Abriendo la norma
Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 de Trenque Lauquen
Lo que resolvió el tribunal
I. Tener por COMPURGADA LA SANCION PENAL impuesta al joven J. M. F., argentino, nacido el 20 de …. de 1993 en la ciudad de …, partido homónimo (Pcia. de Bs. As.), de 19 años de edad, soltero, hijo de M. A. F. y de P.T., titular del D.N.I N° ……, apodado "…”, domiciliado en …… de la ciudad de …., por sentencia de fecha 7 de diciembre de 2011 y disponer el CESE en todos sus efectos, de la modalidad impuesta para su cumplimiento, con comunicación a los órganos ejecutivos y periciales que intervienen.-
II. Consentida que fuera, disponer el ARCHIVO DE LA CAUSA sin más trámite.-
Expte. N° 94/11 F., J. M. S/INCIDENTE EJECUCION.-
Nº de Orden: 71/12.-
Trenque Lauquen, 19 de diciembre de 2012.-
Para resolver en los presentes actuados, registrados bajo el número 94/11, caratulados: "F., J. M. S/ INCIDENTE DE EJECUCION"; De los que RESULTA: Que en los autos caratulados "A., I. E.; F., J. M. S/ ROBO CALIFICADO (Carlos Casares - IPP 1024/10 - JG2 6790 - Cám. Pen.
746/2010)", del REG. INT. del JRPJ Nro. 94/10; con Nro de Registro: 32/11, se dictó sentencia, por fundamentos a los que íntegramente remito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil once en la que, atendiendo a peticiones expresas del MPF que no fueron controvertidas en su oportunidad por la Defensa, resolví: I) CONDENAR AL JOVEN J. M. F., argentino, nacido el día 20 de … de 1993, en la ciudad de … .., Partido homónimo (Pcia. de Buenos Aires), de 18 años de edad, soltero, hijo de M. A. F. y de P. T., titular del Documento Nacional de Identidad Nº …, apodado "….", con domicilio en Barrio …, casa …de la ciudad de ……, por considerarlo co-autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por poblado y banda y robo calificado por efracción (arts. 45, 167 incs. 2º y 3º del Código Penal), ambos en concurso real (art. 55 del C.P.) a la pena de DOS AÑOS DE PRISION, sanción que será cumplimentada bajo el REGIMEN DE LIBERTAD ASISTIDA, revisable en cuanto a sus condiciones, en principio, al término de NUEVE MESES (art. 40 inc. 4º C.D.N.; Reglas de Beijing Nº 17.4 y 18; art. 11.2 Reglas Mínimas de N.U. sobre medidas no privativas de la libertad; arts. 79 y 84 ley Pcial. Nro.13.634 y en función de sus art. 85 y 106: art. 106 y cctes. ley Pcial. 12.256), período durante el cual el prenombrado se encontrará a disposición de éste Juzgado y bajo la supervisión del Centro de Referencia Penal Dptal..- SIN COSTAS (arts. 9 inc. 3º del C.P. y 531 y 532 del C.P.P.).-
II. APLICAR AL JOVEN F. las siguientes condiciones por el mismo período antes señalado:
1. Fijar domicilio e informarlo a este JRPJ a través de su Defensa técnica, como todo cambio que del mismo pudiere a futuro realizar; disponiéndose al cuidado, acompañamiento y supervisión del Centro de Referencia Penal (Res. Minist. 172, anexo III, punto 3).-
A dicho CRP Dptal. o ante el operador o referente local que su titular designe, DEBERA PRESENTARSE el joven mensualmente.-
2. Asistir a centros educativos, de formación profesional o de trabajo social, o bien, procurarse actividad laboral; debiendo en ambos casos ocupar su tiempo libre en programas ejecutivos que tengan como objetivo la inclusión social del joven y que el CRP determinará y asignará.-
3. Abstenerse de relacionarse con víctimas, testigos y coimputados de las IPP Nº 1024/10 y 1047/11, a saber: J. M. M.; Y. L. M.; C. F. C.; I. E. A.; A. I. M.; A. A. E.; L. E. L.; A. A.; V. d. C. M. y R. A. P..-
4. Orientación y apoyo socio-familiar a través del operador, referente local y/o responsable del seguimiento que designe el CRPDptal .-
Que a fs. 61 de este incidente obra cómputo de pena practicado por la Actuaria el cual da cuenta de que la misma vence en todos sus efectos el día 27 de diciembre de 2013.-
Asimismo, en atención al plazo de revisabilidad previsto, se dispuso en fecha 12 de setiembre de 2012 -fs. 73/74-, solicitarle a la Sra. Coordinadora del CTA la realización de un informe interdisciplinario final de el período de aproximadamente nueve meses transitado por el joven F., así como también a la Directora del CRPDptal. un informe de conclusiones finales, constando en el mismo si desde su intervención ejecutiva, entiende pertinente el cese o la prórroga de la modalidad sancionatoria dispuesta (de acuerdo al cumplimiento o no de los objetivos de ley) o bien, la imposición de otra modalidad más restrictiva.-
Agregados que fueran los informes supradichos se ordenó correr vista al Sr. Agente Fiscal del Fuero a fin de que se expidiera en los términos de lo previsto por el art. 84 de la Ley 13.634, en lo atinente al cese o prórroga de la sanción bajo la modalidad impuesta (art. 79 ley Nro. 13.634) y/o la imposición de otra modalidad sancionatoria al joven F., presente los parámetros establecidos por el art. 33 de la misma ley y su consecuente traslado a la Sra. Defensora del Joven a idénticos fines y con igual asiento legal en lo pertinente.-
Con fecha 9 de noviembre del corriente año la Dra. Canelo solicita "...se fije audiencia a los fines de la revisión de las condiciones impuestas por sentencia conforme art. 79 de la ley 13.634..." y que la audiencia a fijar lo sea también "....a los fines de evaluar el cese de la medida impuesta, por cumplimiento de sus objetivos conf. lo prevé el art. 84 de la ley 13.634...".-
En virtud de ello, el 13 de noviembre de 2012 se deja sin efecto la sustanciación por escrito y se designa audiencia para el 7 de diciembre de este año a fin del tratamiento oral de la cuestión planteada con la asistencia del joven, las partes y la Directora del CRP Dptal. y/o operador que esta designe.-
No obstante y finalmente, por escrito de la Sra. Defensora del Joven de fs. 105 en el cual informa sobre la imposibilidad del joven J. M. F. de asistir a la audiencia fijada para el día dispuesto, en virtud de haber comenzado a trabajar en el Corralón de la Municipalidad de ….. el día anterior, solicitando se suspenda dicha audiencia y se reprograme para otra oportunidad.
A lo cual, consideré que la misma se fijó a fin de garantizarle al joven el derecho a ser oído y a expresar su opinión (cfr. art. 12 CDN) de lo cual ha decidido no hacer uso.-
También que entre las condiciones impuestas por la sentencia mencionada supra, se estableció la de "asistir a centros educativos, de formación profesional o de trabajo social, o bien, procurarse actividad laboral...." y siendo tal lo informado por su Defensa Técnica, máxime lo expresado por el joven "...que es una oportunidad muy importante para él puesto que será un trabajo formal "en blanco" y le resultaría muy difícil solicitar ausentarse al día siguiente de su inicio..."; por todo lo que, en el entendimiento entonces de que no sería oportuno la fijación de una nueva fecha de audiencia en lo inminente, teniendo presente la nueva situación laboral del joven y la venidera feria judicial y siendo que ya, el plazo de revisabilidad se encontraba ampliamente vencido, en función de la demora para producir el informe final de CTA; es que, en virtud del principio de celeridad procesal en fecha 7 de diciembre pasado, dispuse SUSPENDER la audiencia fijada para ese día y PROSEGUIR EL TRAMITE mediante sustanciación ESCRITA dándose vista por su orden, en primer lugar, al Dr. Butti, conforme lo dispuesto en proveído de fs. 73/74, obrando a fs. 108 y 109 respectivamente, sendos escritos de respondes de ambos Funcionarios actuantes.-
I. PRECEDENCIAS en la especie del JRPJ:
Que mediante resolutorio de fecha 28 de octubre de 2011 dictado en el incidente 74/10 de este JRPJ expuse la orfandad normativa específica del Fuero para la etapa de ejecución de la sanción penal, sin perjuicio de la consideración de normas fondales del fuero de adultos como referentes en tanto piso de derechos y exclusivamente, en su caso, a los fines de orientar el trámite procesal y la aplicación de las subsidiarias, en la medida en que no resulten limitantes de derechos.- Todo ello, ante la preeminencia en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de principios rectores propios en función de la especialidad del mismo, los que a partir del corpus iuris aplicable de jerarquía constitucional, rigen operativamente, hasta la finalización del proceso con la participación de todos sus operadores, en razón de juzgarse hechos cometidos durante la menor edad, impidiendo al magistrado o a los demás operadores del SRPJ desentenderse de los efectos de la pena, sin perjuicio de la edad alcanzada por los jóvenes durante la sustanciación del proceso, lo cual impone por manda constitucional receptada en los arts. 79 y 84 de la ley especial, juntamente con operadores y consultados los peritos, la revisión periódica del cumplimiento de la pena, con participación de éstos y de y las partes.-
Para lo cual reenvío íntegra y expresamente a la totalidad de los fundamentos de dicho decisorio vertido en éste mismo incidente por lo que la remisión no adolece de difusa, registra publicidad en la pág. web de la SCJBA, de fecha 06/02/12 (ver en http://w.w.w.scba.gov.ar/portada/) y se asienta en motivos de brevedad y economía procesal, encontrándose ello autorizado por la jurisprudencia (cfr. Fallos CSJN 278:135; 290:95; 292:87; 302:1675; 304:1343; 311:600; 311:2293; 315;2822; 327:954; en igual sentido, la Excma. Cámara de Apelación y Garantías Dptal. en Expte Nº 9432/09) los cuales como señalé, se encuentran firmes, hasta donde resulta de conocimiento de éste Juzgado.-
Cabe tener en cuenta que similar entendimiento fue compartido por las partes para lo sucesivo en éste y otros obrados, decidiéndose en ésta instancia acordemente con la propuesta efectuada en los casos sometidos a juzgamiento de éste órgano judicial en resguardo del principio constitucional contenido en el art. 16 de la CN, la aplicación unívoca del régimen especial de cumplimiento de sanciones como modalidades sancionatorias específicas del fuero de responsabilidad penal juvenil hasta tanto opere la adecuación constitucional de la ley Nac. Nro. 22.278 en cuanto atañe al derecho de fondo, permitiendo dichas normas de resorte procesal provincial, instrumentar por imperio constitucional las directamente operativas que integran el corpus iuris del derecho penal juvenil (cfrme. arts. 31 y 75 inc. 22 CN, con asiento en los arts. 37 , 40, 41 y cctes. de la CDN y cctes. Reglas de Beijing, cit. preámbulo CDN - integrados al derecho interno por arts. 26 y 27 Convenio sobre Tratados, Viena: fallos CSJN, "Ekmedkjian c/Sofovich"/1992, E.D. 148 - 338, "Fibraca", E.D. 154-161 entre otros, refrendado tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Relatoría sobre derechos de la niñez, como por la Corte IDH a lo largo de su jurisprudencia: ej. reglas 1.3, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28 y 29 de las Reglas de Beijing, regla 11.b de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad; parágs. 23, 85 y 89 Observ. Gral. Nro. 10, Comité ONU-a los arts. 37 y 40 CDN-; CIDDHH Op.Cons. Nro. OC-17/02, 28/08/02. Serie A Nro. 17, párr.54; etc.; encontrando contestemente, afianzamiento dicho entender, en lo consagrado expresamente por los arts. 1, 10, 11, 30, 36 inc. 3, 56, 57 y 171 CPBA.-
Del mismo modo remito, a la consideraciones en que se funda la resolución dictada en el mismo incidente en fecha 13/08/12 (Nro. orden: 73/12) también publicada en la pág. web antes indicada en fecha 30/08/2012.-
Allí al realizar el análisis de la LIBERTAD ASISTIDA COMO MODALIDAD ESPECIAL DE SANCION PREVALENTE en el FRPJ, entre otras, estimé -y no estaría de más reiterar algunas- volcar las siguientes expresiones: Es así que "...Adecuar la respuesta penal a la fase evolutiva de los adolescentes y jóvenes, supone por último, excluir de la justicia de menores el automatismo que asocia inevitablemente determinada pena al correspondiente delito, e introducir criterios de enjuiciamiento y adopción de sanciones que, además de tener en cuenta la gravedad del hecho cometido, valoren las condiciones personales, familiares y sociales del menor; supone contar con un catálogo de sanciones (siempre determinadas en el tiempo) amplias, flexibles, dotadas de contenido educativo y susceptibles de ser llevadas a cabo en la mayoría de los casos en el propio medio del menor; supone, por último, estimular y potenciar la participación social en la adopción y ejecución de las sanciones adoptadas, a fin de lograr listar los procesos de exclusión social y facilitar los procesos de autoafirmación e inserción social de los jóvenes..." (Delincuencia juvenil, justicia e intervención comunitaria - Jaume Funes, Carlos González).-
Hice referencia a la preocupación de la Comisión Interamericana de DDHH sobre las consecuencias de la vigencia de la ley nacional Nro. 22.278, expresadas en el documento de fecha 13/06/11 por la Relatoría de los Derechos de la Niñez, ya fue relevada en la resolución de octubre pasado.-
En este sentido, también el Comité de los Derechos del Niño en sus Observaciones Finales a la República Argentina aprobadas el 11 de junio de 2010, indicó entre sus principales motivos de preocupación y recomendaciones (punto C) para la Administración de la Justicia Juvenil se encuentra la insuficiente aplicación de penas alternativas a la privación de libertad en el ámbito provincial (par. 78).- "El Comité insta al Estado parte a velar por que las normas de justicia juvenil se apliquen plenamente, en particular los artículos 37 b), 39 y 40 de la Convención, así como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana). En particular, el Comité recomienda al Estado parte que, teniendo en cuenta la Observación general N° 10 (2007) del Comité, relativa a los derechos del niño en la justicia de menores: a) Derogue la Ley N° 22278, relativa al régimen penal de la minoridad, y apruebe una nueva ley compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil; ... c) Vele por que siempre se respete el derecho a ser escuchado en las causas penales; d) Adopte las medidas necesarias, incluido el reforzamiento de la política de sanciones alternativas y medidas de reintegración para los menores infractores, a fin de garantizar que los niños sean privados de libertad únicamente como último recurso y durante el menor tiempo posible...; i) Adopte medidas para mejorar el sistema de justicia juvenil, en particular los juzgados de menores, y garantice que el sistema disponga de recursos humanos y financieros suficientes para cumplir adecuadamente sus funciones; ..." (parág. 80).- Asimismo recomendó al Estado Argentino "...que adopte todas las medidas apropiadas para que las presentes observaciones y recomendaciones se apliquen plenamente, entre otras cosas transmitiéndolas al ... poder judicial..., para que las examinen debidamente y adopten las medidas correspondientes" (parg. 82) -Todos del informe del Comité de los Derechos del Niño CRC/C/ARG/CO/3-4 distribuido el 21 de junio de 2010-.-
En dichas Observaciones Finales referidas supra instó enfáticamente al Estado Argentino "... a reformar el sistema de justicia juvenil para adaptarlo a la Convención, pero le recomienda que prosiga e intensifique sus esfuerzos para que el principio general del interés superior del niño se incorpore debidamente en todas las disposiciones legales, así como en las decisiones judiciales y administrativas y en todos los programas, servicios y políticas que afecten a los niños...", incrementando las garantías de los derechos del niño (parág. 35 informe citado).-
Más aún, los fallos de la CSJN “Verbitsky” y “Maldonado” evidencian el mayor uso del Derecho Internacional de los derechos humanos de la infancia por la Corte Suprema. “…Su incorporación casi ritual al texto de las sentencias permite concluir que ellas son Derecho vigente en el país, lo que constituye un avance fundamental en la protección de personas detenidas en general y de niños en particular…”. Ambos fallos desconfían del principio retributivo porque, en el fondo, asumen con razón que el niño no es el sujeto para el que fue creado el Derecho Penal liberal; y reconocen la importancia de la especialidad o “protección especial” del niño como una garantía adicional que lo pone “a salvo” de la rigurosidad del Derecho Penal general... Los postulados del la CDN han sido receptados por las legislaciones provinciales dando cumplimiento al mandato del artículo 4º de dicha Convención que exige que los Estados realicen reformas legales para garantizar los derechos incluidos en el tratado, no así aún el derecho federal... (“Quince años de vigencia de la convención sobre los derechos del niño en la Argentina” por Mary Beloff en “La familia en el nuevo derecho” – Tomo II- Ed. Rubinzal- Culzoni) ccte. Corte IDH, OC Nº 17, parág. 97.-
Tal como surge de la praxis de éste caso, la modalidad sancionatoria prevalente, quedó sujeta al cumplimiento de condiciones que básicamente se encuentran previstas en el art. 106 de la ley de ejecución provincial (de similar factura a las pautas o reglas del art. 27 bis del CP) y las que establezca, en amplio margen, el magistrado a cargo de la ejecución penal cfrme. el art. 3, en su actual redacción y el art. 25 CPP.- Aún en su efectivo cumplimiento, más respetando el orden prevalente de los artículos, permitiría descartar inclusive (como más beneficioso) -según fuere el caso- a la condena de ejecución condicional, la cual -entre otros aspectos- conspiraría - comparativamente con lo previsto en el artículo 79 de la ley pcial.- con el derecho a obtener una sentencia en un plazo razonable, dada la especial y corta franja etárea de los sujetos capturados por el sistema de responsabilidad penal juvenil y el requisito de los 18 años para una sentencia de condena contenido en la norma fondal nacional y el supralegal de mínima intervención del sistema especial (art. 14 apart. 3 inc. c) Pacto de Derechos Civiles y Políticos; art. 8º inc. 1 Conv. Americana sobre Derechos Humanos-, que integra el debido proceso; comentario del art. 20.1 de las Reglas de Beijing, ccte.con regla. 17.4, recomendaciones de los organismo consultivos OEA y ONU, ccte. CPP, por analogía Resol. Nro. 279/09 Procuración Gral. SCBA).-
Y de mediar resultados positivos, con su aplicación se reduce al mínimo la potestad sancionatoria, instalando en última instancia, sentencias alternativas a partir de los modos prevalentes previstos por la legislación provincial, con afectación de recursos ejecutivos especializados y prioritarios en todas las etapas del proceso, desapareciendo incluso en la práctica, una vez agotada, de los propios registros informáticos del RPN, efectuada la comunicación judicial.- ( art. 5.5 de la Conv. Americana de DDHH, art. 40.3 de la CDN, Corte IDH OC-17/02 párr. 109, Corte IDH Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, sent. del 2/09/2004, Serie C Nº 112, párr. 211; Comisión IDH, Informe 41/99, caso 11.491, párrf. 125; Comisión IDH, relatoría sobre los derechos de la niñez, punto E. Principios Grales. del Sistema de justicia juvenil, apartado 3, principio de especialidad, parág. 85, "Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas" -ver normativa y reglamentación interna cit. en resol. de fecha 28/1011).-
Con todo lo cual, descartando reglas limitantes de derechos y garantías el sancionado, en la forma e imperando, en el fondo de la cuestión, los postulados de jerarquía constitucional conforme el corpus iuris aplicable al fuero penal juvenil analizado supra, deviene justificado a mi entender, (siendo que el magistrado no puede desentenderse de los efectos de la ejecución de la sanción penal a los mismos fines de reinserción social supradichos) y ante la sustracción del plus de derechos debido en la especie si se aplicara estrictamente lo previsto en el CP para las penas y leyes de ejecución penal del régimen de adultos; el uso de las facultades discrecionales expresamente previstas en las reglas de Beijing y de Tokio.-
En el comentario de la Regla 6 de Beijing se consigna que para una administración de justicia de menores eficaz, justa y humanitaria es necesario “…permitir el ejercicio de las facultades discrecionales en todos los niveles importantes del procedimiento, de modo que los que adoptan determinaciones puedan tomar las medidas que estimen mas adecuadas en cada caso particular …” en beneficio del joven, haciendo asimismo hincapié, para asegurar el ejercicio prudente de dichas facultades profesionales, en la idoneidad profesional y en la capacitación de los expertos.-
Conteste con ello las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio) establecen que se deberá alentar y supervisar “…atentamente el establecimiento de nuevas medidas no privativas de la libertad y su aplicación se evaluará sistemáticamente…” (regla 2.4); que las “…medidas no privativas de la libertad serán utilizadas de acuerdo con el principio de mínima intervención…” (regla 2.6); que la “…autoridad judicial … ejercerá sus facultades discrecionales en todas las fases del procedimiento, actuando con plena responsabilidad y exclusivamente de conformidad con la ley…” (regla 3.3) y que quedará “…prevista la interrupción anticipada de la medida en caso de que el delincuente haya reaccionado positivamente a ella…” (regla 11.2) lo cual deviene concordante específicamente con la Regla Nro. 11 DE BEIJING EN CUANTO PREVE LA REMISION DEL CASO EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO.-
Es así que, ya habiendo analizado en la decisión del 28/10/11 en el incidente en la causa Nro. 074/10 antes referida, el subacápite haciendo uso comparativo de la jurisprudencia de la Alzada local en relación a otras leyes mixtas (Nros. 24.660 y 12.256) teniendo presente las discusiones doctrinarias y jurisprudenciales en cuanto a la naturaleza de fondo o forma del instituto que se relevaron en dicha resolución, permitiendo sostener que tanto el corpus iuris de los derechos del niño se sobrepondría a lo establecido sobre las penas en el Código Penal en lo fondal, como la ley especial Nro. 13.634 a las prescripciones del Código de Procedimiento Penal provincial y a las leyes de ejecución nacional y provincial (104 ley 12256 -en función del art. 85 ley 13.634- y art. 54 ley 24660; en lo que concierne a los tiempos de acceso y finalización del instituto) y en uso de las facultades discrecionales previstas referidas supra, la modalidad sancionatoria elegida resultó la solución respetuosa de los derechos fundamentales del adolescente (ccte. arts. CDN, reglas y parág. citadas en el ap. 1); regla 17 incs. b y c, 28 y 29 de las Reglas de Beijing, reglas 1, 2, 79, 80 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad; parágs. 71, 77, 79 Observ. Gral. Nro. 10, Comité ONU; CIDDHH Op. Cons. Nro. OC-17/02, párr. 56 a 61).-
II. DE LA SOLICITUDES DE LAS PARTES EN EL PRESENTE CASO:
Es así que el Sr. Agente Fiscal del Fuero Dr. Martín Butti, en escrito de fs. 108, valora las circunstancias laborales del joven que le impidieron concurrir y expresa "...Teniendo en cuenta las constancias e informes de autos que dán cuenta del cumplimiento efectivo y favorable de todas las condiciones y obligaciones impuestas al joven, y particularmente el nuevo trabajo que el joven desempeña, siendo plausible para el suscripto que en autos se ha verificado y alcanzado la finalidad que contempla el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, es que solicito evaluar el CESE de la medida impuesta, por cumplimiento de sus objetivos, conforme lo prevee el art. 84 de la Ley 13.634.-..."
La Sra. Defensora del Joven, Dra. Canelo a su turno, reitera lo anticipado por escrito de fs. 93 en oportunidad en que peticionara la realización de audiencia, en el que se destaca el cumplimiento por parte de J.M. de la finalidad del Fuero penal especial y haciéndose eco de la postulación fiscal, solicita "...considere lo cumplimentado por el joven y evalúe el cese de las medidas impuestas en función de lo normado en el art. 84 de la ley 13.634.-..."
Para dar respuesta a lo peticionado por las partes, y sin perjuicio que se han expedido unívocamente, he de traer al análisis lo acontecido en el caso en concreto, a fin de valorar el cumplimiento de las condiciones impuestas oportunamente al prenombrado en el cumplimiento de la pena con modalidad de libertad asistida, los informes ejecutivos y periciales glosados en autos, a saber:
A fs. 55/56 obra informe inicial de seguimiento de fecha 22 de diciembre de 2011, surgiendo del mismo que en comunicación con el Cuerpo Técnico del CPA de …..les informan que se encuentra brindando tratamiento ambulatorio al joven F., siendo positiva la evolución del mismo.-
El 27 de diciembre de 2011 -fs. 58 y vta.- presentan un nuevo informe dando cuenta que el 24 del corriente mes y año personal del CRP se constituyó en el domicilio fijado por el joven siendo atendidos por su abuela, Sra. N.T., manifestando la misma que el mencionado vivía en ese domicilio. El martes 27 J. M. se comunica a ese Centro desde el teléfono del CPA, disponiéndose a la asistencia y supervisión de dicho organismo. Manifestó en dicha oportunidad conocer y entender las normas de conducta impuestas, encontrándose trabajando en la fábrica de premoldeados del Sr. H. V.. Se le informa que deberá presentarse ante la Oficina de Empleo Municipal durante la segunda semana de enero, a fin de formalizar inscripción en alguna de las alternativas laborales y de capacitación que ofrece esa área.- Se acuerda su presentación mensual otorgándole pasajes a efectos de su traslado.-
El siguiente informe data del 6 de febrero de 2012 -fs. 60 y vta.-, en el que informan que J. M. que se encuentra residiendo en la casa de la familia de su novia, la joven R. C., en la ciudad de …….. Refieren que manifiesta su inscripción en un curso de capacitación en construcción, el que dará comienzos en el próximo mes de marzo y será dictado en el Centro de Formación Profesional Municipal. Se encuentra desempeñándose laboralmente en la elaboración y colocación de premoldeados bajo la modalidad informal. Desde el CPA local informaron que el joven asiste a las entrevistas pactadas y que presenta buena predisposición en el tratamiento.- El 7 de marzo del corriente año personal del CRP Dptal. elabora un nuevo informe dando cuenta del cumplimiento del joven para con las entrevistas mensuales establecidas, afirman que se presenta con predisposición y permeable a recomendaciones que se le efectúan. Continúa residiendo en la casa de la familia de su novia así como también trabajando, en jornada completa, en la fábrica de premoldeados del Sr. H. V.. Manifiesta que proyecta junto a su empleador dedicarse a la cría y venta de pollos y huevos de granja, en un establecimiento rural que posee el mismo. Informa que lo convocaron para trabajar en un plan de cooperativas, organizadas a nivel municipal en un convenio con el estado nacional, para el armado y embellecimiento de espacios públicos dando comienzo en este mes en curso. Se inscribió en la escuela de adultos, para comenzar el año lectivo en turno nocturno. Su novia se encuentra cursando el 5° mes de embarazo, situación que lo mantiene orgulloso y ocupado en proyectar el futuro de la familia que ha formado, en la que además incluye a su hermano menor.- Del informe de fecha 7 de mayo de 2012 -fs. 65 y vta- se desprende que J. M. ha ingresado en un sistema de cooperativas, implementadas y organizadas por el municipio. Su tarea es la construcción y reparación de veredas, desconociendo por cuanto tiempo se extenderá éste sistema, pero se manifiesta conforme con el trabajo. Ha dejado de trabajar en la fábrica de premoldeados del Sr. V.. Concurre sistemáticamente al CPA y ha comenzado a cursar estudios secundarios básicos junto a su pareja R. en turno nocturno.-
A fs. 69 obra informe de fecha 21 de junio del corriente año surgiendo que al momento el joven J. M. se encontraría viviendo con su progenitor a raíz de haber terminado su relación con la joven R. R., pero continúa acompañándola a los controles de su embarazo. Mantiene su tarea en la cooperativa municipal, en reparación de veredas y construcción, sintiéndose conforme con la actividad que realiza. De comunicación con el CPA de ….., mencionan que el joven accede regularmente a la orientación de los profesionales, refiriendo que está organizado y sosteniendo su abstinencia, solicitándose desde dicho organismo informe al respecto. El joven asiste a una Iglesia Evangélica en su localidad, donde una de las personas responsables es G. S., la cual refiere que está contenido en el lugar, que tiene buen vínculo con ella, y que realiza alguna tarea del predio, ya sea en limpieza o corte de pasto. Respecto de su presencia mensual en este Centro comunica el joven que "se le complica por el trabajo llegarse hasta aquí", acordando de acuerdo a sus compromisos, el momento de entrevistarse con este equipo.-
El informe de fecha 10 de Julio de 2012 año da cuenta de la continuidad en la asistencia a la Iglesia Evangélica donde según sus dichos, "estoy bien, tengo buena relación con la gente y me dan lugar para hacer algún trabajo" . El Director del CPA local, Oscar Ortellado, remite un informe del joven, el cual es adjuntada, en el refiere que J. M. "...se encuentra organizado, está incluido en las Cooperativas Municipales y además realiza changas. No se estaría reuniendo con el grupo de riesgo y sostendría la abstinencia...".-
Así, en el informe de conclusiones finales elaborado por el equipo del CRP Dptal. de fecha 21 de setiembre de 2012, concluye el equipo de dicho organismo que "...El joven se ha sometido, hasta el momento, al control y supervisión de éste centro. Se ha mostrado con apertura y predisposición a los requerimientos. Ha logrado armar un proyecto de vida digno, mantiene empleo formal y se presenta sin consumo; habiendo recibido el alta del CPA, respecto de su tratamiento por adicción. Ha adquirido responsabilidad por sus actos, respetando pautas sociales y en armonía con terceros. J. M. ha logrado discernir entre las relaciones nocivas y lo efectos genuinos, obteniendo contención de estos y logrando auto superarse. Se encuentra cumpliendo con las entrevistas mensuales establecidas en el presente proceso, concurriendo a tal fin, a las instalaciones del CPA local. Este equipo entiende que se ha cumplido, hasta el momento, con la finalidad que contempla el fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil; habiendo tomado, el causante, responsabilidad respecto del presente proceso, responsabilizándose de sus pasados y presentes".- Posteriormente, con fecha 31 de octubre del corriente año ponen en conocimiento de este Juzgado el cambio de domicilio de J. M. informando que reside actualmente en …. de la ciudad de …., lugar que ha alquilado y en el que reside solo, pagando el lugar con el producido de su trabajo. En cuanto a las demás condiciones se mantienen en los mismos términos.-
Por último, como corolario, Peritos del Cuerpo Técnico Auxiliar del FRPJ elaboran con fecha 8 de noviembre un informe de conclusiones finales en base a las actuaciones obrantes en los presentes y datos obtenidos de evaluaciones actuales. Concluyen que "...el joven ha evolucionado positivamente en cuanto al grado de responsabilización sobre sí mismo y sus propios actos, como prevé el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en sus objetivos. En cuanto a la integración familiar, ha sido ya dictaminado en este aspecto que no cuenta con referentes familiares que puedan funcionar como marco de contención y apoyo, siendo incluso esta trama desfavorable para su evolución, con una historia de ausencia de cuidados y de afecto, por ello mismo podría considerarse como un síntoma de salud de hecho haber tomado distancia en sus relaciones familiares, en tal caso ambos padres y la abuela materna que funciónó como madre de crianza. En cambio ha podido, con sus propios recursos, generar un vínculo de confianza y conteción afectiva con la señora G. S. y su familia, con quienes se vincula en un plano cuasi familiar, y de quienes recibe la ayuda que necesita. Ha concluído el tratamiento en el Centro de Prevención de Adicciones, recibiendo el alta, lo cual por sí mismo habla de una actitud responsable y comprometida, teniendo en cuenta que el desarrollo de esa terapia careció de acompañamiento familiar, como es requisito. Por otra parte, cabe destacar que el joven puede reconocer la naturaleza de su problemática, asumir la responsabilidad por los delitos cometidos y reflexionar acerca de la oportunidad del presente proceso como facilitador de cambio, evaluando como positivo el resultado de la suma de estos factores...". Para finalizar aseveran que ".... demuestra responsabilidad por sus propios actos y respeto por los derechos de los demás, así como adecuado nivel de integración social...".-
III. Merituando la prueba producida durante el período propuesto por las partes y establecido en los autos principales, he de estimar que los informes y pericias resultan contestes y concordantes, en apreciación del material probatorio colectado durante la etapa de ejecución de la sanción, en cuanto a que el joven F. ha logrado superar las circunstancias que motivaron la aplicación de la sanción, por lo que habiéndose obtenido las finalidades propias perseguidas con su imposición y alcanzado los objetivos que el presente proceso penal persiguió desde su inicio, la sanción misma quedó desprovista de su esencia y sentido, por lo que resistiría los principios constitucionales que rigen el sistema de responsabilidad penal juvenil -y en su aplicación por todos y los mismos fundamentos ya indicados en el ítem I-, sostener su cumplimiento a contrario de lo, por ellos establecido.-
Puede extraerse de la pág. web http://enciclopedia_ universal.esacadeic.com/203870/compurgar, que dicho vocablo derivado de "purgar", en verbo transitivo DERECHO, significa "Refutar el acusado una incriminación", se conjuga como "pagar" y del lat. 'compurgare' tr. significa "Desvirtuar un reo la acusación mediante la prueba de la compurgación".-
Los objetivos determinados en la sentencia en que la pena se estableció y bajo la modalidad de la libertad asistida, consistieron, a partir de su permanencia en libertad, abrir la posibilidad para que mediante la orientación y apoyo de los distintos operadores intervinientes, la revisión de sus condiciones de inserción en el medio comunitario, fortaleciéndolas, enmarcándolo en la legalidad y disuadiéndolo de la comisión de futuras conductas penalmente sancionadas, permitiendo coadyuvar en un proyecto de vida digno, desarrollando principios de convivencia social a partir de acciones acordadas con el joven.-
Dichos extremos en autos, se encuentran con acertividad comprobados, por lo que mantener la sanción durante un año más de la vida del sujeto (de acuerdo al cómputo de pena efectuado), resulta flagrantemente contrario al principio de mínima intervención en función del de especialidad, en cuanto la sanción penal quedó despojada de su finalidad, justificando plenamente el uso de las facultades discrecionales constitucionales para su compurgación.-
En consecuencia y conforme resulta de imperio constitucional, estimo concordantemente con las partes, que las prescripciones del bloque constitucional federal que antes se analizaron y/o fueron traídas a ésta decisión, en materia de fondo, quedan receptadas para su instrumentación en el caso en concreto, mediante la aplicación procesal del art. 84 de la ley especial a los fines de los efectos futuros de la sanción (art. 11.2 Reglas Mínimas de N.U. sobre medidas no privativas de la libertad; Regla de Beijing Nº 17.4 y normativa antes cit.) Así, el artículo 84 de la ley Nro. 13.634 que las partes piden se aplique a este caso, claramente establece que las "medidas", (y siendo que interpreto se refiere a "sanciones", tal lo explicité en las decisiones anteriores en exégesis del art. 79 de la ley Nro. 13.634 que por la inclusión en éste apartado de la ley que trata el régimen especial para el cumplimiento de sanciones, lo cual entiendo extensible a éste artículo, máxime cuanto en relación a las medidas el legislador provincial dispuso similarmente en otras normas, vbgr. arts. 57 y 71 de la misma ley) "...cesarán por el cumplimiento de su término, de sus objetivos o por la imposición de otra.-"
Por ello, acuerdo con lo pedido por las partes y teniendo en cuenta lo informado por todos los operadores administrativos y judiciales intervinientes, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 79 de la ley 13.634 receptando los arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 37 y 40 CDN, la normativa internacional citada supra, especialmente las Reglas Nro. 11 y cttes.de Beijing; art. 5 del C.P., 25 del C.P.P., arts. 33, 79 y 84 de la ley Nro. 13.634; arts. 105, 106 concordantes y sgtes. de la ley pcial. 12.256, cfrme. art. 85 de la especial; Resolución del Ministerio de Desarrollo Humano Nº 172, Anexos I, II y III, decretos pciales. PE Nros. 11/11 y 11/12; estimo no corresponde otra solución que tener a la sanción penal por cumplida, dando fin subsiguientemente al proceso, en tanto ello resulta acorde a los principios de interés superior del joven, justicia especializada, principio de mínima intervención y lesividad, formación integral y reinserción en la familia y la sociedad; como asimismo presentes los principios 'pro homine' e 'in favor minoris' ("El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos"- Pinto, Mónica; en "La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales", Martín Abregú- Christian Courtis (comps.), Editores Del Puerto, 1997, pág. 163);
Por todo lo que y valoradas las constancias de la causa; RESUELVO:
I. TENER POR COMPURGADA LA SANCION PENAL impuesta al joven J. M. F., argentino, nacido el 20 de …. de 1993 en la ciudad de …, partido homónimo (Pcia. de Bs. As.), de 19 años de edad, soltero, hijo de M. A. F. y de P.T., titular del D.N.I N° ……, apodado "…”, domiciliado en …… de la ciudad de …., por sentencia de fecha 7 de diciembre de 2011 y disponer el CESE en todos sus efectos, de la modalidad impuesta para su cumplimiento, con comunicación a los órganos ejecutivos y periciales que intervienen.-
II. Consentida que fuera, DISPONER EL ARCHIVO DE LA CAUSA sin más trámite.-
III. NOTIFIQUESE al joven J.M. F. de la parte resolutiva, encomendando a la Defensa la explicitación de lo dispuesto y quedando autorizada a su solicitud, la obtención de copia reservada para ser entregada al joven, en función de la naturaleza socio-educativa del proceso penal juvenil.-
NOTIFIQUESE a las Fiscalía y Defensa especializadas en la Sala de sus Públicos Despachos.-
COMUNIQUESE al RPN, dejando debida certificación en autos (art. 27 Ac. 3374 SCBA) y a la Secretaría de la Cámara de Garantías y Apelaciones en lo Penal Dptal. (art. 22 del Ac. 3374 de la SCBA).- REGISTRESE.-
Oportunamente, dése cumplimiento a lo dispuesto en el punto II y remítase la causa al Archivo de Expedientes Departamental (arts.75, 82 y sgtes. Ac. 3397/08 SCBA), encontrándose la misma en condiciones de ser destruida a partir del día 27 de diciembre de 2023 (art. 115 apartado e).-
Firmado. Dras. Diana Liz Grassi (Jueza); Virginia Nora Aloia (Auxiliar Letrada).
Fin de la sentencia