Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a A. F. G., de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento en suspenso como autor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida mediando violencia (artículo 142 inciso 1 primer supuesto del Código Penal) y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3 del CP).
2Imponer a A. F. G., por el término de cuatro (4) años, las siguientes reglas de conducta:
A) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1);
B) La prohibición de contacto (por cualquier medio, ya sea por sí o por intermedio de terceros) y de acercamiento a menos de 200 metros respecto de la damnificada M. N. L. (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 2); c) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 3);
D) Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 6).
3Hacer SABER al encartado que deberá dar cumplimiento a las reglas de conducta impuestas bajo apercibimiento de revocar el beneficio de condicionalidad de la pena impuesta en la presente.
4INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro Único de Personas Violentas (RUV), dependiente de la Dirección General de Policía en …
LIBRO: CIV REGISTRO: 3529 FOLIO: 013/019
Río Gallegos, 07 de octubre de 2026
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia de la Dra. María Alejandra Vila, con la vocalía titular del Dr. Jorge Daniel Yance y la vocalía por subrogancia legal del Dr. Eduardo Gabriel López, Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela Mansilla, a fin de dictar sentencia en autos caratulados "A. F. G. S/AMENAZAS CALIFICADAS Y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN CONCURSO REAL”, Expte. Nro. 7419/22, y resolver la situación procesal de A. F. G., de apellido materno P., hijo de M. A. y de M., argentino, nacido el **/**/1987 en esta ciudad, soltero, alfabeto, sereno, con domicilio en xxxxxxxx, xxxxx N° *** de Río Gallegos, titular del Documento Nacional de Identidad Nº **.***.***, quien se encuentra asistido por el titular de la Defensoría Oficial ante esta Cámara, Dr. Emin Charif Sat; representa la acusación la titular de la Fiscalía ante esta Cámara, Dra. María Verónica Zuvic. Y;
Que en las presentes actuaciones se le imputa a A. F. G. que “... el día **/**/2020, aproximadamente a las 17.00 horas, en circunstancias que se encontraba en el interior del domicilio sito en xxxxx N° *** (fondo) de esta ciudad, luego de haber ingerido bebidas alcohólicas y en momentos en que se encontraba durmiendo apoyado en la mesa fue despertado por la damnificada M. N. L. para que se recueste en el dormitorio, oportunidad en la que se levantó ofuscado y empujó a la nombrada haciéndola caer en el piso, comenzando a propinarle patadas en la zona de la espalda, como así también golpes con la mano abierta en la cabeza y rostro, para seguir con patadas en la zona del abdomen, destacando que la mesa se encontraba gestando un embarazo de cinco meses, para luego dirigirse ambos al dormitorio donde continuaron discutiendo, retirándose en un momento hacia la cocina donde luego de buscar un cuchillo tipo Tramontina de unos 30 cm se lo colocó sobre el cuello de la damnificada, comenzando a proferir términos amenazantes 'matame o te mato' y 'prefiero que el bebé esté muerto, ojalá se muera', dichos por los cuales la misma se sintió intimidada, siendo que las discusiones y agresiones tanto físicas como verbales continuaron hasta la medianoche de ese día. Asimismo, en ocasión que la Sra. M. N. L. observó que la puerta se encontraba entreabierta y quiso retirarse para escapar, el encartado la tomó de los pelos y vuelto a meter hacia adentro de la vivienda donde la privó de su libertad para continuar con las agresiones, hasta que siendo medianoche vociferó un grito que fue escuchado por la vecina de la parte frente quien dio aviso al personal policial, quienes se presentaron en el lugar, aprovechando esa situación la damnificada para retirarse rumbo a la casa de una amiga no queriendo en ese momento radicar trámite alguno por temor, haciéndolo posteriormente ante la División Comisaría de la Mujer y la Familia donde radica el correspondiente trámite...”.
Que a fs. 134 se incorporó la propuesta de omisión de debate remitida desde la Fiscalía ante esta Cámara en la que se estimó que conforme las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, en caso de dictarse fallo condenatorio respecto del imputado en orden a los delitos de lesiones leves doblemente agravadas por la relación de expareja y por haber sido cometidos con violencia de género, amenazas calificadas y privación ilegal de la libertad, todos en concurso real entre sí (arts. 45, 55, 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11, 149 bis primer párrafo segunda parte y 142 inciso 1 del CP), hubiera correspondido imponer una pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso (art. 26 del CP) y el pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
Posteriormente, frente a la incomparecencia del encartado ante estos estrados, a fs. 142/vta. se decretó su rebeldía y se ordenó su captura. Ante el resultado negativo de las diligencias tendientes a su localización, a fs. 156/157 se declaró la extinción parcial de la acción penal por prescripción en orden a los delitos de lesiones leves doblemente agravadas por la relación de expareja y por haber sido cometidas con violencia de género.
En su posterior dictamen de fs. 161/vta, la Fiscalía solicitó una pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso en orden a los delitos de amenazas calificadas, privación ilegal de la libertad y hurto en grado de tentativa (este último enrostrado en el marco del Expediente 8301/24, oportunamente acumulado a las presentes).
Corrida que fuera la correspondiente vista, a fs. 167 el Dr. Sat y el imputado aceptaron la propuesta de omisión de debate formulada desde la Fiscalía. Sin perjuicio de ello, ante la ausencia del encartado en el domicilio informado, a fs. 175/vta. se decretó nuevamente su rebeldía y orden de detención, que derivó en el dictado de una nueva extinción de la acción por prescripción a fs. 187/188, esta vez en orden a los delitos de amenazas calificadas y hurto en grado de tentativa; en lo relativo a este último, se ordenó además la desacumulación del legajo 8301/24.
Habido que fuera A. F. G. a fs. 191, a fs. 193 se incorporó el acta en la que tanto el encartado como el Dr. Sat aceptaron la propuesta de omisión de debate respecto del delito cuya acción a la fecha subsiste (privación ilegal de la libertad), por lo que quedó expedita la vía para llevar adelante el juicio conforme lo prevé el art. 517 del Código Procesal Penal.
Cumplidos que fueran estos actos procesales, quedan las presentes actuaciones aptas para analizar y resolver, en primer término, respecto de la aceptación de la omisión de debate y del límite de la condena estimada por la Fiscal de Cámara; de resultar procedente la propuesta, la situación procesal del encartado A. F. G.. Y;
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son admisibles y procedentes la propuesta de omisión de debate y el límite de la condena estipulada por la Sra. Fiscal de Cámara? Que a la primera cuestión el Tribunal expresó:
Se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Penal para tornar viable la procedencia de la omisión de debate en el presente juicio en razón de que las actuaciones cuentan con la propuesta formal por parte de la Sra. Fiscal de Cámara y la correspondiente aceptación y conformidad tanto del defensor interviniente como del propio imputado.
Conforme a las características del hecho, a la entidad del bien jurídico tutelado lesionado por el delito y a las condiciones personales del imputado, a criterio de este Tribunal, el monto de pena solicitado por la Sra. Fiscal de Cámara -para el caso de recaer sentencia condenatoria- resulta admisible y adecuado.
Es por ello que este Tribunal por unanimidad resuelve en primer término decretar la omisión de debate y proseguir con el estudio de las otras cuestiones para dictar sentencia en los presentes actuados.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho ilícito, la autoría y la consecuente responsabilidad penal del acusado? Al respecto, el Tribunal dijo:
Que, a fines de reconstruir el hecho cuya acción penal subsiste, corresponde comenzar por el informe de fs. 35, en el que personal de la División Comando Radioeléctrico plasmó que a las 00:16 horas del día **/**/2020 se recibió un llamado a la línea de emergencias 101, en el que una mujer solicitó presencia policial en el domicilio ubicado en la parte posterior de calle Los DIRECCION de esta ciudad, con motivo de “una discusión de pareja”, por lo que se dio intervención a la Comisaría de la jurisdicción y se envió un móvil al lugar. Se agregó que, una vez comisionados efectivos de la dependencia al inmueble, también arribó un contingente de la División Comisaría Cuarta, compuesto por la Sargento Primero Gálvez, la Sargento Díaz, el Cabo Pintos y el Cabo Pérez, que se hizo cargo del procedimiento plasmado en el informe de novedad de fs. 45. De allí surge que, en un primer momento, no advirtieron movimientos en la vivienda, por lo que tocaron la puerta en reiteradas oportunidades y, aproximadamente cinco minutos después, egresó una pareja constituida por un hombre y una mujer.
En la posterior entrevista mantenida con esta última, M. N. L., manifestó que su pareja -A. F. G., imputado de autos- había estado consumiendo bebidas alcohólicas y se había ofuscado sin razón con ella, lo que dio lugar a una discusión verbal, aunque en ese primer momento expresó que “no había sucedido nada grave”. Momentos después, se presentó en el lugar una amiga de la nombrada, quien la alojó en su morada.
Conforme surge del acta de fs. 37 y del informe de inicio de actuaciones de fs. 34, pasadas las 20:00 horas de ese mismo día M. N. L. se presentó espontáneamente en la sede de la División Comisaría de la Mujer y la Familia local. En esa oportunidad refirió que a las 17:00 horas del día anterior se encontraba en la vivienda junto al encartado - su entonces pareja desde hacía un año y medio, con quien además convivía- , quien había estado ingiriendo bebidas alcohólicas y luego se quedó dormido en la mesa, por lo que ella lo despertó para que fuera a la cama.
Cuando lo hizo, A. F. G. se enojó, la tiró al suelo de un empujón y comenzó a propinarle puntapiés en la espalda, seguidos de golpes con las manos abiertas en la cabeza y en el rostro. Según refirió, ella intentó defenderse rasguñándole el cuello, lo que provocó que el imputado se enfureciera aún más y continuara golpeándola, esta vez mediante puntapiés en el abdomen, pese a que se encontraba cursando un embarazo de aproximadamente cinco meses.
Posteriormente, mientras ambos estaban en el dormitorio, el encartado fue a la cocina, tomó un cuchillo “tipo Tramontina, con mango de madera, de unos 30 cm”, volvió a la habitación, lo apoyó sobre su cuello y le dijo “matame o te mato”. Luego continuó golpeándola y expresó: “prefiero que el bebé esté muerto, ojalá se muera”.
Sin perjuicio de que las lesiones y las amenazas calificadas ya no integran el objeto de condena por haberse declarado extinguida la acción penal a su respecto, tales circunstancias conservan relevancia probatoria en cuanto permiten reconstruir el contexto inmediato, la modalidad violenta del suceso y las condiciones en que se habría producido la privación ilegítima de la libertad que subsiste como objeto procesal.
En tal sentido, M. N. L. agregó que, en un momento, observó que la puerta de ingreso estaba abierta, por lo que intentó escapar. Sin embargo, el imputado la tomó del pelo y la arrastró nuevamente hacia el interior de la vivienda, donde continuó con las agresiones -tanto verbales como físicas-, que se prolongaron durante esa tarde y noche, hasta que alrededor de las 00:00 horas gritó “tan fuerte” que, según estimó, su vecina la oyó y alertó a los efectivos policiales que se presentaron en el lugar.
Ya en presencia del personal policial, explicó que había sido agredida, pero que en ese momento se encontraba muy nerviosa por lo sucedido, por lo que se retiró a la casa de una amiga que había llegado al lugar. Una vez allí, recapacitó y decidió radicar la denuncia.
Las constancias hasta aquí reseñadas resultan concordantes con los relatos de los efectivos de la División Comisaría Cuarta, cuyas declaraciones incorporadas a fs. 49/52 fueron contestes en cuanto a que, aproximadamente a las 00:15 horas, se tomó conocimiento por vía telefónica del pedido de presencia policial en el domicilio ubicado en calle xxxxxxxx, por lo que concurrieron allí junto al Oficial de Servicio.
Una vez en el lugar, confirmaron lo que surge de los informes policiales: en un principio no advirtieron actividad en el inmueble ni obtuvieron respuesta a sus llamados a la puerta, hasta que pasados unos minutos detectaron la presencia de una mujer y un hombre que denotaba haber ingerido bebidas alcohólicas, quienes egresaron por la puerta principal. Al entrevistarse con M. N. L., ésta les manifestó que su pareja había estado “tomando” y luego se había tornado verbalmente agresiva, aunque en ese momento indicó que no era su deseo denunciar porque la situación no había pasado de un malentendido. También reafirmaron la presencia en el lugar de personal de la División Comando Radioeléctrico y la posterior retirada de M. N. L. junto a una amiga. Retomando su relato, la damnificada dejó constancia de que no era la primera vez que sucedía una situación de este tenor, ya que A. F. G. solía dejarla encerrada por aproximadamente doce horas cuando se iba a trabajar. Estas referencias no deben ser valoradas como hechos autónomos de condena, sino como elementos de contexto que permiten comprender la dinámica vincular en la que se insertó el hecho juzgado, caracterizada por episodios de violencia, control y restricción de la libertad ambulatoria de la damnificada. En este punto, corresponde señalar que el hecho investigado se inscribe en un supuesto de violencia doméstica y de género, frente al cual el Estado argentino ha asumido compromisos internacionales de prevención, sanción y erradicación. La Convención de Belém do Pará impone incorporar perspectiva de género en el abordaje jurídico de estos casos, como pauta de interpretación y valoración integral de la prueba, sin que ello implique disminuir el estándar de certeza requerido para condenar, invertir la carga probatoria ni sustituir la sana crítica racional.
Asimismo, con relación específica al caso, el artículo 6 de la Ley 26.485 define la violencia doméstica como aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad -comprendiendo la libertad reproductiva- y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. A su vez, el artículo 16 inciso “i” de dicha ley recepta la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos.
En ese sentido, adquieren especial relevancia las manifestaciones de M. N. L. referidas a aspectos concretos de su relación, tales como su dependencia económica del encartado, producto de haber tenido que dejar su trabajo por el embarazo y la pandemia entonces en curso, y el hecho de que A. F. G. le decía que “se haría cargo de sacar los turnos con su obra social” para controlar su gestación, pero no lo hacía. Tales extremos acentúan el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba la damnificada y permiten comprender, además, las razones por las cuales no denunció inmediatamente al momento de la primera intervención policial.
Consecuentemente, la incorporación de la perspectiva de género exige analizar la prueba de manera integral y libre de estereotipos, sin exigir a la víctima comportamientos lineales o reacciones consideradas “esperables”. Ese enfoque no releva al órgano jurisdiccional de alcanzar el grado de certeza requerido para condenar, sino que impone valorar las particulares modalidades de producción y revelación que suelen presentar los hechos cometidos en ámbitos de intimidad y bajo dinámicas de violencia.
En esa inteligencia, sabido es que hechos como el que aquí se examina suelen producirse en el ámbito de intimidad de la pareja, por lo que el carácter de testigo principal de la víctima no descalifica su testimonio como prueba pertinente y útil. En esa línea se ha señalado que “...los casos de violencia de género enfrentan algunas dificultades probatorias en razón de que, en general, no deja evidencias físicas, se ejerce en espacios donde predomina el silencio y el miedo, y donde no hay personas que puedan actuar como testigos. Todo ello justifica que la fuente de comprobación del delito se remita primordialmente a la declaración de la víctima, pero no implica que deba ser la única prueba que fundamente una condena...” (Di Corleto, Julieta, “Igualdad y diferencia en la valoración de la prueba: estándares probatorios en casos de violencia de género”, en Di Corleto, Julieta, "Género y Justicia Penal", Buenos Aires, Ediciones Didot, 2017, p. 297).
En el caso, la versión de M. N. L. se vio corroborada por circunstancias probatorias periféricas. En particular, del certificado médico policial expedido a fs. 39, labrado momentos después de que radicara la denuncia, surge la presencia de “un hematoma de 10 x 5 cm en cara externa de abdomen izquierdo”, compatible con la secuencia que describió.
A ello se suma que del examen practicado al encartado momentos después de su aprehensión en el domicilio (plasmado a fs. 47/48) surge la presencia de una herida compatible con un arañazo en su cuello, extremo también concordante con el relato de la damnificada, quien refirió haber intentado defenderse rasguñándolo.
Así las cosas, corresponde destacar que, en razón de las vulnerabilidades mencionadas, resulta atendible que se generara en la damnificada un temor que explicara su negativa inicial a denunciar o a brindar mayores detalles ante la primera intervención policial, máxime frente a las posibles consecuencias negativas que el inicio del trámite judicial podía acarrear en su vida cotidiana, incluida la pérdida del sustento económico del hogar.
Por ello, su reticencia inicial, analizada en conjunto con las demás circunstancias concomitantes del caso, no obsta a la valoración de la restante prueba incorporada a la causa ni impide reconstruir lo sucedido.
Por otra parte, su posterior relato en sede policial cumple con las pautas de verosimilitud exigibles para este tipo de casos, que suelen ocurrir en contextos de intimidad y sin presencia de terceros. No se advierte la existencia de móviles vindicativos previos contra el encartado; su relato resultó circunstanciado, coherente y fue corroborado por las restantes constancias probatorias recopiladas.
En efecto, la presencia de lesiones compatibles tanto en el cuerpo de la damnificada como en el del encartado, sumada a la corroboración por parte de los efectivos intervinientes de su efectiva presencia en el lugar y de otros detalles periféricos, como la notoria ingesta de alcohol que ella había referido, permite desvirtuar el estado de inocencia de A. F. G. y acreditar, con el grado de certeza requerido para esta etapa, tanto la materialidad del hecho subsistente como la autoría atribuida al imputado.
En concreto, se tiene por acreditado que el día **/**/2020, en el interior del domicilio sito en calle Los DIRECCION de esta ciudad, en el marco de una discusión atravesada por violencia física y verbal, M. N. L. intentó retirarse de la vivienda para escapar de la situación, oportunidad en la cual A. F. G. la tomó del pelo y la arrastró nuevamente hacia el interior del inmueble, impidiéndole ejercer libremente su libertad ambulatoria y manteniéndola allí contra su voluntad, en un contexto de violencia que se prolongó hasta la intervención policial producida alrededor de la medianoche.
Por lo expuesto, y toda vez que en el transcurso del proceso no se comprobó la presencia de situaciones especiales que tornen viable alguna causal de justificación o de exclusión de la culpabilidad prevista en el artículo 34 del Código Penal, ni excusa absolutoria alguna, corresponde atribuir a A. F. G. responsabilidad penal por el hecho cuya acción penal subsiste.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a la conducta del acusado en el hecho?
El Tribunal expresó:
Probadas que fueran la materialidad y la autoría del hecho enrostrado, corresponde ahora recordar -a la luz de lo plasmado en las resultas de la presente- que el encuadre jurídico remanente por el que oportunamente se requiriera la elevación a juicio fue “privación ilegal de la libertad” en los términos del artículo 142 inciso 1 del CP.
Como primera consideración, corresponde destacar que sin perjuicio de que se advierte una discrepancia entre la consignación del delito enrostrado y la nominación del artículo e inciso en el que están tipificados, no resulta menos cierto que ello constituye un mero error material que no implica vulneración alguna al principio de congruencia ni al derecho a defensa en juicio del encartado en razón de que la parte supo permanentemente cuál era la acusación en su contra -que por otra parte se desprende a las claras de la lectura de la imputación y la prueba obrante en autos- e intervino en forma plena en su mérito.
Sentado ello, deben realizarse en primer lugar una serie de aclaraciones respecto del tipo penal básico contenido en el artículo 141 del Código Penal, que prevé su comisión en los casos en los que se impida ilegítimamente a una persona ejercer su libertad locomotiva. No requiere mayores consideraciones el primero de los requisitos objetivos, toda vez que no existió justificación legal alguna para la comisión del hecho por parte de A. F. G..
En segundo lugar, corresponde destacar que el tipo penal recae tanto sobre conductas que afecten la libertad de una persona de trasladarse a un lugar como aquellas que la obliguen a permanecer en un sitio. En este sentido, “...la libertad que aquí se toma en consideración es la libertad de movimientos, tanto en el sentido de poder trasladarse libremente de un lugar a otro... como en el sentido de privar a alguien de la libertad de ir a determinado lugar del cual el autor no tiene derecho alguno para excluirlo...” (Soler, Sebastián. Derecho Penal Argentino Tomo IV, Tipográfica Editora Argentina: Buenos Aires, 1992, p. 35).
En este sentido, se vio configurada la acción típica básica de privación ilegítima de la libertad en el momento en el que el imputado impidió que la damnificada -de cuyo relato se desprende que ostensiblemente intentaba escapar de las agresiones sufridas pero no logró hacerlo con motivo del actuar del encartado- egresara de la vivienda.
Por otra parte, se configuró el tipo penal agravado previsto en el primer supuesto de inciso 1 del artículo 142 del Código sustantivo en razón de que se comprobó la utilización de violencia a fines de cometerlo, ello en razón de la energía física que desplegó para forzarla a reingresar el lugar y para luego mantenerla allí.
Es por ello que este Tribunal entiende que el actuar oportunamente llevado a cabo por A. F. G. resulta constitutivo del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida mediando violencia (artículo 142 inciso 1 primer supuesto del Código Penal).
CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar?
Que para establecer la sanción justa aplicable, se debe tomar en cuenta la participación del imputado y la calificación legal que fuera establecida, actuando de conformidad con las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
En el caso concreto, la Fiscalía solicitó la imposición de una pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, petición que en el caso constituye el límite máximo de la respuesta punitiva en razón del procedimiento previsto en el artículo 517 del Código Procesal Penal.
Así, a fines de determinar la pena, operan como agravantes la violencia desplegada por el encartado al momento de llevar adelante la agresión, la condición de mujer embarazada de la damnificada y su comisión en infracción a los compromisos internacionales asumidos por el Estado, que sin lugar a dudas acentuaron la vulnerabilidad de la víctima, redundaron en un mayor poder dañoso de su conducta y, sumados a la asimetría física entre las partes, redujeron su posibilidad de defensa.
Opera como único atenuante la inexistencia de antecedentes penales en cabeza del encartado informada a fs. 177 y 178/181.
De igual manera, deben tenerse en cuenta las resultas de las constancias obrantes en autos, de los que surge que A. F. G. nació hace 38 años en esta ciudad, trabaja como sereno en una casa en construcción, vive solo y es padre de un hijo mayor de edad con quien mantiene una buena relación.
Valorados los elementos precedentemente expuestos, la consideración conjunta de estas circunstancias permite concluir que la pena solicitada por la Fiscalía resulta proporcional a la gravedad del hecho y se mantiene dentro del tramo inferior de la escala penal aplicable; en igual sentido, resultan operativas las previsiones del artículo 26 del Código Penal en razón de que las circunstancias personales del imputado permiten inferir un pronóstico de reinserción social favorable, sumado ello a que la ejecución efectiva de la pena resultaría innecesaria para prevenir la comisión por su parte de nuevos delitos similares; es por ello que, evaluada que fuera la situación personal de A. F. G. en su relación con el contexto fáctico y jurídico contenido en este proceso y conforme a las pautas mensurativas contenidas en el Digesto Penal, se considera apropiado aplicar la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento en suspenso en orden al delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida mediando violencia (artículo 142 inciso 1 primer supuesto del Código Penal) y la imposición de las costas procesales, ello en concordancia de lo sugerido desde la Fiscalía de Cámara. Asimismo, en virtud de la modalidad de cumplimiento de la pena que se impone, durante el plazo de cuatro (4) años el nombrado deberá observar las Reglas de Conducta Nro. 1, 2, 3 y 6 del art. 27 bis del Código Penal, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se le revoque el beneficio de la condicionalidad de la pena impuesta en la presente.
En su mérito, A. F. G. deberá fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1), abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 3) y someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 6).
Además, a fines de salvaguardar la integridad psicofísica de la damnificada, es que corresponde imponer al nombrado la prohibición de contacto respecto de M. N. L., por cualquier medio, ya sea por sí o por intermedio de terceros, y la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la nombrada (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 2).
Además, deberá inscribirse la presente sentencia en el Registro Único de Personas Violentas (RUV), dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Asuntos Públicos del Ministerio de Gobierno Provincial, ello conforme lo previsto por la Ley provincial Nº 3595. Por otra parte, deberá hacerse saber a la víctima de autos del estado del trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos de los artículos 73 inciso “b” del Código Procesal Penal y 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos. Por todo lo expuesto, en virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383, 386 y 517 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1. CONDENAR a A. F. G., de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento en suspenso como autor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida mediando violencia (artículo 142 inciso 1 primer supuesto del Código Penal) y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3 del CP).
2. IMPONER a A. F. G., por el término de cuatro (4) años, las siguientes reglas de conducta:
a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 1);
b) La prohibición de contacto (por cualquier medio, ya sea por sí o por intermedio de terceros) y de acercamiento a menos de 200 metros respecto de la damnificada M. N. L. (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 2); c) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 3);
d) Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia (art. 27 bis del Código Penal, regla de conducta Nº 6).
3. HACER SABER al encartado que deberá dar cumplimiento a las reglas de conducta impuestas bajo apercibimiento de revocar el beneficio de condicionalidad de la pena impuesta en la presente.
4. INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro Único de Personas Violentas (RUV), dependiente de la Dirección General de Policía en Función Judicial, ello conforme lo previsto por la Ley provincial Nº 3595.
5. HACER SABER a M. N. L., víctima de autos, el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos de los artículos 73 inciso b del Código Procesal Penal y 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos.
6. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE la presente; firme que sea, REMÍTANSE los presentes actuados a la Secretaria de Ejecución a sus efectos.
Fdo. María Alejandra Vila - presidenta- Dr. Jorge Daniel Yance - juez- Dr. Eduardo Gabriel López - juez subrogante- ante la Dra. Gabriela Mansilla - secretaria-.
Fin de la sentencia