Abriendo la norma
TOMO: CXXIV REGISTRO: 015 FOLIO: 174/181
Caleta Olivia, 11 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “F. J. C. S/ INFRACCIÓN ART. 119 DEL C.P.” Expte. Nº ****/22, N° de Juzgado de Recursos 8529/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 150/158, el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “…decretar el procesamiento con prisión preventiva -bajo la modalidad de prisión domiciliaria- de F. J. C., como autor penalmente responsable del delito de ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO EN MÁS DE TRES OPORTUNIDADES (arts. 45, 55 y 119 primer párrafo del Código Penal)” Contra dicha resolución interpone recurso de apelación en forma pauperis a fs. 163 el imputado, el que es motivado por la Sra. Defensora Pública Oficial de Pico Truncado, doctora Karina Tor, a fs. 165/166. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs.167. En esta instancia es mantenido a fs. 175 por el Sr. Defensor Público Oficial ante las Excmas. Cámaras Subrogante, doctor Solano Gabriel Borquez. Fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., la defensa no presenta el informe que autoriza la citada norma procesal. A fs.178 se corre vista al Fiscal de Cámara, doctor Carlos Rubén Rearte, la que es contestada a fs. 187. A fs. 189 pasan los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la defensa se agravia sosteniendo que, el procesamiento dictado a su defendido, carece de una valoración acabada de las pruebas colectadas, como así del delito imputado, llevando las mismas a conclusiones poco convincentes en cuanto al hecho delictivo atribuido, ya que no logra recolectar elementos de convicción suficientes para estimar y valorar de acuerdo a la sana crítica que exista un hecho delictivo. Expresa que la resolución dictada se fundamenta en el relato de la presunta víctima y en los dichos de su progenitora.
Que el auto de procesamiento confunde "indicadores de sufrimiento psíquico" con la "autoría material" del hecho. Que el informe psicológico de la Licenciada Krioka describe un estado de vulnerabilidad y angustia, pero no aporta elementos científicos indubitables que vinculen causal y temporalmente dicho malestar con conductas penalmente relevantes desplegadas por el Sr. F. J. C.. Que existen contradicciones tanto temporales como fácticas, la denuncia efectuada por la progenitora Sra. N. F. Z., alude a hechos presuntamente ocurridos en el año 2018, cuando su hija tenía entre 8 y 9 años de edad, fijándose la imputación en un amplio espectro temporal entre 2018 y 2020, señalando que la falta de precisión fáctica y temporal coloca a su defendido en un estado de indefensión al no poder delimitar adecuadamente la plataforma fáctica para ejercer su descargo.
Que con respecto a los hechos denunciados por la progenitora en fiscalía, de que el Sr. F. J. C. entre los 8 y 9 años de edad de la niña en la oportunidad que la llevó al baño del domicilio de él y le efectuó tocamientos mediante su boca en el cuello y con sus manos en diferentes partes del cuerpo, no es cierto si la niña solo concurría al domicilio de su defendido en compañía de la progenitora. Expresa que el Juez de Instrucción arribó al procesamiento basándose y analizando relatos llenos de mala intención por parte de la progenitora.
Se agravia por la calificación legal ya que le parece excesiva.
Señala que no existe prueba ni indicios fehacientes como para atribuirle culpabilidad al Sr. F. J. C. y menos aun la calificación legal.
Con relación a la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, se agravia porque la considera muy gravosa teniendo en cuenta la edad del Sr. F. J. C. de 88 años, y sin familiar en la ciudad que le pueda brindar o acercar provisiones. Que durante este proceso y en el anterior (causa F-51577/20), su defendido ha tenido presencia policial en su domicilio y a la fecha no se ha probado que en su domicilio haya ocurrido comisión de algún delito, ni concurrencia la mismo de niños, niñas o adolescentes, por lo que se debería haber tomado una medida menos gravosa a favor de su defendido.
Que ello, sumado a la inexistencia de riesgos procesales, que la investigación prácticamente está agotada con las declaraciones testimoniales, cámara gesell ya realizadas, que el riesgo probatorio es nulo. Que no existe peligro de fuga, que la avanzada edad del Sr. F. J. C., su estado de arraigo absoluto en la localidad, su condición de jubilado y su conducta procesal ejemplar desmiente de forma categórica cualquier intento de eludir la acción de la justicia.
Que la imposición de una prisión preventiva domiciliaria con monitoreo electrónico resulta una pena anticipada y una medida excesiva y desproporcionada, ya que el proceso puede garantizarse con la sola obligación de mantener el domicilio actual y la prohibición de acercamiento, sin necesidad de privar de la libertad a un adulto mayor de edad, en situación de extrema vulnerabilidad.
III.-Al evacuar la vista el Sr. Fiscal de Cámara, entiende que la redacción de los hechos plasmados en la indagatoria reúne las formalidades de forma y contenido exigidos por el art. 281 del C.P.P., esto es una información detallada del suceso, la modalidad de ejecución, el tiempo en que se sucedieron, la edad de la víctima, las pruebas y la calificación legal de los hechos.
Agrega que de las formulaciones expresadas a criterio de la Fiscalía, no existe causal de nulidad alguna, no hubo lesión a garantía constitucional que requiera extirpar del proceso algún acto viciado de nulidad. Por el contrario, considera que se han respetado tanto el derecho de defensa como así también el debido proceso legal adjetivo.
IV.-Establecido ello, corresponde ingresar al análisis de la resolución apelada, en función de los agravios de la recurrente.
Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal, Por una cuestión metodológica, analizaré en primer término en agravio referido a la falta de precisión temporal en la atribución de los hechos al imputado. De la lectura de la descripción de los hechos que se le atribuyeron al imputado en la indagatoria (fs. 144/145), no se advierte ninguna imprecisión ni otra circunstancia que pudiera haber afectado su derecho de defensa.
Por el contrario, los hechos fueron descriptos de forma pormenorizada, detallando las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
La queja de la defensa en relación al lapso temporal establecido en la imputación carece de asidero, pues de su lectura surge en forma clara y precisa que el espacio temporal se encuentra perfectamente delimitado y circunscripto al comprendido entre los años 2018 a 2020. No hay defectuosa o confusa intimación de los hechos, pues, contrariamente, existe precisión en los aspectos fundamentales tales como tiempo en que acontecieron, modalidad de la conducta atribuida y lugar en la que fue desplegada; permitiendo ello al imputado conocer acabadamente la imputación en su contra, a los fines de que pueda defenderse de la misma.
Las proposiciones fácticas deben ser determinadas o determinables en su enunciación, como ocurre en autos, teniendo en cuenta la modalidad del hecho y la víctima involucrada.
Por otra parte, ingresando ya en la decisión del Juez de procesar al imputado F. J. C., entiendo que el magistrado ha valorado adecuadamente la información que emana de la prueba producida, la que lleva a concluir, a la luz de las reglas de la sana crítica racional, que los hechos investigados existieron tal como le fueron atribuidos al imputado, y que este es su autor. Claro que resulta trascendente, en la valoración probatoria, el testimonio de la víctima, pues este tipo de delitos suelen ocurrir, en la gran mayoría de los casos, lejos de los sentidos de terceras personas y en la más absoluta intimidad de víctima y victimario.
En autos "RECURSO DE CASACIÓN FECHA:20/9/2022 AUTOS: M.H.M. Y L.G.D. S/INF.
ART. 119 1º PÁRR. Y 3º PÁRR. INC. B), D) Y F) DEL
CP Expte. Nro. 4369/17 (M-1066/18/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "El testimonio de la niña víctima debe ser evaluado no solo en el contexto de su mayor vulnerabilidad a raíz de su edad sino también en función de las implicancias de género, más aún, cuando la relación entre ambas variables (edad-género) encuentra un punto en común: los delitos sexuales contra niñas representan actos de violencia producto de las relaciones desiguales entre el hombre y la mujer en el marco de una sociedad patriarcal. Esa misma asimetría que se mantiene a nivel estructural en los niveles políticos, económicos, sociales, laborales y domésticos se reproduce, sobre todo en este último ámbito, también en detrimento de las niñas.
En el plano de lo normativo, tiene lugar el nacimiento de las llamadas obligaciones de ius cogens (El ius cogens hace referencia a normas imperativas de derecho. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, son aquellas normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario), cuya tuición asumiría originariamente la Organización de las Naciones Unidas. Y en América a los fines del control de constitucionalidad, adquiere particular relevancia la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y mucho más aun, en esta especialísima materia de los derechos humanos, el mantenimiento de la cúspide de la facultad interpretativa en el orden interno o el reconocimiento de este tribunal supranacional como intérprete último y final.
En este sentido, los niños, niñas y adolescentes, son titulares de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, varios con jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22), a la vez que gozan de derechos específicos por su condición de personas en etapa de crecimiento. En consecuencia, tanto la Constitución Nacional como diferentes normas internacionales fijan obligaciones concretas de los Estados en favor de los niños, niñas y adolescentes. Como bien lo determina el artículo 75 inciso 23 de la CN, prevé que el Congreso debe legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos establecidos por ella y por los tratados internacionales, en particular respecto de los niños y niñas.
Asimismo, los instrumentos que gozan de jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22 de la CN) estipulan derechos específicos para los niños y niñas. Entre estos, podemos mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que dispone que niños y niñas tienen derecho a medidas de protección (artículo 24) y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en cuanto establece que todo niño/a, tiene derecho a medidas de protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado (artículo 19). Pero sin dudas, el instrumento más relevante en la materia es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que reconoce expresamente a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.
En la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por la ley 23.849, sancionada el 27 de septiembre de 1990, promulgada de hecho el 16 de octubre de 1990 y, en actualidad, con jerarquía constitucional), se estableció (art. 19.1) que: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. Y que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés Superior del niño” (art. 3°.1 de la citada Convención).
El bloque normativo se completa, a su vez, con la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (nro. 26.061), sancionada con el fin de dar cumplimiento a los compromisos internacionales, en especial aquellos consagrados en la CDN. La entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño supuso un cambio de paradigma en la infancia y la adolescencia. En efecto, este tratado sustituyó la doctrina de la “situación irregular” –que implica una mirada “tutelar” o “asistencialista”– por la de “protección integral”. El Estado debe, como principio fundamental, asegurar la tutela judicial efectiva de niños, niñas y adolescentes. En esta línea, la Corte IDH ha interpretado que las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial (artículos 8 y 25 de la CADH) se reconocen a todas las personas por igual, y, deben correlacionarse con los derechos específicos que estatuye, además, el artículo 19 de la CADH, en forma que se reflejen en los procesos administrativos o judiciales en los que se discuta algún derecho de niños y niñas (cfr.
Corte IDH, Opinión Consultiva OC-1 7/7/2002, “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, del 28 de agosto de 2002, Serie A N° 17, párr. 95). La Corte IDH ha trazado una línea Jurisprudencial respecto de la obligación de medios que pesa sobre los Estados de llevar adelante una investigación diligente, pronta y eficaz en punto a los delitos sexuales. En el caso “Rosendo Cantú y otra v, México” (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, del 31/8/10), la Corte IDH afirmó que: “En casos de violencia contra la mujer las obligaciones genéricas establecidas en los arts. 8° y 25 de la Convención Americana se complementan refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará.
En su art. 7º b) dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”. En sentido similar se había expedido también en el caso "Campo Algodonero” (del 16/11/09). En sentido análogo, en el caso “M.
C. y Bulgaria” (Demanda n° 39.272/98, sent. del 412/03), la Corte Europea sostuvo que: “... Las obligaciones positivas sobre el Estado son inherentes al derecho y al respeto eficaz de la vida privada según se establece en el art. 8°... la disuasión eficaz de actos graves como la violación, en los que los valores fundamentales y los aspectos esenciales de la vida privada se ven en riesgo, requiere de disposiciones eficaces del derecho penal. Los niños y otros individuos vulnerables, en particular, tienen derecho a tener una protección eficaz...”. El Estado Argentino, a su vez, es parte en convenciones internacionales por intermedio de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (que entró en vigor el 3/5/95), asumió el compromiso de actuar con la debida diligencia y adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, e incluir en su legislación interna la normativa y los procedimientos legales eficaces en relación a ese fin; que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (cfr.
Esp. El art. 7º, inc. b, c y f). “Las dificultades de los sectores sociales en situación de vulnerabilidad para acceder a la justicia fueron expuestas en las Reglas de Brasilia – aprobadas por la Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, a las que adhirió la Corte Suprema mediante la acordada 5/2009, del 24 de febrero de 2009. Esta Procuración General destacó en el caso 'N.L. (en representación de N. K. M. E.) s/ medida autosatisfactiva' –FRO 2365/2014/11RH1, dictamen del 9 de diciembre de 2015– que esas reglas procuran conformar un sistema judicial orientado a la defensa efectiva y adecuada de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, entre las cuales se encuentran los niños (reglas 1 y 3)”.
Concluyendo, se puede sostener que, las directrices de los Tribunales Internacionales son claras en el sentido de que, los Estados no pueden desatender sus obligaciones en la persecución y castigo de los delitos sexuales, más aún, cuando su concreción representa una modalidad específica de ataque al género. Estas mayores exigencias son destinadas a garantizar la tutela efectiva de los derechos de las mujeres y niñas víctimas."
Bajo estas pautas, se observa que la adolescente víctima ha logrado describir los actos sobre su cuerpo perpetrados por el imputado, a quien también ha identificado en forma indubitada, brindando especificaciones sobre el contexto en que ocurrieron los hechos y en relación a la modalidad de los mismos. El A quo ha efectuado un profuso análisis del testimonio de L.A.F., que comparto, y que, por otra parte, no ha sido objeto de crítica por la defensa.
Este testimonio se enlaza con el testimonio de la madre de la niña (fs. 31/vta. y 122/vta), ante quien ocurrió el develamiento y quien refiere circunstancias que dotan de contexto a los hechos descriptos por la niña en la cámara gesell, así como también a las secuelas que los actos del imputado le ocasionaron a la integridad psicofísica de L.A.F.
Asimismo, ambos testimonios deben ser apreciados junto a la pericia psicológica realizada a la víctima por la Lic. Krioka (fs. 115/vta.), cuyas conclusiones permiten avalarlos.
La dogmática procesal penal ha señalado que: "El sistema de la libre convicción o sana crítica racional, al igual que el anterior (en referencia al sistema de la íntima convicción), establece las más plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exige, a diferencia de lo que ocurre en aquél, que las conclusiones a que se llegue sean fruto razonado de las pruebas en las que se apoye....si libertad tiene una valla infranqueable: el respeto de las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. La sana crítica racional se caracteriza, entonces, por la posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad, pero respetando, al explicar cómo llegó a ellas, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica (constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, y por los principios lógicos de identidad, de no contradicción, de tercero excluido y de razón suficiente) los principios incontrastables de las ciencias ... y la experiencia común...La otra característica de este sistema es la necesidad de motivar las resoluciones, o sea, la obligación impuesta a los jueces de proporcionar las razones de su convencimiento, demostrando el nexo racional entre las afirmaciones o negaciones a que arriban y los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas. Esto requiere la concurrencia de dos operaciones intelectuales: la descripción del elemento probatorio (v.gr., el testigo dijo tal o cual cosa) y su valoración crítica, tendiente a evidenciar su idoneidad para fundar la conclusión que en él se apoya... las decisiones judiciales...sean consecuencia de la consideración racional de las pruebas, exteriorizada como una explicación racional sobre por qué se concluyó y decidió de esa manera (y no de otra), explicación que deberá ser comprensible y compartible por cualquier tercera persona, también mediante el uso de la razón (v.gr., las partes, el público, el tribunal que entienda en el recurso que se admita contra ellas, etc.)." (Conforme "LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL" de José I. Cafferata Nores y Maximiliano Hairabedian, Ed. Abeledo Perrot págs. 65 ss. y cc.). Se observa en autos que es bajo estos lineamientos que el a quo ha construido su razonamiento plasmado en la resolución impugnada.
Critica la defensa la calificación legal de los hechos, por considerarla excesiva.
Sin perjuicio de que estamos ante una expresión genérica que no alcanza a constituir una crítica concreta y razonada respecto a por qué entiende la defensa que la calificación legal escogida por el Juez es errada, lo ya que de por impide que se considere como agravio; entiendo que la subsunción jurídica de los hechos efectuada por el Sr. Juez de Instrucción resulta ajustada a la conducta del imputado acreditada en autos, y a las constancias de la causa en relación al tipo penal escogido para subsumirla. En cuanto a la modalidad elegida por el A quo para cautelar al imputado, se observa que ha tenido en cuenta su especial situación de vulnerabilidad atento a su edad, cautelándolo con una medida de prisión morigerada, como lo es la prisión domiciliaria.
Por lo que las circunstancias alegadas por la defensa, han sido valoradas por el Juez, quien escogió una forma cautelar menos gravosa que la prisión preventiva en una unidad de detención, acorde a las especiales condiciones personales del imputado.
Cabe tener en cuenta, que en los autos caratulados “INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN EN AUTOS CARATULADOS: DIVISIÓN INVESTIGACIONES Y NARCOCRIMINALIDAD P.M. S/Investiga Presunta Infracción Art. 119 del C.P.A.” Expte. Nº E-34243/22, N° de Recursos 6919/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "Finalmente, en este caso, además de los supuestos señalados respecto del imputado, debemos tener en cuenta la situación de las víctimas en base a su edad al momento del hecho. La situación de las víctimas siempre debe ser analizada en el contexto de cualquier medida cautelar que se imponga a un acusado de delito, y en este caso, las mismas, están alcanzadas por la Convención de los Derechos del Niño, lo obliga a resguardar su integridad conforme la pauta establecida en la convención "el interés superior del niño".- Sobre este piso, entonces, y partiendo de las características del delito imputado, además del análisis de la medida cautelar que debe centrarse en la verificación objetiva de riesgo procesal, debe tenerse en cuenta que cuando hay niñas niños o adolescentes víctimas de un delito, al análisis de procedencia de la medida cautelar debe sumarse el que hace al cuidado y protección especial de los mismos/as.
Siempre debe partirse para establecer la procedencia de una medida cautelar y su continuidad, de la situación particular de la víctima, y en caso que se trate de "niñas y/o niños o adolescentes" conforme los alcances de la Convención de los Derechos del Niño, debe realizarse una hermenéutica especial del sistema procesal penal que contemple los parámetros de protección integral y diferenciados que surgen del derecho convencional constitucional de los que goza, en relación a los adultos. Esto sucede cuando una niña, niño o adolescente resultan imputados de delito y, como en el presente caso, cuando son víctimas, con mucha más razón. Lo afirmado en el párrafo anterior, ha sido sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Maldonado” Fallos 328:4343, que establece la obligación de materializar un trato diferenciado entre un menor y un adulto.
Como expresara, y sin que conlleve mayores esfuerzos, el trato diferenciado que corresponde brindar al niño, niña o adolescente imputado respecto del adulto en igual circunstancia, debe trasladarse y realizarse cuando analizamos el aspecto victimizante, es decir que la víctima menor de edad debe tener un trato especial respecto de la víctima adulta, por imperio de lo normado en la Convención de los Derechos del Niño. En este aspecto, y como pauta de hermenéutica que impacta sobre todo el bloque de legalidad, en el artículo 3 apartado 1º de la Convención de los Derechos del Niño, se establece que el Estado debe velar por el "interés superior del niño", que implica que el mismo no debe cargar con las condiciones de su propia seguridad e integridad, sino que éstas le corresponden al Estado y a los adultos en su caso.
En materia procesal penal y cuando se trata de una niña, niño o adolescente víctima de delitos, el trato que se impone con el mismo como medio de prueba y en su condición de víctima a los fines de resguardar su integridad, es diferente al de un adulto en la misma circunstancia. La misma ley ritual establece en el Art. 234 bis y 234 ter, mecanismos de toma de testimonios diferentes a los restantes. Por su parte, el art. 72 establece como deber del Estado garantizar la seguridad e integridad de los testigos y víctimas y en este aspecto, la norma se complementa con el artículo citado de la Convención de los Derechos del Niño, por lo que ello implica que la situación de la víctima menor de dieciocho años, debe ser analizada a la luz de los parámetros constitucionales convencionales.
En el "Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, T. III, dirigido por Silvia Eugenia Fernandez, de la Editorial Abeledo-Perrot en el Título I, "El Niño Víctima ante el proceso penal", capítulo 1, "La Aplicación de los Estándares Internacionales de Protección especial del Niño Víctima" realizado por Mary Beloff, Diego Freedman y Martiniano Terragni, en la pág. 3381, ss. y cc. se señala que: "De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante la CDN) los niños son titulares no solo de los derechos que les corresponden a todas las personas, sino también de derechos específicos por ser sujetos en desarrollo. Estos derechos específicos surgen del corpus iuris del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones)....
La protección del niño a fin de evitar la reiteración de hechos de violencia exige repensar el proceso penal, el rol de sus actores y las medidas a implementar, al poner en foco en la protección de la víctima. Ello se traduce en analizar, en el caso concreto, si existe una situación de riesgo de reiteración del hecho delictivo y adoptar inmediatamente las medidas procesales a fin de proteger al niño víctima...La protección de la víctima menor de edad no debe limitarse a evitar la reiteración del hecho de violencia sino también para disuadir cualquier tipo de presión, coerción o amenaza al niño dirigida a impedir que declare o a provocar la retractación de su testimonio...".- Por su parte, Mary Beloff, en su obra "DERECHOS DEL NIÑO -Su protección especial en el sistema Interamericano- Análisis sistemático de fallos fundamentales" editorial Hammurabi, segunda edición actualizada y ampliada, de Agosto de 2019, señala al Hablar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que: "La Corte ...Reiteró que los niños tienen "derechos especiales" a los que corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado.
Insistió en que el Estado debe asumir una posición de garante con mayor cuidado y responsabilidad en razón de la condición de vulnerabilidad del niño, promover medidas especiales de protección basadas en el interés superior y entender a esta protección especial como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la convención reconoce a toda persona (conf. CIDH caso "Carvajal Carvajal y Otros vs. Colombia)." Lo que surge claro es que no se puede invertir la carga de neutralizar el riesgo procesal en cabeza de las víctimas, máxime cuando ambas son niñas, conforme los términos de la Convención, pues ello sería revictimizarlas, conforme lo señalado respecto de la calificación de la conducta."
Sobre este piso de marcha, considero que la prisión domiciliaria impuesta por el a quo resulta proporcional y razonable.
Sin perjuicio de ello, en función de las manifestaciones de la defensa, se recomienda al Sr. Juez de Instrucción, ordene al área encargada de cuestiones de bienestar social del Municipio de Pico Truncado, que una asistente social visite cada quince días al imputado en su domicilio, a fin de verificar si se encuentran cubiertas sus necesidades básicas, y en caso de ser necesario, se asista al imputado desde dicha área municipal, a los fines de garantizar la satisfacción adecuada de las mismas. Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena. Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR el auto de fs. 150/158 en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia