Abriendo la norma
Juzgado Civil y Comercial 3 de Moreno-general Rodríguez · Causa 14.785
Exp. MG14785/2015 General Rodríguez, 27 de marzo de 2017.
V I S T O S: Estos autos caratulados “F. J. M. c/ T. S. M. A. SA y otros s/ daños y perjuicios”, en trámite ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3, a mi cargo, venidos a despacho en estado de dictar sentencia y de cuyas constancias;
I. A fs. 19/35 J. M. F. (DNI 34.544.085), por intermedio de su letrado apoderado Dr. Martín Osvaldo Sueiro (T° I f° 421 CAMGR), interpuso demanda indemnizatoria dirigida contra T. S. M. A. SA –en carácter de titular registral del vehículo embistente-, Q. M. A. –en su carácter de conductor del vehículo mencionado- y Caja de Seguros SA, citada en garantía.
Relató que el día 28 de agosto de 2015 a las 15.40 hs. aproximadamente se encontraba circulando a bordo de una motocicleta marca Dayang modelo DY100A, propiedad de su hermano –L. G. F.-, por la calle Justo Daract, de doble sentido de circulación, en sentido desde Ruta 5 hacia la calle España, de la Ciudad de Moreno, en forma pacífica y atenta al tránsito. Indicó que cuando estaba por arribar al cruce con la calle De La Quintana, observó que un vehículo que circulaba por delante suyo, modelo Partner dominio EMO- 913, se encontraba girando a su izquierda para tomar la calle De La Quintana. Expuso haber procedido a sobrepasarlo, ya que el vehículo se encontraba avanzado en el cruce y ya sobre la mano contraria, habiendo sido liberado el carril por el que circulaba, cuando de modo intempestivo volvió sobre el carril que circulaba y procedió a frenar de golpe. Dijo que la Partner no advirtió que se hallaba circulando por detrás y que pese a haber intentado esquivarlo no pudo hacerlo debido a que fue encerrado e impactó en su portón trasero.
Especificó que, según consta en la causa penal (IPP 13513/2015), la maniobra de la Partner se debió a que al momento de doblar a la izquierda fue sobrepasada por su lado izquierdo por un moto vehículo que impactó en el espejo retrovisor izquierdo, saliendo despedido su conductor.
Refirió que fue a raíz del impacto con la motocicleta aludida –de la cual se desconocen sus datos- que el demandado se asustó y como acto reflejo giró para el lado contrario, es decir hacia su derecha, frenando de golpe sin advertir la circulación del actor.
Sostuvo el accionante que frente a la sorpresiva maniobra intentó evadirlo pero debido a la rapidez con la que se cruzó y frenó no pudo evitar la colisión y caída al piso. Aclaró que la calle Justo Dacart resulta ser una arteria principal de tránsito fluido, de doble mano de circulación, con un carril por sentido.
Adujo que la maniobra del demandado para ingresar a la calle De La Quintana, sin prestar atención ni advertir la presencia de la motocicleta que se encontraba sobrepasándolo sobre la izquierda resulta ser un acto reprochable y generador de los daños del actor.
Alegó que el accionante se encontraba conduciendo ajustado a las normas de tránsito, a velocidad prudente y prestando la debida atención al tráfico, resultando gravemente herido producto del impacto. Principalmente en su pierna izquierda, cabeza, cara, así como también excoriaciones importantes en distintas partes del cuerpo. Señaló que a tales lesiones se le suman las recibidas en su columna cervical y lumbar.
Explicó que fue trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de la ciudad de Moreno donde se le practicaron los estudios de rigor y se le proveyó la asistencia médica requerida. Apuntó que por las complejas lesiones fue sometido a una intervención quirúrgica con la colocación de una prótesis (clavo y placa), para evitar la pérdida de la motricidad en la pierna. Manifestó que actualmente se encuentra realizando sesiones de kinesiología por la lesión y que transita con muletas.
Dijo que las siguientes lesiones fueron diagnosticadas como graves: politraumatismos varios; fractura de fémur en pierna izquierda, inmovilizada con yeso durante tres meses, con colocación de prótesis; lumbalgia; cervicalgia; intervención quirúrgica por lesión en pierna.
En cuanto a la responsabilidad en el accidente, afirmó que –al estar involucrado un vehículo de gran porte y una motocicleta- resulta aplicable la teoría del riesgo creado que regula la atribución de responsabilidad civil por el hecho de las cosas (citó art. 1757 CCyC). Expresó que a la víctima le basta con probar la existencia del hecho, de los daños y del nexo causal, sin que quepa demostrar la culpa del accionado pues el demandado sólo se exonera acreditando las causales de eximición normativas. Transcribió doctrina y jurisprudencia e indicó accionar contra Q. por ser el guardián material del rodado y contra T. S. M. A. SA por ser el titular registral del rodado. Con cita en doctrina y jurisprudencia consideró que no resulta admisible la supresión de la teoría del riesgo ante el encuentro de dos vehículos y que la responsabilidad del caso es objetiva.
Expresó que el conductor de la Partner fue imprudente, negligente e irracional, pues no prestó la debida atención al mando de su unidad, pues de modo intempestivo se interpuso en el trayecto de su vehículo, invadiendo la trayectoria, cruzándose por delante, encerrándolo y frenando de golpe. No obstante, reiteró que accionaba por el riesgo de la cosa y subsidiariamente por la culpa.
Imputó exclusiva culpa a Q. por haber olvidado que conducía una cosa sumamente riesgosa y potencialmente dañina, circulando por la arteria giró a su izquierda y luego a su derecha en forma negligente e imprudente, invadiendo el carril del actor; lo hizo de modo distraído y sin las precauciones necesarias.
En cuanto a la relación causal, expuso que desde la reforma de la ley 26994 al damnificado le basta con probar el perjuicio y la intervención de la cosa que lo produjo. Expresó que de acuerdo al art. 1757 del CCyC a la víctima le alcanza con probar el daño y el contacto con la cosa –Peugeot Partner EMO913-. Dijo que la participación del automóvil fue activa y determinante para que se produzca la colisión, ya que su maniobra imprudente sobre una arteria de alto flujo vehicular es absolutamente antijurídica y reprochable. Señaló que más allá de la condición de sujeto pasivo que presenta el actor jamás pudo desarrollar actividad alguna que pueda servir como motivo causa de interrupción del nexo de causalidad adecuado.
A Quiño y a T. los demandó con fundamento en el artículo 1758 del CCyC, agregando el art. 1753 en relación a la sociedad.
Reclamó daño patrimonial y extrapatrimonial. En relación al primero, adujo que en la esfera física se produjo una lesión incapacitante del 48% que le impide al actor realizar todo tipo de actividad, tanto laboral como habitual y/o de esparcimiento. Acuso, como consecuencia del accidente, la presencia de politraumatismos varios, corte con puntos en la cabeza, politraumatismo en la cara, fractura de fémur en pierna izquierda - inmovilizada con yeso durante tres meses, con colocación de clavos y placa-, lumbalgia, cervicalgia, y la realización de una intervención quirúrgica por la lesión en la pierna. Dijo que posee lesión estética en su pierna izquierda –dos cicatrices de 7 cm y una de 3 cm; y en su cabeza de 4 cm.
En la esfera psíquica exteriorizó padecer una incapacidad del 21%, ante la conmoción derivada del accidente, de la gravedad de las lesiones y del compromiso peligroso de las mismas. Aludió al hecho de estar con su pierna enyesada, sumado a que debe movilizarse con muletas, sin poder realizar ningún tipo de actividad, dependiendo las 24 hs de una persona que lo asista para sus quehaceres diarios, con la posibilidad de tener que ser intervenido quirúrgicamente de nuevo, y de poseer en su cuerpo una prótesis (clavo y placa en la pierna), cuando nunca sufrió una fractura de ningún tipo. Tuvo en cuenta la incapacidad residual del 58,92%, la remuneración que percibía de $12.990, la edad de 26 años, los años que restan para jubilarse a los 65 años, la tasa de interés del 6% anual y solicitó –conforme la fórmula Vuoto- la suma de $1.489.722,73. Se demandó, en forma subsidiaria, de acuerdo a la fórmula Méndez, con una tasa de interés del 4% y teniendo en cuenta la expectativa de vida en 75 años, por la suma de $4.906.895,96.
Señaló que a raíz del daño psicológico experimentado debe seguirse un tratamiento que extinga, o al menos disminuya al máximo, las secuelas del infortunio. Calculó un costo y duración de 2 años, a raíz de $350 por sesión, y demandó por $33.600. Pidió se reconozcan gastos médicos, de productos farmacéuticos, traslado y pago de prótesis. Dijo que eran erogaciones necesarias que debió efectuar. Con fundamento en el artículo 1746 del CCyC solicitó se condene por la suma de $20.000 alegando contar con los recibos respectivos.
En cuanto al daño extrapatrimonial, fundó el planteo en el artículo 1741 del CCyC y explicó que se vio impedido de realizar plenamente sus ocupaciones laborales, provocándole sentirse como una carga para su familia. Refirió que ello le creó un enorme sufrimiento espiritual, además del físico por la lesión. Exigió la suma de $500.000. De acuerdo a la liquidación final, accionó por la suma total de $2.043.322,73. Expuso que el hecho se encuentra acreditado en la IPP 13513/2015 en trámite por ante la Unidad Funcional de Investigaciones N° 2 del Departamento Judicial de Moreno-Gral. Rodríguez.
Fundó en derecho, ofreció prueba confesional, documental, informativa y pericial, e instó a que se haga lugar a la demanda con más intereses desde el día del accidente de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1748 del CCyC y a la tasa prevista por el art. 552 del CCyC.
II. A fs. 36 se dejó constancia de que bajo el Nro. MG- 16505/2015 tramitan ante este Juzgado los autos caratulados "F. J. M. s/ Beneficio de litigar sin gastos". A su vez, se tuvo por cumplida la etapa de mediación instaurada por la ley 13951, se dispuso correr traslado de la demanda según las normas del proceso sumario y se citó a la Caja de Seguros S.A.
III. A fs. 64/73 contestó demanda T. S. M. A. SA, mediante la presentación realizada por su letrada apoderada Dra. Nélida Laura La Porta (T° VI F° 266 CASM).
En primer término realizó una negativa pormenorizada de los hechos afirmados en la demanda. Reconoció ser titular de dominio del automotor Peugeot Partner EMO913 y que el día 28 de agosto de 2015 era conducido por Q. M. A., empleado de la empresa. Relató que el vehículo se encontraba circulando por la calle Justo Daract, en sentido hacia la calle España de Moreno cuando al llegar a la intersección con la calle De La Quintana el vehículo se detiene teniendo accionadas las luces de giro hacia la izquierda; al comenzar la maniobra de giro un motovehículo impacta y embiste el espejo retrovisor y guardabarros delantero del lado izquierdo del Peugeot. En el momento en el que el conductor cae al piso y, posteriormente, se da a la fuga, el vehículo Partner es embestido por otro motovehículo conducido por el actor, quien evidentemente venía a gran velocidad y sin casco reglamentario. Adujo que el actor no estaba habilitado para conducir el motovehículo, pues no adjuntó licencia de conducir, no correspondiendo –a su entender- que demande por daños y perjuicios.
En cuanto a la responsabilidad, consideró que no correspondía aplicar la teoría del riesgo creado; dijo que no se ha dado un choque entre un vehículo de gran porte –pues el automóvil es mediano- y una motocicleta. Afirmó que el vehículo Partner no fue el creador del riesgo. Sostuvo que el actor fue el único culpable del hecho, en tanto no estaba habilitado para conducir, fue el vehículo embistente, no guardó distancia reglamentaria, circulaba a alta velocidad y no tenía casco reglamentario. Esgrimió que la jurisprudencia citada por el actor no era aplicable al caso y que no cabía fundar la legitimación en el art. 1758 del CCyC. Entendió que el accidente se produjo por causa ajena a la voluntad de Q., siendo la exclusiva conducta desplegada por el actor y el tercero los causantes del daño.
Negó que Q. haya conducido de modo negligente. En relación a los daños y perjuicios, los impugnó en su composición y montos por encontrarlos huérfanos de todo elemento o indicio probatorio que sustente la cifra reclamada. Pidió que los rubros sean desestimados por desmedidos, arbitrarios, improcedentes y carentes de sustento fáctico y jurídico. Rechazó que la incapacidad física ascienda al 48% y descartó que la vida del actor no vuelva a ser la misma que ostentaba previo al accidente. Desconoció la presencia de daño estético y/o cicatrices en su cuerpo, pierna o cabeza. Negó que el accionante padezca daño psicológico, pues desconoció que el suceso haya tenido envergadura como para provocar una perturbación severa; sin perjuicio de la improcedencia afirmada del rubro, consideró exorbitante e infundado el porcentaje de incapacidad solicitado.
En cuanto al cálculo realizado en la demanda, puso de relieve que el actor no mencionó qué tareas o trabajos desempeñaba o en qué lugar trabajaba. Resaltó que no acompañó recibos de haberes o documentación alguna que demuestre la suma de $12.990 que afirmó como remuneración. Explicó que dicha omisión colocaba a su parte en estado de indefensión, pues no sería posible valorar y comparar las actividades que podría realizar antes y después del accidente. Manifestó que la suma exigida en concepto de incapacidad configuraba un enriquecimiento sin causa. Por otro lado, desestimó que el actor requiera tratamiento psicológico y negó la configuración de daño moral. Finalmente, en cuanto al rubro gastos de atención médica y farmacia, negó que se haya hecho gasto alguno y ante la falta de facturas que el consumidor se encuentra obligado a requerir según sostuvo, explicó que no cabía hacer lugar al reclamo.
Exigió que se rechace la demanda, con costas.
Solicitó que se intime al actor a que denuncie si ha percibido prestaciones de una ART y/o cualquier importe. Ello, a los fines de ser tenida en cuenta la suma percibida al momento de la sentencia, descontándola del reclamo, para evitar un enriquecimiento sin causa.
Requirió la Citación en garantía de Caja de Seguros SA.
Ofreció prueba confesional, testimonial, documental, informativa, instrumental y pericial.
Reclamó la aplicación de la ley 24432 en relación a la regulación de honorarios del caso.
IV. A fs. 90/103 contestó la citación en garantía la “Caja de Seguros Sociedad Anónima”, por intermedio de la presentación realizada por su letrado apoderado Dr. Juan José Accqua (T° IV F° 302 CADJM).
En primer lugar reconoció la existencia de la póliza n° 5570-0041249-01 con vigencia al momento del siniestro, contratada por T. S. M. A. SA, por lo que dijo otorgar la garantía prevista en el artículo 118 de la ley 17418, supeditada a que se prueben los hechos.
Luego de efectuar la negativa ritual de los hechos expuestos en la demanda, desconoció la documental aportada por el actor (DNI, copia de escala salarial CCT 335/75 y fotografías).
En cuanto a los hechos, sostuvo que el accidente se produjo por la culpa exclusiva y excluyente del propio accionante. Explicó que, de acuerdo a la denuncia administrativa de siniestro realizada por Q., el nombrado circulaba por la Avenida Justo Daract de la localidad de Moreno, en sentido de circulación desde Ruta n5 hacia calle España, de manera prudente y en cumplimiento con la normativa de tránsito vigente, y en circunstancias de estar próximo al arribo de la intersección con calle De La Quintana, detuvo paulatinamente su marcha y colocó la luz de giro correspondiente para alertar a terceros acerca de su intención de ingresar a esta última. Adujo que en ese instante, un motociclista del que aún se desconocen datos, que se desplazaba a elevada velocidad, sin advertir la luz de giro colocada por Q. y de manera sumamente temeraria sobrepasa por el flanco izquierdo al accionado, perdiendo el dominio de su vehículo e impactando en el lateral y espejo retrovisor izquierdos del automóvil Peugeot Partner. Indicó que la colisión se produjo en Avenida Justo Daract, subrayando que Q. nunca invadió el carril contrario ni llegó a efectuar la maniobra de giro. Entendió que el motociclista fue imprudente e irresponsable, por intentar sobrepasar al asegurado por la delgada línea divisoria de carriles de la Avenida Justo Daract. Dijo que el escaso espacio que existía entre la Peugeot Partner y el carril contrario incrementa el reproche que se le endilga al motociclista embistente. Relató que ante el brusco, repentino e inesperado impacto por parte de este sujeto, el automóvil conducido por Q. fue levemente desplazado hacia su derecha, quedando detenido en el centro del carril de Av. Justo Daract por el cual venía circulando.
Expuso que inmediatamente después de producido el choque, Q. fue nuevamente colisionado en su parte trasera derecha por la motocicleta marca Dayang, modelo DY100A, conducida por el accionante J. M. F.. Dijo que el actor se desplazaba a una velocidad excesiva, sin respetar la debida distancia con respecto al vehículo del asegurado, no prestando la atención que exige el arte del buen conducir, y no siendo capaz de mantener en todo momento el pleno dominio de su rodado. Dijo que la desatención evidenciada por el actor a la hora de encontrarse circulando y más aún en una arteria de gran caudal de circulación como lo es la mencionada avenida, pudo deberse al accidente producidos instantes antes. En este aspecto, consideró que pudo ocasionar que el Sr. F. se asustara y/o captara su atención y consecuentemente, disminuyera la conducción de su motovehículo. Acusó al actor de desplazarse a excesiva velocidad, sin respetar la distancia debida con el vehículo Peugeot Partner, e incumpliendo la normativa de tránsito vigente. Señaló que de las fotografías presentadas por la citada surgía clara la mecánica del hecho. Afirmó, que el accionante desplazó el factor riesgo hacia su propia parte, poniéndose en una situación de riesgo para sí mismo, resultando el único responsable de las lesiones por él padecidas. Entendió que podía presumirse –por las lesiones que alega haber padecido el actor: corte con puntos en la cabeza y traumatismos en la cara- que se encontraba circulando sin usar el casco de seguridad reglamentario. Concluyó en que la conducta imprudente, negligente, imperita de F., hace que le sea atribuible la totalidad de la responsabilidad por la causación del siniestro y a la vez implica exonerar de toda responsabilidad al conductor del automóvil.- Planteó la presencia de eximentes de responsabilidad. En este sentido, sostuvo que fue la grave imprudencia del propio accionante F., -en lo específicamente jurídico-, así como la conducta adoptada por el motociclista de identidad hasta el momento desconocida, lo que constituyó la conducta idónea que interrumpió de modo total el nexo causal. Ello, en tanto intervino como agente físico activo en el rol de embistente, evidenció circular a velocidad no precautoria para las circunstancias del escenario vial, resultó incapaz de mantener el dominio del rodado bajo su conducción y omitió cumplir con los deberes de cuidado y prevención a su cargo.
Sin perjuicio de haber desconocido todas las lesiones, impugnó los rubros y montos indemnizatorios pretendidos. Consideró que la cuantificación de la incapacidad física resultaba ser una exageración injustificada que constituía un enriquecimiento sin causa. En cuanto al tratamiento psíquico, lo observó desproporcionado. En relación al daño moral, indicó que era un despropósito evidente. Tildó de desmedidos y de encontrarse fuera de toda lógica de estimación a los gastos de médicos, de productos de farmacéuticos, traslados y pago de prótesis.
Solicitó una sanción por "plus petitio" inexcusable al tener en cuenta la totalidad de los montos cotizados que arriban a la suma de $2.043.322,73.
Se opuso a la adición de índices de actualización y/o desvalorización monetaria y a la tasa de interés activa.
Ofreció prueba confesional, instrumental, informativa, pericial.
Requirió que se intime a la actora a que adjunte licencia de conducir y título de propiedad de la motocicleta.
Pidió la aplicación del art. 730 del CCyC.
V. A fs. 105/113 contestó demanda Q. M. A. (DNI 20.945.012), por intermedio de la presentación realizada por el Dr. Juan José Accqua (T° IV F° 302 CADJM), quien invocó el artículo 48 del CPCC. Solicitó el rechazo de la demanda, con costas. Luego de efectuar la negativa ritual de los hechos expuestos en la demanda, desconoció la documental aportada por el actor (DNI, copia de escala salarial CCT 335/75 y fotografías).
En cuanto a los hechos, repitió el relato realizado por la citada en garantía. Planteó la presencia de eximentes de responsabilidad. En este sentido, sostuvo que fue la grave imprudencia del propio accionante F., -en lo específicamente jurídico-, así como la conducta adoptada por el motociclista de identidad hasta el momento desconocida, lo que constituyó la conducta idónea que interrumpió de modo total el nexo causal. Ello, en tanto intervino como agente físico activo en el rol de embistente, evidenció circular a velocidad no precautoria para las circunstancias del escenario vial, resultó incapaz de mantener el dominio del rodado bajo su conducción y omitió cumplir con los deberes de cuidado y prevención a su cargo.
Sin perjuicio de haber desconocido todas las lesiones, impugnó los rubros y montos indemnizatorios pretendidos. Consideró que la cuantificación de la incapacidad física resultaba ser una exageración injustificada que constituía un enriquecimiento sin causa. En cuanto al tratamiento psíquico, lo observó desproporcionado. En relación al daño moral, indicó que era un despropósito evidente. Tildó de desmedidos y de encontrarse fuera de toda lógica de estimación a los gastos de médicos, de productos de farmacéuticos, traslados y pago de prótesis.
Solicitó una sanción por "plus petitio" inexcusable y se opuso a la adición de índices de actualización y/o desvalorización monetaria y a la tasa de interés activa. Ofreció prueba confesional, instrumental, informativa, pericial y pidió que se intime a la parte actora a que adjunte licencia de conducir y titulo de propiedad de la motocicleta. Invocó el art. 730 del CCyC.
VI. A fs. 127 se tuvo por contestada la demanda a T. S. M. A. SA y a Q. M. A., y por contestada la citación a la Caja de Seguros SA.
A su vez, se corrió traslado de la documental a la actora y se la intimó para que en el término de cinco días manifieste si al momento del hecho se encontraba afiliado a alguna ART, en caso afirmativo, si recibió o recibe prestación o beneficio alguno con relación al accidente denunciado. Se le requirió, asimismo, que manifieste si al momento del hecho poseía registro de conducir habilitante, vigencia del mismo y categoría, debiendo acompañarlo al proceso. También se la intimó para que indique si la motocicleta involucrada es de su propiedad y en caso afirmativo, acompañe copia de título de propiedad. Todo, bajo apercibimiento de lo previsto en el art. 386 del C.P.C.C.
VII. A fs. 134/138 la parte actora contestó el planteo de plus petitio inexcusable, solicitando su rechazo en base a que la estimación de los rubros lo fue con la formula “lo que en más o en menos VS justiprecie”.
Solicitó, ante el pedido de la demandada de que se aplique el art 730 del CCyC que se declare la inconstitucionalidad de las leyes 24307, 24432 y decreto 1813/92. Contestó las intimaciones diciendo: que la motocicleta era propiedad de su hermano L. G. F., acompañando copia de la cédula de identificación de la motocicleta 256-EXK; que no poseía ni posee obra social o ART, no percibiendo suma alguna por el accidente, pues trabajaba de modo informal; y que no poseía licencia de conducir.
Desistió del demandado genérico.
VIII. A fs. 146 el Dr. Juan José Accqua acreditó el poder judicial otorgado por el codemandado Q. a su respecto, razón por la cual se tuvo por ratificada la gestión (fs. 148).
IX. A fs. 148 se dispuso aplicar a las presentes actuaciones el Plan Piloto de Oralidad en la Etapa de Prueba de los Procesos de Conocimiento. En tales condiciones, con fines conciliatorios y, en su defecto, con el objeto de establecer los hechos litigiosos y proveer las pruebas pertinentes y admisibles –desestimando las innecesarias, superfluas o dilatorias (art. 362 del CPCC)-, si fijó audiencia preliminar de prueba y se dispuso el diligenciamiento de determinados oficios.
X. A fs. 170/172 se celebró la audiencia preliminar. Tras exhortar a las partes a lograr una solución conciliatoria, sin obtener un resultado satisfactorio, se fijaron los hechos controvertidos que resultaban conducentes a la decisión del proceso, sobre los cuales versaría la prueba. Por su parte, se tuvieron presentes los desistimientos emitidos y se proveyó la prueba ofrecida. Se estableció la fecha de la audiencia de vista de causa.
XI. A fs. 174/175 luce la desinsaculación efectuada por la Receptoría General de Expedientes del Médico Especialista en Medicina Legal, Dr. Guillermo Alejandro Vera, y del Técnico en Accidentología Vial, Diego Fernando Irusta. Los Peritos fueron intimados a aceptar cargo –dentro de los tres días- bajo apercibimiento de ordenarse su exclusión de las listas (fs. 178).
XII. A fs. 186 aceptó cargo el Sr. Irusta Diego Fernando (Tec. en Accidentología vial) y a fs. 187 hizo lo propio el Dr., Guillermo Alejandro Vera (Médico).
XIII. A fs. 261/280 luce el dictamen pericial del Perito Técnico en Accidentología Vial, Diego Fernando Irusta. S corrió traslado a las partes (fs. 281), siendo cuestionado el informe a fs. 285 por el codemandado Q. y la citada en garantía que criticaron el punto g de las conclusiones del experto mecánico. Las respuestas del experto lucen a fs. 285 y la nueva réplica de los accionados luce a fs. 312 XIV.- A fs. 291/299 el Médico Guillermo A. Vera presentó su dictamen pericial. Del informe se corrió traslado a fs. 301 a las partes, siendo cuestionado a fs. 317/319 por el codemandado Q. y la citada en garantía y a fs. 320/321 por la actora que pidió su ampliación. El experto dio respuesta a los requerimientos de explicaciones a fs. 328/329 y 342/344.
XV. A fs. 349 fue recepcionada en carácter ad effectum videndi et probandi la causa "Q. M. A. s/ lesiones culposas art. 94" (I.P.P. Nro. 09-02-013513-15/00), en trámite por ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno-Gral. Rodriguez. La referida IPP luce desestimada a fs. 43 por el Fiscal Emiliano Buscalia.
XVI. A fs. 352 se celebró la audiencia de vista de causa. Siendo que las partes no conciliaron, se recibió la declaración testimonial de N. R. Luego de la certificación de la prueba producida se llamaron autos para sentencia.
1. En primer lugar, cabe recordar que al haber sido consentido el llamamiento de autos para sentencia, quedó convalidada cualquier posible deficiencia procesal anterior a dicha etapa, y por ende, cerrado el debate para los litigantes (arg. art. 482 del C.P.C.C.).
2. Sentado ello, puntualizaré que las partes y la citada en garantía están de acuerdo en que el día 28 de agosto de 2015 ocurrió un accidente de tránsito en la intersección de las calles Justo Daract y Dr. Gines de la Quintana, de la ciudad de Moreno, que involucró al actor, J. M. F., al comando de una motocicleta, y al codemandado Q. M. A., quien dirigía un vehículo Peugeot Partner.
La controversia del sub examine radica en la mecánica del hecho y en los daños producidos al actor, pues tanto los accionados (conductor y titular registral) como la citada en garantía invocan los hechos de un tercero y de la víctima como eximentes de la responsabilidad que se les endilga.
3. En función de la fecha del hecho -28 de agosto de 2015- y de la normativa en que se sustentó la demanda, corresponderá el análisis de acuerdo a las reglas del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que regulan la responsabilidad objetiva o sin culpa.
En efecto, resulta relevante indicar que el artículo 1769 del CCyC prevé para los accidentes de tránsito la aplicación de las normas referidas a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas.
A su vez, el artículo 1757 trata la responsabilidad –objetiva, no presumida- por el riesgo de la cosa. Dispone que “[t]oda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención”.
Por su parte, en cuanto a los legitimados pasivos, el artículo 1758 apunta como sujetos responsables concurrentes al dueño y el guardián del daño causado por las cosas, fijando como causal de exculpación el uso en contra de su voluntad expresa o presunta. Debe especificarse que el cuerpo normativo, al referirse a los factores de atribución, detalla que resulta ser objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad; y explica que, en tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario (art. 1722 CCyC). Así, es consagrada la responsabilidad objetiva cuando de las circunstancias de la obligación, o de lo convenido por las partes, surge que el deudor debe obtener un resultado determinado (art. 1723 CCyC).
En tanto la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño configura un elemento indispensable de la responsabilidad civil (cfm. arts. 1726, 1727 y 1728 CCyC), el accionado podrá exonerarse total o parcialmente del deber de resarcir si acredita la interrupción del nexo causal. En este aspecto, la causa ajena a la que alude la norma descripta puede radicar en el hecho del damnificado, de un tercero por el que el accionado no debe responder, o ante caso fortuito o fuerza mayor (arts. 1729, 1730 y 1731 CCyC).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado reiteradamente que para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión jurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas. Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (conf. SCBA, causa L. 88.330, "C., E. contra Fisco Provincia de Buenos Aires. Indemnización daños y perjuicios", sentencia del 31 de agosto de 2.007, entre otros).
Por último, se recuerda que la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien las alega (art. 1734 y 1736 del CCyC y 375 del CPCC).
4. Efectuado el encuadre normativo del caso, comienzo el análisis teniendo por acreditado que en la fecha indicada (28-8-15), a las 15:40 horas aproximadamente, en la ciudad de Moreno, ambos rodados se desplazaban sobre la calle Justo Daract hacia el nororeste (desde RP 7 a calle España). El codemandado Q. se trasladaba en el vehículo Peugeot Partner dominio EMO 913 cuando al intentar realizar en proximidad de su intersección con la calle Dr. Gines de la Quintana un giro al izquierda (giro permitido cfm. informe de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de Moreno, fs. 225), colisionó –en un primer instante- con una motocicleta que lo pretendía sobrepasar por el lado izquierdo (tras el evento se retiro sin identificarse) y –en un segundo instante- fue embestido en su vértice trasero derecho por la parte anterior del motovehículo del actor. La valoración expuesta tiene sustento en la pericia mecánica confeccionada por el perito desinsaculado por la Receptoría General de Expedientes, Diego Fernando Irusta, Técnico en Accidentología Vial. El Perito concluyó en que resulta probable la mecánica denunciada por el actor, por ser compatible con la información incorporada en la causa penal, los daños de los vehículos y las lesiones de F. (fs. 277 y 280). Explicó que la colisión resultaba ser del tipo por alcance, lo que indicaba la correlatividad de daños que presentan los vehículos. Puntualizó que las lesiones de F. eran compatibles con lo que sería el impacto del lado izquierdo del cuerpo con la parte posterior del utilitario. Partiendo del relato de las partes y los fundados términos de la pericia y de las respuestas brindadas a los cuestionamientos, le otorgo al dictamen pleno valor probatorio (art. 474 CPCC; fs. 261/280; fs. 285, 289 y 312).
Las partes se encuentran contestes –reiterando lo ya mencionado- en la ocurrencia del hecho, por lo que no habiendo los accionados destruido el nexo causal, resultan éstos responsables en forma objetiva de su producción.
La objetividad aludida se afirma sin perjuicio de agregar que de la prueba se desprende que, tras el impacto con la motocicleta que pretendía sobrepasarlo por su izquierda, el conductor de la Partner se condujo de modo imprudente y antirreglamentario al frenar imprevistamente e interponerse en la marcha del actor, transformándose en un obstáculo insalvable (arts. 39 inc. b y 48 inc. d ley 24449 nacional y art. 1 ley 13927 provincial).
Véase que los testigos de la causa penal observaron el intento infructuoso del accionante de esquivar el vehículo Partner ante su frenado imprevisto (ver en IPP declaraciones a fs. 30 de C. A. F., 31 de C. F. H., 32 de C. G. B. y 33 de L. N. G.). La IPP lleva el n° 09-02-013513-15/00, es caratulada “Q.M.A. s/ lesiones culposas”, y fue desestimada por el Agente Fiscal Emiliano Buscalia mediante una resolución –fs. 43- que no causa estado, ni obliga en modo alguno a la justicia civil, ya que se trata de un simple archivo de la investigación (cfm. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, S. II, causa “Banzato Víctor Edmundo c/Anselmino Hugo y otros s/Daños y perjuicios”, del 11 de noviembre de 2015). Ello así, descarto la presencia de exceso de velocidad en la motocicleta conducida por F. Pues los demandados no desplegaron actividad probatoria suficiente a los fines de acreditar que el actor se haya conducido a una velocidad tal que no le permitiera mantener el dominio de su vehículo. En este aspecto, la pericia mecánica expresó que “no es posible obtener de manera categórica valores mínimos de velocidad a los cuales se desplazaban los vehículos al momento de producirse el siniestro vial bajo estudio…no se dispone de relevamiento técnico de rastros (huellas de neumáticos, marcas de arrastre, depósitos de pintura, cristales, líquidos, plásticos, entre otros), como así tampoco de planimetría del lugar de los hechos, indicando posiciones finales de los protagonistas, área de contacto sobre la calzada y rastros hallados sobre la misma, no estando los mismos debidamente relevados” (fs. 22).
Por lo demás, la omisión de casco protector (fs. 1 IPP) puede incidir sobre la magnitud de las lesiones, pero carece de repercusión en la producción del accidente (SCBA LP C 102367 S 18/02/2009, Fernández, Ismael Enrique c/Waiser, Carlos Oscar s/Daños y perjuicios, entre otros). En efecto, coincido con la postura que entiende que la falta de uso de casco protector (infracción al art. 40 inc. j ley 24449) no resulta un elemento que corresponda computar a los efectos de ponderar la mayor o menor responsabilidad en la causación del accidente. La ausencia de casco debe evaluarse con relación a los daños cuyo resarcimiento se persigue, pues hay que tener en cuenta la propia voluntad del actor quien al no llevar el casco protector contribuyó a incrementar la violencia del golpe sufrido en la cabeza y las lesiones consecuentes (Conf. CNCivil, Sala D, 29/06/2006, elDial - AA36F7; íd. Sala F, 6/6/2002, elDial - AE1DA0; íd. Sala H, 07/08/2007, La Ley Online; íd. Sala K, 08/05/2007, La Ley Online; íd. Sala I, 17/03/1998, Lexis Nº 10/891, entre otros).
A su vez, no incide en la relación causal la carencia de carnet de conducir del actor (fs. 134/138), pues –en el caso- dicha violación administrativa del código de Tránsito o el mayor o menor conocimiento que de esas normas tenga el actor no resultó relevante en la producción del suceso (cfm. CC0203 LP 118027 RSD-11-15 S 12/02/2015 González Martín Andrés c/ Anagonos Jorge Alejandro y otro/a s/ Daños y perj. Autom. c /Les. o muerte).
Tampoco procede la eximente alegada en relación a la participación del primer motovehículo. Las particularidades del hecho del tercero sólo fueron explicitadas en la declaración del testigo L. N. R., que resulta ser empleado de la codemandada T. y compañero de trabajo del codemandado Q. (ver declaración videoregistrada a fs. 351). Dicha prueba no resulta idónea en tanto no existen otros elementos de juicio que corroboren su declaración (cfm. CC0203 LP 117219 RSD-136-14 S 16/09/2014 “Mansilla Mirta Yolanda c/ Empresa San Vicente s/ Daños y Perjuicios”). Y tanto de la pericia del caso, como de las declaraciones testimoniales de la causa penal, no surge que la intervención de la primera moto haya resultado imprevisible e inevitable (arts. 1730 y 1731 CCyC).
En estos términos, siendo el accidente causalmente atribuible a Q., deberá responder por las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles (arts. 1726 y 1727 CCyC). La responsabilidad alcanza tanto al codemandado T. S. M. A. SA, en su calidad de titular registral del vehículo Peugeot Partner (art. 1758 CCyC), como a la citada en garantía, quien responderá en la medida del seguro contratado (art. 118 ley 17418).
5. Corresponde analizar a continuación si se han acreditado los daños alegados por la actora, a quien –tal como se mencionó recientemente- le correspondía la carga de su demostración (art. 1744 CCyC), pues sin su existencia no hay reparación posible. Establece el artículo 1716 del CCyC que la violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado. A su turno, el artículo 1737 del CCyC expone un concepto legal de daño al indicar que “[h]ay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva”. Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente; la pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador (art. 1739 CCyC).
Según el concepto legal de indemnización, ésta comprenderá la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances; indica que incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida (art. 1738 CCyC). La reparación deberá ser plena (art. 1740 del CCyC; Fallos: 312:2266; 308:1160; 320:2001; entre otros). Podrá ser tanto en dinero o en especie, la opción corresponde al deudor y tiene el límite de que la indemnización en dinero resulte abusiva o excesivamente onerosa 6) Sentado ello, cabe indicar que en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, el legislador ha estipulado el sistema de renta vitalicia para su reparación.
Lo expuesto no implica que los accionados deban pagar mensualmente un monto, pues el pago del capital deberá realizarse íntegramente (CSJN M3724 XXXVIII “Milone”, del 26/10/04).
La indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del actor para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se ha fijado que en el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada, procediendo la indemnización aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado (art. 1746 CCyC). Cabe partir de los ingresos acreditados de la víctima o de la valuación de las tareas no remuneradas que llevaba a cabo y se vio total o parcialmente impedido de continuar desarrollando.
Para realizar la estimación, deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas y los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación. Ello significa que las fórmulas matemáticas no constituyen la única ni autónoma fuente de cuantificación, ya que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio, que no es arbitrariedad judicial, pero podrá ser un elemento útil a la hora de fijar el quantum por muerte o incapacidad permanente (cfm. Ricardo Luis Lorenzetti Director, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Rubinzal-Culzoni Editores, 2015, Tomo VIII pág 528).
En este sentido, se ha dicho que las “pautas de cálculo no tienen por qué atar al juzgador, por lo que no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la aplicación de la fórmula mencionada, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora para, a partir de allí, arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de la causa” (cfm. . Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A(CNCiv)(SalaA), “D., L. E. c. K., S. D. y otros s/ daños y perjuicios”, sentencia del 31/8/15; en igual sentido, ver Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, “O. F., R. c/ Aseguradora Federal Argentina S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios”, causa Nº 61.029, del 21/2/2017).
También corresponde indicar, dadas las particularidades de las lesiones comprobadas, que los porcentajes de incapacidad deben ponderarse en atención al carácter de incapacidades polifuncionales y al principio de incapacidad restante. Así, dichos porcentajes no deben ni pueden sumarse, sino que corresponde su valoración en atención a tratarse de incapacidades polifuncionales, teniendo en cuenta aquél principio aplicable en la materia, y las fórmulas usuales para su determinación (cfr. Basile, Alejandro, Defilippis Novoa, Enrique y González, Orlando, “Medicina Legal del Trabajo y Seguridad Social”, Ed. Abaco, pág. 291 y ss). La jurisprudencia refirió que “En los casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de la persona, no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado” (C. Civil y Comercial. La Matanza. Sala I, “Saravia, Marcela R. v. Costa, Adrián O. y otros s/ Daños y Perjuicios”, causa Nº 573/1, sentencia del 19 de diciembre de 2.006).
En el caso, el Dr. Lucas Lament, Médico de Policía, MP 114334, del Cuerpo Médico Forense que intervino en la IPP, expuso que el accionante presentaba fractura de fémur izquierdo, requiriendo osterosíntesis con colocación de clavo endomedular que fue realizada el día 10 de septiembre de 2015, tras el accidente. Refirió que también presentaba herida contuso-cortante suturada a nivel parietal izquierda. Indicó que de no mediar complicaciones las lesiones eran de carácter graves (fs. 42 IPP).
La pericia medica civil fue realizada por el Perito Médico Dr. Guillermo A. Vera (MP 37712, MN 76058), sorteado por la Receptoría Gral. de Extes. Departamental (ver dictamen a fs. 291/299 y cuestionamientos y respuestas a fs. 317/318, 320/321 y 328/330).
En lo que aquí resulta relevante, el experto informó que el actor, a raíz del accidente, presentó “fractura de femur diafisaria más pseudoartrosis con colocación de material de osteosíntesis endomedular, transtorno por estrés postraumático crónico leve, lumbalgia con limitación funcional, cicatrices en femur y rostro, que determinan incapacidad” (fs. 294).
Determinó una incapacidad parcial y permanente del 62,76%, detallando un 42% por fractura de femur diafisaria pseudoartritris, 15% de transtorno por estrés postraumático crónico leve, 8% por material de osteosíntesis endomedular, 8% por lumbalgia con limitación funcional, 8% por cicatriz en rostro y 3% por cicatriz en fémur (fs. 294/294vta).
Dada la naturaleza de la cuestión, el dictamen señalado resulta ser el medio probatorio fundamental para formar convicción sobre la entidad de las lesiones, pues asesora al judicante en temas que escapan a su formación profesional y a la del medio de la gente (cfr. doctrina causas CC0102 MP 125501 RSD-568-3, sentencia del 28 de agosto de 2.003, “Giménez, Juan Manuel c/ Hospital Interzonal General de Agudos s/ Daños y perjuicios”; CC0001 QL 7284 RSD-108-4, sentencia del 14 de octubre de 2.004, “Juárez, Carlos Alberto c/ Hospital Municipal de Agudos Mi Pueblo s/ Daños y perjuicios”, CC0001 LZ 52340 RSD-71-2, sentencia del 21 de marzo de 2.002, “Vico, Hilario Ramón y otros c/ Municipalidad de Esteban Echeverría y otro s/ Daños y perjuicios”, CC0102 LP 213583 RSD-131-93, sentencia del 28 de septiembre de 1.993, “Lima, Héctor Antonio y ot. c/ I.P.E.M. s/ Daños y perjuicios”).
A esta altura, corresponde valorar que el actor circulaba sin el casco protector (fs. 1 IPP). Las máximas de la experiencia indican que su ausencia hubiera disminuido o eliminado las lesiones en el rostro. Esta apreciación es corroborada por la pericia mecánica en cuanto se especificó que las lesiones a nivel parietal izquierdo se podrían haber minimizado o evitado en su totalidad con el uso del casco (fs. 261/280). En esas condiciones, entiendo razonable fijar en un 50% la incidencia de la conducta del actor sobre la magnitud de la cicatriz en el rostro. El porcentaje indemnizable de incapacidad parcial y permanente se disminuye, por ende, a 61,13% conforme el principio de incapacidad restante.
En cuanto a la actividad laboral del actor, sostuvo el accionante que trabaja en relación de dependencia en la carpintería de su padre desde que tiene 15 años de edad. Afirma que la relación laboral no se encuentra registrada, que trabaja de modo informal, es decir “en negro” (fs. 4vta del incidente de BLSG). Alega que realiza tareas que corresponden a la categoría “oficial múltiple” en la rama “muebles, aberturas, carpinterías y demás manufacturas de madera y afines”, percibiendo un salario aproximado de $12.990 mensuales. Por su parte, la demandada desconoció la actividad laboral del actor (fs. 67vta). Adelanto que no encuentro acreditado tales aseveraciones. En efecto, la única prueba aportada al respecto resultan ser los testimonios brindados en el incidente de beneficio de litigar sin gastos, glosados a fs. 10/12 (ver ratificaciones a fs. 40/42), que no generan convicción en el suscripto en relación al monto salarial que percibiría el accionante. Véase que mientras ninguno de los testigos dijo trabajar con el actor, o en su rama, los tres efectuaron idénticas referencias técnicas sobre el salario del accionante –tales como “CCT 335/75”-, carentes de espontaneidad y que empalidecen la credibilidad de la exposición. Ninguno explicitó cómo conocían las distintas categorías del rubro carpintería –en relación a las cuales se explayaron- ni, específicamente, como sabían de la suma concreta que recibía el actor.
Por consiguiente, si bien las declaraciones fueron merituadas al analizar la esgrimida carencia de recursos para afrontar los gastos del juicio -pues junto al resto del plexo probatorio del incidente demostraron aspectos tales como la convivencia del actor junto a su concubina en la casa de los padres y la carencia de bienes de fortuna (fs. 56)-, no resultan suficientes para tener por acreditado el quantum del salario. El accionante, pese a la relevancia de la prueba, no ofreció documental alguna tendiente a demostrar el nivel invocado de sus ingresos. Todo, pese a que el daño no es solo uno de los presupuestos de la responsabilidad civil, sino su presupuesto central (cfr. Mosset Iturraspe, “Responsabilidad por Daños”, Tº I, pág. 139).
La fórmula de cálculo que utilizaré, de renta constante no perpetua, resulta ser C = A. (1 + i)ª – 1 / i . (1 + i)ª (de Acciari-Yrigoyen Testa, cfm. López Herrera Edgardo, comentario art. 1746, en Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, 1era. edición, 1er reimpresión, dirigido por Rivera Julio C, Medina Graciela y coordinado por Esper, Mariano, Thompson Reuters – La Ley, Bs. As., 2015, T° IV, p. 1088). Puntualizo que “C” es el capital a percibir; “a” es la ganancia afectada por período anual; “i” es la tasa de interés anual (aplicaré el 4%, decimalizada); “a” es la cantidad de años restantes hasta la edad jubilatoria de 65 años; y 1=1.
En definitiva, teniendo en cuenta que el accionante J. M. F. es argentino, soltero, nació el 21 de diciembre de 1988 por lo que al momento del accidente que nos ocupa contaba con 26 años de edad, restándole 39 años para arribar a la edad jubilatoria. Se ha demostrado que resulta ser un trabajador informal, pero no así las concretas ganancias al momento del hecho, por lo que recurriré al efecto del cálculo de la renta al salario mínimo vital y móvil, que al momento del hecho ascendía a la suma de $5.588 (cfm. Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, Res. 4/2015 del 21/7/15). El actor tiene una incapacidad parcial y permanente indemnizable por los accionados del 61,13%.
En esas condiciones, apreciando la fórmula aludida como pauta orientadora y valorando prudencialmente la falta de acreditación del salario concreto con la parquedad exigida para evitar el enriquecimiento sin causa del actor, reconozco en este concepto la suma de $620.000 (art. 165 del CPCC).
7. En relación al tratamiento psicológico, por el cual se reclamó la suma de $33.600, indicaré que el Perito Médico, Dr. Vera, sugirió la realización de psicoterapia individual por un lapso no inferior a 12 meses y con una frecuencia bisemanal, a fin de no agravar el cuadro (fs. 328vta).
La jurisprudencia ha considerado, en este tópico, que “en tanto las secuelas incapacitantes detectadas por la perito interviniente revisten el carácter de permanentes - lo que implica que en modo alguno la integridad psicológica en el caso resulta recuperable-, el tratamiento aconsejado reúne la condición de necesario como elemento paliativo de tales secuelas, pero no curativo. Se trata, a través de dichas entrevistas psicológicas, de mejorar la calidad de vida de la actora, su estado anímico, el que en modo alguno podrá ser recuperado íntegramente. Siendo así no hay obstáculo para indemnizar, por un lado, las secuelas incapacitantes y, por el otro, el tratamiento necesario para mejorar el estado psicológico general de la víctima afectado como consecuencias de tales secuelas” (CC0100 SN 6214 RSD-139-10 S 04/11/2010, Choi Gab Yeol y otra c/Club de Pescadores y Náutica de San Pedro s/Daños y perjuicios).
En cuanto al valor de la sesión, que fue estimado por el experto (fs. 294) y cuestionado por el co-demandado Q. y la citada (fs. 317/318), es dable acudir al “arancel profesional mínimo” como parámetro aplicable, el cual asciende a la suma de $250 (art. 15 inc. “w” ley 10306, resoluciones n° 1226/08 y 1538/16 del Consejo superior del Colegio de Psicólogos de la Pcia. de Bs. As).
En tales condiciones cabe fijar el rubro en la suma de $24.000.
A diferencia del resto de los rubros del asunto, el monto señalado no llevará intereses desde que el perjuicio se produjo, sino a partir de la notificación de esta decisión judicial, habida cuenta de que las sumas serán percibidas de una sola vez -lo que permitirá su adecuada inversión- y serán aplicadas a solventar erogaciones que todavía no han sido realizadas (conf. C.S.J.N. 311:744. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2º “Cajal, María Magdalena y otros v. Estado Nacional s/ daños y perjuicios”, Causa Nº 1749/1998, sentencia del 31 de mayo de 2.001”).
8. En relación a la indemnización de las consecuencias no patrimoniales del evento se reclamó la suma de $500.000.
Prevé el artículo 1741 del CCyC que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.
La jurisprudencia ha entendido que el daño se configura por el conjunto de sufrimientos, padeceres de orden espiritual y angustias causadas por el ilícito (C. Civ. y Com. San Martín, causas Nº 48.469, 48.402, 49.269, 534.59, entre otras). Y explicitó que la fijación de sumas indemnizatorias en este concepto no está sujeta a reglas fijas, correspondiendo su cuantía -en principio- al arbitrio judicial (SCBA, C 85.381, “Valentín, Norma B. y González, Juan C. c/ Durisotti, Rodolfo; Hospital Municipal y Municipalidad de Daireaux s/ Daños y perjuicios”, sentencia del 7 de mayo de 2.008). Teniendo en cuenta que el actor (que en ese momento contaba con 26 años de edad) sufrió fractura de fémur diafisaria más pseudoartrosis con colocación de material de osteosíntesis endomedular, trastorno por estrés postraumático crónico leve, lumbalgia con limitación funcional y cicatrices en fémur y rostro (ver pericia médica a fs. 294), lo que le generó una incapacidad del 62,76 % de la total obrera, total y permanente, aunque indemnizable –a los fines prácticos- en un 61,13% (ante la incidencia de la falta de casco), circunstancias que denotan los sufrimientos e incomodidades que hubo y debe de soportar durante toda su vida, considero adecuado reconocer en concepto de daño moral la suma de $124.000).
9. El actor ha reclamado en concepto de gastos médicos, farmacia, traslados y prótesis, la suma de $20.000 o lo que en más o en menos resulte de la prueba, sin adjuntar constancia alguna de tales erogaciones.
A diferencia de la regla aludida para los daños en general (art. 1744 CCyC), se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad (art. 1746 del CCyC). En dicho marco y atento la gravedad de la patología y secuelas médicas físicas y psíquicas padecidas por F., con los gastos que las mismas conllevan, entiendo justo y razonable reconocer –teniendo en cuenta la carencia de toda constancia, pese a la afirmación realizada en la demanda (fs. 30vta), y que parte de los gastos debieron volcarse a los daños producidos por la falta de casco- la suma reclamada de $5.000.
10. Los intereses debidos deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 768 inc. "c" y 770, Código Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928; SCBA LP B 62488 RSD-98-16 “Ubertalli”, sentencia del 18/05/2016).
No cabe acudir a la "actualización, reajuste o indexación" pues de tal modo se quebrantaría la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928, doctrina plenamente aplicable en la especie en atención al mantenimiento de tal precepto luego del abandono de la paridad cambiaria dispuesta por la ley 25.561 (conf. doct. SCBA causa B. 58.655, sent. de 17-VIII-2011, entre otras).
El planteo de plus petición realizado por Q. se desestima ya que para que produzca consecuencias desfavorables respecto del vencedor tiene que ser inexcusable y, además, la otra parte debe haber admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia (cfm. art. 72 CPCC y SCBA L 38287 S 25/08/1987, Letta, Carmelo c/Compartir S.R.L. s/Daños y perjuicios).
En esas condiciones, R E S U E L V O: 1°) hacer lugar a la demanda instaurada y, en consecuencia, condenar a Q. M. A., T. S. M. A. SA y Caja de Seguros Sociedad Anónima en la medida del seguro, a abonar a Juan Manuel F. la cantidad de $773.000 y sus intereses (considerandos 7 y 10), dentro de los diez días de quedar firme la presente;
2. imponer las costas a los accionados vencidos (art. 68 del CPCC); 3°) diferir la regulación de honorarios para la oportunidad en que quede firme la liquidación respectiva (art. 51 ley 8904). REGISTRESE. NOTIFIQUESE por cédula por Secretaría (art. 483 del CPCC).
LEANDRO NAHUEL JOANDET JUEZ
Fin de la sentencia