Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, Sala I · Causa 29224
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el acuerdo que precede: I.- se rechaza el recurso de apelación en trato impetrado por el penado y fundado por la defensa oficial. II.- se confirma el pronunciamiento en crisis en cuanto dispuso No Hacer Lugar a la incorporación de Fernandez Amilcar Hector en el régimen abierto peticionado.
Los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Dolores, Provincia de Buenos Aires, de conformidad a lo establecido en los arts. 7, 8 y cctes. del Ac. 3975/2020, y art. 4 y ccdes. del Ac. 3971/20 de la SCBA, en Acuerdo Ordinario, a objeto de dictar sentencia en el juicio caratulado: " FERNANDEZ AMILCAR HECTOR ARIEL S/ INCIDENTE DE REGIMEN ABIERTO EN CAUSA 17607 IPP 03-04-000939-21 UFIJ 8 (JEP-21855) Causa n° 29224 , Registro de esta Sala I. A dicho fin, previamente se procedió a practicar el sorteo que determinan los artículos 41 Ley 5.827 Orgánica del Poder Judicial, e integrar el órgano de acuerdo a lo establecido por los artículos 21 y 440 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 11922 y sus modificatorias), resultando del mismo que la votación debía ser en el orden siguiente: Doctores: Luis Felipe Defelitto, Susana Miriam Darling Yaltone.-
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:-
1. ¿Se ajusta a derecho la resolución recurrida que no hace lugar a la incorporación de Fernández al régimen abierto peticionado?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Señor Juez, Dr. Defelitto, dijo :
Mediante resolución dictada con fecha el Señor Juez de Ejecución dispuso en cuanto fuera materia de agravio No Hacer Lugar a la incorporación de Fernandez Amilcar Hector en el régimen abierto peticionado.
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación el penado, fundando tal intención el Dr. Paladino, letrado oficial, el cual fue concedido en legal forma.
Recepcionado el incidente en esta Alzada, notificada la radicación e integración del Tribunal se encuentra la presente en condiciones de recibir pronunciamiento sin mas tramite.
Agravia al impugnante lo decidido atento a que considera Inobservados los arts. 100 y 119 ley 12.256 al denegar el régimen abierto, así como de los arts. 95, 97, 98 y concondantes ley 12256.
Entiende que la resolución carece de fundamentación violentando lo establecido en el artículo 106 del ceremonial.
Agrega que la decisión recurrida resulta no conforme a las constancias del legajo de Fernández Amílcar Héctor Ariel y no ajustada a derecho por falta de una adecuada fundamentación. (art. 106, 168 y 171 de la Constitución Provincial).
Concluye que de un análisis objetivo e integral de toda la prueba reunida en la incidencia inclina claramente la balanza en favor de la concesión del régimen abierto, para el cual Fernández contaba con un dictamen favorable de la Unidad Penal.
Sin embargo, el juez lo deniega con base en el informe psicológico.
Relata que ha ignorado el juez que todos y cada uno de los requisitos exigidos por la normativa aplicable para acceder al régimen abierto se encuentran debidamente satisfechos y de allí lo infundado de su decisión.
La ley de ejecución de la provincia de Buenos Aires establece claramente en el Capitulo II titulado "Evaluación" que el ingreso de los condenados a los diferentes regímenes y modalidades será dispuesto por la Jefatura del Servicio Penitenciario a propuesta de la Junta de Selección, en base al informe elevado por el grupo de admisión y seguimiento (conforme art. 95), así como que el movimiento, distribución, cambio de régimen y modalidades de los condenados corresponde al Servicio Penitenciario, con comunicación al Juez de Ejecución o Juez competente (art. 98).
El acceso al régimen abierto es, de hecho, una obligación positiva en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.
Indica que el régimen abierto representa una reducción del poder de control estatal y una transición hacia la libertad, lo cual es coherente con los límites impuestos al ius puniendi por el principio de humanidad de las penas.
Debe tenerse en especial consideración al resolver este tipo de pedidos y máxime en casos como el de autos, en que el delito por el cual ha sido condenado le ha impedido acceder a otros beneficios liberatorios, que el contacto progresivo con el medio libre reduce drásticamente los efectos desocializadores del encierro total.
Indica la doctrina: " ...El encierro debe ceder ante el principio de mínima intervención estatal; el régimen abierto es una forma de limitar el daño que produce el sistema penal... " (Bergalli, R., Criminología crítica y control social, 1999).
Negar el acceso al régimen abierto, sin causa objetiva y actual, constituye una vulneración a la normativa legal aplicable.
En definitiva, el régimen abierto constituye una obligación jurídica del Estado en el marco de una pena constitucionalmente válida. Negarlo de forma arbitraria vulnera derechos fundamentales, desnaturaliza la finalidad de la pena y contradice estándares nacionales e internacionales.
Por lo señalado, deviene arbitrario el criterio del juez de la instancia para denegarlo.
Las autoridades penitenciarias, quienes a diario custodian, conviven y evalúan al detenido, han entendido de manera fundada, conforme surge del Acta Dictamen, que se encuentra en condiciones de acceder al régimen abierto, el que constituye una herramienta para preparar el egreso del condenado a la vida en libertad.
En autos, en forma arbitraria el Juez se ha apartado de la conclusión del D.T.C., que aconsejaba la concesión del beneficio por lo fundamentos ut supra expuestos, lo que implica que la resolución que por el presente se impugna carece de fundamentación válida.
Relata que dicho "asesoramiento" del Servicio Penitenciario se apoya en sólidos argumentos por lo que no debió dejarse de lado a la hora de dictarse resolución.
El encierro absoluto, sin mecanismos de flexibilización progresiva, se aleja del modelo de estado democrático y refuerza una lógica meramente represiva.
Por ello, es imprescindible permitir el acceso al régimen abierto aplicando criterios individualizados y respetando el marco de derechos humanos.
Como Segundo agravio señala la Violación de los principios de culpabilidad y reserva (art. 18 y 19 C.N.):
La resolución judicial que deniega el régimen abierto haciendo hincapié en cuestiones internas de mi asistido, tomando en cuenta, según refiere, el informe psicológico agregado al incidente, en cuanto indica: ". ..Persistiendo en una posición de ajenidad respecto del acto y de la responsabilidad subjetiva. Pudiendo reconocer aspectos del contexto en el que se inscribe esa historia, pero sin producir una interrogación acerca de su propia implicación en el hecho, manteniéndose la atribución de la responsabilidad en un otro. Frente a un beneficio que implique progresividad de la pena, las referencias a alternativas para el medio libre permanecen en el plano de la enunciación, sin alcanzar una elaboración subjetiva que permita inscribirlas en un proyecto propio (.) En función de lo evaluado, no se advierte una modificación sustantiva de su posición subjetiva respecto de antecedentes previos. Persisten la pasividad, una escasa implicación frente al delito y la dificultad para apropiarse de los recorridos realizados y transformarlos en recursos para la construcción de un proyecto. A modo de conclusión, no se evidencia una progresividad en los dispositivos tratamentales, permaneciendo el sujeto en una posición subjetiva similar a la consignada en informes precedentes... ".
Sin perjuicio de lo expuesto y de la improcedencia de supeditar la progresividad carcelaria a valoraciones morales o psicológicas de carácter inquisitivo, el propio informe psicológico invocado por la magistratura contiene elementos objetivos de suma relevancia que desvirtúan la tesitura denegatoria y avalan la concesión del régimen abierto.
En efecto, un análisis riguroso del propio dictamen psicológico en crisis -lejos de justificar la tesitura denegatoria de la magistratura- pone de relieve los siguientes extremos que evidencian la improcedencia del fallo.
El informe describe a un sujeto con "actitud pasiva" y "ánimo aplanado", omitiendo por completo cualquier registro de conductas violentas, agresivas, indisciplina o incidentes en su convivencia cotidiana. Lejos de constituir un obstáculo, este perfil pasivo demuestra que el asistido no representa un factor de riesgo ni para la institución ni para terceros, reuniendo acabadamente las condiciones de tranquilidad y adecuación convivencial que justifican el tránsito hacia un régimen de menor contención material.
El reproche técnico centrado en la supuesta "ajenidad respecto del acto" o la "falta de interrogación sobre su propia implicación" desnuda el vicio central de la resolución: se pretende sancionar al interno y retacearle un derecho de ejecución penal, por no brindar la respuesta psicológica que considera "ideal" o por mantener una postura defensiva frente a su condena.
Exigir la asunción subjetiva de culpabilidad o un proceso reflexivo específico como requisito habilitante de la progresividad vulnera de manera directa el principio de culpabilidad de acto (art. 19 de la CN), en virtud del cual nadie puede ser agravado en sus condiciones de detención por su fuero interno, sus pensamientos o su resistencia a admitir culpabilidades morales.
Finaliza su exposición peticionando se haga lugar al remedio en trato y se incorpore al nombrado en el régimen peticionado.
Adelanto opinión en el sentido de que el remedio en trato no habrá de prosperar.
Surge del pronunciamiento en crisis que el Tribunal Criminal N° 1 Departamental en fecha 21 de Marzo de 2024, resolvió condenar a AMÍLCAR HÉCTOR ARIEL FERNÁNDEZ, por ser autor penalmente responsable (artículo 45 del Código Penal) del delito de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL DOBLEMENTE AGRAVADO POR SER COMETIDO POR EL ENCARGADO DE LA GUARDA DE LA VÍCTIMA Y A UNA MENOR DE 18 AÑOS, APROVECHANDO LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE CON LA MISMA -hecho I- (artículo 119, tercer párrafo, en relación con el cuarto párrafo, incisos "b" y "f", del Código Penal), a la pena de DIEZ (10) AÑOS de prisión, accesorias legales por igual término y el pago de las costas procesales, (artículos 12, 29, inciso 3; 40 y 41 del Código Penal; artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal).
Tal pena pena vence el día 5 de marzo del año dos mil treinta y uno. (05/03/2.031).
El dictamen de la Unidad penal concluye en la CONVENIENCIA de otorgar al nombrado el beneficio señalando el acta dictamen 350/2026, de fecha 5 de octubre de 2026, "... Que producida la evaluación de los contenidos elaborados por las diferentes áreas de intervención, el Informe Integral, junto con el Legajo de Ejecución Penal del sujeto privado de su libertad; es posible señalar que en el marco de su proceso de encierro, continúa dando utilidad a las herramientas tratamentales ofrecidas, optando por llevar adelante actividades educativas, concurriendo al primer año del nivel secundario, con buen rendimiento escolar, deportivo recreativas y pastorales, sosteniéndose dentro de los marcos disciplinarios propuestos. (.) Desde el plano psicodinámico, puede señalarse que este sujeto, que transita su primera detención, no asume la autoría de los hechos, advirtiéndose, a lo largo de las diferentes evaluaciones realizadas, que no presenta avances en su posición subjetiva, evitando profundizar en las determinaciones personales que desencadenaron en el grave delito por el que cumple condena. No obstante, en este medio, continúa apegado a lo heterónomamente reglado, haciendo uso productivo de los recursos tratamentales ofrecidos y sosteniendo una actitud proactiva, siendo oportuno que pueda apropiarse de los recorridos realizados y transformarlos en recursos para la construcción de un nuevo proyecto de vida (.) este Departamento Técnico Criminológico estima la CONVENIENCIA de incluir al sujeto privado de libertad FERNANDEZ SANCHEZ, Amílcar Héctor (F.C.Nº 337.253) en el marco propuesto por el Cambio de Régimen Abierto (Art. 100, 119 y ccdtes. de la Ley 12.256). Por lo expuesto, y atento a las sugerencias de las diferente áreas de intervención, consideramos oportuno que pueda acceder al espacio psicoterapéutico para abordar las problemáticas detectadas, dando continuidad a los recursos tratamentales puestos a su alcance y afianzándose en el régimen de detención sugerido...".
Sin perjuicio de ello y como lo he resuelto en reiterados precedentes de esta Sala resulta contundente y contrario a la pretensión defensista las conclusiones a las que arriba el dictamen psicológico.
Señala la Licenciada Celeste Massa, en cuanto a la actitud asumida por el interno "... Persistiendo en una posición de ajenidad respecto del acto y de la responsabilidad subjetiva. Pudiendo reconocer aspectos del contexto en el que se inscribe esa historia, pero sin producir una interrogación acerca de su propia implicación en el hecho, manteniéndose la atribución de la responsabilidad en un otro. Frente a un beneficio que implique progresividad de la pena, las referencias a alternativas para el medio libre permanecen en el plano de la enunciación, sin alcanzar una elaboración subjetiva que permita inscribirlas en un proyecto propio (.) En función de lo evaluado, no se advierte una modificación sustantiva de su posición subjetiva respecto de antecedentes previos. Persisten la pasividad, una escasa implicación frente al delito y la dificultad para apropiarse de los recorridos realizados y transformarlos en recursos para la construcción de un proyecto. A modo de conclusión, no se evidencia una progresividad en los dispositivos tratamentales, permaneciendo el sujeto en una posición subjetiva similar a la consignada en informes precedentes... ".
En las penas de larga duración como la presente entiendo ademas, que los periodos que el penado transita en los distintos regímenes debe ser mas extenso, a fin de ser evaluado y merituar sus progresos.
En sentido vemos que con fecha 26/02/26 ha sido promovido al régimen Semiabierto amplio, ámbito en el cual deberá continuar inserto.
Deberá en su caso a fin de preparase para el medio libre utilizar los recursos que el brinda el Sistema Penitenciario, como forma de capacitación hacia el futuro, implicándose en los mismos y realizándolos con interés a fin de prepararse para el medio libre.
Se cuanta con la oposición del Ministerio Publico Fiscal.
Propongo al acuerdo el rechazo del recurso de apelación en trato y al confirmación del pronunciamiento en crisis.-
Voto por la afirmativa.-
La señora Juez, doctora Yaltone, adhirió al voto precedente por sus fundamentos.-
A la segunda cuestión planteada, el Señor Juez, Dr. Defelitto, dijo :
Atento el acuerdo arribado en el tratamiento de la cuestión precedente corresponde I.- RECHAZAR el recurso de apelación en trato impetrado por el penado y fundado por la defensa oficial. II.- CONFIRMAR el pronunciamiento en crisis en cuanto dispuso No Hacer Lugar a la incorporación de Fernandez Amilcar Hector en el régimen abierto peticionado.
Así lo voto.-
La señora Juez, doctora Yaltone, adhirió al voto precedente por sus fundamentos.-
Con lo que terminó el presente acuerdo.
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que precede: I.- SE RECHAZA el recurso de apelación en trato impetrado por el penado y fundado por la defensa oficial. II.- SE CONFIRMA el pronunciamiento en crisis en cuanto dispuso No Hacer Lugar a la incorporación de Fernandez Amilcar Hector en el régimen abierto peticionado.
Notifíquese y oportunamente, devuélvase.-
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de Dolores, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario firmante: YALTONE Susana Miriam Darling - JUEZ
Funcionario firmante: DEFELITTO Luis Felipe - JUEZ
Funcionario firmante: SOMMARIVA Matias Nicolas - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 732-2026
Fin de la sentencia