Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9064 FOLIO Nº 197/200 PROT. ELECT. JR101742I.242
Río Gallegos, 06 noviembre de 2024.-
Los presentes autos caratulados “A.C.F. S/ Hurto y Lesiones Leves -E.C.V.G.- (Ley 26485)” - Expte. Nº 28171/23 - Apelación Nº 9186/24, venidos a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 47/51vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Tres con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado CFA, en orden al delito de “Amenazas dos hechos en concurso real” (Arts. 45, 55, 149 bis primer párrafo del C.P); en tanto que en el punto 2º) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($150.000). Que a fs. 53/57, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 66 (código de validación de 3bd2f539) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.
1. Plantea la defensa que la resolución puesta en crisis no resulta de una derivación razonada del derecho vigente y ajustada a las constancias probatorias colectadas en la instrucción y que las aseveraciones de cargo resultan meras afirmaciones dogmáticas, carentes de toda apoyatura probatoria.
Sustenta el recurso en la duda que emerge en cuanto a la existencia del hecho que se le imputa al Sr. A, entendiendo que se ha afectado el principio de congruencia; consecuencia directa del principio de contradicción, entendiendo este como sinónimo de juicio y como un elemento fundamental para que se respete la inviolabilidad de la defensa (art. 18 de la CN). Agravia a la defensa que el a quo tenga por acreditados los extremos de la imputación, entendiendo que surge con evidencia la existencia de conflictos previos en torno a la relación de pareja de su defendido y la Sra. B.
Que esa conflictividad previa deja en evidencia la intencionalidad de la víctima de que la instrucción se dirija a su defendido, indicando que el presente resolutorio se funda con exclusividad en los dichos de la víctima.
Respecto del delito de amenazas, la defensa no advierte que la Sra. B haya padecido un amedrentamiento de la entidad que exige el tipo penal previsto en el art. 149 bis del CP. Explica que si el tipo subjetivo exige estar presidido por la dirección intencional de amedrentar que esto no está acreditado, debiendo primar la desvinculación de su defendido. En consecuencia estima que el plexo probatorio respecto de la figura penal que se ataca es insuficiente para tener acreditado el hecho ilícito y la responsabilidad que se le endilga a su asistido, por considerar que no existen pruebas contundentes, más que, -reitera- los dichos de la denunciante, catalogando los mismos como frágiles.
En este sentido, la defensa disiente con el a quo, por entender que efectuó una invertida y errónea interpretación de la cuestión, sin tener en cuenta la relación entre las partes, como que, la existencia de antecedentes conflictivos entres las partes hacen perder idoneidad intimidatoria a los supuestos dichos agraviantes del Sr. A.
Por lo tanto, agravia a la defensa que se le endilguen a su defendido las amenazas que indica la pretensa víctima.
Asimismo, considera que se ha relajado el estándar probatorio con la sola mención de los tratados internacionales y leyes, lo cual, explica, se tiene que probar, y que el hecho de ajustar el caso a la Convención Belém do Pará no implica valorar solo el testimonio de la damnificada, sobrepasando los derechos y garantías del imputado. Aclara que no está en discusión la interpretación de las leyes, lo que cuestiona es el procedimiento, el criterio interpretativo de aplicación generalizada del instrumento internacional, por no haberse analizado la situación en concreto ni la conflictiva entre las partes. Agravia que el a quo no ha incorporado un plexo probatorio para arribar al resolutorio impugnado y que esto no puede serle atribuido a su defendido, señalando que el testimonio de la víctima no es un elemento de prueba suficiente en los términos del art. 278 del CPP., catalogando el relato como vago.
A fin de sostener su postura citó: “...considero que los dichos de los pretensos damnificados resultan de escaso poder convictivo, y deberán ser valorados estrictamente ante la ausencia de otros testigos hábiles e imparciales…” (Juzgado de Instrucción Nº 2 de Río Gallegos “GJC S/ Amenazas” Expte. Nº 71.135/21).
Por otro lado, agravia a la defensa que -a su criterio- se pretenda robustecer los dichos de la víctima con las conclusiones del informe de situación de riesgo de fs. 10/12.
La parte recurrente reitera la atipicidad del delito, indicando que las amenazas para ser típicamente relevantes, y por ende, para poseer la suficiente entidad para lesionar el bien jurídico de referencia deben ser graves, serias y posibles y que dicho entendimiento contaría claramente con los principios de lesividad y ultima ratio, que consagra la necesidad de que la conducta afecte el bien jurídico protegido. Señala que se encuentra culpable a su asistido porque no hay otro medio más idóneo para acreditar su autoría. Que nos encontramos ante una situación suscitada en el marco de la intimidad de una pareja, donde se torna difícil la probabilidad de acreditar la existencia de los acontecimientos, pero no por la duda emergente debe imputarse a su defendido. Así, se agravia de la carencia de elementos de convicción que acrediten en forma fehaciente la comisión del delito que se le atribuye, señalando que el a quo le brinda especial relevancia a los dichos vertidos por la denunciante. Y cita doctrina y jurisprudencia a fin de sostener su postura.
Que, por lo expuesto solicita se revoque el resolutorio atacado y se dicte el sobreseimiento definitivo de ACF.
Abordaré el desarrollo del presente agravio indicando que, a criterio de esta Alzada la a quo analizó en forma prolija y pormenorizada toda la prueba rendida en los autos, para luego de la meritación de la misma, concluir estableciendo la participación y responsabilidad del encartado.
Entendemos que, tal como lo señaló la Magistrada, el informe de inicio de actuados de fs. 01, las denuncias de la Sra. MAB ante la OVD y en la Comisaría de La Mujer y la Familia a fs. 06/09vta,. y 18/19, el informe de situación de riesgo y la declaración del agente OAS a fs. 30/vta., son elementos de convicción válidos, que valorados en su conjunto permiten argumentar -con el grado de probabilidad requerido en esta instancia- la responsabilidad del imputado en el hecho reprochado. En cuanto a la falta de motivación aludida, donde la recurrente manifiesta que se pasó por alto valorar el contexto de conflictividad entre las partes, direccionándose la magistrada contra el imputado, observamos que se llevó a cabo la valoración integral y concatenada de la totalidad de las pruebas producidas.
Explicó la a quo que el poder conviccional de las manifestaciones de MAB se robustecen con el informe de riesgo, el cual fue valorado como “riesgo alto”, tomó en consideración la declaración del agente policial que auxilió a la víctima y posteriormente aprehendió al imputado, y finalmente abordó la causa aplicando la perspectiva de género, señalando: “..Que la convicción real que tuvo la víctima sobre los dichos del imputado se prueba también con la subordinación que tenía en el momento y que relató que habría sufrido amenazas. Es por todo ello que resulta ostensible que las palabras pronunciadas por aquel tuvieran un fuerte poder intimidante. Cabe recordar que desde el inicio del proceso, la víctima describió los detalles de su relación con el imputado y la cadena de sucesos que ocurrieron en el interior de su vivienda…” (fs. 49).
De esta manera coincidimos con la a quo en cuanto a la decisión arribada, teniendo en cuenta que la damnificada brindó una versión clara y precisa de los hechos, sin entrar en contradicción, y que ello es concordante con el informe de inicio de actuados y la declaración del agente quien dijo que MAB le expresó que el imputado la agredió físicamente y verbalmente, y asimismo pudo observar cuatro menores de edad en el interior del domicilio, en consecuencia se adentro al domicilio a fin de contener al imputado. De igual modo, no podemos soslayar el resultado del informe de situación de riesgo, el cual fue valorado como alto, y que atento a los reiterados hechos de violencia posicionan a la víctima en una situación de vulnerabilidad y peligrosidad.
En este sentido, y en cuanto a la valoración del hecho y la prueba con perspectiva de género, en un caso de similares características al que nos ocupa, donde las amenazas eran reiteradas; se resolvió condenar al imputado diciendo: “…teniendo en cuenta que el delito endilgado no constituyó un hecho aislado, sino que se inscribió dentro de un contexto de violencia doméstica de larga data entre imputado y víctima, quienes constituyeron una pareja, ahora separada, con un hijo en común…resulta indispensable juzgar en base a principios de perspectiva de género…” (CP Contrav. y Faltas; Sala III; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11/05/2017; M., S. G. s. Infracción art. 149 bis Código Penal; Rubinzal Online; RC J 4167/17).
Es por ello, que lo planteado por la defensa luce desacertado y desajustado a la perspectiva de derechos en materia de violencia de género que el caso amerita.
Por todo lo mencionado es que no avizoramos carencia de sustento probatorio ni se advierten interpretaciones caprichosas o meramente subjetivas en el pronunciamiento atacado.
En consecuencia, el art. 278 del CPP se encuentra debidamente abastecido, pues los elementos que configuraron el estado de sospecha son suficientes para convocar al imputado a prestar declaración indagatoria y confirmar el auto de procesamiento puesto en crisis, motivo por el cual entendemos que la cita reproducida, perteneciente a un Juzgado de esta ciudad capital, no se adecua al caso de marras. Ahora bien, atento al planteamiento sobre la adecuación de la conducta del imputado al tipo penal, esta Alzada tiene dicho que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Postura asentada en las Apelaciones Nº 8013/22, 8370/23 y 8190/23, entre otras). Sin embargo, -y al sólo fin de evacuar dudas- como explicamos a lo largo del presente, la a quo explicó de manera fundada cómo el accionar de CFA configura la tipicidad del delito del art. 149 bis primer párrafo del Código Penal.
Que, habiéndose acreditado el ilícito -con el grado de probabilidad requerido en este estadio procesal- entendemos que el fuero por el que se está tramitando la causa resulta ser la vía idónea en cuanto al bien jurídico que intentamos proteger, que en el caso de marras se refiere a la integridad de la víctima.
Así pues, debido a lo expresado y encontrándose a salvo los derechos argüidos por la parte recurrente, el presente agravio no podrá prosperar, observándose las pautas previstas en los art. 115, 116 y 199 del CPP.
2. La defensa también apela el monto del embargo trabado indicando que, la suma de PESOS Ciento Cincuenta Mil ($150.000) evidencia una total desproporción y desnaturalización procesal, y que su defendido no posee un patrimonio que, en su conjunto, le permita arribar a la suma fijada.
Sobre el presente agravio debemos decir que, contrariamente a lo argumentado por la defensa, la Magistrada de Instrucción señaló, en los considerandos de fs.50vta., los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, y consecuentemente fijó la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($150.000), teniendo en cuenta el ilícito endilgado a CFA, la indemnización civil y las costas, suma que no aparece como irrazonable. En efecto, debemos decir que compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Sra. Magistrada de Instrucción para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incurso CFA.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 47/51 vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia