Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala III · Causa MO-2563-2023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar parcialmente la apelada sentencia de fecha 23-06-2026 en cuanto al monto de la condena , que se reduce a la suma de $5.000.000.- (pesos cinco millones) y confirmarla en todo cuanto mas haya sido materia de recurso. Costas de la Alzada a los accionados vencidos (art. 68 del CPCC). Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad.-
" CHAVES FLORENCIA ABIGAIL C/ LEZCANO FACUNDO RUBEN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) "
Causa nro. : MO-2563-2023
En la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, reunidos los jueces de esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, doctores Mirta Susana Collados y Roberto Camilo Jordá, ambos integrantes de esta Sala III, con la presencia del Sr. Secretario, proceden a celebrar Acuerdo digital, abocándose a pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: " CHAVES FLORENCIA ABIGAIL C/ LEZCANO FACUNDO RUBEN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " Causa nro.: MO-2563-2023 , habiéndose practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266, C.P.C.C., Ley 5827), resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA - COLLADOS, resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia de fecha 23-06-2026?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión : el señor Juez Doctor JORDA, dijo:
Contra la sentencia de fecha 23-06-2026, apela la actora el 25-06-2026, expresando agravios el 16-09-2026. Por su parte, la demandada apela el 24-06-2026 y lo funda con su P.E. de fecha 14-09-2026. Corrido el traslado son respondidos el 2-10-2026 y el 8-10-2026 por la parte actora y la contraria respectivamente.-
El fallo de primera instancia hace lugar a la demanda promovida por Florencia Abigail Chaves contra Facundo Ruben Lezcano, haciendo extensiva la condena a Rio Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada, con costas.-
La parte actora protesta por la escasa suma de dinero aplicada a reparar la indemnización por daño psicofísico, por el tratamiento psicológico y kinésico y el daño moral.-
La demandada y citada en garantía , se quejan por el excesivo monto asignado al daño material, al daño psicológico y cuestiona el daño físico.-
No es ocioso rememorar la consolidada jurisprudencia de la SCBA, en torno a las facultades del Juez en la apreciación del material probatorio.
Específicamente la SCBA viene afirmando que, la facultad reconocida por el art. 384 del CPCC exime al juez del deber de expresar en su sentencia la valoración de todas las pruebas producidas. Por el contrario, se encuentra habilitado plenamente, a seleccionar aquellas y priorizar algunas y descartar otras que estime menos relevantes (Acuerdos 33.589, 49.211, 59243).
Daño Físico. Psicológico.-
El día del accidente (10-10-2022) Chaves es atendida en el Hospital Dr. Carlos Bocalandro por contusión de tobillo derecho (ver informe de fecha 28-04-2023).-
El 12-10-2022 la accionante es atendida en el Centro de Salud Arturo Illia UPA 16, le recomiendan reposo por 48hs. y le prescriben diclofenac y dexamatasona (ver informe de fecha 25-04-2023).-
El experto médico Dr. Emiliano Javier Cozzi examina a la actora, columna cervical, encarga estudios complementarios (realizados el 5-03-2026) que dan cuenta de rectificación de la lordosis, determina en consecuencia una incapacidad del 6% por cervicalgia (informe de fecha 29-04-2026 y explicaciones del día 21-05-2026).
Acompaña un psicodiagnóstico particular efectuado por la Lic. Giselle Carolina Janes, que otorga por estrés postraumatíco crónico leve, una incapacidad del 10%
El 12-05-2026 la demandada solicita explicaciones y cuestiona la pericia: "... El perito incorpora un diagnóstico psiquiátrico -trastorno por estrés postraumático leve- y asigna un 10% de incapacidad psíquica, pese a que la demanda no reclamó daño psíquico como incapacidad, ni alegó un cuadro clínico, ni fijó un objeto procesal que habilite la valoración de una incapacidad psíquica permanente.
La demanda únicamente solicitó un rubro económico por tratamiento psicológico, sin encuadre nosológico, sin diagnóstico, y sin petición de incapacidad. El dictamen pericial, introduce un diagnóstico nuevo y ajeno al marco fáctico planteado.
El diagnóstico pericial no solo excede lo reclamado, sino que además no se encuentra respaldado por la documental médica acompañada, la cual únicamente acredita reposo y analgésicos, sin constancia de síntomas compatibles con un trastorno psiquiátrico.".-
El experto Dr. Cozzi responde en fecha 21-05-2026, vaguedades, no yendo al punto específico de los cuestionamientos.-
Sabemos que para que proceda el resarcimiento del art. 1746 del CCCN, la parte actora carga con la prueba de demostrar que efectivamente, existe una incapacidad de tipo permanente (art. 1744 del CCCN) y que la misma se encuentra vinculada causalmente con el accidente (art. 1736 del CCCN). En este sentido no resulta suficiente que el perito informe de haber detectado, al momento del examen, alguna dolencia o menoscabo físico, si el mismo no logra conectarse con el hecho respectivo, porque la presencia de cierta minusvalía en el cuerpo humano puede obedecer a muchas razones.
Es decir, deberá llevarse al Juez a la convicción de que la incapacidad que detecta el perito, deriva efectivamente de las lesiones producidas por el accidente.-
Si bien no resulta determinante ni fatal para el progreso del rubro que ciertas dolencias no aparezcan mencionadas en las constancias de atención primaria, si es un dato importante y a tener en cuenta dentro del contexto de la prueba rendida (arts. 384 y 474 del CPCC).-
Partimos de la base que el dictamen pericial no resulta vinculante para el Juzgador y que el Juez debe analizar el dictamen siguiendo las pautas del art. 384 del CPCC.-
Es decir que el juez puede si el dictamen no le resulta convincente apartarse del mismo dando las razones.-
Amen que la patología detectada por el experto Dr. Cozzi -cervicalgía- no aparece mencionada en la atención primaria, tampoco hay otra prueba, más allá de las afirmaciones periciales (no demasiado fundadas) que la vinculen con el accidente.-
La actora tampoco aportó otras pruebas o elementos relacionados a tratamientos posteriores (léase, estudios y tratamientos médicos, radiografías, Rx de las partes mencionadas, tratamientos kinésicos) -y era suya la demostración del nexo causal-.
En consecuencia se rechaza el nexo causal entre el accidente y la cervicalgia. -
Respecto al tratamiento kinésico
La kinesiología y la fisioterapia son prácticas terapéuticas orientadas a la recuperación, rehabilitación o alivio de dolencias de índole física, patologías traumatológicas, musculares, articulares o neurológicas.
Consecuentemente, su procedencia como rubro indemnizatorio autónomo o como gasto médico futuro requiere indefectiblemente la constatación previa de una afectación corporal que justifique dicho tratamiento.-
No existiendo dolencia atribuible al accidente se torna abstracta la necesidad de sesiones de rehabilitación, lo que así decido.-
Por otro lado, debo destacar que del cotejo de la causa surge palmariamente que la experta en psicología que dictaminó en el sub lite no ha sido desinsaculada ni seleccionada de la lista oficial de peritos inscriptos en el Poder Judicial, conforme lo establecen las normas procesales aplicables (arts. 457, 474 y 476, C.P.C.C.).
Que, por el contrario, se advierte que la designación de dicha profesional provino de una propuesta o designación directa efectuada por el perito médico oficial designado en autos, apartándose flagrantemente del mecanismo legal de sorteo público y legal que garantiza la imparcialidad, la igualdad de trato y la transparencia en la administración de justicia.-
Que la intervención de peritos oficiales o de lista constituye una garantía esencial del debido proceso legal.
La extralimitación en la designación de auxiliares al margen de las listas inscriptas vulnera la garantía de defensa en juicio y priva al dictamen emitido de la validez y la fuerza convictiva necesaria para fundar un pronunciamiento jurisdiccional, toda vez que se ha prescindido de los recaudos de idoneidad formal y contralor institucional previstos legalmente.
Que, en consecuencia, al hallarse viciado tanto el origen de la designación de la perito como los fundamentos intrínsecos de su dictamen, corresponde desestimar el grado de incapacidad psicológica propuesto en dicho informe, por carecer de eficacia probatoria en estos actuados.-
Conforme lo expresado se hace lugar al agravio y se rechaza la incapacidad física y psíquica (art. 384 del CPCC).-
En cuanto al tratamiento psicológico su procedencia está condicionada a la acreditación fehaciente de un daño resarcible y actual conforme lo exige el art. 1739 del CCCN.
No constituye un concepto indemnizatorio abstracto ni una "sanción" económica a la contraria, sino un recurso terapéutico destinado exclusivamente a la curación o rehabilitación de una patología debidamente comprobada.
Al descartarse la existencia de una incapacidad o desequilibrio emocional, la solicitud de un tratamiento carece de causa jurídica y de sustento fáctico, convirtiéndose en un enriquecimiento sin causa o en un pedido abstracto.-
En resumen, quedando demostrado en autos la inexistencia de incapacidad psicológica imputable al accidente se rechaza el tratamiento psicológico.-
Daño Moral.-
El art. 1741 del CCCN consagra el derecho a reclamar por las consecuencias no patrimoniales, experimentadas a raíz de los hechos ilícitos.-
Concretamente la norma contempla el derecho a ser resarcido, por la alteración o pérdida de la armonía vital del individuo, fruto del evento dañoso.
Por otra parte el daño extrapatrimonial se produce "in re ipsa" no requiere prueba. Por lo que va de suyo que si el sujeto pasivo del reclamo anhela neutralizar su resarcimiento, tiene la carga de demostrar cabalmente la existencia de una situación objetiva que lo excluya (arts. 1741 del CCCN y 375 del CPCC).-
En lo atinente a su cuantificación -que no tiene porque guardar proporcionalidad con los perjuicios materiales- si bien el legislador reconoce que ella queda sujeta al arbitrio judicial, índica al sentenciante una pauta de valoración, volcada en la siguiente premisa "el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas" .-
Desde la perspectiva expuesta, para fijar su cuantía habré de valorar que no hubo lesiones físicas ni psicológicas, tomando en cuenta esos parámetros entiendo correcta la suma de $3.000.000.- (pesos tres millones) establecida por la Sra. Jueza (art. 165 del CPCC).-
Daño Material.-
El daño es el primer elemento de la responsabilidad, y sin él resultaría superfluo indagar la existencia de los restantes componentes de aquélla.- Por lo tanto, la presencia del perjuicio material debe ser comprobada para poder condenar al pago de la indemnización, es que la obligación de reparar surge, precisamente, del perjuicio.-
Ahora bien, la prueba del daño incumbe al damnificado, por tanto él debe aportar la prueba del hecho constitutivo del derecho cuyo reconocimiento pretende.-
Tal demostración debe ser fehaciente, siendo ineficaz solo la mera posibilidad de la producción de ese perjuicio, porque un daño no acreditado carece de existencia (conf.S.C.B.A., causa 37989 del 8/3/1988).
En el caso, la ocurrencia del accidente, la existencia del perjuicio material y su vinculación causal con el evento dañoso se encuentran debidamente acreditadas.
Ahora bien, en los casos de fijación de una indemnización en dinero rige el principio de la reparación integral de los daños causados, principio éste conforme al cual la finalidad del resarcimiento es procurar restablecer tan exactamente como sea posible el equilibrio destruido por el hecho ilícito, para colocar así a la víctima a expensas del responsable, en la misma o parecida situación patrimonial a la que se hubiese hallado si aquél no hubiese sucedido.-
En el caso, el perito ingeniero mecánico Oscar H Martino estimó, en su informe de fecha 19-03-2026, que el monto reclamado por reparaciones - $876.900.- resulta acorde con los valores de plaza en materia de repuestos y mano de obra.
Asimismo, la circunstancia de que el perito mecánico no haya examinado el vehículo no impide admitir el reclamo cuando, como en éste caso, la importancia de las averías surge del las fotografías agregadas por el experto en su informe.-
Por ello, teniendo en cuenta lo manifestado; el valor de $900.000. - establecido por la Sentenciante lo estimo prudente (conf. art. 375 y 165 del CPCC ).
De lo expuesto y de compartirse mi criterio, considero que debe revocarse parcialmente la sentencia, reduciéndose el monto a la suma de $5.000.000.- (pesos cinco millones ). Costas de la Alzada a los accionados vencidos (art. 68 del CPCC).-
Voto en consecuencia PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.-
A la misma cuestión la señora Jueza Doctora COLLADOS , por iguales fundamentos, votó también PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.-
A LA SEGUNDA CUESTION : el señor Juez Doctor JORDA, dijo:
Conforme se ha votado en la cuestión anterior, corresponde revocar parcialmente la apelada sentencia de fecha 23-06-2026 en cuanto al monto de la condena, que se reduce a la suma de $5.000.000.- (pesos cinco millones) y confirmarla en todo cuanto mas haya sido materia de recurso. Costas de la Alzada a los accionados vencidos ( art. 68 del CPCC) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad.-
ASI LO VOTO.
La señora Jueza Doctora COLLADOS por los mismos fundamentos, votó en análogo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
AUTOS Y VISTOS: De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, por unanimidad, este Tribunal RESUELVE: Revocar parcialmente la apelada sentencia de fecha 23-06-2026 en cuanto al monto de la condena , que se reduce a la suma de $5.000.000.- (pesos cinco millones) y confirmarla en todo cuanto mas haya sido materia de recurso. Costas de la Alzada a los accionados vencidos (art. 68 del CPCC). Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad.-
REGISTRESE y NOTIFIQUESE (conf. Ac. 4013, SCBA).
Firman digitalmente la presente los señores Jueces Dres. Collados y Jordá, por ante el Sr. Secretario, en la fecha y hora según la referencia. Notifíquese conforme Ac. 4013, SCBA.
Firmas
Funcionario firmante: COLLADOS Mirta Susana - JUEZ
Funcionario firmante: JORDA Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario firmante: PILI Damian Ignacio - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 355-2026
Fin de la sentencia