de competencia se hará atendiendo a exigencias de economía procesal, la necesidad de favorecer la buena marcha de la administración de justicia y la defensa de los imputados” (CS, Competencia Nº 1497 XL, T. 328, “Moraleja, Christian…”, rta. 26/4/2005)… “Por imperativo constitucional, a los efectos de determinar la jurisdicción territorial debe tenerse en cuenta, prioritariamente, el lugar en el cual se consumó el delito, lo que no debe confundirse con el lugar en el que se produzcan los efectos extra-típicos del hecho ilícito” (CS, Competencia Nº 215.
XXI, Fallos: 310:2156, “Poli, Carlos Eduardo…”, rta. 27/10/1987”. Por otra parte el artículo 32 del C.P.P. establece una regla subsidiaria, indicando y ordenando que: “Si se ignora o duda en qué circunscripción se cometió el delito, será competente el Tribunal que previno en la causa”. Al comentar el artículo 38 del C.P.P.N. el Dr. Sebastián Rodrigo Ghersi, en la misma obra precitada, página 434/435, expresó “A efectos de evitar contiendas sin sentido que aletarguen el proceso, atentando así contra el debido proceso y la debida celeridad procesal, la regla del art. 38 determina que el juez que primero conoció en la causa (el que previno) sea el competente para continuar la investigación. Queda claro que si luego de reunir más probanzas del hecho en cuestión, surge en forma evidente que la comisión ocurrió en extraña jurisdicción deberá proceder a declarar su incompetencia.
Por el contrario deberá proseguir con su trámite hasta el final, si la determinación del sitio de comisión resultare imposible… Es por ello que la regla del art. 38 implica que toda declinación de la competencia debe estar precedida de una investigación mínima que permita, aunque sea en forma provisoria, determinar la calificación del ilícito –por la competencia material- y su lugar de ocurrencia, salvo que ello surja claramente desde el inicio de las actuaciones. Una vez establecidos dichos extremos deberá procederse, sin más, con la declaración de incompetencia”. Cuando existen dudas sobre la determinación del lugar en donde se ha cometido un delito, la dogmática procesal ha explicado las reglas para la determinación de la competencia, y a guisa de ejemplo, en el nuevo Código Procesal Penal Federal fueron reguladas en el art. 45, que al ser comentado, se ha indicado que: “La interpretación del lugar de comisión del hecho debe efectuarse teniendo en cuenta la estructura del tipo o clase de delito en que aquél encuadra.
Si se trata de un tipo de omisión (simple o pura), el lugar de comisión es aquel en donde el imputado debió realizar la acción ordenada. En los tipos comisivos de simple conducta, es decir, aquellos que no exigen resultado, el lugar de comisión será aquel en donde el imputado habría realizado el comportamiento o conducta. En los tipos comisivos que no exigen un resultado material de peligro o daño, esto es, los denominados tipos o delitos formales, ellos se cometen en el lugar en donde se ha desarrollado el comportamiento que acarrea el daño potencial al bien jurídico. Los tipos comisivos de resultado material, desde el punto de vista sustantivo, se consuman cuando y donde se produce el resultado de peligro (v.gr., abuso de armas, art. 104, CPen.) o daño (v.gr., homicidio, art. 79, CPen.)…Las dificultades aparecen cuando no coinciden el lugar del comportamiento y el del resultado.
Para estas situaciones equiparar lugar de comisión con el de la consumación del delito, a fin de determinar la competencia territorial, aun cuando es una solución que por su claridad minimiza los conflictos de competencia, no siempre resulta satisfactorio desde la óptica de la defensa en juicio y de la eficacia del proceso penal. Para una adecuada protección de estos intereses, la Corte Suprema de Justicia adoptó la llamada teoría de la ubicuidad, conforme a la cual si el hecho o los plurales hechos a investigar fueron cometidos en distintos lugares, porque en algunos de ellos se verificó la acción o una etapa decisiva de ella y en otro el resultado, la determinación del juez competente debe hacerse de acuerdo con lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una más eficaz investigación, mayor economía procesal y mejor defensa de los imputados.
Compartimos esta solución más flexible… Además, sólo es admisible la continuidad del delito cuando el bien jurídico admite ser afectado por grados. En estos casos, es competente el juez del distrito donde cesó la continuidad…” (Conforme ROMERO VILLANUEVA, HORACIO J. CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN COMENTADO - 1A ED. - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: ABELEDO PERROT, 2015, pág. 441 y ss. ) Como puede observarse, la línea de razonamiento que se realiza en el presente auto, tiene en cuenta todas las circunstancias a los fines de una correcta determinación del órgano jurisdiccional que deberá intervenir y continuar con la investigación, pero las partes del proceso deben comprender, que esta cuestión no es de libre disponibilidad de ellas, sino que es impuesta por la propia legislación procesal penal y que si no se respeta el análisis de las distintas reglas establecidas en la ordenanza procesal para la asignación de la competencia territorial, sí puede llegar a afectarse el principio de Juez natural.
Hay que tener presente, conforme lo establecido en el artículo 19 del CPP., que: “La jurisdicción penal es improrrogable, lo que significa que es forzosa, que proviene de la ley misma y no puede, bajo ningún concepto, quedar supeditada a la decisión expresa o tácita de las personas que intervienen en el proceso. Ello, porque excede el interés de los particulares que participan en el proceso.” (Conforme ROMERO VILLANUEVA, HORACIO J.
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN COMENTADO - 1A ED. - CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES: ABELEDO PERROT, 2015, pág. 435)
Cuando se sabe donde se cometió el hecho, el parámetro a aplicar es el que establece la propia ordenanza procesal, no funciona la eventual prórroga de la jurisdicción en la que se pudiera incurrir, a preferencia de las partes en el proceso penal. Sobre el particular, la dogmática ha señalado que: "Cabe aclarar que el principio general es que las cuestiones de competencia no afectan la garantía. La Corte considera que "...la cuestión de competencias entre los tribunales permanentes del país es cuestión ajena a la garantía de los jueces naturales y extraña al recurso extraordinario..."
Para mayor rigor se enumeran las piezas procesales donde a simple vista se puede corroborar que el suceso ocurrió en jurisdicción territorial de Pico Truncado, esto es, Informe de novedad fs. 03 donde el Sr. J. R. C., manifestó que la llamada telefónica fue realizada por el ciudadano M. N., quien indicó ser el dueño de la estancia denominada el porvenir la que se halla situada a 60 Km, sobre la ruta provincial N°12 al sur de la cuidad de Pico Truncado, lugar donde se había producido el hecho denunciado.
El acta de secuestro de Fs. 05 en su inicio expresa claramente: en la Jurisdicción de la División Comisaria Primera de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, a los FECHA_2, siendo las 00:20 hs. El funcionario actuante ruta Nro. 12, a una distancia de 60 km de Pico Truncado..."; actas que fueran realizadas el mismo día en que sucedieron los hechos denunciados.
Así también las demás piezas que enunció el Fiscal de Cámara, donde se aprecia sin hesitación, que el lugar donde ocurrió el hecho fue en cercanas de la ciudad de Pico Truncado, por lo que el agravio sobre la falta de competencia territorial no puede tener acogida. Por todo lo expresado, corresponde rechazar el agravio en este sentido.
V.-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
Como fundamento dogmático,cabe señalar que se ha sostenido que: “Con motivo de la mencionada reforma, este delito pasó a denominarse abigeato, término con el que ha sido conocido históricamente. La reforma permite apreciar que, por un lado, se ha creado un nuevo tipo penal que ha sido ubicado en un capítulo propio e independiente del hurto —Capítulo II bis—, generándose con ello una consecuencia de gran importancia dogmática: el abigeato ha dejado de ser una figura derivada del hurto (agravada por la naturaleza del objeto protegido) para pasar a convertirse en un delito autónomo, constituido por un tipo genérico o básico con sus propias circunstancias de atipicidad, especialmente distintas de las del hurto del art. 162.
Por otro lado, y también como consecuencia de este cambio legislativo, la nueva figura ha pasado a constituir un género propio de los delitos contra la propiedad, con circunstancias agravantes propias, que excluyen la aplicación de las agravantes específicas del hurto y del robo. Vale decir, que el apoderamiento ilegítimo de un animal ajeno, dejado en el campo (anteriormente considerado como hurto de ganado), hoy es un hurto simple. La incriminación del abigeato como delito patrimonial, conlleva la pretensión de proteger específicamente la riqueza ganadera del país, no solo por el valor de mercado que el animal tiene para su propietario, sino por la situación de indefensión en la que la mayoría de las veces se encuentra el ganado por el lugar en que se encuentra, por lo general en lugares o en situaciones en las que la defensa privada es menos eficaz, por ejemplo, durante el transporte o cuando se encuentra en un establecimiento rural fuera de la vista del dueño o de quien pudiere tener a su cargo la custodia de los animales.
De aquí la justificación en el rigor de la pena con que se amenaza la sustracción de esta clase de animales. Se trata de un tipo mixto alternativo, cuya consumación coincide con el apoderamiento del animal en cualquiera de las modalidades previstas en el tipo (en el ámbito físico de un establecimiento rural o durante el transporte del ganado). Por tratarse de un delito autónomo, no le son aplicables las agravantes propias del hurto ni del robo, ni — consecuentemente— la excusa absolutoria del art. 185. No obstante la nueva regulación, el bien jurídico protegido sigue siendo la propiedad del ganado mayor o menor. … La acción típica consiste en "apoderarse ilegítimamente del animal ajeno". El concepto de apoderamiento ya fue suficientemente desarrollado en oportunidad de tratar el delito de hurto simple, y allí hacemos la remisión. … Se trata de un tipo penal común de sujetos indiferenciados; por lo tanto, cualquier persona puede serlo. … El objeto del delito es el ganado, esto es, aquellos cuadrúpedos de cierta alzada, que por lo general forman grey o rebaño y son de especie doméstica, de carga o para carne, es decir, animales que tienen utilidad para el trabajo, la industria y la alimentación, aunque otras características no son excluyentes, por ejemplo, un caballo de carrera dentro de un establecimiento rural o un toro para cría.
Con arreglo al texto legal, el apoderamiento debe ser de "ganado mayor o menor", no de cualquier clase de animales, vale decir, que debe tratarse —como se dijo— de aquellas bestias que forman grey o rebaño y apacientan en los campos. El término "ganado mayor" abarca el ganado bovino (vacas, bueyes, cebúes), equino (caballar, asnal, mular) y, según algunas opiniones, otros animales de cierta talla, como, por ejemplo, llamas, vicuñas, etc., que forman parte de la riqueza ganadera de algunas regiones del país. Pero, tenemos nuestras dudas de que deba incluirse a ciertos animales salvajes, por ejemplo, el ciervo de los pantanos u otros venados que habitan en nuestros montes y bañados del nordeste —ni siquiera por equiparación—, por cuanto estos animales están protegidos por un régimen especial (ley 22.421de Conservación de la Fauna Silvestre) y, en ocasiones, pueden quedar comprendidos en la ley 14.346 si se diere el caso de animales cautivos o domesticados.
El término "ganado menor", hace referencia al ganado ovino, caprino y porcino. Están excluidos de esta categoría, por consiguiente, ciertos cuadrúpedos menores, como los conejos, castores, nutrias, etc., toda clase de aves, los animales salvajes, los que están en cautiverio, los domesticados que hayan recobrado su antigua libertad natural y aquellos animales que no son para carga o carne (por ejemplo, los perros). La sustracción de estos animales, sea en el campo o dentro de un establecimiento rural, constituye hurto simple. Un problema podría presentarse con la sustracción de un caballo de carrera, pues, si bien integra normativamente la categoría "ganado", la aplicación de la agravante dependerá del lugar en donde se produce la sustracción; si se lo "roba" dentro de un establecimiento rural o mientras es transportado al hipódromo en un vehículo con motor, será aplicable el tipo de mayor penalidad, pero si la sustracción se produce en el hipódromo o mientras entrena para competir en la pista, habrá un hurto simple, pues ni está dentro de un establecimiento rural ni está en viaje.
La misma solución opera para los casos de caballos que son usados en un circo para divertimento del público espectador. La misma solución cabría si se tratare de la sustracción de una vaca lechera o de una oveja que se tienen en una casa particular. Distinta sería la situación en aquellos casos de animales orejanos. Un animal es orejano cuando carece de marca o señal que permita la individualización del propietario. No se trata, necesariamente, de una res nullius (cosa sin dueño), pues puede tratarse de un animal cuyo propietario aún no ha procedido a marcarlo o señalarlo. Sin embargo, en esta última hipótesis, el tenedor del animal —aun sin marca o señal— es el dueño, por cuanto lo tiene bajo su poder y así lo disponen los arts. 1947 del Cód.
Civ. y Com. y 10 de la ley 22.939, con la reforma de la ley 26.478, cuyo texto establece que el poseedor de hacienda orejana quedará sometido, en su derecho de propiedad, al régimen de las cosas muebles. Por lo tanto, el animal orejano bajo el dominio de su tenedor no tiene la categoría de res nullius, pues si así fuera, no podría cometerse nunca el delito que nos ocupa, pues —aún en una propiedad ajena— la apropiación de una cosa sin dueño no es punible a ningún título. La situación de estos animales, entonces, dependerá de ciertas circunstancias que permitan discernir sin son animales ajenos o no, estatus que da la idea de una contradictio in terminis, pues si el animal es ajeno entonces no es orejano, algún dueño habrá de tener y, contrariamente, si es orejano entonces no es ajeno.
Sin perjuicio de lo expuesto, podría ocurrir que nos encontremos con animales orejanos "sin dueño", piénsese, por ejemplo, en los caballos salvajes o en otros animales incluidos en la clasificación de ganado mayor o menor que vivan una vida silvestre, en libertad, pero, en todo caso, habrá que analizar la aplicación de la ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre en relación con el régimen civil de dominio de las cosas muebles. El delito puede cometerse mediante la sustracción de "una o más cabezas" de ganado mayor o menor, vale decir, para la perfección del tipo de injusto es suficiente con el apoderamiento de un solo animal. La reforma se ha mantenido dentro del sistema correcto de incriminación, puesto que, de otro modo —exigir para la configuración típica dos o más cabezas de ganado, como lo entendía una parte de la doctrina tradicional, cuando el abigeato estaba tipificado como una agravante del hurto en su texto original—, la sustracción de una sola cabeza hubiera configurado un hurto simple.
Claro que, como veremos más adelante, el número de cabezas sustraídas puede modificar la calificación y resultar una agravante del delito… El concepto de establecimiento rural ha sido incorporado por la ley 25.890 al art. 77 del Cód. Penal, con el siguiente texto: "todo inmueble que se destine a la cría, mejora o engorde del ganado, actividades de tambo, granja o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejante". Se trata, como puede apreciarse, de un elemento normativo del tipo y de textura abierta, pues incluye a cualquier otro lugar que se destine a "actividades semejantes". La definición legal concluye aludiendo a otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejante, con lo cual deja abierta la posibilidad de incluir en el concepto otros establecimientos en donde se desarrollen actividades similares a las descriptas (por ejemplo, reproducción de iguanas, ranas y lombrices —Laje Anaya— o de caracoles terrestres comestibles — Arocena—).
Quedan fuera del concepto de establecimiento rural aquellos que se ocupan de actividades diferentes a las agrícola-ganaderas y avicultura (por ejemplo, la actividad minera o la piscicultura)… La sustracción del ganado debe ser ilegítima, esto es, sin derecho a su tenencia (art. 167 ter) elemento que nos revela claramente que el apoderamiento, necesariamente, debe recaer sobre "animales ajenos". Si se tratare de animales propios que están legítimamente en poder de un tercero, entonces el hecho no sería un caso de abigeato, pero podría encuadrar en las previsiones del art. 173.5 del Cód. Penal. El delito es doloso, de dolo directo, sin posibilidades del dolo eventual o las formas imprudentes. Tratándose de animales que poseen marca o señal y que se encuentran en los dominios o poder de otro, resulta imposible que el agente dude sobre la propiedad de ellos (sabe que no son suyos), siendo, por lo tanto, de muy difícil ocurrencia el delito con dolo eventual.
La consumación coincide con la incorporación del animal al ámbito del propio poder, en el preciso momento en que nace la posibilidad de realizar actos de disposición por parte del autor de la sustracción…” (Conforme CÓDIGO PENAL: PARTE ESPECIAL, TOMO I, RUBÉN ENRIQUE FÍGARI, DIRECTOR, ABELARDO M. MANZANO, COORDINADOR, - 1a ed. - La Ley, 2021, págs.283, ss. y cc.)
Es sobre este andamiaje, que la presente investigación se inicia por actuaciones realizadas por la División de Operaciones Rurales de Caleta Olivia, a cargo del comisario Castillo, Jorge Rubén, tras haber recibido un llamado telefónico, por parte del Sr. M. N., informando que es propietario de la estancia denominada "el porvenir" sito a 60 km, sobre la ruta provincial Nº 12 al sur de la ciudad de Pico Truncado, y donde cuenta con hacienda ovina y bovina, quien señalo que en circunstancias que se encontraba en compañía de sus dos hijas menores de edad, denoto luces que encandilaban hacia su sector, percatándose sobre la presencia de entre 3 o 4 camionetas las cuales habrían ingresado por el lado sudoeste, cuyo sector linda con la estancia "la Marianita", acotando que los integrantes de citados rodados portaban armas de fuego y estarían realizando caza furtiva.
Ante la novedad, la autoridad policial coordinó un despliegue operativo, dirigiéndose distintas unidades policiales para constatar la existencia o no de lo anoticiado oportunamente.
Es así como una vez en la tranquera de la estancia "el porvenir", informa el comisario que se percataron que, a la distancia, sobre ruta provincial Nº 12 sentido de circulación sur-norte hacia la localidad de Pico Truncado-, venia circulando un rodado cuyo conductor apagaba las luces y pasado unos escasos segundos volvía a prender las mismas, rutina que no es habitual en la conducción en ruta, sobre todo en zona rural, por lo que por razones preventivas esperaron hasta su arribo para proceder a su debida identificación.
Se logra interceptar a la camioneta marca Toyota Hilux, color negra, ENTIDAD_1, la cual era conducida por el ciudadano A. F. F., acompañado por A. L. como así también en parte trasera viajaba la señora R. L., señalando que habría sufrido un siniestro vial.
Apreciando los efectivos prevencionales, que el vehículo portaba carne bovina recientemente faenada, ocupando ella la totalidad de la caja de carga. Realizando en el acto palpado preventivo de armas con resultado negativo.
Que señalan en el informe de fs. 03 que a los pocos kilómetros de iniciado el retorno a ejido urbano, arribo a la zona un vehículo de protección civil de Pico truncado quienes confirmaron la información del siniestro vial, brindando asistencia y traslado a la Sra. R. L.. Mientras se encontraban realizando la identificación de los mencionados supra, aprecian otro vehículo que realizaba misma modalidad al transitar en la misma dirección (de sur a norte por la Ruta Provincial Nº 12) por lo que fines garantizar su intercepción se comisiono la DORCO a su encuentro.
Finalmente, interceptado el rodado, se estableció que era una camioneta Ford Ranger, color blanco, DATO_1; la cual era conducida por el ciudadano C. E. A., acompañado por J. M. A. y M. E. P.. Que a diferencia del vehículo anterior este portaba moto vehículo en su caja de carga, con evidentes manchas rojizas tipo sanguinolentas en el guardabarros delantero. Constatando además que el Sr. C. E. A. portaba un cuchillo de gran porte, el cual fue retirado por razones de seguridad.
El personal actuante observo en el interior de este segundo vehículo interceptado, los ocupantes portaban 03 armas largas por lo que se los hizo descender, por razones de seguridad.
Que a partir de allí el operativo realizo una conducción controlada entre Comisaria Primera y Segunda de Pico Truncado y la unidad Operativa Rural, y una vez arribados a la seccional Comisaria Segunda se procedió a la aprensión de los causantes previa certificación médica, incautándose los dispositivos móviles de los aprehendidos, como así de las unidades automotrices involucradas en la comisión, de la carne faenada y de las armas de fuego. El Juzgado de Instrucción dispuso medidas probatorias de barrido electrónico de la totalidad de los involucrados.
En detalle se realizaron medidas probatorias varias por la instrucción, las que fueron afianzando la probabilidad positiva exigida en esta instancia procesal. Todas ellas convergen de manera armoniosa en que el procesamiento hasta aquí cumple con los parámetros exigidos en la materia con relación al sustento probatorio y la confluencia de dichos elementos como suficientes para arribar al procesamiento articulado.
Cabe señalar que los animales en la caja de una de las camionetas interceptadas, que en la otra camioneta trasladaban aparte de un motovehículo, armas varias, con lo cual puede concluir que todos estaban juntos en el plan delictivo, y todos sabían fehacientemente que se trataban de animales ajenos a su propiedad, los que habían sustraído con anterioridad.
Todos los imputados en autos, conocían la ajenidad de los animales y tal circunstancia basta para que la conducta que tipifica el delito imputado se perfeccione, conforme lo describe en nuestro código de fondo. A. quien fuera el legítimo dueño del animal, todos sabían claramente que el mismo no les pertenecía, que era de otra persona, es decir "ajeno" a cada uno de ellos mismos. No es necesario, a contrario de lo sostenido por la defensa, que tales animales se hallaren señalizados, ya que esa obligación es del propietario y forma parte de la esfera administrativa/sanitaria que la reglamenta y establece sus propias consecuencias.
En este sentido, me remito a la cita dogmática, la que claramente explica el punto en el sentido expresado. Ello así, pues estaban en un raid definible como una “cacería” de animales ovinos y bovinos ajenos. Continuando con el desarrollo, la defensa señala la orfandad probatoria, la cual no se condice con todo el material recabado hasta aquí en el proceso.
Partimos de la base de que personas armadas fueron detenidas en medio de zona rural, con animales recientemente faenados, armas y motovehículos en su carga y con un cuadro de información que aporta la evidencia material y testimonial, que llevan a concluir tal y como se hizo en autos.
Con ello surge más que acreditada la agravante determinada en autos para los imputados del presente. Entiendo, como dije, que la información agregada en autos hasta la actualidad permite establecer con el grado de probabilidad positiva, el acaecimiento del hecho, así como su subsunción típica, sin perjuicio de las valoraciones que puedan realizarse, eventualmente, a partir de la incorporación de nueva información con el avance de la presente investigación, conforme lo normado en el artículo 294 primer párrafo del CPP.
En relación con el delito de portación de arma de fuego y del cual se agravia la defensa, en los autos caratulados: “DIV. CRIA. PTO. DESEADO S/INV.
TENENCIA DE ARMA DE FUEGO” Expte. Nº 20.939/24, N° de Juzgado de Recursos 8500/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado, sostuve que: “Ahora corresponde ingresar a los agravios expresados por la defensa en cuanto a la portación de arma de fuego atribuida a los imputados. En los autos: “INCIDENTE DE COPIAS EN AUTOS CARATULADOS "DIV. CRIA. 1° S/INV.
ABUSO DE ARMA DE FUEGO Y LES. GRAVES
(Osorio)” Expte. Nº 39910/25, N° de Juzgado de Recursos 8122/25, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que: "Está claro que tanto la tenencia como la portación de armas de fuego sin la debida autorización es un delito de peligro. Se pena la conducta de tener consigo o bajo su custodia, sin la debida autorización legal, un arma de fuego, que por propia naturaleza es un objeto que introduce claramente un riesgo en la sociedad, por lo que queda descartado el análisis de los motivos que expresa en este primer agravio la defensa, como motivo de justificación de la conducta desplegada por el imputado F.. Respecto al alcance de este delito, se ha entendido lo siguiente. Siguiendo a Edgardo Alberto Donna, en su obra DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL, TOMO II-C Ed.
Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 113 ss. y cc., señala que: "...El diccionario define la palabra (referido a Tenencia) de la siguiente forma:
"expresa que lo designado en el complemento directo pertenece al ser designado en el sujeto, o está en su poder, a su alcance o a su disposición". Siguiendo esta idea, se afirma que tiene el objeto el que dispone de él físicamente en cualquier momento, sea manteniéndolo corporalmente, en su poder o en lugar donde se encuentre a disposición del agente...., agregando más adelante (pág. 115) que "El diccionario define la portación como "llevar de una parte a otra" y "llevar sobre si". Por eso se ha dicho que portar es aquella facultad por la cual el interesado se encuentra autorizado a mantener en su poder al arma, de manera que la portación implica la posibilidad de trasladar el arma de un lugar a otro...".- Asimismo se ha señalado sobre ambos supuestos (tenencia y portación) que: “…Se castiga aquí la “simple tenencia” de armas, es decir toda tenencia que no tenga ninguna finalidad específica, principalmente que no se encuentre relacionada con la comisión o su contribución a delitos contra la seguridad común. No puede asegurarse que se pretende un castigo de una situación objetiva desprovista de contenido subjetivo, sino simplemente que no tenga una finalidad trascendente a la mera tenencia. Se trata pues, al decir de algún autor, que el sujeto activo debe saber que tiene y además, querer tener.
Desde tal perspectiva, tiene le arma en su poder quien la tiene bajo su esfera de custodia o en un lugar en el que posea la posibilidad de disponer de la misma, aunque no la lleve consigo, bastando que ejerza un señorío de hecho sobre la cosa prohibida. Ha dicho nuestra Corte Suprema que “aunque quepa admitir que el concepto de tenencia no requiere de la detentación corporal permanente de la cosa, para poder afirmar que una persona es detentadora, y autora del delito, es necesario que aquélla se encuentre dentro de su ámbito de custodia, que tenga respecto del objetivo prohibido un poder de hecho tal que le permita, por su sola voluntad y sin necesidad de intervención de terceros, disponer físicamente de él.
Queda claro pues, que tiene el arma quien la porta, como quien también la guarda en un sitio al que puede acceder por estar bajo su esfera de dominio o de custodia. Se trata de un delito de peligro abstracto que no contienen una exigencia subjetiva específica como la que integra el tipo acuñado por el primer apartado del inciso 1º, aunque mantiene, en lo demás, las mismas características que aquél y entre ellas, la exigencia objetiva de punibilidad de que dicha tenencia pueda surgir un riesgo para la seguridad común. Constituye, a la vez, un delito permanente y se consuma por el solo hecho de tener el arma sin autorización, atentando de tal modo contra el bien jurídico con independencia de las motivaciones del sujeto y aun cuando se la emplee.
La tenencia tiene que ser actual, ni pasada ni futura, y no admite la posibilidad de tentativa por tratarse de un delito de los llamados formales o de simple actividad…La portación de armas representa ahora un nuevo ilícito, que se tipifica cuando un sujeto activo lleva el arma consigo, vale decir, cuando anda armado en la vía pública. Dicha portación implica la posibilidad de trasladar el arma de un lugar a otro. Representa también el ejercicio de un poder de hecho sobre un objeto particularmente prohibido por la ley, excepto que se cuente con la autorización legal que confiere el Registro Nacional de Armas. La portación no sólo puede asumir la modalidad de su posesión corporal, sino que también configura portación de armas el hecho de llevarla dentro de otro objeto que implique la plena e inmediata disposición, fuera de un sitio fijo...
Por supuesto que quien porta el arma también la “tiene” en sentido típico penal. En ambos casos –tenencia y portación- para que el hecho sea considerado delictivo, las acciones deben realizarse “sin la debida autorización legal”, o sea, sin contar con la debida autorización de la autoridad administrativa encargada de otorgarla que en el caso sería el Registro Nacional de Armas o el Registro Provincial de Armas en el ámbito nacional y provincial con relación a las armas consideradas de “guerra” por la ley 20.429 y su decreto Reglamentario 395/75, o las armas de uso civil respectivamente. La ley Nacional de Armas y Explosivos y su reglamentación (ley 20.429 y Decreto 395/75) regulan separadamente la tenencia y la portación de armas sin confundir ambos conceptos, de manera tal que el otorgamiento del permiso para la tenencia no importa en ningún caso, la autorización para portar armas que el mismo comprenda, que queda de tal modo prohibida por aplicación del artículo 14 de la misma normativa.” (CONFORME CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA COMENTADO, PARTE ESPECIAL, ALEJANDRO TAZZA, TOMO II, RUBINZAL-CULZONI EDITORES, PÁGS. 380, SS.
Y CC.)." Del acta de requisa del rodado Toyota Hilux blanca Dominio LDP-*** obrante a fs. 12, se constató la existencia de tres armas de fuego, vainas y cartuchos íntegros como así obra a fs. 29 informe de división gabinete criminalístico en el cual detalla la totalidad de vainas servidas y cartuchos íntegros; como así un arma de fuego larga o de hombro tipo carabina calibre 22, que se encontraban en el interior del vehículo. Por otra parte obra a fs. 52/61 informe elaborado por la licenciada en Criminalística M.C.C.A., respecto del arma de fuego que se encuentra secuestrada en autos como así la totalidad de vainas y cartuchos íntegros que fueron remitidos para su peritaje concluyendo la mencionada Perito:..."en relación al arma;...si es apta para el disparo y su estado de conservación en regular..." Conforme informe policial, el vehículo fue interceptado en zona rural, encontrándose el arma secuestrada y las restantes dentro del habitáculo del automotor, a disposición de los ocupantes del vehículo, Sres.
A. y C. B., lo que demuestra en el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, la existencia de armas de fuego en poder de los Sres. B., como así la disponibilidad inmediata y efectiva de las armas de fuego. Cabe señalar que la defensa establece una diferenciación tajante entre la idea de portación y tenencia de un arma de fuego, cuando en realidad lo que hay es una acción gradual en la que la mayor y mas grave, (portación) comprende y desplaza a la primera (tenencia), pero que la presupone, pues lógicamente no puede haber portación sin tenencia. Por el contrario, claramente puede haber tenencia sin portación. Desde la descripción típica formulada en la imputación, surge que había tres armas que estaban en disposición de uso y que eran portadas, por los coimputados cuando se trasladaban en el vehículo automotor, pues fueron divisadas sin mayor esfuerzo por la autoridad policial, lo que descarta, por ubicación y número, una simple tenencia compartida y nos enfrenta a una portación de dicho armamento.
Conforme surge del acta de secuestro de fs.13, la existencia de vainas servidas y un total de 85 cartuchos íntegros calibre 22.m, queda acreditado que el arma de fuego se encontraba en condiciones inmediatas de uso. El traslado como requisito de la portación, no se limita solo a la portación física del arma en que una persona la traslada usando su cuerpo, sino que se extiende a cualquier medio por el cual se realiza el mismo, en este caso, el vehículo donde se trasladaban los coimputados. La Jurisprudencia, ha sostenido en un caso de identidad fáctica, que: “Analizado el fallo, los agravios y contestación y las constancias de autos, considero que la resolución apelada es justa y adecuada a Derecho.
Más allá de la queja de las Defensas por el accionar policial como único elemento de cargo, debe tenerse en cuenta que de autos surge una razón fáctica por la cual se interceptó al rodado en que viajaban los procesados. De autos se destacan los testimonios que describen el accionar policial, el secuestro y luego el peritaje del arma en cuestión, no resultando razonable suponer -porque ninguna prueba se ha incorporado en autos en tal sentidoque se trate de un complot de parte de personal policial en contra de los encartados. No existiendo dudas del conocimiento de parte de los procesados de la existencia del arma de guerra a su disposición en el rodado en que se conducían, por estar en un lugar del que podían tomarla tanto quienes viajaban en la parte delantera como trasera del rodado, me avocaré a la cuestión que las Defensas traen en referencia a la calificación legal.
Hemos señalado ya que hay portación ilegal de un arma de fuego en los términos del art. 189 bis del CP, cuando alguien dispone y/o traslada físicamente un artefacto de ese tipo, apto para el disparo y en condiciones de uso próximo, sea un arma alimentada con el cartucho respectivo o que se lleve consigo con una disponibilidad contigua de carga de sus municiones, haciéndolo en lugar público -a pie o en un vehículo- y careciendo en el Registro respectivo de la autorización como Legítimo Usuario de armas de fuego. El bien jurídico que sostiene la norma (la seguridad pública) exige que el arma se encuentre en condiciones de ser utilizada -aun cuando su funcionamiento fuere anormal (CSJN en "Ramos", 8/7/80, LL 1981-A, 304)-, ya que si no funciona, o no es apta para su empleo como arma de fuego "desaparece toda posibilidad de peligro y la conducta es atípica", lo cual también ocurre cuando el arma apta está cargada con municiones defectuosas o ineptas para que sean detonadas (D ´Alessio, "Cód.Pen.-Pte.Esp.", p. 603 y 606, con cit. de Donna).
Lo que caracteriza al delito de portación es la detentación y traslado del armamento en un ámbito público, que lo diferencia del entorno privado en donde se define la tenencia ilegal. El lugar público es, en este aspecto, el que ubica a la figura de portación -vgr., en la calle, a pie o dentro del vehículo, en sitio de acceso público, o en un lugar privado desde donde el sujeto activo se hizo presente-. La ley asigna mayor gravedad político-criminal a la conducta de quien excede el simple hecho de poseer estáticamente el arma de fuego, al llevarla o transitar con la misma por un ámbito -la vía pública- que en el que ley desaprueba más severamente el accionar prohibido por el mayor riesgo que ello supone a la seguridad común.
Luego, al haberse determinado que el arma habida era apta, estaba cargada y fue encontrada entre los asientos delanteros del rodado en el que iban los dos procesados, dicha conducta debe entenderse como portación compartida a los fines de la coautoría, pues no es preciso asumir un contacto corporal con el objeto, sino tan sólo la posibilidad de acceder al mismo en inmediatas condiciones de uso, extremo que en el caso luce prima facie acreditado de acuerdo a las circunstancias en que se secuestró el armamento. Cabe aclarar, a mayor abundamiento que es erróneo como muchas veces se confunde identificar la acción de aprehender con la de portar, pues, sin duda resulta imposible que dos personas aprehendan un arma al mismo tiempo, más tratándose de un delito de peligro abstracto pero la situación de encontrarse en un ámbito reducido y en condiciones de uso inmediato del arma no impide que se considere a los sujetos, coautores de la portación.
(En materia de armas de fuego, es factible la tenencia compartida, lo que en el caso puede afirmarse ante la disponibilidad material que en forma alternativa tenían todas las personas que circulaban en el mismo vehículo, pues no se requiere el constante contacto físico con el arma sino la disposición que pueda tener cada uno de los involucrados sobre el objeto, lógica que deriva de su indivisibilidad. (CNCrim.Corr., sala IV, Carizu, Facundo Santiago y otro, 23/08/2010, Exclusivo Doctrina Judicial Online.) … Por tanto, el Tribunal Oral de Excma. Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario conformado para entender en los presentes; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en autos en cuanto fuera materia de recurso… FDO: L.
D. P.” (Conforme autos caratulados “GOMEZ, SEBASTIAN ALEJANDRO Y ROMERO, EDUARDO s/ PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA NRO. 21-
070001982-2 Cita: 1188/16 Nº de tomo: 004 Folio N° 010 Resolución N° 734 Fecha del fallo:
04/12/2014 Colegio de Cámaras de Apelación en lo Penal (Rosario) - Santa Fe Jueces Georgina Elena DEPETRIS Carina LURATI Adolfo Benjamín José PRUNOTTO LABORDE, ACUERDO Nº: 734 Tº: IV Fº: 10/11 04 días del mes de Diciembre de 2014) (La Negrita y el subrayado son de mi autoría)
Queda acreditado que, del arma de fuego secuestrada, los imputados no poseían autorización para su tenencia como así de su portación, siendo además que de las dos armas de fuego restantes, poseían autorización de tenencia, no encontrándose acreditado su autorización de portación. Respecto de agravio en relación al concurso material, claramente se trata de hechos diferentes, por lo que el mismo es correcto y debe ser confirmado. Para ser claro, en los autos caratulados: “INCIDENTE DE COPIAS EN AUTOS:
I., L.A. S/ Homicidio R/víctima” Expte. Nº I-56948/23, N° de Recursos 7031/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve sobre el particular en un caso diferente, que: "En relación a la imputación del delito de portación ilegal de arma de fuego (art. 189 bis inc. 2 del C.P.), por el cual el Sr. Juez de Instrucción procesó a J.L.C., en concurso real con el delito de homicidio calificado por haber sido cometido por un arma de fuego (art. 79, 41 bis del C.P.), debo señalar que no corresponde concursar ambas figuras en forma real en los términos del art. 55 del C.P..- Esto merece un análisis especial. Como primera cuestión, sobre el particular, coincido con la defensa en que no procede dicha subsunción, pero por los argumentos que desarrollaré a continuación.
En primer lugar quiero reiterar, como ya señalé expresamente en el acápite anterior, que dicha conducta, es decir la portación de arma de fuego sin la debida autorización legal, no fue imputada en ninguna de las proposiciones fácticas que integran los hechos intimados. Si bien no quiero reiterarme, quiero reafirmar un concepto que debe ser rector a la hora de diferenciar un concurso real o material de uno ideal. (Arts. 55 y 54, respectivamente del C.P.) En el concurso ideal hay una sola conducta desvalorada por dos o más pragmas conflictivos legales, a diferencia del concurso material o real que son dos o más delitos y cada uno debe reunir al momento de ser imputados, las características del tipo objetivo sistemático respectivo.
Como se aprecia, son institutos jurídicos de base óntica muy diferentes, como diferente es la solución en cuanto a la escala penal que se aplica en cada caso en particular. Por ello, no es un detalle menor que si el A quo entiende que hay un concurso material, es decir dos delitos, debió haberlos imputado concretamente a cada uno de ellos, no pudiéndose dar por sentado este segundo hecho. En este sentido, y para ser claro, entiendo que la portación pretérita, es tener entre sus ropas el arma de fuego y extraerla para su utilización, si bien la portación es innegable, como dato óntico, a la hora de desvalorarse jurídico-penalmente nos encontramos ante lo que la dogmática designa como concurso aparente de tipos, es decir que la conducta queda desvalorada por la figura más grave.
Está claro que tanto la tenencia como la portación de armas de fuego sin la debida autorización es un delito de peligro. Se pena la conducta de tener consigo o bajo su custodia, sin la debida autorización legal, un arma de fuego, que por propia naturaleza es un objeto que introduce claramente un riesgo en la sociedad. Si hay autorización conforme a las leyes para la tenencia y/o portación del arma de fuego, si bien el objeto no deja de ser peligroso, se entiende que el Estado ha evaluado a la persona que le otorga tal responsabilidad, razón por la cual, ese riesgo se encuentra neutralizado, o al menos, deja de ser una conducta típica, antijurídica y culpable. Pero cuando esta portación se materializa en la extracción del arma para ser usada y la misma, como en el caso de marras, es usada contra otra persona en tres oportunidades, la situación de riesgo y peligro que el delito tipificado en el artículo 189 bis del C.P. prohíbe ya se materializa y queda abarcada por el tipo más grave.
Existe doctrina que entiende que esta situación no debe ser atípica, sino sujeto de un concurso ideal. En base a lo que adelanté respecto del alcance del concurso ideal, entiendo que en ese caso, la conducta que es única esta abarcada por dos o más figuras delictivas de manera tal que si se la piensa bajo una u otra estructura típica, las dos son procedentes desde la subsunción típica. En los casos de concurso aparente, que en realidad así se lo denomina dogmáticamente, pero no existe concurso propiamente dicho, porque los únicos concursos son los tipificados en los artículos 54 y 55, se verifican situaciones que o por el bien jurídico protegido, o por el momento, o por las características de los hechos y su posible subsunción, quedan alcanzados por el principio de absorción, subsidiariedad, especialidad, o subordinación, por lo que se concluye que una de las figuras no es aplicable.
Distinta solución se puede aplicar cuando la portación o tenencia del arma de fuego es constatada de forma posterior al hecho. Porque finalizada la conducta que materializó el peligro que contempla la figura delictiva que también desvalora de forma más grave la utilización del arma, de constatarse la portación o tenencia del arma de fuego sin la debida autorización, la misma puede ser concursada realmente como otro hecho distinto y cometido con posterioridad. Ello, reitero, porque la conducta, en este caso homicidio calificado por el uso de arma de fuego ya fue consumada, el delito agotado, entonces si se hubiese constatado la portación del arma de fuego sin la debida autorización legal, pues entonces podría haberse imputado.
En este caso, reitero, no fue objeto de imputación y a criterio del suscripto, tal y como se dieron los hechos, no puede ser imputada como concurso real con el homicidio, pues posteriormente la misma no fue constatada ni el arma secuestrada, habiendo quedado absorbida por la figura delictiva tipificada en los artículos 79 y 41 bis del C.P.. Como señalé, la doctrina mayoritariamente tiene dicho en situaciones como la que se da en autos, estamos ante un concurso aparente de delitos, o a todo ante un concurso ideal (art. 54 C.P.), si bien hay jurisprudencia que ha pregonado el concurso material. Lo cierto es que no es una cuestión pacífica. En la obra de D´Alessio en el comentario de la figura típica del art. 189 bis se expone: “7.4 Relación con otras figuras.
A) con el robo con armas: Una postura jurisprudencial sostiene que si el arma es la utilizada para el robo, sólo se da un concurso aparente de leyes y que la figura que describe el art. 166 inc. 2 absorbe a la de la disposición que se anota. De otro lado se ha dicho que el delito de robo con armas -en el caso, era en grado de tentativa- concurre en forma ideal con la portación. También se ha interpretado que la concurrencia es material si los autores del robo con arma, la recibieron y la portaban tiempo antes de la ejecución del delito contra la propiedad y la emplearon durante su perpetración. Finalmente se ha establecido que no puede fijarse una regla fija de antemano y que es necesario el análisis de caso en concreto”.
(Conforme CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, COMENTADO Y ANOTADO, ANDRÉS JOSÉ D'ALESSIO, 2DA. EDICIÓN ACTUALIZADA Y AMPLIADA, TOMO II, PARTE ESPECIAL, LA LEY, AÑO 2009, PÁGINA 904. En la misma obra citada, página 905, el autor refiere a la relación con la tentativa de homicidio expresando: “d) Con la tentativa de homicidio: La jurisprudencia entendió que existe un concurso aparente por subsidiariedad entre la portación de armas sin la debida autorización legal y la tentativa de homicidio perpetrada con aquella” CNFed.Crim. y Correc.. sala I, 2008/05/05, “Centurión Cabrera, Eleodoro y otro”. Sup. Penal 2008 (octubre), 48, La ley, 2008- F257 y La Ley online”. En otra obra, el Dr. Nelson Pessoa cita la opinión de la Dra.
Ziffer, posición a la que adhiero, al decir: “En opinión de Patricia Ziffer se trata de un concurso de tipos. La destacada panelista sostiene que hay relación de subsidiariedad (tácita), cuando “el comienzo de ejecución de cualquier delito en el que intervenga el arma como medio de comisión. El efectivo empleo del arma producirá el desplazamiento de la figura de peligro abstracto que reprime el acto preparatorio, por la aplicación del principio de subsidiariedad, que en el caso concreto determina que la tenencia de arma de guerra quedará desplazada por la tentativa de robo con arma.” (Conforme TEORÍA DE LA UNIDAD Y PLURALIDAD DELICTIVA, ESTUDIO DEL “MÚLTIPLE ENCUADRE TÍPICO”, Nelson R.
Pessoa. Editorial Rubinzal Culzoni, página 427). En la nota al pie de página, el autor expone: “Es digno de destacar la aguda observación de la profesora Ziffer respecto a los inconvenientes que la tesis del concurso de tipo puede tener con motivo de ciertas incoherencias entre las escalas penales de los tipos en juego, cuando señala que ello es consecuencia “de reformas parciales, inconexas e irreflexivas” de la ley penal”. Como bien lo explica la Dra. Ziffer, el peligro que implica la portación de un arma que llevó al legislador a incorporarlo en un tipo penal, en el caso de la utilización concreta de ese arma para cometer el delito, éste se ve materializado, por lo que la aplicación de la agravante del art. 41 bis C.P. del uso de arma en el caso concreto, desplaza a mi juicio la portación al art. 189 bis C.P. Es por ello que entiendo que debe revocarse parcialmente el procesamiento de J. L. C. en orden el delito de portación ilegal de arma de fuego (art. 189 bis del C.P.)" A contrario sensu de la cita realizada, en el caso de autos, la caza furtiva, como hecho punible, fue anterior al desplazamiento y traslado de las armas, las cuales implican la portación de las mismas, no se imputa como hecho punible el uso de las armas y su portación pretérita en la caza furtiva, de las cuales, claramente se valieron, sino del momento en que se constata por el personal policial su desplazamiento en el vehículo una vez finalizado el primer hecho. Por ello hay solución de continuidad entre ambos hechos punibles y el concurso real es el que se aplica, por lo cual debe ser confirmado”
Que la hermenéutica reseñada supra aplica con exactitud al caso analizado, por lo cual, teniendo presente que las armas se hallaban en el auto donde se trasladaban los imputados A. C., A. J. M. y P. M. estas estaban en poder de los imputados y siendo trasladadas con 09 municiones en el almacén cargador (Ver Fs.04/05); que ello más lo testificado por el Sr. Comisario Castillo donde se pone en conocimiento que el vehículo poseía en su interior "armas largas al lado de la persona que venía atrás", motivo por el cual este hubo de ordenar el descenso de los ocupantes y resguardar las armas (Fs.174/176).-
Con lo cual la probabilidad positiva requerida en esta etapa del proceso es suficiente hasta aquí, como para dictar el procesamiento de los mencionados.
En los autos caratulados “DIV. CRIA. 2° S/ Investigación” Expte. Nº 24933/19, N° de Recursos 6533/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que: "En los autos caratulados “S. S. A. R. S/ Denuncia Robo” Expte. Nº 76.406/21, N° de Recursos 6435/21, sostuve que: "Que y si bien el A quo subsumió la conducta en el artículo 277 Inciso 1° apartado b) del C.P., entiendo que la figura delictiva que corresponde en autos, es la establecida en la misma norma e inciso pero en el apartado c) que establece textualmente que: “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: c) Adquiere, recibiera u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito", es decir encubrimiento por receptación, compartiendo si la calificante de ánimo de lucro, establecida en el inciso 3° apartado b) del mismo artículo, que establece "La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando: b) El autor actuare con ánimo de lucro".
Ello así, pues la diferencia entre el favorecimiento real en la cual el A quo subsumió la conducta del imputado, que establece que la acción de ocultar esta referida estrictamente a todos los rastros, pruebas o instrumentos del delito, es decir elementos con que el mismo se cometió, el inciso c) se refiere, como en el caso de marras, a la recepción u ocultación de los efectos y cosas que se obtuvieron y fueron objeto del delito en si, en este caso las herramientas, el motovehículo y el resto de los efectos secuestrados en autos. Sobre el particular se ha sostenido que: “...Sin perjuicio de todo ello, y en atención a la ubicación sistemática que consideramos correcta, este delito consiste en ocasionar primordialmente una lesión a la administración de justicia y sólo secundariamente una configuración lesiva de la propiedad ajena.
En efecto, esta modalidad ilícita tiene por un lado la característica de aquellos actos que constituyen un favorecimiento real en tanto el autor del ilícito precedente se ve favorecido por la colocación que de los objetos del delito hace en otro lugar y a favor de una tercera persona, lo que obstaculiza la acción investigativa de la justicia. Y por otro lado, tiende a diluir la ilicitud de la infracción anterior de modo que el tercer adquirente del producto o del objeto entrará en posesión del mismo legitimando, de cierta manera, la procedencia de tales cosas.... Se trata de un tipo complejo alternativo compuesto por varias conductas típicas sin que sea necesaria la realización de todas ellas, bastando por el contrario con la configuración de una sola de ellas para que el delito quede perfeccionado.
Las conductas típicas son aquellas que veremos a continuación: La acción de adquirir significa comprar, conseguir, obtener el objeto en carácter de propiedad. Recibir quiere decir tomar, admitir, percibir. Por cierto, el que recibe es el encubridor del delito anterior cometido por el autor de este último. Se trata de toda aceptación del bien o de la cosa que no implique una adquisición, ya que en tal supuesto la acción comitiva quedaría alcanzada por la conducta anterior. Ocultar tiene la aceptación de hacer desaparecer o esconder la cosa, no siendo necesario su desplazamiento, bastando la disimulación para que no sea vista. Las acciones precedentes deben recaer sobre los objetos mencionados en el tipo penal.
El delito de receptación recae sobre dinero, cosas o efectos. El dinero es la moneda de curso legal en el país. Las cosas son aquellas consagradas por la ley civil, en el sentido de los objetos susceptibles de tener un valor económico, pero quedando, por cierto, excluidos los inmuebles (ver arts. 255 y ss. del Cód. Civ. y Com.). La figura en estudio también hace referencia a efectos, debiéndose entender por tales a los bienes muebles de cualquier naturaleza, como ser los documentos mercantiles y los documentos de crédito público. El dinero, cosas o efectos que se adquieren, reciben u ocultan tienen que provenir de un delito, como reza el inciso 1º, letra c) del artículo 277 del texto punitivo, o sea de cualquier delito del Código Penal o de leyes complementarias.
Desde el punto de vista subjetivo es un delito doloso que sólo admite el dolo directo, siendo necesario que el encubridor sepa que las cosas que adquiere, recibe u oculta provienen de un delito. Caso contrario el hecho podría dar lugar a la figura menor prevista por el inciso 2º del mismo artículo, como veremos en su oportunidad...” (Conforme Alejandro Tazza. CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA COMENTADO.
PARTE ESPECIAL. TOMO II. Arts. 226 a 316.
Rubinzal-Culzoni. Editores. Págs. 370/373). Sobre el ánimo de lucro, se ha sostenido que: “…Este elemento subjetivo en la actualidad constituye una agravante de cualquiera de las modalidades del encubrimiento previstas en el inciso 1º del artículo 277 del Código Penal. Por ánimo de lucro debe entenderse toda ventaja patrimonial apreciable económicamente, siendo indiferente que consista en la adquisición o en el simple uso de la cosa, en tanto ello le reporte un beneficio...". (Conforme obra citada págs. 379). En base a lo expuesto, cabe modificar la calificación legal adoptada por el A quo en el sentido expresado precedentemente, pues y allende la falta de existencia de recurso acusatorio, dicho cambio no modifica ni la plataforma fáctica ni reagrava en perjuicio del imputado su situación, manteniendo la misma pena en expectativa al momento de articular su recurso de apelación...
Ahora bien, la cita realizada en el párrafo anterior hace referencia al alcance dogmático del inciso primero del art. 277 del C.P., en donde se detalla además de los requisitos típicos objetivos, el aspecto subjetivo. Pero en autos la conducta fue subsumida, correctamente por el A quo en el inciso 2, el cual tiene un alcance subjetivo más amplio. Sobre esta marcha, en relación directa al inciso 2º del artículo bajo estudio se ha explicitado que: “… Desde el punto de vista subjetivo esta disposición está regida por el dolo eventual. De tal modo se ha acabado las discusiones en torno a la estructura del tipo subjetivo de este delito de receptación. En el presente caso, si el sujeto activo podía sospechar que tales objetos o cosas provenían de un delito, aun cuando no tuviera la certeza de ello, la penalidad inferior del delito de receptación es disminuida al término indicado por la norma.
Se requiere para su perfeccionamiento que exista una posibilidad de sospechar por parte del receptor, de que tales objetos provenían de un delito. Hay aquí una referencia de carácter personal que dependerá de la profesión, actividad o conocimientos del autor de este ilícito con respecto a la cosa receptada… En segundo lugar se requiere también que esa posibilidad de sospechar surja de las circunstancias particulares de cada caso, con lo cual la ley hace referencia aquellas modalidades de tiempo, lugar y modo en que la transacción se lleva a cabo. Para la adecuación típica será necesario entonces la conjunción de ambas injerencias, tanto subjetiva como la objetiva, es decir la que emana de la calidad personal del sujeto activo y la que surge de las circunstancias objetivas en las cuales se desarrolla esta operación...”.
C. A. T., CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA COMENTADO. PARTE ESPECIAL. TOMO II. Arts. 226 a 316. Rubinzal- Culzoni. Editores. Págs. 376/377) Corresponde destacar, en primer término, dado que es indispensable para la configuración del tipo penal en análisis, la existencia de un delito anterior, es decir acreditar el hecho de manera circunstanciada el hecho antecedente (día, horario, lugar, modalidad, etc.) y tal como surge de la causa esto se encuentra establecido, tratándose, en este caso, de una causa cuyos autores fueron desconocidos. El motovehículo había sido denunciado como sustraído el día 26 de julio del 2019, bajo el Prev. Nro. 197- D.4º/2019 y tramitó bajo los autos caratulados “B., J.
M. S/ Dcia. Robo” por ante el Juzgado del A quo, Secretaría Nº 2. Sentado el hecho antecedente, en segundo término, resulta necesario puntualizar que la figura legal aplicada solo exige – para considerar satisfecho el tipo subjetivo- la existencia en la conducta del sujeto activo de dolo eventual y no requiere el dolo directo como postuló la impugnante, es decir que resulta suficiente la sospecha o la duda respecto a que el objeto tiene una procedencia ilícita. Se aprecia del informe del efectivo policial C.C. presente en el procedimiento que el imputado presentó una documentación que no coincidía el número de motor de la moto conforme a fs. 11. Por ello merituadas las constancias probatorias estimo que la decisión debe ser confirmada, en tanto existe suficiente prueba de cargo como para tener por acreditada con probabilidad positiva la existencia material del hecho y la participación del imputado en el mismo.
En tal sentido, de acuerdo con el análisis realizado por el magistrado de grado, es que la presencia de dolo eventual en la conducta de M.I.T. se encuentra suficientemente acreditada en autos, especialmente en atención al precio de compra, por el cual surge que el imputado debió sospechar y conocer el origen ilícito de la cosa. El dolo, sea directo, de consecuencias necesarias o eventual, siempre es una cuestión de inferencia, si es que la propia persona no lo reconoce. Y la inferencia no es un puro hecho imaginativo, sino que se deduce de las conductas materialmente realizadas por la persona, es decir la inferencia del dolo "lato sensu" es un juicio o valoración que concluye en atribuirle un determinado "sentido" a la conducta.
El A quo, de los elementos arrimados a la causa, deduce e infiere, correctamente, las existencia del dolo que requiere la figura y que es la finalidad que tuvo el autor del hecho, guiada por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo sistemático."
Teniendo presente lo mencionado supra, es que debo concluir que en autos el contexto surge del propio episodio esto es hallarse los imputados trasladando el rodado en medio de la zona rural, en horario nocturno con adulteraciones, estas han sido constatadas, ello fue así dado que de las consultas realizadas a fs.75 y a fs.76 a DNRPA por el motor y cuadro del motovehículo pone en evidencia las notorias irregularidades que este poseía, dichas irregularidades, no eran extrañas para ellos, los ocupantes debían saber o al menos tener una mínima sospecha de que el motovehículo trasladado no tenían un origen legitimo ni las condiciones legales óptimas para posesión y traslado.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena. Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el auto interlocutorio de Fs. 251/286 en todo cuanto fuera materia de apelación.-
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia