Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8117 FOLIO Nº 091/099 PROT. ELECT. JRS1093I.231
Río Gallegos, 27 de Septiembre de 2023.-
La presente causa caratulada: "F.G.L. S/ INFRACCION AL TITULO III DEL LIBRO II DEL C.P.A.", Expte. Nº 81.252/20 - Apelación/Causa JR Nº 8190/23, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 171/181vta. obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de esta ciudad, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de G.L.F., en orden al delito de “Abuso Sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la situación de convivencia preexistente” (art. 119 2º párrafo inc. b y f del Código Penal); y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de pesos un millón ($ 1.000.000).- Que a fs. 195/197vta. la Defensa Técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 214 sostuvo el recurso y, a fs. 217/222 hubo de presentar el memorial regulado en el art. 437 del C.P.P., quedando en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que la defensa se agravió del resolutorio, argumentando que surge de un análisis de conductas cuya existencia y autoría material no se encuentran debidamente acreditadas en autos, valiéndose sólo de elementos probatorios indirectos que no resultan suficientes para desvirtuar el principio constitucional de inocencia y buena fe.-
Que tanto la materialidad del delito como su autoría se tiene por acreditada únicamente en base a los dichos expuestos por la menor en Cámara Gesell y el testimonio brindado por la progenitora de la niña, que se limita únicamente a reproducir parcialmente el relato aportado por la joven, tergiversando los hechos para perjudicar al denunciado.-
Señala que se evidencian contradicciones en los relatos aportados por la Sra. G., quien manifiesta que los presuntos hechos acontecieron en la vivienda familiar ubicada en calle C.O. Nº xx sin considerar que efectivamente a principios de 2016 todo el grupo familiar se había mudado a la calle S.J. Nº xxx.-
Indica la recurrente que asimismo la denunciante en dos oportunidades confirma que ella estaba presente al momento que acontecían estos hechos al expresar “…yo veía que el padre las tocaba en forma inapropiada…” “…yo veía que la tocaba…”, lo que a su entender contrasta totalmente con lo expuesto por la joven en Cámara Gesell, en cuanto indicaba que estos hechos presuntamente acontecían cuando la progenitora se iba derivada a Buenos Aires.- Agrega la defensa que resulta aún más contradictorio que la progenitora indique que la joven E. le haya manifestado de esta situación en abril de 2020, pero recién haya procedido a denunciar en noviembre del mismo año cuando le llegó presuntamente un pedido de revinculación paterno filial, lo que deja en claro que seguía buscando obstaculizar el vínculo.-
Dice que tampoco se puede dejar de lado que V. (hermana de E. e hija de su pupilo) en instancias de la Cámara Gesell expresó su malestar por la denuncia formulada por su progenitora manifestando que “…no debería haber una denuncia por abuso…” “…no siento que sea abuso…”, procediendo a exponer la conflictiva familiar (situaciones de violencia y abandono vivenciadas con la figura paterna), volviendo a posicionar a la Sra. C. en una exposición (¿situación?) de espectadora de los presuntos hechos.- Sostiene que, en función de ello, resulta imposible que la Sra. C. durante todos estos años que fue peticionando medidas de restricción con su defendido, judicializando la situación familiar desde el 2018 (como ella misma confirma) al 2020 no haya exteriorizado que su hija era víctima de esos presuntos abusos.-
Entiende que convenientemente la denuncia surge una vez que llega el pedido de régimen comunicacional –cuando ya no existían medidas de restricción entre el Sr. F. y sus hijas-, siendo visible una clara manipulación en el relato de la joven E.-
Dice que esto se refuerza con el perfil psicológico expuesto en la pericia, al evidenciar que E. posee “…indicadores de inseguridad, desconfianza, malestar emocional… inestable emocionalmente, con arranques impulsivos que tiende a internalizar y resultar en autolesiones o quedar expuesta a conductas riesgosas…postura adultizada frente a las situaciones de la vida cotidiana general…” (textual de pericia).- Agrega que a esos fines no se toma en consideración las declaraciones emitidas por el Sr. F. en su indagatoria, donde indicó expresamente que la menor, durante las noches que había fuertes vientos, iba a dormir a la habitación, estando ambos progenitores presentes, posicionándose en el lado izquierdo de la cama, manifestando tener temor de dormir sola, hasta que se tranquilizaba y era llevada a su habitación, estando presente la Sra. C..- Esto conforme lo relató su pupilo ocurrió cuando residían en la casa ubicada en C.O. hasta que se mudaron el 12 de febrero de 2016 a otra vivienda.- Indica que esto también hace caer de pleno los años que presuntamente para la instrucción ocurrieron estos presuntos ilícitos, dado que se articula que acontecieron en un período 2012 a 2018, cuando para ese último año E. tenía 12 años, en tanto la propia denunciante (Sra. C.) articula que habría ocurrido desde los 6 hasta los 9 años de la menor.-
Añade la recurrente que en ese sentido no se ha analizado el contexto familiar completo que involucra a su pupilo con su ex cónyuge y sus hijas, lo que fue acreditado por su defendido con la diversa documental agregada –qué en ningún momento se menciona en el resolutorio- consistente en informes de diversos terapeutas, medidas de restricción desde la separación al momento de la denuncia e inclusive una pericia psicológica celebrada en el marco del Juzgado de Familia donde E. fue contundente en manifestar su interés en sostener contacto con su padre, dejando en claro que tampoco para los profesionales se evidenciaron situaciones de vulneración a la integridad de la menor.- Sostiene la defensa que es contundente el informe psicológico (de fecha 13/11/18) celebrado en el marco de los autos “C.L.A. c/ F.G.L. s/ Medidas de Abordaje intrafamiliar” – expte. Nº 1158/18 en trámite ante el Juzgado de Familia Nº 2, Secretaría de Violencia Doméstica, en tanto expresamente dice: “…Los integrantes del grupo fraterno niegan haber sido víctimas de actos violentos por parte de sus padres, no se detecta signo-sintomatología secuelar compatible con las que poseen las víctimas de maltrato físico o vivencias psicotraumáticas. No obstante refieren haber presenciado peleas entre ellos…quedando cristalizadas en este tipo de reyertas y contiendas entre los padres…” (textual de pericia incorporada al expediente de marras).- Agrega que es claro el historial de constantes pedidos de restricción por parte de la Sra. C. contra su pupilo, la conflictiva entre ellos latente, buscando con ello evitar el contacto paterno filial durante años, al punto que han abordado diversos profesionales a la menor de autos.-
Que surge del relato del propio Lic. O. –quien atendió durante el año 2019 a la joven- que esta última nunca relató ningún suceso de invasión a su integridad sexual, únicamente un enorme malestar ante la separación de sus progenitores, dejando en claro la conflictiva de larga data y cómo ha afectado psicológicamente a la niña.-
Se advierte, señala, que desde entonces la niña seguía sosteniendo esas conductas de inestabilidad, baja autoestima, sentimientos de inferioridad, ansiedad y nerviosismo, no siendo ello atribuido al ilícito aquí denunciado.-
Agrega que por su parte la última profesional tratante de la adolescente (Lic. G.B.) indico que comenzó a tratarla en mayo de 2020 por trastornos de ansiedad, no haciendo mención a los hechos de invasión a su privacidad (pese a que según la Sra. C. la joven lo habría exteriorizado en abril de ese año).-
Postula la recurrente que recién estos hechos surgieron en terapia a raíz de “…un oficio que recibieron en la casa respecto a una Revinculación con su padre…” conforme expresó esa última profesional. Que, a su entender, esto vuelve a confirmar la conflictiva de larga data que ha venido sosteniendo la Sra. C. con su pupilo, buscando impedir el contracto paterno por años.-
Que asimismo entiende que la Lic. B. únicamente relata lo que le expresó E. en una consulta, no interiorizándose en su estado emocional, ni realizando un análisis integral o propio de su ciencia, es una reproducción de los hechos que su paciente le relató en una sesión.-
Que conforme ha señalado su defendido en su indagatoria y las jóvenes E. y V. en el cuerpo pericial, las mismas han transitado diversos profesionales de la salud, los cuales no han sido citados en su totalidad para que puedan explayarse sobre el estado psíquico y mental que ha venido transitando la menor de autos desde hace años.-
Que, reitera, del resultado de la pericia psicológica celebrada en la investigación surge que E. denota sentimientos de inseguridad, desconfianza, malestar emocional, además de presentar indicadores de personalidad que denotan presencia de tensión emocional y desconfianza, adoptando distancia “física y emocional de los adultos referentes”. por lo que no se atribuye expresamente tales alteraciones emocionales a un trauma por el presunto delito imputado.- Dice que cabe consignar que la propia Sra. C. expresa en su denuncia que la menor sufre narcolepsia, patología que tampoco fue tratada en la pericia psicológica, ni mucho menos se hizo mención en los considerandos del resolutorio recurrido, siendo que el propio lic. O. también manifestó que la menor sufría esta patología.-
Refiere que otra cuestión que no fue considerada por la instrucción al momento de resolver, es que en todo momento E. sostuvo que su defendido estaba vestido cuando presuntamente la obligaba a dormir con él, y en ningún momento manifestó la presencia de la figura materna en la habitación, cuando la Sra. C. y V. expresaron lo contrario.-
Asevera que existe una clara falta de pruebas para poder desvirtuar el principio de inocencia que rige a su defendido.-
Que por otro lado no surge de la experticia efectuada a su pupilo indicadores que se verifiquen en la personalidad de abusadores sexuales, por cuanto los resultados de la pericia resultan circunstanciales y carentes de fundamentos técnicos para sustentar la materialidad que se atribuye del presunto ilícito.-
Que así las cosas, entiende que se advierte que el resolutorio en crisis no efectúa un correcto análisis de los elementos probatorios colectados, imputando la conducta típica supuestamente desplegada por su defendido sólo en base apruebas indiciarias, resultando por ende arbitrario el auto que se apela, circunstancia que, va de suyo, vulnera gravemente elementales garantías que hacen al debido proceso del Sr. F..- Que el principio de inocencia establece que toda condena ha de fundarse en pruebas de cargo, y las dudas en el enjuiciamiento se deben resolver siempre a favor del reo “in dubio pro”, lo que no se ha respetado en la presente investigación, vulnerándose a su vez la buena fe que rigen los procesos penales.-
Que en ese sentido observa que el auto apelado constituye un pronunciamiento que se encuentra fundado en la reproducción de los dichos de la denunciante, sin un real análisis integral y la correspondiente apoyatura fáctica y jurídica, tal como asegura quedó expuesto en los párrafos precedentes.-
Que por todo lo expuesto resulta a su entender manifiesto que la resolución debe ser revocada en todas sus partes, decretando el sobreseimiento de su defendido o subsidiariamente- y ante el caso que se rechace la defensa ensayada- el ad quem procederá sin hesitación a modificar la calificación legal de la conducta imputada a las previsiones contenidas en el primer párrafo del art. 119 del C.P..-
Esto en tanto, alega, se advierte que el Juzgado de instrucción no abordó el tratamiento de la aplicación de la agravante “gravemente ultrajante”, ni tampoco se realizó un análisis jurídico y fundado.-
Vale decir, expresa, existe falta de fundamentación -arbitrariedad- y una valoración errada de la prueba para arribar a esa calificación legal, en tanto no se encuentran verificados los requisitos del tipo subjetivo de la figura aludida.-
Que no debe perderse de vista que este tipo penal requiere una situación de sometimiento de la víctima de carácter sexual gravemente ultrajante, vale decir de mucha entidad o importancia, resultando claro que las circunstancias de realización de cualquiera de los comportamientos que se le acusa a su pupilo lejos están de satisfacer los requisitos típicos de la agravante en cuestión.-
Que en oportunidad de presentar el memorial (fs. 217/222) la defensa reedita los agravios contenidos en su escrito de apelación, citando doctrina y jurisprudencia en apoyo a su tesitura Quedan así planteadas las cuestiones para resolver.-
I. Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente, se utilizarán únicamente las iniciales de los nombres de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, en miras a que los derechos que son universalmente reconocidos, sean reales y efectivos, velando por la preservación del derecho a la intimidad, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
II. Yendo a los agravios referentes a la escasez de la prueba y la arbitrariedad en su valoración, de la lectura del presente legajo se advierte que la Sra. Magistrada se avocó a la recolección de la totalidad del plexo probatorio tendiente a acreditar la materialidad del hecho investigado y el descubrimiento de la verdad objetiva, dando cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 185, 186 y 187 del C.P.P..- No se vislumbra que se haya efectuado una valoración parcializada de la prueba colectada, ni que se haya arribado a una forzada decisión, más aún, fue el examen minucioso de la prueba rendida, el que permitió a la Sra. Jueza efectuar una serie de consideraciones y arribar a conclusiones, que finalmente culminaron con el procesamiento del imputado, razón por la cual sus agravios no prosperarán, por no lograr conmover los argumentos de la Jueza A quo en el auto recurrido.- Recordemos que valorar: “Consiste en un análisis crítico y razonado de los elementos de comprobación que han ingresado al proceso, dirigido a determinar su efectiva utilidad a los fines de la reconstrucción de la hipótesis delictual objeto del procedimiento.” Arocena, Gustavo A.; APC 2012-12; 01/12/2012, 1298; Cita Online: AR/DOC/4865/2013.-
Así, la Sra. Jueza hubo de analizar todos los elementos probatorios, entre los cuales obran, amén de la pericia practicada al defendido de la recurrente, examen psicológico practicado a la pretensa víctima, denuncia formulada, testimoniales recabadas y la propia declaración del imputado.-
Vale decir que no estamos en presencia de un apartamiento de una determinada prueba como lo señala la defensa, sino, por el contrario, en un estudio de toda la prueba en su conjunto.-
Es dable señalar que incluso la referida experticia practicada al imputado fue debidamente citada, analizada y valorada por la Sra. Jueza (fs. fs. 179/vta.).-
Cabe traer a colación lo que tiene dicho la jurisprudencia en el sentido que "...el tribunal es soberano en la valoración de la prueba aun cuando verse sobre temas en los que deban expedirse expertos... y no corresponde sugerir que la opinión válida sea en tales casos la que obtenga mayoría de adhesiones o que no sea contradicha, igualmente que la prueba pericial, aun siendo importante, no necesariamente resulta definitoria, pues es facultad de los jueces apartarse de las conclusiones de los peritos si sobre la base de otras pruebas disienten con el dictamen... El criterio de valoración de las citadas pruebas por el juez, será el de la sana lógica o sana crítica, lo que se traduce en una valoración amplia de todo el plexo probatorio..." (CNCCorr., Sala V, 26-5-97).- Asimismo, es dable destacar que tampoco se advierten irregularidades procesales ni mucho menos que se haya configurado un perjuicio concreto a la parte recurrente.
Luego de una minuciosa revisión de lo actuado, no se vislumbra vulneración del debido proceso, habiéndose respetado las formas requeridas en los distintos actos procesales por el CPP, no conculcándose el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que el auto recurrido es la consecuencia natural del devenir de la investigación llevada adelante, correspondiéndole a la Jueza que instruye el legajo, la ponderación de la prueba, arribando a una conclusión fundada en derecho, en función del conjunto del plexo probatorio reunido y a la luz de la sana critica racional. - El auto de procesamiento no se fundamenta exclusivamente en los dichos de la pretensa víctima. Tal es así que la Sra. Jueza de instrucción no se limita en la resolución a desarrollar el contenido de lo expresado por la persona denunciante.
Tuvo en consideración el resto del plexo probatorio, es decir pruebas tales como informes del Cuerpo Pericial de Psicología: Oficio Nº 318/21 de fs. 68/71vta. -respecto de E.V.F.C. y V.M.F.C.- y Nº 354/21 de fs. 73/74 -respecto de G.L.F.-; declaraciones testimoniales de los profesionales tratantes de la joven E.V.F.C. a fs. 101/102 y 165/166 (Lics. D.G.B. y S.J.O., en ese orden); declaración mediante sistema de Cámara Gesell de E.V.F.C. y V.M.F.C. (soporte digital recepcionado a fs. 54 al amparo de nota Nº 1425); entre otras circunstancias.- A todo esto, conforme surge de los oficios Nº 318/21, 332/21 y 354/21 (glosados a fs. 68/71vta., 72 y 73/74, en ese orden), todas las pericias psicológicas/psiquiátricas han sido suscriptas por los profesionales del Cuerpo Pericial de Psicología y por la Lic.
N.A.V. propuesta por la defensa, quien ha firmado en total acuerdo con las conclusiones arribadas.-
Estas connotaciones son las que fueron tenidas en cuenta por la Sra. Magistrada al momento de resolver la situación procesal del imputado, tal como luce en los puntos I) y II) de los considerandos de la Resolución.-
Es por lo expuesto que el cúmulo de prueba no es insuficiente, a tal punto de no configurar elementos aptos para sostener que su defendido sea probablemente autor del hecho que le fuera impuesto. Por el contrario, resulta suficiente para el grado de probabilidad requerido en esta instancia y el Juzgado actuante ha tenido en cuenta las pruebas señaladas.-
Sin embargo, no debemos olvidar que el delito aquí denunciado es de aquellos que, en la generalidad de los casos, se cometen sin la presencia de testigos. Pese a ello, se ha dicho que no son de imposible investigación, debiéndose analizar no sólo el relato brindado por la propia víctima sino de todos aquellos que tomaron conocimiento de los sucesos por alguna referencia que la víctima/denunciante les haya efectuado.- Concordantemente con ello, “...no hay que olvidar que los delitos de abuso sexual se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de elementos probatorios, por ello el testimonio de la víctima adquiere plena prueba al no advertir interés u odio tendiente a perjudicar al imputado...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 4º, 8/11/2001, “Rodas Jaras, Domingo”) y “...con todo acierto se ha sostenido que resulta inimaginable que alguien denuncie a otro como que lo ha sometido sexualmente, inventando gratuitamente episodios que lo exponen a las burlas y comentarios de sus vecinos y conocidos, y que le generan a la par una pérdida de tiempo, al tener que someterse a exámenes, análisis e interrogatorios nada cómodos o placenteros...” (Trib. Oral Crim. Nº 3 Cap. Fed., 7/4/2003, “Gorosito, D.O.”).- En este caso, contamos con el relato directo de la propia presunta víctima, debiéndose adicionar que el auto atacado se encuentra apontocado en las diversas pruebas incorporadas, las cuales guardan coherencia entre sí, no pudiéndose pretender tampoco un grado tal de exactitud en la narrativa por parte de las víctimas de los hechos como el que nos ocupa –como lo pretende la recurrente en relación a la fecha precisa en la que los hechos habrían acontecido-, ya que sabido es que muchas veces se forman lagunas en el recuerdo de algún tipo de circunstancia, siendo que dicha imprecisión no puede erigirse en un obstáculo que prive de efectos a la investigación en curso, y que por lo tanto obstaculice la prosecución de la acusación.- Es decir, no se advierten contradicciones entre lo declarado por la presunta víctima ni tampoco lagunas sobre detalles fundamentales que hacen a la existencia del hecho imputado. No podemos dejar de mencionar que este contexto fue tomado en cuenta y analizado por la Sra. Jueza en el auto apelado.-
Es por ello que tampoco se advierte que el plexo probatorio reunido sea desviado en su interpretación al sólo fin de mantener supuestamente justificada la acusación.-
No nos debemos olvidar que de ninguna manera se han afectado las garantías constitucionales ni se ha alterado el debido proceso. El imputado fue enrostrado de los hechos en las circunstancias referidas en la denuncia formulada, las cuales guardan coherencia con lo relatado por la presunta víctima en su declaración y las constancias obrantes, ello sin perjuicio que siempre las actuaciones estuvieron en condiciones de ser sujetas a su contralor.- Es más, incluso la defensa técnica hubo de estar presente en la declaración de su asistido.-
Es que, contrariamente a lo sostenido por la apelante, la Sra. Jueza ha arribado a una resolución de mérito cargoso luego de ponderar los elementos colectados.-
Así, meritó la denuncia realizada precedentemente reseñada y los resultados de los informes psicológico/psiquiátricos que les fueran practicados tanto a la pretensa víctima/denunciante como al imputado.-
Es decir, que contrariamente a lo sostenido por la apelante, la resolución puesta en crisis es una derivación razonada y ajustada a las constancias probatorias colectadas.-
Por ejemplo, y concretamente, la Sra. Jueza hubo de valorar las consideraciones de los profesionales intervinientes en la pericia psicológica que le fuera practicada a la presunta víctima, que como ya dijimos fueron suscriptas en total acuerdo entre los peritos oficiales y la propuesta por la defensa aquí recurrente. Vgr.: “…Del relato obtenido por E. mediante el recurso de Cámara Gesell, podemos concluir que el mismo resulta fiable, reuniendo criterios clínicos y requisitos suficientes de acuerdo a los diferentes instrumentos que se utilizan para la evaluación de confiabilidad de los testimonios (CBCA- Criteria Based Content Analisis; y SVA Statement Validity Assesment)…Al momentio de la presente evaluación no se evidencian indicadores de inducción por parte de un tercero de manera directa o bien vinculada a alguna otra cuestión familiar…” (fs. 174/vta).- Como se podrá apreciar, estas consideraciones no viabilizan las alegadas expresiones de la defensa, en el sentido que la denuncia habría tenido origen como represalia presunta ante un pedido de revinculación, más bien todo lo contrario.
Fue con motivos de las expresiones de E. a su madre ante el temor de retomar el contacto con su padre por las razones que expuso también en Cámara Gesell, amén de lo explicitado a sus profesionales en el área de la psicología tratantes.- También ponderó lo referido por los profesionales que llevaron a cabo la experticia psicológica/psiquiátrica al imputado referido a las características de su personalidad y, en particular, si dentro de su estructura aparecen elementos de impulsión el área de la sexualidad o de vinculación agresiva. Quienes afirmaron: “…Se concluye la existencia de una estructura de personalidad con escaso poder adaptativo a as variaciones ambientales como pulsionales, que se estructura en esquemas cognitivos que tienen poca posibilidad de acomodar sus deseos ante el cambio de las circunstancias.
Ante estímulos estresantes no anticipados, hay posibilidad de precipitar acciones violentas y poco moduladas. Su proceder se visibiliza de manera muy egocéntrica, las necesidades de los demás son relativizadas o ignoradas, y se busca satisfacción de manera inmediata sus necesidades de afecto, atención y deseos… La sexualidad no presenta un rol empático, sino que es parte de una manifestación violenta, es un vehículo para que se expresen sus impulsos destructivos. Le otorga un sentir de dominio… se detectó impulsividad, incapacidad de mantener vínculos afectivos de carácter cooperativo prolongados en el tiempo. Este tipo de personalidad está asociado con la presencia de descargas impulsivas, que se caracterizan por la búsqueda importante de una justificación, aunque el estímulo sea de escasa magnitud…” (fs. 179/vta.).
A lo que agrega la Sra. Jueza que se adiciona en el informe que la capacidad de G.L.F. para comprender y dirigir sus acciones se encontraba conservada al momento de los hechos.- Incluso la Sra. Jueza resaltó la relevancia de las declaraciones brindadas por los psicólogos tratantes de E., licenciados D.G.B. y S.J.O. (obrantes a fs. 101/102 y 165/166 respectivamente).-
Por ejemplo, y sólo por citar episodios destacados, transcribe lo narrado en relación a que “…ella –E.- me puede manifestar que vivió situaciones incómodas con su padre y si bien le cuesta poner en palabras esta situación, ella me cuenta que su padre le ha tocado sus partes pero al querer indagar respecto a estos hechos ella no quiere seguir…” (fs. 177, en referencia a lo declarado por la Lic. G.B).-
Todas estas constancias fueron valoradas por la Sra. Jueza, habiendo señalado “…Que las circunstancias expuestas por el causante aparecen como un claro intento por mejorar su situación procesal y no alcanzan a enervar el caudal probatorio obrante en su contra, por cuanto se limita a negar el hecho, sin aportar ningún elemento objetivo que permita deslindar su responsabilidad. De este modo, intenta proyectar la idea de que su hija E. se acostaba con él voluntariamente porque tenía miedo a los ruidos externos…” (considerandos de fs. 179).- Se advierte, por ende, que la parte no ha logrado desvirtuar los elementos de cargo que obran en su contra, respecto de las circunstancias del hecho expuestas por la denunciante/pretensa víctima en mérito a lo anteriormente analizado.-
Debemos tener presente que corresponde la aplicación del principio de amplitud probatoria, por las especiales características de los hechos endilgados al imputado: delito contra la integridad sexual, habiéndose aprovechado del estado de vulnerabilidad en las que se habría encontrado la víctima por las circunstancias ya señaladas (léase que el delito se habría cometido aprovechando la situación de convivencia y su condición de padre, quien ostentaba comportamientos violentos).- Por otra parte, tanto la doctrina como la jurisprudencia imperante, son contestes en sostener que la valoración de la prueba en delitos como el que nos ocupa, no puede realizarse como si se tratara de cualquier otro de los delitos tipificados por la legislación de fondo, debiendo conferir especial relevancia a la denuncia de la víctima.-
En tal sentido, acerca de esta particular característica, y en oportunidad de resolver la situación procesal de los imputados, otros Tribunales han dicho: “…el estándar de prueba normalmente exigido para alcanzar el grado de certeza necesario a efectos de pronunciarse sobre la materialidad de los hechos y la responsabilidad del inculpado, se satisface de un modo distinto que aquél que puede exigirse para otros supuestos, y ello bajo un doble aspecto. Principalmente, porque los hechos de esta naturaleza son, por regla general, llevados a cabo en ámbitos íntimos excluidos de terceras personas que pudieran dar fe de lo ocurrido. De suerte tal que lo determinante en esta clase de asuntos, a los efectos de la reconstrucción histórica del suceso, suele ser pura y exclusivamente el relato que la víctima pueda brindar al respecto.
Además, cuando se trata de víctimas menores de edad, la ponderación de su relato no puede ser llevada a cabo de la misma forma y bajo los mismos parámetros con los que analizan los dichos de los mayores, pues la exigencia de una narrativa histórica coherente, concatenada, descriptiva y lo más detallada posible en relación a un hecho pasado difiere en uno y otro caso, de acuerdo a las distintas capacidades cognoscitivas de los sujetos involucrados.” (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional - Sala 1 CCC 73954/2013/TO1/CNC1, causa nº 73.954/2013, caratulada “D. de M., R. F. s/ abuso sexual”).- En la provincia de Santa Cruz, respecto a la forma de valorar las pruebas en esta clase de delitos, el Tribunal Superior de Justicia, sostuvo: “En los hechos de abuso sexual este Alto Cuerpo expresó que el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil; por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual con acceso carnal, alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por la víctima, atenta contra una regla de la experiencia común como es, que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales.
Los dichos de la menor no deben descalificarse apriorísticamente si el tribunal de juicio los considera dignos de credibilidad –en el caso, se confirmó el abuso sexual denunciado– y más aún cuando el modus operandi implica de suyo la ausencia de testigos.”. (Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Penal, Interlocutorio Nº: 018 - Recurso de casación, 19/08/2008 - autos: “A.G.A. s/ abuso sexual simple agravado”, Expte. Nº 2665 (A-566/07/T.S.J.).- En efecto, de las constancias de autos surge que la Sra. Jueza de instrucción valoró de manera adecuada la prueba rendida en autos, atendiendo a las particularidades del presente caso, en las que el hecho habría acontecido.-
De esa manera dictó una resolución que se desprende del relato lógico efectuado luego de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, no apareciendo a mi criterio atisbo alguno de arbitrariedad o fragmentación en la valoración de la prueba aunada a la causa, motivo por el cual su agravio no podrá prosperar.-
Dicho esto, no corresponde, como pretende la defensa, valorar cada medio probatorio por separado, ni atomizar el análisis y evaluación de las pruebas colectadas. En relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...". (Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).- Recordemos que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación, y para fundar eventualmente el procesamiento del imputado como es el caso que nos ocupa. Sabido es que en esta instancia priman los elementos de cargo por sobre los de descargo, siendo que el grado de certeza apodíctica de culpabilidad no es necesario en este tramo del proceso.-
En mérito a ello no se hace lugar tampoco al agravio esgrimido por la parte referente a que no se encuentra acreditado con el grado de probabilidad suficiente para atribuirle a su defendido la responsabilidad que se investiga.-
Debo recordar aquí que, con relación al valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por las víctimas de delitos como el que nos ocupa, esta Alzada ya tiene dicho que la sola mención de que se trate de la persona damnificada no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma, tal como lo efectuara la Jueza A quo.- Es sabido, conforme la normativa vigente en la materia (Ley Nº 26.485 art. 31), que los operadores judiciales deben garantizar la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los mismos y quiénes son sus naturales testigos.
Para ello, se deben considerar las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes. Por otro lado, respecto al valor probatorio de los testimonios acerca de los hechos endilgados al imputado, con acierto se ha dicho que: “La circunstancia de que los testigos no hayan visto por sí mismos los hechos que motivaron la causa penal, sino que se limitan a repetir lo que escucharon de terceras personas, no invalida per se sus declaraciones.”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala IV; “Marcus, Alejandro Fabián Rubén”; 10/11/2008 Cita Online: AR/JUR/17536/2008.- En relación a la suficiencia de la prueba para el dictado del procesamiento, en un caso grave como el que nos ocupa, incluso en una etapa de casación más avanzada a la que transita esta causa, fueron valorados por un Alto Tribunal elementos similares a los agregados en autos, llegando en este antecedente a rechazar un recurso de casación.
Al respecto se dijo: “El recurso de casación interpuesto contra la condena por el delito de abuso sexual agravado por la calidad del sujeto activo y por la situación de convivencia debe ser rechazado, pues los argumentos recursivos evidencian una disconformidad con el pronunciamiento del Tribunal del Juicio y no un ataque fundado contra aquél, ya que los reproches se dirigen más bien a una negación ilógica de las probanzas que a demostrar la arbitrariedad en el razonamiento del juzgador que se basó tanto en los testimonios de la víctima y en los informes psicológicos realizados sobre aquella, los cuales dan cuenta que no presentaba pensamientos fabulatorios o imaginativos, lo que conjugaba para la gravitación de la credibilidad de su testimonio.” (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes; 12/02/2015; “E., M.
A. P/ abuso sexual gravemente ultrajante doblemente calificado por la calidad de guardador y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años dos veces reiterada (tres hechos) y abuso sexual por acceso carnal doblemente calificado por la calidad de guardador de la víctima y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años s/ concurso real”; LA LEY 05/06/2015, Cita Online: AR/JUR/187/2015).- La decisión adoptada por la Sra. Magistrada se enrola en los estándares de Perspectiva de de Infancia y de Género -que recientemente ha acuñado la CSJN-, y a la valoración que los jueces debemos efectuar cuando estamos en presencia de estos delitos .-
Ello fundamentalmente en atención a que ha sido materia de tratamiento la circunstancia de extrema vulnerabilidad en la que se habría encontrado la persona al momento del hecho que denunciara.-
La resolución atacada evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la Convención de los Derechos del Niño, Convención Belem do Para, 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.- En función de lo expresado, no vislumbrándose, se insiste, que la resolución atacada sea violatoria de los derechos de defensa, es que deberá confirmarse en esta instancia el procesamiento del imputado G.L.F. dictado por la instrucción y en orden al delito allí calificado.-
Pues bien, en relación a la crítica referida a la calificación atribuida, la Instrucción explicó con sólidos fundamentos (en el III) punto de los considerandos), la razón que la llevó a encuadrar los hechos en lo previsto por el art. 119 2º párrafo inc. b y f del Código Penal, provisoriamente calificado como “Abuso Sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la situación de convivencia preexistente”. Sin embargo, es criterio de esta Alzada, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. Esa postura se encuentra asentada en las Apelaciones N° 8013/22 y 8370/23, entre otras.- Esta posición resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). Por tales motivos, no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan –al menos en esta etapa procesal-, para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado en el mismo.-
En este sentido, se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- Por último, al no ser motivo de agravio el embargo dispuesto estamos impedidos de abordar su tratamiento.-
III. En otro orden de cosas, se advierte un error involuntario de tipeo en el acta de aceptación de cargo de defensor de fs. 14 del nombre del imputado, lo que deberá ser subsanado por la instrucción.-
IV. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el resolutorio de fs. 171/181vta. en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER a la Instrucción lo consignado en el punto III) de los Considerandos que anteceden.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación web.-
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia