Abriendo la norma
Expte. 14202. · Causa 14.202
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaVISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la resolución dictada el día 27/11/2023 (conf. art. 42, 75 inc. 22, 75 inc. 23 de la Const. Nacional; arts. 1, 2, 3, 51, 1092, 1094, 1095, 1097 del CCyC; arts. 1, 2, 3, 8 bis, 35, 37 y 65 de Ley 24.240 y art. 39, ley 12.962; jurisprudencia y doctrina citada), sin costas atento la ausencia de contradicción (art. 68 del CPCBA). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
En la ciudad de Necochea, a los 29 días del mes de febrero de 2024 reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "F. C. F.
S.A. C/ V. A. J. S/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962)",
Expte. 14.202, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich, Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza y Sra. Jueza Dra. Ana Clara Issin.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a Derecho la resolución dictada el día 27/11/2023?. 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. La sentencia del 27 de noviembre de 2023 denegó el secuestro prendario requerido e hizo saber al accionante que en el término de cinco días podría readecuar el objeto de su pretensión y reconducir la acción promovida por el carril procesal pertinente (arts. 598 y concs. del CPCC). Para decidir en el sentido señalado el Juez de la Primera Instancia sostuvo que del análisis de la documentación adunada por la entidad accionante se desprende que, en el caso, la prenda con registro ha sido constituida en virtud de un plan de ahorro para fines determinados brindado por la actora al demandado, siendo aplicable el plexo normativo consumeril, que es de orden público.
Situó el régimen de la prenda con registro -establecido por el decreto ley 15348/46 y ratificado por el Congreso Nacional por ley 12962, el 26/3/1947- en un plano contrapuesto al de la normas tuitivas del consumidor. Seguidamente fundamentó: "Claramente la norma no fue pensada para regular relaciones de consumo, sino que consistió en una medida de política crediticia destinada a productores, comerciantes e industriales. La prenda con registro no fue creada para dar una herramienta al proveedor contra el consumidor, sino con un propósito de promoción económica de productores, comerciantes e industriales con el fin que éstos puedan utilizar la cosa prendada mientras está vigente la garantía. Sus destinatarios finales no fueron los consumidores".
Analizó que el art. 39 de la ley de prenda con registro faculta a las entidades financieras -entre otros acreedores- a solicitar judicialmente el secuestro de los bienes gravados, para proceder a su venta extrajudicial, agotándose el trámite con la orden de secuestro, quedando vedado todo planteo del consumidor o usuario. Afirmó que ello implica denegar el derecho de defensa previa y generar la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, en violación del espíritu del art. 37 de la Ley 24.240, pues "Ya no será el acreedor quien deberá probar que el consumidor no pagó su crédito, sino que el consumidor -ya ejecutado- deberá iniciar un juicio para demostrar que fue mal ejecutado".
La sentencia destacó que "la posibilidad conferida al proveedor resulta lesiva del trato digno y equitativo al consumidor o usuario en la relación de consumo, previsto en los artículos 8 bis de la ley 24240 y 42 de la Constitución Nacional".
En esa senda hizo referencia al pronunciamiento emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "H.S.B.C Bank Argentina S.A c/ Martinez, Ramón Vicente s/ secuestro prendario" (COM 25194/2015/1/RH1 del 11 de junio de 2019), en el cual se consideró que "...privar al deudor -en la relación de consumo- de todo ejercicio de derecho de defensa, en forma previa al secuestro del bien prendado, podría colocarlo en una situación que no se condice con la especial protección que le confiere el artículo 42 de la Constitución Nacional..." (textual fallo citado considerando 3°)."
Desde esa línea argumental el Juez de grado concluye que resulta inaplicable al presente la prerrogativa dispuesta por el art. 39 del decreto ley 15348/48, ratificado por la ley 12962, texto ordenado por el decreto 897/95 que resulta desplazado por los derechos contenidos en los artículos 42 de la Constitución Nacional, artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y artículos 1, 2, 3, 4, 8 bis, 36, 37, 65 y concordantes de la ley 24240.
II. Tal decisión fue apelada por F. C. F. S.A. aduciendo que la prenda con registro, a diferencia de la prenda común, tiende a beneficiar al deudor (cualquiera fuere este) facilitándole la utilización y disponibilidad de la cosa prendada, con miras sobre todo, a no entorpecer el proceso económico de su utilización, transformación, elaboración o comercialización (ver present. del 28/11/2023.
Sostiene que "el secuestro del art. 39, frente al incumplimiento del deudor, opera simplemente para recomponer la relación prendaria y por ello, la no intervención del deudor en este trámite de reposición de la cosa y remisión al art. 585 Cód. de Com., hoy art.2229 C.C.C.N. propio de la prenda común con que así se revierte el registro".
Explica que el art. 39 de la ley de prenda con registro ha sido convalidado por la jurisprudencia nacional y afirma que "...La sanción de la ley 24.240 en ningún momento deroga el art. 39 de la ley 12962 sino que complementa el ordenamiento jurídico, ayuda a la interpretación de normas en un contrato de consumo, pero en ningún momento puede dejar sin efecto leyes especiales".
Manifiesta que es evidente que el art. 36 de la ley 24.240 no resulta de aplicación al sublite por no tratarse el secuestro prendario de un proceso contradictorio.
Prosigue señalando que "La LDC tiene por objeto que no existan abusos en la relación contractual, previendo el derecho a la información, que las cláusulas sean claras, que no existan cláusulas leoninas y/o abusivas. Estos derechos son en la etapa de suscripción de contratos, pero en ningún momento establecen que los acreedores en la relación de consumo puedan perder el derecho consagrado en una ley especial para su ejecución". Al mismo tiempo, señala que el código civil y comercial "convalida al art. 39 de la ley 12962 y su forma de ejecución complementada en el art. 2296, es decir complementa la norma de fondo, haciendo notar que el legislador en ningún momento quiso derogarla ni mucho menos con el dictado de la ley 24240".
Agrega en ese sentido que "según el nuevo código cualquier acreedor puede adquirir la cosa prendada por la compra que haga en subasta extrajudicial, en venta privada o por su adjudicación directa, con lo cual se acentúa, el carácter autoliquidable de la prenda como uno de los rasgos más sobresalientes en la materia, pues sigue de cerca al respecto las prescripciones que contenía el art.585 del Codigo de Comercio, mas extendiéndolas a todo tipo de prenda, sin distinción ya entre prenda común y prenda comercial".
Continúa alegando: "Lo cierto es que no existe una sola norma en todo el ordenamiento jurídico vigente que permita concluir que el procedimiento del Art 39 de la ley 12962 se encuentra derogado o desplazado como erróneamente parece entenderlo el Magistrado de la Instancia inferior".
Sobre esos argumentos concluye que resulta claro y evidente que la ley 24.240 no resulta de aplicación al caso, solicitando se haga lugar a la apelación y se ordene el mandamiento de secuestro peticionado en el escrito de inicio.
III. Corrida la vista al Ministerio Público Fiscal, la Señora Fiscal General del Departamento Judicial Necochea consideró que las presentes actuaciones se encuentran alcanzadas por las disposiciones de la ley 24.240, "...al tratarse de una relación de consumo". (ver present. digital del 6/12/2023).
IV. En principio, y en coincidencia con lo dictaminado con el Ministerio Público Fiscal, corresponde confirmar la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al caso en concreto.
En efecto, resulta evidente que la relación jurídica que vincula a las partes es esencialmente de consumo. Es que, analizando el contrato de prenda con registro que luce en pdf glosado junto a la demanda, surge el otorgamiento de un préstamo de dinero garantizado con una prenda con registro sobre un automotor para uso particular, lo que permite inferir, con alto grado de certeza, la calidad de consumidor del demandado, pues el negocio tiene como objeto que aquel pueda hacer uso del bien mencionado como destinatario final (art. 1 de la Ley 24.240, art. 1092 del CCyC). Por otro lado el acreedor y aquí apelante, es una entidad financiera que actuó en el contrato de prenda como proveedor de servicios financieros (art. 2 LDC), lo que permite deducir la existencia de una relación de consumo, sin que existan elementos adicionales que permitan desvirtuar la calificación realizada en la instancia anterior (conf. este Tribunal en expte. 9729; reg. int. n°77 (S) del 18/7/2014; ídem. expte. 9814, reg. int. n° 160 (R) de 18/7/2014; expte. 12360 reg. int. n°339 (R) del 27/11/20, entre otros).
En consecuencia, en el caso traído a revisión resulta aplicable la ley 24240, plexo normativo que, por medio de normas de orden público, y por ende, inderogables por los particulares, reglamenta un derecho expresamente receptado en la Constitución Nacional (arts 65, Ley 24240 y art. 42 de la C.N.), imponiendo una prelación jerárquica normativa por sobre toda otra legislación que se le oponga.
En tal sentido, este Tribunal sostuvo que: "el estatuto consumerista tiene su fuente en la Constitución Nacional, -art. 42- de naturaleza operativa, transformándose en un derecho civil constitucionalizado de carácter iusfundamental (conf. C.S.J.N. in re "Mosca, Hugo A…, sent. del 6/3/2007 especialmente en su 7mo. cons. citado por este Tribunal en expte. 8795; Reg. 58 (S) del 9/8/2012). En consecuencia, tal legislación especial no es un compartimento estanco concebible como totalmente ajeno al Derecho Privado, se integra a él modificando las normas sobre actos jurídicos, contratos en particular, obligaciones y relaciones jurídicas personales emanadas de los contratos cuando el sujeto de la relación es el consumidor" (conf este Tribunal, en expte. 8787; Reg. 61 (S) del 14/8/2012; expte. 13.290, reg. elec. 157 (S) del 25/10/2022). Ello obedece a que la finalidad de la Ley de Defensa del Consumidor es actuar como correctora de la desigualdad estructural que los consumidores y usuarios padecen en el mercado, ámbito en el que, sin duda, constituyen la parte más débil. Es decir, la normativa que tutela a consumidores y usuarios, apunta a colocarlos en un plano de igualdad, no sólo formal, sino también real, en la relación de consumo (art. 75 inc. 23 de la CN).
Sus proyecciones tuitivas son también procesales: "Con sustento en el ya referido orden público de protección podrá el juzgador adecuar, no ya las pretensiones de las partes, sino el mismo proceso judicial que se incoa. Generalmente tal situación puede plantearse ante la confluencia o superposición de normas (procesales y/o de fondo), situación que se ha configurado ante la presencia, por ejemplo, del llamado pagaré de consumo o el régimen del secuestro prendario" (Quaglia, Marcelo “La incidencia del consumidor como sujeto vulnerable en el marco del proceso”, Citas: TR LALEY AR/DOC/529/2023, Publicado en: LA LEY 15/03/2023, 1 LA LEY 2023-B)
Sentado este primer aspecto y en base a la interpretación más favorable para el consumidor (arts. 3 y 37 Ley 24.240; arts. 1094 y 1095 del CCyC), corresponde declarar la inaplicabilidad e improcedencia del trámite previsto en el artículo 39 de la ley 12.962 a las relaciones de consumo, confirmando la resolución del Juez de grado.
Es que el supuesto contemplado en el artículo 39 de la ley de prenda con registro faculta a las entidades financieras -entre otros acreedores- a solicitar judicialmente el secuestro de los bienes gravados, para proceder a su venta extrajudicial, agotándose el trámite con la orden de secuestro, imposibilitando toda intervención y eventual planteo por parte del consumidor o usuario. Es decir, el proveedor queda facultado para secuestrar y subastar extrajudicialmente el bien prendado, sin que el consumidor o usuario tenga oportunidad de ser oído con anterioridad a la concreción de tan drástica medida.
Al tamiz de una interpretación judicial en clave constitucional-convencional -efectuada en el marco asimétrico de las relaciones de consumo en el que priman situaciones de vulnerabilidad cognoscitiva- la decisión de grado resulta ajustada a derecho y se condice con una interpretación "evolutiva" y "pro homine", propia del paradigma actual de la normativa consumeril -que impone una tutela diferenciada- y en el cual el trato digno resulta inescindible de dicha protección especial (arts. 1, 2, 3, 51, 1097 CCyC; arts. 42, 75 inc 22 CN, 75 inc. 23 CN, Ley 24.240). En efecto, desde una perspectiva sistémica los principios y derechos plasmados en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos motorizan una interpretación judicial de la cual se pueda predicar coherencia normativa a través del mentado "diálogo de las fuentes", término acuñado por el jurista Erik Jayme y que alude a un método de interpretación de las normas que, evitando la exclusión de unas por otras, procura la aplicación simultánea, coherente y coordinada de fuentes legislativas convergentes. Así, "el descubrimiento de la finalidad de las normas se da por medio de la convivencia y del "diálogo" entre ellas. La labor del juez es coordinar estas fuentes, escuchando lo que dicen en su diálogo" -...- "dialogan ambas fuentes, en una aplicación conjunta y armoniosa guiada por los valores constitucionales y, hoy, en especial, por la luz de los derechos humanos" (Barocelli, Sebastián, "Los principios del derecho del consumidor como orientadores de la interpretación y aplicación en el diálogo de fuentes", en Impactos del nuevo Código Civil y Comercial en el Derecho del consumidor, UBA, Facultad de derecho, Secretaría de Investigación, 2016, p. 13 ). De esta forma se consolida el necesario diálogo de fuentes entre el derecho constitucional y el derecho privado.
Por otra parte, el agravio que enarbola el recurrente a partir de las conclusiones que -entiende- resultan del antecedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en modo alguno avalan su análisis impugnativo en el cual esgrime "resulta claro y evidente que la ley 24.240" no resulta de aplicación al sublite".
Precisamente en el pronunciamiento de la CSJN "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Martínez, Ramón Vicente s/ secuestro prendario", sent. del 11/06/2019, COM 25194/2015/1/RH1), se descalifica el fallo cuestionado por apoyarse en una afirmación dogmática y afectar de modo directo e inmediato el derecho al debido proceso adjetivo (artículo 18 de la Constitución Nacional).
La Corte sostuvo allí que “la Cámara se limitó a mencionar que el sistema especial que habilita el secuestro tuvo origen en una convención celebrada entre las partes y ello -en tanto válida formulación del consentimiento- despejaba cualquier violación al derecho de defensa del consumidor” . Finaliza así el Superior Tribunal afirmando que “si se acepta que las disposiciones de la ley de defensa del consumidor debieron ser integradas en el análisis efectuado por la alzada en la inteligencia de que, ante la duda respecto a la forma en que debían ser articuladas con las normas prendarias debería primar la más favorable para el consumidor, como expresión del favor debilis (artículo 3° de la ley 24.240), constituye lógica derivación de lo anterior, que la cámara debió analizar y considerar la aplicación -bajo la perspectiva de protección especial del consumidor que tanto la Constitución Nacional como el sistema normativo del consumidor otorgan al usuario- de la regla prevista en el artículo 37, inciso b, de la ley 24.240, en tanto permite tener por no convenidas las cláusulas "...que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte".
Tal como enfatizó la propia SCBA, "...la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene efectos, tanto en los temas federales como en aquellos que no los son, de vinculación hacia los tribunales inferiores. En el primer caso por tratarse del intérprete último y más genuino de nuestra Carta Fundamental; en el segundo, vincula moralmente sobre la base de los principios de celeridad y economía procesal..." (SCBA; Ac. . 85.566, sent. 25/07/2002, SCBA LP C 85774 S 05/05/2010, SCBA; LP C 109526 S 16/10/2013, entre otros) siendo estos últimos dirimentes en esta etapa inicial del procedimiento.
Así, la solución propiciada atiende a las eventuales consecuencias que el sostenimiento de la “plena vigencia” del art. 39 del Dec. Ley 15.348/46 (ratificado por ley 12.962) puede provocar en los derechos de los consumidores, imponiéndose aquella interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que consagra el art. 42 de la Constitución Nacional (CSJN, “Ferreyra c/ Vicov S.A. s/ Daños y Perjuicios”, Id SAIJ: FA06000113; conf. causa n° 165.812 cit.).
Tampoco se puede perder de vista que el denominado Derecho del Consumidor es un conjunto de principios y normas jurídicas —de derecho público y privado— que tiene por objeto proteger al consumidor en las relaciones de consumo y que atraviesan transversalmente todas las ramas del derecho, imponiendo su impronta en cada una de ellas en aquellos casos en los cuales se presenten aspectos vinculados con relaciones de consumo (La Ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Máximos Precedentes –Contratos, pág.19; cit. en causa 165.812).
Lo que torna incompatible la letra del precepto bajo análisis respecto a los derechos protectorios del consumidor no está dado por la mera circunstancia de permitirle al acreedor la obtención de un “secuestro” como medida de “preservación” del objeto que fue dado en prenda, sino la habilitación indirecta que ello provoca en favor del solicitante. Efectivamente, siguiendo la letra del Dec. Ley 15.348/46, el secuestro así ordenado constituye la antesala de una ejecución extrajudicial en los términos del mismo art. 39 del decreto/ley citado, lo que revela –sin otra interpretación posible- que aquella medida (secuestro) opera como una “cautela judicial” para un proceso que será “extrajudicial”; e incluso, remite al procedimiento de venta previsto por el art. 585 del Código de Comercio, hoy derogado por el art. 4 de la ley 26.994 (nuevo CCyCN).
Por lo demás, la remisión que hace la norma en análisis (actual art. 2229 del CCyC), no tiene prelación normativa suficiente para enervar la supremacía constitucional de los derechos del consumidor (arts. 1, 2 y 1094 del CCyC, art. 42 CN).
A partir de este encuadre, no resulta plausible –en el marco protectorio de los derechos del consumidor (particularmente de los que se relacionan con su derecho pleno al derecho de acceso a la justicia)- la aplicabilidad del art. 39 del Dec .Ley 15.348/46 sin concebirla -por su propia esencia- como la antesala de un proceso judicial principal en el que se garantice a aquel -al menos mínimamente- el ejercicio de su derecho de defensa.
Ante esta línea argumental, devienen inocuos los argumentos expuestos por el apelante (en cuanto intenta que se aplique la ley 12962 y el trámite previsto por su art. 39, que se considere que dicha norma es especial y que prevalece sobre la ley 24.240 por ser de carácter general, que se interprete que art. 36 de la LDC excluye al presente caso de su ámbito de aplicación, y que se valoren fundamentos económicos de la ley 12.962, imperantes hace más de 70 años), pues resultan prevalentes los derechos y la normativa de protección al consumidor, conforme lo explicitado. "A la par es también pertinente recordar que comporta igualmente una manda constitucional la de evitar la producción de daños asentada en la regla del art. 5.1 del Pacto de San José de Costa Rica, que ha dado desarrollo a la actual dimensión preventiva del derechos de daños (Loiza Fabián, "Ejecución Prendaria" en "Derecho Procesal Comercial" T. III, Obra colectiva, Abeledo Perrot, Bs. As., pág. 2683, año 2013).
En conexidad con esa faz preventiva del daño (art. 1710 y ss del CCyC) me permito agregar que la jurisprudencia nos ilustra con casuística en la que se ha decretado la responsabilidad bancaria por el abuso de la acción de este supuesto de secuestro prendario (ver por ejemplo, Cám. Nac. Civ. y Com. in re "Chimenti, Juan C. c/Bankboston, Na s/Ordinario", sent. del 18/10/2002. Idem, CNCiv. Sala E, in re "Chatelain, Veronica c/Banco Frances s/ Ordinario", sent. del 28/11/2008) y recientemente este Tribunal, en la causa "Baliño", confirmó la atribución de responsabilidad de la entidad financiera en función que la acción de secuestro prendario del art. 39 de la Ley 12.962 que había ejercido, en el marco de esa causa, "...importó un ejercicio disfuncional de su derecho" (ver causa n° 13567 de esta Alzada, sentencia Registrado en registro de sentencias del 02/12/2022, bajo el número RS-183-2022).
Todo ello cimenta mi convicción de proponer al acuerdo confirmar la decisión apelada, máxime cuando de las constancias emerge con verosimilitud la probabilidad de un daño al consumidor o una lesión a su derecho de defensa, contando el acreedor con la alternativa de acudir a un procedimiento rápido como lo es la ejecución prendaria donde podrá eventualmente solicitar las medias cautelares que entienda procedentes. Finalmente y aún admitiendo que existen posiciones encontradas en esta temática (ver posturas reseñadas en fallo de la Cám. Civ. y Com., Junín, en los autos citados "Fiat Crédito Cía. Financiera SA c/ De Natale, César s/ acción de secuestro (art. 39, ley 12.962)", sent. del 2/2/2017), concluyo adhiriendo a aquella que considera que el art. 39 de la ley 12.962 es inaplicable contra los consumidores por colisionar con principios fundamentales del derecho del consumo, en tanto veda al deudor su intervención y consecuente posibilidad de ser oído, lo que resulta una práctiva abusiva, lesiva del trato digno y equitativo que cabe dispensar al consumidor conforme los postulados constitucionales de los arts. 42 de la C.N. y 8 de la ley 24.240 (Cám. Civ. y Com., Junín, voto de la mayoría en los autos citados "Fiat Crédito Cía. Financiera SA c/ De Natale, César s/ acción de secuestro (art. 39, ley 12.962)", sent. del 2/2/2017; Cám. de Apelación Civil y Comercial de Azul Sala II, causa "Rombo Compañía Financiera SA C/ Pedroza, Juan Emanuel s/Acción de Secuestro (Art.39 Ley12962) sent. del 12/06/2019; Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala Segunda, expte. N° 173657 "Fiat Crédito Cia Financiera Sa c/ Blanch Cristina Elizabeth S/ Accion De Secuestro (Art. 39 Ley 12962)", sent. del 10/05/2022; conclusiones y recomendaciones del XVII Congreso Argentino de Derecho del Consumidor en memoria al Profesor Dr. Félix A. Trigo Represas, Mar del Plata, 3 y 4 de noviembre de 2017).
En suma y por los argumentos expuestos, propongo al acuerdo desestimar la apelación deducida y confirmar la resolución dictada el día 27/11/2023 (conf. art. 42, 75 inc. 22, 75 inc. 23 de la Const. Nacional; arts. 1, 2, 3, 51, 1092, 1094, 1095, 1097 del CCyC; arts. 1, 2, 3, 8 bis, 35, 37 y 65 de Ley 24.240 y art. 39, ley 12.962; jurisprudencia y doctrina citada), sin costas atento la ausencia de contradicción (art. 68 del CPCBA).
Por todo lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.
El Sr. Juez Doctor Loiza votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
La Sra. Jueza Doctora Ana Clara Issin votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la resolución dictada el día 27/11/2023 (conf. art. 42, 75 inc. 22, 75 inc. 23 de la Const. Nacional; arts. 1, 2, 3, 51, 1092, 1094, 1095, 1097 del CCyC; arts. 1, 2, 3, 8 bis, 35, 37 y 65 de Ley 24.240 y art. 39, ley 12.962; jurisprudencia y doctrina citada), sin costas atento la ausencia de contradicción (art. 68 del CPCBA). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Doctor Loiza votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
La Sra. Jueza Doctora Ana Clara Issin votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 29 de febrero de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se confirma la resolución dictada el día 27/11/2023 (conf. art. 42, 75 inc. 22, 75 inc. 23 de la Const. Nacional; arts. 1, 2, 3, 51, 1092, 1094, 1095, 1097 del CCyC; arts. 1, 2, 3, 8 bis, 35, 37 y 65 de Ley 24.240 y art. 39, ley 12.962; jurisprudencia y doctrina citada), sin costas atento la ausencia de contradicción (art. 68 del CPCBA). La regulación de honorarios se difiere para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Actor: Dra. Laura Virginia Cirignoli. (Apod.)
Fin de la sentencia