Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9458 FOLIO Nº 070/075 PROT. ELECT. JR101307I.251
Río Gallegos, 30 de junio de 2025.
La presente causa caratulada: "F.J.M. y otros S/ Hurto Agravado”, Expte. Nº 32.006/25 - Apelación/Causa JR Nº 9601/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 14/24 del presente incidente de apelación, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, quien en el punto II) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de J.M.F., en orden al delito de “hurto en concurso real con hurto agravado –tres hechos- en concurso real", (arts. 162 y 162 en función del 163 inc. 3º, 45 y 55 del CP) y en el punto IV) trabó embargo sobre los bienes del nombrado por la suma de ochocientos mil pesos ($800.000). Que a fs. 28/34, la defensa técnica oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 39 se sostuvo el recurso e invitada a ampliar los agravios del art. 437 del CPP, no se efectuó presentación alguna. Quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos,
Y
I. Que a los efectos de una mejor claridad expositiva a continuación se analizarán cada uno de los agravios de conformidad con el orden propuesto por el apelante. a.- De la insuficiencia probatoria: En primer término, la defensa alega que el auto de procesamiento, lejos de expresar una valoración razonada, constituye una aseveración caprichosa de hechos no probados en violación a la garantía constitucional de igualdad ante la ley y del debido proceso. Se agravia por cuanto se le reprocha a su asistido haber utilizado un inhibidor de señales, que accedió al interior de los rodados y que haya tenido contacto con los bienes sustraídos, rechazando que su cliente hubiera participado de los hechos que se le endilgan.
Asimismo se agravia por la ausencia de peritajes técnicos que respalden de manera objetiva el uso de dicha herramienta. Sostiene que la cercanía temporal o espacial con el hecho, no resulta suficiente para atribuir participación si no se complementa con otros elementos de prueba. Critica que no se encuentra probado que existiera un plan previo entre su defendido y los otros imputados para cometer un supuesto apoderamiento. Entiende que se procesa a su asistido únicamente por la presunción de su participación con motivo de la presencia en un vehículo R. S., sin demostrar que haya intervenido activamente en los hechos. Del mismo modo señala que el llamado “hecho 3” –relativo a que F. habría recibido voluntariamente un vehículo de parte de una mujer (P.C.), que lo entregó para revisión mecánica-, es utilizado para consolidar una hipótesis de planificación y participación que no se encuentra acreditada.
Se agravia además por la ausencia de elementos incautados que vinculen al imputado con los hechos. Tampoco se cuenta con testigos presenciales que lo hayan visto actuando. En suma, alega que la presunción de autoría por su presencia en el rodado el día del hecho y la relación con los coimputados, no basta para fundar un auto de procesamiento, si no existen pruebas objetivas que lo respalden; desestimándolos por tratarse de meros indicios y conjeturas del a quo, reiterando que no obran pruebas directas que lo vinculen a los rodados con el uso del inhibidor de señal o al domicilio del damnificado. Por todo lo invocado solicita se revoque la resolución que decreta el procesamiento. Yendo al tratamiento de los agravios formulados por la recurrente, tomando atenta lectura del interlocutorio recurrido como de los agravios planteados por la defensa, consideramos que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento estaría suficientemente acreditada la materialidad de los hechos enrostrados y también su autoría, correspondiendo así traspasar la valla del art. 289 del CPP, razón por la que –adelanto-, confirmaremos íntegramente el auto apelado por ser adecuado a derecho.
En este aspecto, la resolución dictada cumple con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP, habiéndose analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional. Explica razonadamente tanto la materialidad de los hechos imputados como la autoría penalmente responsable en orden a los delitos de “hurto en concurso real con hurto agravado –tres hechos- en concurso real", (arts. 162 y 162 en función del 163 inc. 3º, 45 y 55 del CP), indica cada una de las piezas probatorias que la sustentan y fundamenta adecuadamente la calificación legal. En consecuencia se advierte que las consideraciones que constituyen el presente agravio, sólo traducen la disconformidad de la recurrente con el criterio expuesto por la Sra.
Jueza subrogante, no logrando conmover los argumentos por los cuales se arriba al auto de mérito, pues la discrepancia con la forma en que fueron valoradas las pruebas no constituye un argumento de peso para modificar la decisión de mérito a la que se arribó. Tampoco logra con sus argumentaciones demostrar que el juzgador haya fallado con desapego a las pruebas ni en exceso de jurisdicción. Con esto, entendemos que –contrariamente a lo señalado por la defensa-, el pronunciamiento se ajusta a las constancias probatorias valoradas, resultando suficientes en esta instancia procesal para disponer el procesamiento del imputado. Es que para arribar al auto de procesamiento la a quo valoró la declaración de la damnificada P.A.C., propietaria del rodado R.
S. de color blanco, presumiblemente utilizado para perpetrar los hechos endilgados a F., siendo que relató haber entregado su vehículo al encartado a quien conoce como “J. el cordobés”, con el único fin de una “revisión mecánica”, acreditando sus dichos mediante la conversación de whatsapp (textos y audios) y el comprobante de transferencia de pago por su servicio, asimismo aportó la dirección del mismo, resultando todos datos de suma relevancia para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, se valoraron los informes policiales, las declaraciones testimoniales de los otros dos damnificados P.H.D. y L.H.M., las actas de inspección ocular y croquis ilustrativo, el informe de la División de Investigaciones RG del relevamiento de las cámaras de video vigilancia de las inmediaciones de los lugares de los hechos, el resultado positivo del allanamiento realizado en la habitación nro. dos del Hospedaje “E.T.”, las actas de reconocimiento y de entrega de los elementos por parte de los damnificados, la imagen del álbum de reconocimiento fotográfico de la Policía, la concordancia entre el número telefónico del imputado brindado en su acta de fijación de domicilio con el del mecánico que aportó la propietaria del R.
S. blanco, la información del propio encartado en su red social Facebook, donde se aprecia que hubo de consignar “Mecánica General” junto con su teléfono de contacto coincidente con el aportado por la dueña del rodado R. S. blanco, sumado a la dirección del taller concordante con la información brindada por la ciudadana P.A.C., el informe del SubComisario A. de la División de Investigaciones R.G. relativo al grupo familiar y amistades que frecuentaría el imputado, la constatación de las imágenes registradas por las cámaras de video vigilancia del sector externo del hospedaje objeto de allanamiento efectuada por el personal de la División de Investigaciones R.G., y el informe de la División Gabinete Criminalístico de la Policía provincial, resultando la correspondencia entre el “rastro 3” y la impresión del dígito pulgar de la mano izquierda del imputado F.
La Instrucción logró tener por comprobado la utilización del inhibidor de señales para perpetrar los hechos investigados en contra del incuso, mediante las declaraciones testimoniales de los damnificados, quienes no constataron signos de forzamiento en ninguno de los casos, sumado al hallazgo de dos equipos de comunicación HT, uno sin antena y el restante junto con su base cargador, durante el allanamiento dispuesto en autos y, la comprobación in situ efectuada por el personal policial, constatando que el equipo que sí poseía la antena colocada efectivamente inhibió la frecuencia de la llave comando del vehículo oficial afectado a móvil policial. A ello se adiciona lo que surge de las video grabaciones de las cámaras de seguridad también incorporadas a la causa.
En ese sentido, y más allá del resultado negativo del allanamiento en el domicilio del imputado, la Instrucción logró producir otros elementos probatorios que convalidan objetivamente su presunta autoría en los hechos que se le reprochan. Es así que se logró comprobar la concordancia entre el buzo que usaba la persona que conducía el rodado R. S. blanco el día de los hechos que se desprende de las video grabaciones obrantes en la causa, con la que utilizaba el imputado en su foto del Álbum de Reconocimiento Fotográfico Policial. De igual forma, se logró comprobar la presencia del vehículo R. S. blanco en cada una de las localizaciones el día de los hechos investigados, esto es: 1) playa de estacionamiento del Hipermercado “C”, más precisamente se logra visualizar cómo se estaciona junto a uno de los coches damnificados (vehículo de D´), para luego una persona descender e ingresar en el mismo y acto seguido se retiran del estacionamiento; 2) transita por calle O. y G. en dirección a P., detiene su marcha y desciende una persona en calle P. y retoma su marcha (inmediaciones de la vivienda de D´) y 3) transita por Avda.
E. P., detiene su marcha fuera del Hospedaje “E.T.”, el R. S. es conducido por un masculino con el mismo buzo ya visualizado en los anteriores registros fílmicos obrantes en la causa, ingresan al rodado dos masculinos que egresaron del hospedaje y se retiran a bordo del mismo. Posteriormente, retorna el rodado R. S. blanco al hospedaje, descienden los mismos sujetos que habían egresado antes del hospedaje e ingresan al mismo, destacándose como especialmente relevante que cada uno de los sujetos llevaba una mochila en sus espaldas, que no portaban al egresar del hospedaje y las dejan en la habitación a la postre allanada, conforme surge de la documental fotográfica asociada. Y por último, la Instrucción cuenta con la correspondencia entre uno de los rastros dactiloscópicos relevados de la inspección ocular del domicilio del damnificado D´, y la impresión del dígito pulgar de la mano izquierda del imputado J.M.F..
En efecto, advertimos que, por el contrario a lo argumentado por la defensa -que el auto atacado es una aseveración caprichosa de hechos no probados-; el auto de procesamiento es producto de la valoración armónica de la totalidad de las pruebas e indicios colectados en la causa a la luz de la sana crítica racional. En este sentido, recordemos que: “…Los indicios y las presunciones no pueden ser atacados individualmente, de modo de ir invalidándolos uno a uno y evitando su valoración articulada y contextual dentro del plexo probatorio, pues la fuerza de las segundas radica en el correcto silogismo que lleva de los indicios a los hechos indicados que surgen mediante un proceso lógico de inferencias y deducciones, llevando a una conclusión con un alto grado de univocidad a partir de una valoración conjunta y no aislada coincidente con las reglas de la lógica y de la experiencia…” (Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, Sala IV; 16/09/1999; R., B.
F.; LLLitoral 2000, 810, Cita: TR LALEY AR/JUR/936/1999). En cuanto al cuestionamiento referido a que no se hubieran efectuado peritajes técnicos que respalden de manera objetiva el uso del inhibidor, cabe considerar que si la defensa entendía que dicha prueba era pertinente o útil, debió requerir su realización (art. 190 del CPP), lo cual no ocurrió y es por ello que este agravio resulta impertinente. De igual forma, rechazaremos el agravio relativo a la ausencia de certeza respecto de la autoría de los hechos, pues ella no es requerida en esta instancia. Así lo ha sostenido la doctrina al señalar que: “… el procesamiento no requiere la certeza que reclama la sentencia de condena, basta con la probabilidad de su existencia futura en la realidad como resultado del procedimiento judicial [...] la ley sólo exige un juicio de probabilidad, que basta para seguir adelante… y provocar la apertura del procedimiento principal..." (Maier, Julio B.J.; "Derecho Procesal Penal"; Editores del Puerto; 2011; T.
III; pág. 360). En virtud de todo lo expuesto, rechazaremos este primer agravio. b.- De la calificación legal: En segundo lugar, la defensa se agravia por el encuadre legal de los hechos que se le endilgan a su asistido, planteando que no encuentra sustento probatorio ni análisis jurídico y, que el concurso real, agrava artificialmente la situación procesal, reforzando injustificadamente la prisión preventiva. Dando respuesta a este segundo agravio que, en definitiva se centra en el ataque a la calificación legal de los hechos reprochado al imputado, del estudio de la resolución recurrida advertimos que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden al delito de de “hurto en concurso real con hurto agravado –tres hechos- en concurso real", (arts. 162 y 162 en función del 163 inc. 3º, 45 y 55 del CP); en cambio, del análisis de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba la Sra.
Jueza de grado sin lograr controvertir lo decidido. Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará. Ello toda vez que el hecho imputado resulta ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia e incluso en instancias superiores; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia.
(Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...".
(TR LALEY AR/JUR/56181/2014). A mayor abundamiento, se ha dicho que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18). Cabe agregar que, si bien la calificación legal eventualmente puede incidir en el dictado de la prisión preventiva, lo cierto es que la medida de cautela personal que se abordará en profundidad en el agravio siguiente, no se fundó únicamente sobre ese motivo. Otros juzgados tienen dicho al respecto que: “…Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la defensa contra el auto que decretó el procesamiento del imputado y dictó su prisión preventiva, pues la calificación asignada en el auto de procesamiento no incidirá en la libertad provisoria de su defendido, ya que aquella medida cautelar ha sido fijada en virtud de la valoración efectuada en cuanto al peligro de fuga por parte del imputado…” (Cita online: TR LALEY AR/JUR/19730/2010).
En virtud de lo expresado, se advierte que la defensa no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados a su asistido, motivo por el cual será desestimado. c.- De la prisión preventiva: En tercer lugar, la defensa se agravia del encarcelamiento cautelar por estimarlo arbitrario, infundado y violatorio de los estándares constitucionales y convencionales en materia de libertad y del debido proceso. Alega que es sabido que la denegación de la libertad al procesado durante la etapa de instrucción, fundada sólo en el máximo de la pena prevista para el delito que se le imputa o, en las condiciones personales del imputado sin atender a las particularidades de la causa y de su persona, vulnera la libertad ambulatoria garantizada constitucionalmente, máxime cuando la calificación legal es provisoria y sujeta a los resultados de las pruebas y del requerimiento del fiscal.
Critica que no se hayan evaluado otras medidas cautelares menos restrictivas de la libertad, que igualmente garanticen los fines del proceso y que el auto que impone la prisión preventiva no brinda una justificación concreta sobre el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Destaca que su representado tiene domicilio y residencia en esta ciudad capital y que no se ha evadido del proceso. Asimismo recuerda que la prisión preventiva constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. Por ello considera que en el caso, se ha utilizado la coerción personal como un fin en sí mismo y no como un medio para lograr el fin, es decir, se lo ha utilizado como una sanción, como un inconstitucional anticipo de la pena.
En definitiva plantea que la Instrucción no ha podido demostrar que el encarcelamiento resulte ser de una extrema necesidad para garantizar los fines del proceso y solicita se revoque este punto de la resolución. Pues bien, analizado el presente agravio, entendemos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues no se advierte que la decisión carezca de fundamentos que la tornen arbitraria. Por el contrario, observamos que la Magistrada Subrogante aportó los argumentos por los que entiende que, en función de sus antecedentes condenatorios, habiendo ya sido declarado reincidente, y teniendo en cuenta la escala penal sancionatoria prevista para la figura penal endilgada, en caso de recaer condena, la misma será de cumplimiento efectivo.
Es por ello que concordamos en que puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, el imputado podría entorpecer la investigación y/o darse a la fuga, frente a la posibilidad que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo. Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. Apelación JR Nº 6582/20 y Nº 9257/24). Que, por lo tanto, compartimos con la Instrucción que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar del encartado denota su total desapego a la ley.
Se advierte, por ende, que a pesar de su loable intento por mejorar la situación de su asistido con relación a su libertad personal, la defensa no ha logrado desvirtuar los argumentos que sustentan la decisión recurrida, ni se vislumbra la vulneración de los derechos y garantías de que goza el imputado, toda vez que la resolución que se intenta poner en crisis se encuentra debidamente motivada. En suma, se concuerda con la Sra. Jueza de grado subrogante el criterio que sostiene que el riesgo procesal de entorpecimiento del accionar de la Justicia se ve incrementado en el caso concreto, a lo que se adiciona la solidez de las piezas probatorias incorporadas al legajo, que le permitieron arribar a la conclusión incriminante en grado de probabilidad afirmativa, sin que se encuentren conculcados sus derechos y garantías como persona sometida a un proceso penal.
Por otro lado, esta Alzada advierte que el imputado no ha sobrepasado en detención cautelar el límite establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como plazo razonable de la prisión preventiva, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva de J.M.F., por resultar ajustada a derecho. d.- Del embargo: Por último la defensa se agravia por estimar excesivo el monto del embargo dispuesto en el resolutorio atacado. Refiere que la cuantía sumado a la imposibilidad de su asistido de ofrecer bienes para cubrir dicha suma, necesariamente conducirá a la inhibición general de sus bienes, constituyendo la traba de la medida cautelar un daño innecesario. Señala que lo determinado carece de basamento legal, luce desproporcionado y desnaturaliza su finalidad, por ello se agravia por su imposición y por el monto.
En consecuencia, solicita se reduzca la cifra consignada en la resolución, de manera tal que igualmente se aseguren los gastos derivados de las costas procesales y honorarios. Ahora bien, corresponde abocarnos al estudio de los fundamentos de la Sra. Magistrada Subrogante al decretar el embargo preventivo. Al respecto entendemos que la solicitud no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado. En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D.
Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009). Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Frente al agravio de la defensa concretamente corresponde aclarar que, el monto del embargo cautelar, sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso. Es en razón de ese monto que no puede descartarse la aparición de un actor civil que pretenda una indemnización. Por lo demás, tampoco deben soslayarse las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Código Penal en relación a la posibilidad de que una sentencia condenatoria ordene la reposición al estado anterior a la comisión del delito; la indemnización del daño y, finalmente, el pago de las costas, en ese orden.
Y del análisis de la resolución no se advierte que la medida dispuesta sea arbitraria por ausencia de fundamentación, toda vez que surge a fs. 23vta., en el considerando IV) Medidas Cautelares, apartado b.-, que la Magistrada dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de ochocientos mil pesos ($ 800.000.-). Es por ello que el embargo decretado en la suma impuesta, no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado, su modalidad de comisión y el perjuicio que dicha conducta hubiere ocasionado, motivo por el cual confirmaremos también el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho. II) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos, RESUELVO: 1º)- CONFIRMAR el auto glosado a fs. 14/24 del presente incidente de apelación, por los motivos expuestos en los considerandos que anteceden. 2º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE. 3º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia