Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal Sala III
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de casación interpuesto por el fiscal de juicio.
II. Rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por el particular damnificado.
III. Regular los honorarios profesionales de los doctores Roberto Damboriana (por el particular damnificado), y Sergio Pizarro Posse y Francisco García Santillán (por la defensa) en una suma equivalente al veinte por ciento (20%) para cada uno de ellos, de los fijados en origen.
Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 1º, 210, 373, 448, 450, 451, 452 inciso 1º, 453, 459, 540, 531, 532 y 534 del Código Procesal Penal; 28 “in fine” del Decreto 8904/77.
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a los 26 días del mes de febrero de dos mil trece, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Víctor Horacio Violini y Daniel Carral (artículo 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la causa Nº 14984 (Registro de Presidencia Nº 50063), caratulada “F., L., s/ recurso de casación interpuesto por el agente fiscal”, y su acumulada Nº 14985 (Registro de Presidencia Nº 50067), caratulada “F., L., s/ recurso de casación interpuesto por el particular damnificado”, conforme al siguiente orden de votación: VIOLINI-CARRAL.
1. El Tribunal en lo Criminal Nº 2 de San Isidro absolvió a L. F. en orden al delito de homicidio agravado por el que fuera acusada.
2. Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de casación el agente fiscal, denunciando violación a las reglas de los artículos 210 y 373 del rito, y la configuración de un supuesto de gravedad institucional.
Explica así que se han violentado las reglas del sistema acusatorio, al impedir a las partes acusadoras el libre ejercicio del derecho a interrogar a los testigos, mediante las interferencias del tribunal, y que el pronunciamiento ostenta un primer voto al que adhirieron el resto de los jueces, señalando que ello deviene inexplicable, pues la complejidad de la causa ameritaba cuanto menos alguna opinión personal de cada uno de sus integrantes.
Por este carril, afirma que el veredicto resulta pobre en contenido, al extenderse en transcripciones de lo acontecido en el debate, lo que a su criterio debió dejarse asentado en el acta, más no en el pronunciamiento.
Sentado ello, afirma errónea la convicción del primer votante en punto a las marcas de estrangulamiento, pues quedó acreditado que la muerte se produjo por una causa diversa, de lo que deriva que el magistrado tergiversó los dichos de la doctora P., como así también los del doctor Ch., en punto a que si bien nada puede ser descartado, manifestó su convencimiento de que el homicidio fue perpetrado por una sola persona. Asimismo, señala que el licenciado C. afirmó que el agresor era zurdo, por lo que deviene errado lo sostenido por el votante, referido a que el testigo declaró que era diestro.
En cuanto al tópico central del debate, esto es, el horario en que se habría producido la muerte, a su entender la tesis de la acusación se encuentra sobradamente probada. Rescata en este aspecto que todos los profesionales aludieron a la opinión del doctor A., por ser éste el primero que tomó contacto con el cuerpo, por lo que deviene absurda la duda que se pretendió crear a partir de circunstancias como la temperatura rectal o ambiental.
Señala que en debate, el doctor A. explicó los extremos malinterpretados en el Ateneo respecto del carácter reductible o irreductible de la rigidez cadavérica, y que en consecuencia, la desestimación de sus dichos deviene arbitraria, agregando que el pretendido consenso entre los galenos no fue tal, pues individualmente cada uno estaba convencido de su postura. Subraya en este aspecto, que a efectos de invalidar su relato, se valora una de sus declaraciones, prestada en la etapa preliminar y no incorporada al debate por lectura, lo que importa violación a la regla del artículo 366 del rito, al privilegiarse la versión escrita por sobre la oral. Lo dicho, sin perjuicio de considerar contradictoria la postura del “a quo”, que tildó de ilógicos los dichos de A., pero no hizo lugar al pedido de la defensa de que se extrajeran copias para investigar la posible comisión del delito de falso testimonio.
Con el objeto de reforzar su tesis, afirma que la sentencia hizo caso omiso del hecho de que la vejiga de la víctima se encontraba vacía, desconociendo que el cuerpo produce cincuenta centímetros cúbicos por hora, y en horas de sueño, al menos quince o treinta centímetros cúbicos, y que el reloj despertador se encontraba a disposición del tribunal. En su opinión, también han sido arbitrariamente desestimados los dichos de la testigo F., apoyados en el informe respectivo, referidos a la cantidad de llamadas efectuadas a la víctima entre las 00, 30 y la 1 horas del 10 de enero, que no respondió, habiendo aclarado la testigo M. que en su informe nunca se refirió a llamadas exclusivamente salientes, en el caso, del celular de la víctima, sino que como tales fueron informadas por la empresa telefónica.
A criterio del recurrente, a una llamada entrante que deja mensaje en el correo de voz, al no atender la víctima, en idéntico horario la llamada ingresa a la casilla de mensaje de voz, radicando aquí el error del tribunal, que interpreta este proceso como llamada saliente desde el celular de la víctima.
Por otro lado, acude a las pisadas detectadas en el balcón, de carácter unidireccional, las que no pueden acreditar la existencia de un agresor externo, dado que no se hallaron manchas de sangre en este sector (ni en la pared y los techos de la obra lindera), ni huellas de pisadas en el sentido contrario, esto es alejándose del lugar del hecho. Paralelamente, reafirma la veracidad del relato de Santiago Abramovich, del que descreen los magistrados, el que fuera, en sus palabras” hostigado” y “mareado” por la defensa (fs. 171 vta.), y sostiene como absurdo que el tribunal pretendiera imputarle una ausencia de careo con la imputada, cuando ésta se encontraba relevada del juramento de decir verdad.
De lo expuesto, a lo que aduna el testimonio de V. K., deriva que F. resultó mendaz y contradictoria, intentando desde el inicio sembrar hipótesis para desviar la investigación.
Asimismo, se agravia por la desestimación de los dichos de C. S., por la minimización del comportamiento que tuviera la acusada durante el velatorio y en días posteriores, y por la desvalorización del mail enviado a P. B., a lo que agrega que se desestimó la autopsia psicológica sin explicación alguna.
Sin perjuicio de lo expuesto, considera probadas las agravantes de alevosía y ensañamiento, conforme los elementos de prueba que reseña.
Así también, critica las conclusiones del testigo J., desarrollando los motivos de contradicción y error detectados en su declaración, las explicaciones que pueden ensayarse respecto del encendedor cuya marca quedara en el cuerpo de la occisa y su incidencia en el horario de la muerte, y desarrolla motivadamente sus conclusiones referidas a la mendacidad de la encartada, como así también los elementos que obran en su contra, solicitando la casación del veredicto.
3. Contra el mismo pronunciamiento, interpuso recurso de casación el particular damnificado, expresando idénticos motivos de agravio a los plasmados por el fiscal.
4. Radicadas las actuaciones en esta Sala con trámite común (fs. 222), a fs. 223 el Fiscal desistió de la realización de la audiencia, la que por el contrario, fue peticionada por los letrados de la defensa a fs. 236.
Acumuladas las actuaciones y fijada la audiencia que prescribe el artículo 458 del ritual a fs. 237, la misma fue pospuesta por licencia médica de quien suscribe, llevándose a cabo una entrevista con la encartada (fs. 241), tras lo cual, las partes desistieron de su realización, acudiendo a los memoriales sustitutivos.
A fs. 242/249, el Fiscal mantuvo el recurso interpuesto, mejorando fundamentos.
Por su parte, a fs. 250/289, los letrados de la defensa presentaron escrito, cuestionando la facultad recursiva del fiscal, conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia que cita, planteando la inadmisibilidad del recurso de particular damnificado, atento resultar una mera copia del interpuesto por el fiscal, y por ende, insuficiente. Asimismo, postula la inadmisibilidad de los agravios del fiscal referidos al desarrollo del juicio, al no haber efectuado las pertinentes protestas.
Asimismo, mejora fundamentos en pos de la confirmación del veredicto, y refuta los argumentos brindados por el Fiscal ante esta Sede. A fs. 292/311, los particulares damnificados presentaron memorial, reiterando los argumentos introducidos en el recurso.
5. Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se plantean y votan las siguientes, C U E S T I O N E S Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:
I.-
Antes de iniciar el análisis de los agravios vertidos, corresponde efectuar algunas especificaciones.
En primer lugar, no creo que el recurso del particular damnificado deba rechazarse “in limine” por el sólo hecho de ser una reedición de presentado por el fiscal, puesto que precisamente por ello, no puede afirmarse que se encuentre palmariamente infundado.
En todo caso, tal reproducción hará a la suficiencia material del remedio, pero no, como dije, a su suficiencia formal. En esta tónica, además, si el ordenamiento legal habilita al Ministerio Público a recurrir una sentencia, evidentemente, dentro de un mismo proceso, y a este Tribunal a pronunciarse, no encuentro que tal disposición pueda ser tachada de inconstitucional, claro está, con las limitaciones que la decisión revisora debe tener, a efectos de no violentar la prohibición constitucional de doble valoración.
Por otro lado, debo señalar al agente fiscal que la susceptibilidad que puedan generarle las adhesiones puras y simples al primer votante deviene irrelevante, desde el requisito constitucional de fundamentación se encuentra cumplido (artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial), y la sentencia es producto de una deliberación previa entre los jueces, en la que bien pudieron haberse consensuado todos los extremos y opiniones que se reflejan en el voto que abre el acuerdo. No observo, entonces, y respecto de este ítem, arbitrariedad o vicio alguno en el pronunciamiento.
Tampoco resultaba necesario que las trascripciones de las declaraciones testimoniales constaran en el acta, pues no existe exigencia constitucional o legal que así lo imponga, y como bien sostiene el voto del preopinante (fs. 59 de esta causa), que comparto, es la sentencia la que debe encontrarse exhaustivamente motivada a efectos de que el superior pueda realizar una revisión lo más amplia posible, tal como lo exige la Corte Suprema de Justicia a partir del precedente “Casal”.
De ello se sigue que la opinión del fiscal, relativa a que tales constancias debieron dejarse en el acta de debate “más nunca en el veredicto” (fs. 166) no puede ser atendida, pues resulta contraria a la doctrina constitucional sentada por el máximo Tribunal Nacional en la materia.
En una tónica similar, no puede el fiscal considerarse agraviado por el hecho de que el tribunal hubiera, eventualmente, merituado prueba de la etapa escrituraria, salvo que ella se hubiera utilizado para fundar la condena del justiciable, y el representante de la vindicta pública recurriera a favor de la encartada, lo que no es el caso, y me explico: La norma legal que impide sostener la condena en piezas de la investigación preliminar encuentra su fundamento en el derecho de defensa del imputado, pues precisamente, éste exige que la condena se apoye en prueba que el justiciable haya podido controlar y contrarrestar útilmente. Este es también el fundamento que sostiene la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Benítez”.
De ello se sigue que no teniendo control ni participación en la producción de la prueba en el legajo fiscal, poco o nada puede controlar o refutar la defensa en el debate respecto de un elemento de cargo que consta sólo por escrito.
Ahora bien, el fiscal se encuentra en una situación diversa, y aunque ello parezca de una obviedad de innecesaria explicación, el planteo efectuado en el recurso me obliga a señalar que el titular de la acción mal puede alegar que lo agravia la sentencia absolutoria fundada en piezas de la etapa preliminar, esto es, en prueba que el mismo fiscal dispuso, realizó y controló.
Más aún, cuando su labor no se asimila a la de un particular damnificado, sino que está regida por un criterio de actuación objetiva (artículos 56 del rito; 1º de la ley 12061), por lo que tampoco resultaría lógico sostener que le causa agravio que la sentencia valore una pieza de sumario que resulta favorable al imputado. Precisamente, porque dicho elemento de prueba fue producido por su parte, y porque su deber de actuación objetiva lo obligaría, como hipótesis de mínima, a considerarlo. De las razones precedentemente expuestas se deriva, como lógica consecuencia, la permisión, para el tribunal de juicio, de valorar la prueba del sumario en favor del encartado, y la imposibilidad de que ello por sí mismo cause perjuicio al representante de la vindicta pública. Para ser más claro: la fiscalía utiliza como argumento de su agravio, y en pos de lograr la condena, un fundamento que es propio del imputado, en virtud de su derecho de defensa en juicio, perdiendo de vista que su parte puede agraviarse por el modo como se interpretó, o por el significado que se dio a una pieza de la etapa preliminar, más no por el solo hecho de haberla valorado a favor del justiciable.
Por último, no puedo acompañar a los recurrentes cuando afirman, con remisión al sistema legal norteamericano y las disposiciones contenidas en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que el imputado tiene derecho a guardar silencio, pero no a mentir (o que esta interpretación sería de “aconsejable aplicación” a nuestro derecho), conclusión que desconoce las profundas diferencias que en algunos casos, como el presente, guarda con respecto al sistema patrio, que además, resulta sumamente claro al respecto, en el sentido opuesto al pretendido.
Sabido es que nuestra Constitución Nacional ha tomado varios preceptos de la norteamericana, pero ello no implica que la haya reproducido en su totalidad. De hecho, en varios aspectos, se distancia notablemente de ella, y la cita de la quinta enmienda resulta insuficiente para arribar al puerto pretendido por los recurrentes.
Es que en el sistema norteamericano, el principio contenido en la quinta enmienda, relativo a que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo es entendido de un modo sumamente amplio, es decir, como el derecho del acusado a no ser “convocado” siquiera a declarar, “por lo que el sólo hecho de ocupar el estrado es algo a lo que hay derecho a resistirse” (Hendler, Edmundo, “El derecho penal y procesal penal de los Estados Unidos”, Ad Hoc, 1996, p. 177), lo que lo torna diametralmente opuesto al sistema constitucional argentino, en el que la convocatoria del imputado, es entendida como acto de defensa, por lo que insoslayablemente el acusado “debe” ser convocado, sin perjuicio de su derecho a negarse a declarar.
Más importante aún, y en esto radica la diferencia que torna improcedente la asimilación de nuestras reglas procesales a las del país del norte, “todas las declaraciones que tienen lugar en la audiencia (…) son prestadas bajo juramento y como testigo. Esto comprende (…) también a los acusados (…) En los Estados Unidos, el acusado no puede ser convocado al estrado. Pero si declina el derecho debe prestar juramento e incurre en las penalidades del falso testimonio” (Hendler, op. Cit., p. 206).
Como puede observarse, la similitud sostenida por los recurrentes, que la alegan en carácter de fuente interpretativa de nuestro derecho, no existe, pues en nuestro sistema legal, se encuentra expresamente prohibida la posibilidad de tomar juramento al imputado. Si la hipótesis sostenida por el recurrente fuera cierta, y la prohibición de tomar juramento al acusado fuera un norma “prescindible”, entonces deberían haberse extraído las copias pertinentes para investigar la posible comisión del delito de falso testimonio por parte de la encartada, y el no haberlo hecho, además, visto que el delito se habría cometido también en el debate, de modo flagrante, comprometería la responsabilidad funcional del tribunal y del representante del Ministerio Fiscal, pues carecería de sentido establecer una prohibición (que el imputado no tiene derecho a mentir) que, desobedecida, no generara consecuencia alguna ni para el trasgresor, ni para los funcionarios públicos que la habrían presenciado.
Claro que esta consecuencia es absurda, precisamente, porque la tesis también lo es, al establecer una identidad que no existe con una regla legal que no ha sido ni es, en este aspecto, fuente de nuestro derecho, y que en nuestro país sólo podría ser aplicada luego de una reforma constitucional.
Todo lo dicho, además, puede derivarse sin necesidad de remisiones a preceptos legales ajenos, y por pura inferencia lógica, de las reglas que rigen nuestro ordenamiento: si nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda expresamente (artículo 19 de la Constitución Nacional), y nuestro sistema legal prohíbe expresamente que se le tome al acusado juramento de decir verdad (artículo 310 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires; a título de ejemplo, artículo 296 del Código Procesal Penal de la Nación), va de suyo que en nuestro país, el imputado se encuentra constitucional y legalmente facultado para mentir, pues la ley expresamente dispone que no está obligado a pronunciarse con veracidad, y sin perjuicio del modo como luego pueda valorarse tal declaración. Señalo, para finalizar, que el precedente “Bianchi, Guillermo Oscar”, al que acude el recurrente, no es “reciente”, sino que fue emitido el 27 de junio de 2002 por la Corte Suprema en su anterior conformación, por lo que no puede afirmarse que tal doctrina continúe vigente, amén de que ella no se refiere específicamente al tema traído a estudio.
II.-
Tampoco observo configurado, ni acreditado, el agravio por el que se afirma que se cercenó el derecho del recurrente a interrogar, y se hostigó a los testigos.
Es que ninguna constancia se ha dejado en el acta de debate que indique la disconformidad del fiscal o del particular damnificado con el modo como se desarrollara la audiencia o con la postura asumida por el tribunal, ni expresaron las partes disconformidad alguna al momento de sus alegatos, en cuyo decurso inclusive el fiscal destacó la objetividad de su propia labor, pero nada dijo en punto a una actuación irregular del tribunal, a lo que agrego que tampoco surge, del texto de los recursos, quiénes habrían sido los testigos “hostigados”, de qué modo, y cuáles habrían sido las preguntas que los acusadores se vieron impedidos de efectuar.
Desde una primera aproximación, entonces, los agravios resultarían inadmisibles por ausencia de fundamentación suficiente, la que no puede considerarse debidamente cumplida sólo mediante el reenvío a la videofilmación del debate.
Más allá de lo expuesto, y a fin de no dar una respuesta meramente formal, se procedió a la visualización de las diez jornadas de debate (que por un evidente error material no se encuentra completa, pues falta la declaración del testigo G. O., la parte final del alegato fiscal, el del particular damnificado y el inicio del de la defensa), no apreciándose las irregularidades denunciadas. Veamos.
En primer lugar, surge de la visualización del video de las diez jornadas de debate, que el presidente del tribunal tuvo una participación que puede calificarse como excesivamente activa, pues no se limitó a efectuar preguntas aclaratorias al final de cada deposición, sino que abundó el interrogatorio.
Si bien tal temperamento no se ajusta a los parámetros de la ley procesal, en honor a la verdad corresponde decir que las preguntas efectuadas a los testigos no aparecen como capciosas o parcializadas; en realidad, ellas eran las que debería haber efectuado la fiscalía, que, no sobra decirlo, en momento alguno protestó a este respecto. Más aún, en alguna oportunidad, ante el pedido de disculpas del presidente del tribunal por interrumpir para efectuar alguna pregunta (como en el caso de la testigo P., en la 4º jornada), el fiscal minimizó dicha interferencia y nada cuestionó, e inclusive, cuando el doctor Z. reencausó una pregunta efectuada por el fiscal al testigo S. A. que éste no comprendió, agradeció esa intervención (7º jornada).
Se observa también, a lo largo del debate, que en las ocasiones que el tribunal interrumpió para formular preguntas lo hizo tanto respecto de la fiscalía como de la defensa (por ejemplo, en la 3º jornada, cuando declaró el testigo Ch.), y si respecto de esta última lo hizo en menor medida fue porque la parte efectuó menos intervenciones.
Tampoco he podido reparar en qué momento la fiscalía “intentó reencauzar” el debate, dado que como dije, en ningún momento efectuó una crítica puntual a la labor del tribunal, y de hecho, muchas de las preguntas que éste efectuara le resultaron útiles para alegar en función de su hipótesis.
Dado que la ley procesal impone restricciones en el interrogatorio de los testigos por parte del tribunal, pero tal exigencia no se encuentra sancionada expresamente de nulidad para el caso de incumplimiento, y visto que la actitud del recurrente convalidó lo actuado, no corresponde anular el debate en función de ese solo exceso en la facultad de interrogar.
Resta determinar, entonces, si ha mediado alguna circunstancia que amerite dudar de la imparcialidad del juzgador, extremo que, por cierto, tampoco fue planteado por los recurrentes.
De la totalidad de los testigos que fueron convocados al debate, ninguna particularidad se observa respecto de las declaraciones de B. y L. (1º jornada), K., T. y F. (2º jornada), O., G. (M.) y S. (3º jornada), B., S. y T. (4º jornada), M., G., L. y C. (5º jornada), J., R., Benítez y C. T. (6º jornada), V. y M. K. (7º jornada), M., V. y G. (8º jornada), y C. y D G. (9º jornada, dado que la décima correspondió a los alegatos).
En todos estos casos, se observa que la fiscalía interrogó libremente a los testigos, que éstos depusieron con comodidad, y al término de cada participación, los recurrentes dejaron en claro que no tenían más preguntas que formular.
El recurrente sólo alude, en un momento de su libelo, a la situación de S. A., y el Fiscal ante el Tribunal, a los testigos A., Ch., P. y M. Ll., aunque sin especificar en qué habría consistido la obstrucción que denuncia.
Sin perjuicio de esa ausencia de fundamentación, creo oportuno traer a colación las declaraciones testimoniales en las que se suscitó alguna incidencia entre las partes y el tribunal.
La perito M. (2º jornada) fue preguntada por la fiscalía respecto de las llamadas aparentemente salientes del celular de la víctima, que figuraban con duración de cero segundos, a efectos de saber a quién estaba dirigidas. Visto que la testigo debía consultar para ello las planillas donde constaban esos datos, y las mismas habían sido incorporadas por lectura, el tribunal consideró superflua la cuestión, ofreciendo a la fiscalía efectuar la pertinente protesta, que la parte declinó, insistiendo en la necesidad de preguntar. Ello motivó al tribunal a preguntar al doctor G. si necesitaba realizar un cuarto intermedio para consultar las planillas y luego efectuar una pregunta pertinente a la testigo, oferta que fue declinada. Ello generó una nueva incidencia con el presidente del tribunal, de carácter más personal que jurídico, a cuyo término el fiscal efectuó protesta, pero como se observó en el alegato, utilizó la declaración de M. como elemento de cargo. Concuerdo con el tribunal en que la pregunta efectuada a M. devenía improcedente, por superabundante.
En la misma jornada declaró M. F., y ante el pedido del doctor G. de que se hiciera sonar el celular secuestrado como efecto, el tribunal consideró, en tesis que comparto, que dicha medida excedía el marco del testimonio, decisión que no fue cuestionada por la parte, que no realizó protesta alguna.
Durante la tercera jornada de debate declaró la perito de la parte querellante M. Ll., a la que en todo momento se observa serena, aún ante alguna pregunta del doctor Z., que la mencionada entendió le “cuestionaba” todo su trabajo.
A este respecto, el doctor G. efectuó su interrogatorio, no protestó ni señaló irregularidad alguna en el accionar del juzgador, y manifestó no tener nada más que preguntar cuando le fue cedida la palabra, antes de que la testigo se retirara.
Es verdad que respecto de esta testigo el tribunal resultó más incisivo, quizás porque no le resultaba creíble, y en función de lo que se dirá más adelante, encuentro que tenía sobradas razones para dudar de la objetividad de la perito psicóloga, sin perjuicio de lo cual, ésta se explayó en extenso.
Durante la misma jornada declaró el doctor A., que fue sucesiva y ampliamente interrogado por las partes.
Pese a su cuestionada actuación, y el hecho de que presentara informes disímiles, el tribunal tuvo una actitud claramente mesurada con el mismo, rechazando por prematura la denuncia efectuada por la defensa (respecto de la flagrante comisión del delito de falso testimonio), mediante argumentos que el doctor G. expresamente declaró compartir, a lo que debo agregar que no observé en A. rasgos de nerviosismo, pues se explayó con calma.
Obviamente, el tribunal insistió mucho sobre los pormenores de la junta médica, pues como se verá, ella resultó determinante para establecer, o no, la hora de la muerte.
Lo cierto es que el relato se brindó de modo correcto, A.
se explayó con amplitud, la fiscalía interrogó a su testigo, y algunas intervenciones de la defensa fueron desestimadas, siendo oportuno subrayar que este era el testigo clave de la tesis de cargo, por lo que no puedo compartir con el Fiscal ante esta Sede que el mismo haya sido “hostigado”. Durante el mismo día declaró el doctor Ch., de un modo tranquilo, sometido al interrogatorio de ambas partes, que el tribunal interrumpió por igual, en una extensa declaración en cuyo decurso el doctor G. y el doctor Z., a través de diálogos informales y cordiales, precisaron las preguntas de difícil comprensión, y hasta compartieron algún comentario anecdótico, el que por cierto, era ajeno al debate. Mal puede sostener el recurrente, entonces, que el testigo fue hostigado o su derecho a interrogar cercenado.
Tampoco observo irregularidad alguna en la declaración prestada por la doctora P. (4º jornada), a quien se observa sonriente y tranquila a lo largo de toda su participación, en cuyo decurso inclusive existieron intercambios cordiales de palabras entre la fiscalía y el presidente del tribunal.
Resulta sumamente importante destacar aquí que sólo respecto de esta testigo la fiscalía efectuó una protesta en tiempo oportuno, respecto de su facultad de interrogar (que estaba siendo interrumpida), lo que motivó que inmediatamente el tribunal le devolviera la palabra. Ello permite derivar dos conclusiones esenciales: la primera, que nada impedía a la fiscalía protestar libremente ante cualquier actitud que considerara irregular, por lo que si no lo hizo respecto de otros testigos, cabe presumir que no observó irregularidad alguna; la segunda, que no se verifica ese “ataque” que el doctor G. pretende casi personal, y que lejos estaba de la voluntad del tribunal subvertir el principio acusatorio. En último término, tampoco observo que se haya coaccionado u hostigado a S. A. (7º jornada).
Es que no observo que las preguntas efectuadas hayan sido tendenciosas, ni que el testigo estuviera confundido a raíz de ellas. Sí se aprecia un esfuerzo lógico por recordar, atento el tiempo transcurrido. En definitiva, y si bien la conducta del presidente del tribunal resultó, en mi opinión demasiado “participativa”, lo que por cierto resulta desaconsejable, no observo que ello se haya traducido en una pérdida de imparcialidad o que haya causado perjuicio a los acusadores, lo que impone la decadencia del agravio (artículos 210, 373, 448, 450, 451 y 459 del rito).
III.-
Sentado lo anterior, cabe atender a la denuncia de arbitrariedad formulada por los recurrentes, y en este sentido, entonces, la fiscalía tuvo por acreditado que entre las horas una y siete del 10 de enero de 2007, la aquí imputada, ultimó a S. G., con quien convivía en el domicilio que se identifica a fs. 25 vta., haciéndolo con ensañamiento, al haberlo infringido un tormento y dolor innecesario, mediante la producción de diversos cortes y al menos cuatro heridas punzocortantes con un arma blanca (en el cuello), las que llevaron al óbito por ingreso de sangre en las vías respiratorias y shock hipovolémico, actividad que además desarrolló con alevosía, mientras la víctima se encontraba en su cama, durmiendo, en estado de indefensión.
El tribunal receptó buena parte de estos datos, aunque consideró que el hecho se había cometido en un horario indeterminado, pero presumiblemente en horas de la mañana.
IV.-
Abocado al análisis del veredicto en función de los agravios vertidos por los recurrentes, observo que algunos de ellos resultan en sí mismos improcedentes, o insuficientes en su planteamiento, por lo que corresponde responderlos en primer lugar.
Se agravia el fiscal por cuanto el preopinante otorgó, en su opinión, demasiada relevancia al ahorcamiento, que resultó un mecanismo secundario, de lo que deriva que la discusión a este respecto resulta “bizantina”, dado que no se ha cuestionado que la muerte fue producida por las heridas cortantes.
Concuerdo con el recurrente en que tal mecanismo resultó secundario, y visto que a la misma conclusión llegó el tribunal, que estableció como causa de la muerte las heridas punzocortantes, el agravio resulta incomprensible, pues ningún perjuicio le ha causado al impugnante. Concuerdo también con el fiscal en punto a que un careo entre la imputada y S. A. no parecía una prueba esencial, como así también que el fiscal no tendría porqué explicar el motivo por el que le cree a un testigo que declara bajo juramento.
Empero, no puede perderse de vista que el tribunal no está “obligado” a adoptar idéntica tesitura, y a ello se refiere, claramente, la frase de la que se agravia el impugnante, referida a “no encontrar razones para explicar porqué el Fiscal le cree al testigo”, tras la cual, el juzgador procedió a desarrollar las razones que lo llevaban a sostener la conclusión contraria (fs. 152 vta.).
Vale decir, que de una atenta lectura del párrafo se desprende que el tribunal no concordó con la fiscalía, al no encontrar razones convincentes para creer en el relato de A., situación que nada tiene de particular, y que el fiscal parece haber cuestionado en un sentido más personal que profesional.
Por otro lado, se sostiene que la impronta de un encendedor detectada en el muslo de la víctima no resulta importante en sí misma, sino porque fue quitado por la imputada, quien tuvo posibilidades de hacerlo.
Este razonamiento me resulta falaz, precisamente, porque deriva que F. es autora del homicidio a partir de la premisa de que el encendedor le pertenecía, siendo ésta última, en realidad, una circunstancia que debía ser acreditada previamente, a efectos de luego poder inferir la autoría.
Media aquí una inversión del silogismo, mediante el cual se pretende probar la autoría a partir de una premisa que a su vez, debe ser probada previamente, y por ello, en estos términos, no puede ser atendido. Por último, tampoco es posible computar en contra de la encartada, como se pretende, la negativa a practicar un test (el denominado “TRO”), pues la interpretación que realiza el fiscal resulta violatoria de la garantía contra la autoincriminación (artículo 18 de la Constitución Nacional). Es que si el imputado no está legal ni constitucionalmente obligado a brindarse como órgano de prueba, es decir, a proporcionar pruebas que podrían autoincriminarlo, no encuentro diferencia alguna entre la negativa a realizar un test psicológico y, por ejemplo, la negativa a realizar procedimientos que también tienen naturaleza probatoria, como declarar, o conformar una rueda de reconocimiento, las que tampoco pueden ser valoradas en contra del acusado, y por lo expuesto, entonces, el agravio se torna improcedente (artículo 18 de la Constitución Nacional).
V.-
En cuanto a la denunciada arbitrariedad, la sentencia ha hecho una trascripción prácticamente literal de las declaraciones testimoniales rendidas en juicio (incluyendo las preguntas formuladas), y contra ello, no existe constancia en el acta de debate de que el fiscal haya requerido que se dejara asentada alguna circunstancia puntual, por lo que en esta instancia, la mera queja referida al contenido de una declaración resulta insuficiente para enervar las afirmaciones contenidas en el veredicto, las que además, se observan concordantes con lo visto y escuchado en la videofilmación del debate.
Sentado ello, y a efectos de lograr una mayor claridad expositiva, me parece oportuno analizar separadamente cada uno de los ítems que conformaron, y conforman, el agravio fiscal.
a.- La hora de la muerte. La prueba pericial:
Es evidente que el mayor conflicto en las presentes actuaciones gira en derredor del horario de la muerte.
A este respecto, los recurrentes resisten las conclusiones de la sentencia, y reafirman que el deceso se produjo entre la 1 y las 7 horas del día 10 de enero de 2007.
Para arribar a esta conclusión, la fiscalía ciñe su análisis a las declaraciones de los doctores A., por ser éste el único que observó el cuerpo, K., al que califica de “eminencia”, y Ch. y P., quienes realizaron la autopsia.
Un paréntesis: pese a la trayectoria académica y profesional de una determinada persona, no es posible, en sede judicial, en función de las reglas que rigen el proceso penal, considerar los dichos de un testigo con el carácter de “verdad revelada”, pues ello por sí sólo constituiría la denominada “falacia de autoridad”; pese a los méritos que pueda tener un testigo, entonces, todas las declaraciones deben ser valoradas a través del tamiz de la sana crítica.
Y lo sostengo, porque el fiscal tacha de “soberbio” el relato del doctor Julián, en cuanto manifestó poder dictaminar sólo en base a fotos, mientras que los doctores K. y T. utilizaron complejas técnicas, obviando el hecho de que los mencionados, en definitiva, tampoco tomaron nunca contacto con el cuerpo de la occisa, no participaron del ateneo y realizaron su análisis teniendo como base de información un dictamen anterior, realizado por A. (así consta expresamente a fs. 68 vta.), por lo que en mi opinión, ajena por cierto a todo conocimiento médico, no encuentro razones par dar preponderancia absoluta a un informe por sobre otro. Creo oportuno señalar que no estoy dudando aquí de la solvencia intelectual y profesional del doctor K., la que se aprecia claramente a partir de la escucha del audio agregado a la causa, sino que simplemente me limito a señalar que en virtud de las reglas que rigen el proceso penal, las conclusiones periciales deben evaluarse en base a su justificación en el caso y no en base a la experiencia o trayectoria del deponente.
Lo dicho, sin perjuicio de señalar que si se adoptara la postura propiciada por el recurrente, y se privilegiaran en forma absoluta los dichos del citado profesional, entonces debería tenerse por acreditada la comisión de un abuso sexual (negada por el resto de sus colegas), lo que por cierto, entorpecería en forma importante la tesis de cargo.
Retomando el análisis, la autopsia practicada en autos por los doctores Ch. y P. estableció la franja horaria en que se habría producido la muerte entre las 5 y las 17 horas del 10 de enero de 2007, aunque consideraron más probables las horas de la mañana. El primero de los mencionados explicó en debate que la autopsia comenzó a las 17 horas del 11 de enero, y que aún no habían aparecido signos macroscópicamente visibles de putrefacción, ni fuera ni en vísceras, por lo que la data de la muerte no podía superar las 24 a 36 horas, que es el momento en que comienza dicho proceso, cuando comienza a desaparecer la rigidez (fs. 88 vta.).
Por su parte, el médico de policía A., que fue quien llegara al lugar y observara el cuerpo, declaró a fs. 833 que tal franja horaria se establecía entre las horas 1 y 7 del mismo día, conclusión con la que concordó el perito de parte G. O., aunque a fs. 1417/1420 rectificó dicha franja, ubicándola entre las 7 y las 10 horas, y a fs. 135 del principal, había aludido a un horario comprendido entre la 1 y las 9 horas del 10 de enero.
Visto que ya a fs. 730/38 el doctor F. había determinado una franja horaria comprendida entre las 4 y las 10 horas del 10 de enero, cabe derivar, en primer lugar, que tras las primeras medidas de prueba, resultaba evidente que la hora de la muerte no se encontraba clarificada en lo absoluto, motivo por el cual el fiscal debió ahondar en dichas declaraciones, y finalmente, convocar –con toda razonabilidad- a una Junta Médica, o Ateneo, a efectos de determinar la data y el mecanismo productor del deceso. Qué panorama surgió, entonces, de la totalidad de la prueba rendida, más allá de que la muerte se produjo el día 10 de enero de 2007. El doctor C. F. proporcionó dos horarios posibles: entre la 1 y las 7 horas, como explicó a fs. 831/32, y entre las 7 y las 13 horas, como sostuvo a fs. 1393/98, luego de realizado el Ateneo.
Algo similar ocurrió con el doctor A., que tras su primera declaración, sostuvo que la muerte se produjo entre las 7 y las 13 horas (a fs. 1422/1424), y luego entre la 1 y las 10, 10 horas, a fs. 1727/28, para retomar el horario original en el curso del debate.
El doctor Ch., además de lo afirmado en la autopsia, consideró una franja de las 5 a las 17 horas a fs. 847/48, y de las 7 a las 13 horas a fs. 1486/91, es decir, luego del Ateneo.
Los doctores S., B. y T., por su parte, establecieron dos franjas horarias: de las horas 5 a 8, a fs. 896/904, y luego, entre las horas 1 a 10, a fs. 1409/1415.
Los profesionales V. y del G., en cambio, concluyeron que la muerte se produjo entre las 9 y las 13, 30 horas a fs. 1367/79; el doctor J., entre las 10 y las 13 horas, a fs. 1401/1404, y los doctores K. y T., alrededor de la hora una, a fs. 41 del Tomo I del cuaderno de prueba que corre con la causa principal.
No huelga recordar que en el Ateneo resultó esencial el planteamiento del grado de rigidez que presentaba el cuerpo al momento del hallazgo (reductible o irreductible), dado que la temperatura del cuerpo no había sido tomada y la prueba de humor vítreo había sido mal realizada, por lo que sólo se contaba con este dato, y el carácter de las livideces detectadas en el cuerpo, para ajustar y definir la hora del deceso. Lo cierto es que luego de dicho Ateneo, en el que el punto central era la determinación del tipo de rigidez que presentaba la víctima al momento del hallazgo del cuerpo, las cosas, lejos de aclararse, se confundieron aún más, dado que proliferaron informes con conclusiones diversas.
Como bien sostiene el fiscal, las pruebas se valoran no se “pesan”, y por ello, la hora de la muerte no puede ser establecida a partir de una simple mayoría de opiniones o del “peso” académico alguno de los profesionales actuantes.
Y lo sostengo, porque las tres franjas horarias proporcionadas por A., a quien los recurrentes asignan la mayor credibilidad, merecía una explicación que justificara las diferencias, y proporcionada, ésta, corresponde analizarla.
Ha quedado en claro, a partir de las declaraciones de los intervinientes en el Ateneo, que era esencial la presencia de A. en el mismo, pues todas los análisis partían de su observación del cuerpo en el lugar del hecho, pese a lo cual éste se presentó con un retraso de dos horas (el mismo A. reconoció haber llegado tarde por haber tenido otras obligaciones), y sólo tomó parte en la junta durante media hora (así se afirma a fs. 142/159 del Incidente de apelación Nº 71890 que corre por cuerda), y que en definitiva, como se reveló en el debate, todos los intervinientes entendieron algo distinto a lo que A. quiso transmitir, al menos según su propio relato. Aprecio que quizás el escaso tiempo que A. participó del Ateneo pudo haber influido en esa disparidad de comprensiones.
A. justificó las diferencias en sus dictámenes en el curso del debate, oportunidad en la que señaló que en el Ateneo hubo consenso, o al menos una opinión mayoritaria, respecto del horario de la muerte (entre las horas 7 y 10 del 10 de enero), agregando que se malinterpretaron sus palabras, pues al aludir a una rigidez “irreversible” se entendió “y reversible”, por lo que, a estar a su versión, en su informe de fs. 1422/24 plasmó la opinión “mayoritaria” del ateneo y luego, al declarar testimonialmente, dio su propia opinión (fs. 86 vta. de esta causa).
Esta declaración, como dije, genera un problema, ante todo, porque esa afirmación de consenso aparece desmentida por parte de sus colegas, e incluso, por los mismos recurrentes, aunque cabe observar que sí existen algunas coincidencias en los horarios, y porque en definitiva, no aclara de modo concluyente la conclusión a la que llega en su declaración de fs. 1727/28.
Sin ingresar en debates innecesarios, lo cierto es que la declaración de Aranda fue, cuanto menos, desprolija, visto que alude a un informe escrito donde constaría una opinión mayoritaria, que él firma en solitario y sin aclarar que la vertida es la opinión mayoritaria, extremo que además se torna dudoso cuando se observa que todos los profesionales que participaron del Ateneo presentaron informes por separado, es decir, individuales.
Asimismo, Ch. recordó especialmente haber interrogado a Aranda sobre el carácter reductible o irreductible de la rigidez, debiendo entenderse que A. respondió por la primera hipótesis, pues así lo informó expresamente Ch. a fs. 89 de este causa, último párrafo, explicando que ello lo llevó a fijar la hora de la muerte entre las 7 y las 13 horas. Señaló, asimismo, que si A. manifestó haber sido malinterpretado, su dictamen variaría, pero que su impresión, luego de haberlo interrogado, fue que “todos se fueron del Ateneo con la idea de que la rigidez era reductible” (fs. 89 vta.de este legajo, segundo párrafo), aunque la suma de datos podía arrojar una hora posible de muerte que sitúa a las 5 de la mañana del 10 de enero.
B., en cambio, entendió que la rigidez era “difícilmente reductible” (fs. 98), aunque el tribunal aclaró, en este caso, que el testigo debió ser repreguntado, dado que no quedaba claro, en sus sucesivas respuestas, qué se había entendido, en definitiva, respecto de la rigidez (fs. 98 vta.), concluyendo el perito que la franja horaria se situaba entre la 1 y las 10 horas del 10 de enero, sin poder explicar el motivo por el que su informe alude a las horas 7 a 10.
T. entendió que la rigidez era completa y difícilmente reductible (fs. 101); J., que era “reductible” (fs. 117); G. O., perito de parte, que era irreductible (fs. 134) y que no hubo consenso en la datación de la muerte, a igual que manifestara D. G. (fs. 145).
En este punto, comparto con el tribunal que en el curso del Ateneo no se tuvo en cuenta lo declarado por A. a fs. 833, oportunidad en la que afirmó que la rigidez era irreductible, pues de haber sido así, no podrían haberse verificado tantas opiniones y entendimientos dispares luego de la junta.
Ello no importa afirmar que el testigo haya mentido, pero de todos modos, esa desprolijidad genera duda, y como es sabido, la duda no puede resolverse en contra del justiciable.
Entonces, en definitiva, resulta que se cuenta en autos con plurales opiniones especializadas, lo cual impone aclarar que si K. no participó del Ateneo (fs. 68 vta.) extrajo sus conclusiones de fotografías y a partir de los datos proporcionados por un informe escrito previo, rubricado por A., tales conclusiones dependerán en su valor, del valor que se le asigne, lógicamente, al dictamen de A.
Ahora bien, como dijera, la diferencia en los dictámenes del mencionado no me queda del todo clara, pues como bien se señala, datos claves, como el relativo a la rigidez, no aparecen consignados en el acta de inicio, y las conclusiones contradictorias han pretendido aclararse mediante explicaciones que no han podido ser completamente avaladas. La conclusión de toda esta fatigosa reseña es, simplemente, que en función de lo expresado, no puedo dar preeminencia absoluta a los dictámenes de K. y A. en cuanto establecen el horario de la muerte entre la hora 1 y la hora 7 del 10 de enero de 2007. Subsiste, en este caso, un margen de duda razonable que puede extenderlo incluso a horas del mediodía, pero que en el caso cabe acotar a las 10, 30 horas de la mañana, por un detalle definitorio: el despertador de la víctima. En efecto, ha quedado acreditado, sin cuestionamiento de las partes, que al momento del hallazgo del cuerpo la alarma se encontraba sonando, fijada a las 10, 30 horas, que era el momento en que la víctima debía levantarse, por lo que es razonable determinar que si nadie lo apagó a esa hora, ya se encontraba fallecida en ese momento.
De todos modos, esta franja horaria, así limitada, restringe también el abanico de posibles autores, dado que se encuentra fehacientemente probado que el día en cuestión, la encartada ingresó a su trabajo a las 8, 39 horas de la mañana, retirándose a las 17, 36 (informe de la empresa Glaxo Smith Kline de fs. 181 del principal), y que para arribar en tal horario, debió salir del domicilio alrededor de las 7, 30 horas. La cuestión no puede resolverse tampoco, y a efectos de retrotraer la muerte a una hora más temprana, a partir de las livideces que ostentaba el cuerpo, que coadyuvan a la determinación de la hora de la muerte.
Es que según surge de fs. 87, A. señaló en debate que no observó livideces dorsales sino sólo ventrales, las que estaba fijas. K., por su parte, consideró que las livideces se fijan a las 12 horas, y señaló que el cuerpo se movió entre 4 y 6 horas luego de la muerte; T. indicó tres posiciones para el cuerpo (boca abajo, boca arriba y luego en el piso), y que el encendedor debió estar debajo de éste entre 12 y 18 horas, según el autor que se utilice; Ch. aclaró que existen discrepancias en la doctrina médica en punto al lapso en que se fijan las livideces, y que las detectó en la zona antero lateral derecha del cuerpo y del rostro, y que no observó transposición de las mismas, aclarando que en los casos de hemorragia interna o externa tardan más en aparecer (lo que situaría la muerte en un horario más temprano); P. afirmó que las livideces estaban fijas, que ello ocurre a las seis horas y que estaban lateralizadas, extremo no afirmado por A.; B. sostuvo que las livideces eran fijas, y que ello ocurre entre las 15 y las 18 horas; G. O., que las que se observaron en la parte ventral y más sobre el costado derecho estaban fijas, por lo que tenían de 15 a 16 horas de evolución y que la fijación comienza a las dos horas de la muerte, como la rigidez (fs. 134 vta.).
Vale decir, que del conjunto de opiniones emitidas, resulta que sólo se observó un tipo de lividez (en la zona antero latera derecha), con una rango de producción de entre 6 y 18 horas anteriores al hallazgo del cuerpo, lo que daría un rango horario que iría desde las 7 hasta las 19 horas del 10 de enero de 2007.
En todo caso, descartando los dichos de P., por ser la única que afirmó un rango de seis horas, y estando a un promedio general de entre 12 y 15 horas, aún 16, y considerando, según dijera G. O., que las livideces comienzan a fijarse a las dos horas de producida la muerte, lo cierto es que tampoco puede descartarse que el hecho se haya cometido durante la mañana de ese día, luego de que F. abandonara el domicilio, conclusión lógica atento a la que se había arribado a partir de la constatación de la rigidez, con la que resulta coincidente.
Si las conclusiones médicas resultan ambiguas, cabe entonces preguntarse si con el resto de la prueba existente, es posible limitar esa franja horaria, visto que la hipótesis fiscal consiste, precisamente, en afirmar que conforme el horario de muerte que sostiene, ninguna persona más que la imputada pudo cometer el hecho, lo cual en principio se revela como cierto (si el horario de muerte se sitúa antes de las 7, 30 horas del diez de enero, la responsabilidad de F. se encontraría comprometida). A este respecto, la fiscalía ha argumentado en punto a tres elementos puntuales de prueba: la constatación de que la vejiga de la víctima se encontraba vacía, de los llamados telefónicos efectuados y la declaración de la testigo F.
Afirma el fiscal que el cuerpo produce 50 centímetros cúbicos de orina por hora, y durante el sueño, entre 15 y 30 centímetros cúbicos por hora, por lo que carece de sentido afirmar que G. se levantó en horas de la mañana para ir al baño y luego se durmió tan profundamente que no advirtió a su agresor, antes de que sonara el despertador a las 10, 30 horas.
No comparto esta argumentación.
Más allá de que no encuentro absurdo que en todo caso la víctima se haya levantado en horas de la mañana y luego vuelto a dormir, la afirmación de carácter científico efectuada por la fiscalía no aparece refrendada por doctrina médica o dictamen pericial que la avale, pues el dato relativo a la producción de orina se encuentra, obviamente, fuera del ámbito de sus conocimientos específico. Ello, sin perjuicio de observar que la biología no es algo matemático, y por ello no puede afirmarse un volumen de producción de orina como cierto en forma abstracta y desligada de las circunstancias particulares de la occisa, máxime cuando el doctor O. señaló en su informe, realizado luego de la autopsia que presenció, que la vejiga se encontraba “semivacía”, lo que denota que existía una cantidad de orina. Claro que la autopsia aludió a una vejiga vacía, y este es el dato que toma el recurrente para sostener su hipótesis, pero ello no significa que pueda acompañarlo, pues en todo caso, visto que el mencionado no recordó los motivos de la diferencia, ante dos interpretaciones discordantes debe estarse a la que resulte más beneficiosa para el justiciable.
Agrego a lo expuesto, que la fiscalía extrae su conclusión a partir de la premisa, implícita por cierto, conforme la cual la víctima habría ido al baño inmediatamente antes de acostarse (por lo cual, si la vejiga estaba vacía, debió ser ultimada en las primeras horas del 10 de enero), premisa que no constituye, en verdad una regla, y que en todo caso debía ser probada, lo que no ocurrió.
Vale decir, que no siendo posible afirmar si la víctima se fue a dormir habiendo miccionado, subsiste la posibilidad de que no lo haya hecho, y se haya levantado en medio de la noche, o aún, a primeras horas de la mañana, o varias veces luego de la partida de F., lo que también explicaría la vejiga vacía, pero no necesariamente la hora del homicidio. El dato, entonces, no permite extraer en forma necesaria e indubitada la conclusión que se pretende.
En lo que atañe a los dichos de F., referidos a que a partir de las 00, 30 horas realizó trece llamadas a la occisa, además de aperturas del canal de comunicación, sostiene el fiscal que la ausencia de respuesta de la víctima obedeció al hecho de que ya había fallecido, y no a que no quiso responder, dado que la testigo manifestó que siempre la atendía, y más en el caso particular, visto que F. tenía un problema. Es verdad que en el debate, M. F. declaró que G.
siempre la atendía, pero también lo es que de la declaración prestada a fs. 817/820 del principal, surge que el motivo del llamado era que la mencionada estaba enojada con su novio, a la sazón, M. G., hermano de la víctima. Entonces, si el motivo de los llamados, efectuados a altas horas de la noche, era una evidente queja contra su hermano, quien se encontraba en Punta del Este, no resulta descabellado, al menos para mí, pensar que la víctima no haya querido atenderlos.
Y precisamente por ello, por tratarse de una cuestión doméstica entre novios, a la que no asigno la “importancia” que le da el fiscal, resulta irrelevante que F. no haya nunca mencionado estos llamados, precisamente, porque ninguna relevancia para el hecho que la noche previa F. haya efectuado varios llamados a raíz de un conflicto sentimental. Lo expuesto, sin perjuicio de señalar que si la imputada “nada dijo”, entonces no es posible interpretar en su contra lo que en rigor de verdad, es un silencio (artículo 18 de la Constitución Nacional). Por otro lado, respecto del informe presentado por M. y las planillas del VAIC de fs. 1449/1455, lleva razón la fiscalía en cuanto a que, según se informó a fs. 227 de esta causa, los llamados efectuados desde el celular de la víctima no son tales, sino derivaciones a la casilla de mensajes, pero en honor a la verdad, tal error no puede ser reprochado al tribunal, pues la misma M. aludió a los abonados “llamante” y “llamado” (fs. 77 de esta causa), confirmando la literalidad de las planillas, por lo que ella misma entendía que dado el modo como lo había informado la empresa, correspondía entender que los llamados habían sido efectuados desde el celular de la damnificada.
A mayor abundamiento, de las planillas analizadas por la perito surge que el primero de esos llamados se registró a las 8, 55 horas del 10 de enero, por lo que el dato no es definitorio en sí mismo, dado que a esa hora, la víctima pudo estar fallecida en forma reciente, o bien, haber coincidido ese llamado con el desarrollo del ataque.
La segunda, que de la planilla que adjuntó la empresa Nextel, a fs. 228 de esta causa, surge que el primer llamado se efectuó a las 12, 21 horas del día 10 de enero, cuando por el contrario, el informe que analizara M. a fs. 1449/1455 establece que el primer llamado del celular que se identifica con el de la víctima, al que se define como “abonado llamante”, al número 4996-6425, identificado como “abonado llamado”, se realizó, como se dijo, cerca de las nueve de la mañana.
Vale decir, que nos encontramos nuevamente ante datos confusos en cuanto al carácter de las llamadas y su horario, pero como se dijo, aún en la hipótesis más favorable a la fiscalía, tal informe no permite situar la hora de la muerte en forma certera e indubitada entre la 1 y las 7 de la mañana del 10 de enero de 2007.
A consecuencia de lo expuesto, corresponde verificar si el resto de la prueba permite, o bien delimitar dicho horario o bien, establecer de modo indubitado la autoría de la encartada, pese a la comprobada ausencia del domicilio a partir de las 7, 30 horas del día del hecho. b.- La modalidad del hecho:
En cuanto a este tópico, toda la argumentación fiscal se reconduce a la afirmación de que la encartada es zurda, y que conforme las conclusiones médicas el agresor también lo era.
Ahora bien, y más allá de que el dato en sí mismo no podría considerarse suficiente a los efectos de la asignación de autoría, las opiniones de los expertos en punto a la mecánica de comisión del hecho también resultaron dispares.
En el curso del debate, el doctor K. expresó que sobre las posiciones del agresor y la víctima “no se puede especular con certeza” (fs. 67 de esta causa), aclarando inclusive, pues así surge del audio, que en su opinión, no es posible derivar el carácter del agresor (zurdo o diestro) a efectos de determinar cómo fue atacada la víctima, sino que tal carácter debe verificarse en forma previa, a efectos de inferir, entonces, la posición de ataque.
Torre, por su parte, se inclinó por la posibilidad de un agresor zurdo, que tomó a la víctima por detrás, estando ésta acostada en la cama, aunque no descartó la posibilidad de que se haya encontrado de pie, ni que el agresor se haya ubicado por delante de la víctima, en cuyo caso sería diestro (fs. 72 de esta causa).
Ch. también consideró más probable la existencia de un autor ubicado detrás de la víctima, pues ello explicaría el carácter de las lesiones, aunque también dejó a salvo que algunas de éstas, las de la región infra glótica, eran más cortas, y no se explicarían a partir de esa posición (fs. 87 vta. de esta causa). Aclaró también que la hipótesis más probable ubicaba a un autor zurdo por detrás de la víctima, pero que no podía descartarse totalmente la posibilidad de un agresor ubicado de frente, en cuyo caso sería diestro (fs. 88 de esta causa). Importante también resulta el hecho de que halló un grupo de heridas que “parecían” tener dos coletas de salida, extremo para el que no encontró ninguna explicación (fs. 88).
El mismo profesional introdujo la posibilidad de que la víctima haya sido inmovilizada con el peso del cuerpo del agresor, lo que la colocaba en posición horizontal, y un posible autor diestro (fs. 90 vta.). P. también se inclinó por la hipótesis de un agresor ubicado detrás de la víctima, visto que difícilmente una persona de 53 kilos hubiera podido inmovilizar a la víctima, y que existieron escasos signos de defensa y uñas cianóticas, extremo que indica asfixia (fs. 91/92). Más importante aún, señaló que el carácter de diestro o zurdo del agresor no podía ser determinado pura y exclusivamente a partir de las coletas de salida de las heridas visualizadas (fs. 92).
Flores había dictaminado a fs. 730/738 sobre la posibilidad de un agresor colocado encima de la víctima, a quien sujetó con su mano no hábil con el cuello hiperextendido (en virtud de las lesiones detectadas en la zona), lo que supondría un agresor diestro.
B. también aludió a una agresión por detrás, con la víctima acostada, aunque reconoció que ello dejaba sin explicación algunas de las lesiones detectadas, como de las de los labios (fs. 97 vta. de esta causa).
Debo traer a colación, también, el informe presentado por el licenciado C. (fs. 767/789 del principal), ratificado en el curso del debate, pues el profesional también considera más probable una agresión perpetrada desde atrás, o desde el lateral (en cuyo caso el agresor sería zurdo), pero no descarta la posibilidad de un agresor situado frente a la víctima, en cuyo caso debería ser diestro.
Luego, a fs. 1387/1398 del principal, en forma conjunta con el oficial B., concluyen como hipótesis más probable la que ubica al agresor a horcajadas sobre la víctima, empuñando el arma blanca con la mano derecha, y así lo señaló también en el debate, al afirmar que “necesariamente a un momento de recibir las lesiones, debió estar boca arriba” (fs. 106 vta.).
Es importante destacar que K. y T. afirmaron que el agresor debió mancharse las manos con sangre, afirmación que resulta razonable pues encuentra corroboración en las improntas dactilares halladas en el cuerpo de la víctima, que no pudieron identificarse, pese a lo cual, como el mismo recurrente reconoció a fs. 1719 del principal, no se encontraron rastros hemáticos en los lavabos de la vivienda, extremo que obligaría a concluir, ilógicamente, que si F. perpetró el homicidio, debió salir del domicilio para dirigirse a su trabajo con las manos completamente manchadas de sangre.
Como puede apreciarse, la mecánica del hecho tampoco ha sido establecida de modo indubitado, pues más allá de la probabilidad, la condena requiere certeza, y no es posible arribar a ella cuando los profesionales en la materia expresamente asientan la imposibilidad de descartar la hipótesis alternativa (agresor diestro) que desincrimina a la encartada (artículo 18 de la Constitución Nacional).
A lo expuesto, es oportuno adunar que en el curso de su declaración en el debate, C. manifestó que al momento de realizar la segunda inspección del lugar del hecho, constató que, aunque las fajas de seguridad no estaban rotas, alguna persona había ingresado al lugar, presumiblemente para sacar algo, dado que varias cosas estaban sobre la cama; señaló también que levantó una prenda tipo boxer con manchas de sangre con improntas de movimiento, es decir, que se manchó en el decurso del movimiento del arma, y que no se pudo determinar si la víctima la tenía colocada, refiriendo asimismo que tras consultar a los peritos, éstos no recordaron ni la prenda ni su ubicación en el escenario, pese a que en una de las fotos se observa a los pies de la víctima (fs. 106/107). Aclaró también que el agresor pudo no dejar pisadas con sangre porque ésta, antes de mover el cuerpo, sólo estuvo sobre la cama (fs. 108 vta.).
He querido señalar estas explicaciones del perito, dado que ellas aclaran porqué motivos no se encontraron huellas con manchas de sangre de un posible agresor; que pese a la franja colocada, persona o personas desconocidas ingresaron al lugar, con lo que bien pudo haberse alterado el escenario del hecho, y que una pieza que podría haber sido de utilidad para la investigación (el boxer manchado con sangre) fue, o bien desatendida, o bien manipulada por personas desconocidas.
A consecuencia de lo expuesto, concluyo que tampoco se encuentra probado de modo fehaciente que el agresor haya sido una persona zurda.
c.- La prueba testimonial y las contradicciones con el relato de la encartada:
De todo lo dicho se desprende una conclusión importante: es “posible” que el homicidio se haya cometido antes de las 7, 30 horas del 10 de enero, lo que significa que también es “posible” que se lo haya cometido poco después de esa hora; y también es “posible”, hasta “probable”, que el agresor haya sido zurdo, aunque subsiste la posibilidad de que haya sido diestro.
Ello obliga a plantear nuevamente el mismo interrogante:
¿existen elementos que, por fuera de la prueba científica o directa referida al horario y la modalidad de la muerte, permitan derivar de forma certera la autoría de la acusada?
La fiscalía ha insistido mucho, en este aspecto, en los conflictos que la encartada mantenía con la víctima, las contradicciones en que incurriera (mendacidad) y su estructura de personalidad.
Nuevamente, corresponde en primer lugar despejar la prueba que en mi opinión carece de relevancia, o que ha sido valorada en el recurso de un modo que no puede ser compartido, dado que se contradice con otras constancias fehacientes de autos.
El recurrente alude a varias circunstancias que podrían haber motivado el homicidio, aunque sin afirmar expresamente que lo fueran (extremo que trasluce duda, por cierto), a saber, los conflictos que existían entre ambas amigas, el hecho de que G. quisiera mudarse sola, y la posible homosexualidad de la encartada.
Ninguno de estos motivos resulta convincente, o se encuentra probado.
En efecto, la posible homosexualidad de F. se encuentra expresamente negada por los informes psicológicos practicados en autos por los peritos oficiales y por varias declaraciones testimoniales (C. T., a fs. 120 vta.), a lo que aduno que el recurrente tampoco ha establecido, en todo caso, cómo tal circunstancia, de haberse comprobado, se relacionaría con el hecho en carácter de motivo determinante; el recurso se limita, en este aspecto, a mencionar una tendencia sexual que luego no traduce en una explicación plausible del móvil del homicidio.
En lo que atañe a los conflictos por el uso que hacía la encartada del vestuario de la víctima, o por cuestiones de orden y limpieza, tampoco se ha establecido que ello tuviera una entidad tal como para provocar la determinación homicida, visto que el tema resulta objetivamente menor y de hecho, varios testigos, entre ellos el mismo S. A., le restaron toda entidad durante el debate, a lo que aduno que el hecho de que la damnificada quisiera abandonar la convivencia es un dato al que aludieron varios testigos, pero ninguno de ellos pueden dar fe de que la encartada estuviera en conocimiento de esa situación.
Vale decir, que mal puede alegarse como motivo para matar el hecho de G. quisiera irse a vivir sola si, paralelamente, no ha podido acreditarse que F. conociera esta circunstancia, dado que lo contrario implicaría el absurdo de afirmar que la encartada mató por un motivo que desconocía.
Lo dicho, sin perjuicio de señalar que no era la encartada la única persona que podía tener motivaciones para cometer el homicidio. También valora el fiscal, como posible motivo de la muerte, el mail que F. enviara a P. B., con quien mantenía una relación sentimental, luego de que G. le manifestara que había intentado seducirla, sin que pasara a mayores, lo que determinó, a su vez, que ambas le provocaran daños al automóvil del mencionado.
Sin perjuicio de señalar que esta hipótesis contradice las anteriores, referidas a la homosexualidad y los conflictos de convivencia con la víctima, en dicho mail, la encartada le manifestó a B. que con su actitud, le “había clavado el peor cuchillo”, frase que el fiscal toma como sugestiva, afirmando, sin poder probarlo, que ello responde a algo más que a una mera expresión coloquial, cuando sabido es que ante una conducta que se considera traicionera, la expresión popular alude siempre a un “cuchillo” clavado por la espalda.
Sostiene además, que la idea de la muerte ya se encontraba instalada en la mente de la imputada, visto que manifestó que “no lo iba a perdonar”.
En el contexto de la frase, resulta evidente que la expresión se refiere al hecho en sí, no a las personas, pero aún cuando se exagerara la literalidad de la interpretación, como lo pretende el recurrente, ello llevaría a desestimar este elemento como prueba de cargo.
En efecto, sostiene el doctor G. que este escrito posee carácter cargoso porque la imputada escribió no “lo” voy a perdonar, pero nunca escribió no “te” voy a perdonar, por lo que, según entiendo de la explicación fiscal, la expresión debe interpretarse como dirigida a B. y a la víctima.
Como dije, en mi opinión la frase está referida sólo al hecho, pero de todas formas, si es del caso ponerse estricto en la interpretación, lo cierto es que F. tampoco escribió que nunca “se los” iba a perdonar, por lo que no puedo derivar que se pretendió aludir a dos personas (plural) a partir de una frase escrita en singular.
Lo dicho, amén de señalar que no se encuentra cuestionado que el intento de seducción de B. no pasó de ser un intento, rechazado por G., quien además notificó de la situación a la encartada, por lo que en definitiva no me queda claro el motivo por el cual ésta habría decidido desquitarse contra el verdadero responsable rayándole el auto, y de modo mucho más letal con quien en realidad no aparecía como responsable de la situación, máxime cuando, según relatara V. K., la imputada “le creyó” a la víctima (fs. 129 vta.).
A lo dicho, agrego que todo el texto que obra a fs. 240/241 del principal está claramente dirigido a B., aunque se lo remitiera con copia a la occisa.
Sinceramente, encuentro que la interpretación del fiscal en este punto resulta demasiado forzada.
Ya en otro plano de análisis, considera el recurso altamente sospechosa la actitud de la encartada, pero nada dice en punto a S. A., quien manifestó haber estado preocupado al no haber podido saber de la víctima en todo el día, y que C. S. memoró que G. no se presentó a trabajar ese día, extremo irregular, dado que tanto su padre como su hermano se encontraban fuera del país. Esto significa que ninguna de estas personas decidió apersonarse en el departamento, intentar ubicar a la encartada o determinar si algo le había sucedido a la víctima.
Más aún, el fiscal toma como válida la declaración de A.
padre, según la cual en horas de la noche S. le manifestó esa preocupación, pero al mismo tiempo, al formular la requisitoria de elevación a juicio, tiene por cierto que el mencionado no llamó a la occisa hasta la noche, cuando F. impuso la noticia de que no la podía encontrar.
Lo que se intenta decir es que se observa un tratamiento desigualitario de la prueba por parte del recurrente, por el que se valoran como indicio de cargo actitudes que también se verifican respecto de testigos insospechados, por lo que si el dato es irrelevante para generar sospechas contra éstos, no puede ser un indicio de cargo respecto de la imputada. En prueba de lo que se viene diciendo, M. G. relató en el debate que pese a no encontrar a su hermana, y haber comenzado a preocuparse, recién a las 11 de la noche llamó a su abuela, más en momento alguno intentó comunicarse con la encartada, es decir, la persona que supuestamente podía tener más información sobre S. G.
Por este carril, el fiscal rescata la declaración de la testigo C. S., quien negó haber recibido un llamado de la encartada ese día, posición que mantuvo pese al respectivo informe (fs. 1473 del principal) que establece una llamada de doce segundos de duración, efectuada desde la empresa donde laboraba F., a la sede de “Autotint”, donde trabajaba G. Sostiene el recurrente que no se observa motivo alguno por el que la testigo hubiera mentido, y eso es verdad; pero también lo es, siguiendo idéntico razonamiento, que no existen motivos para que la empresa prestataria del servicio informara una falsa llamada.
En todo caso, ambas pruebas se anulan recíprocamente, y no es posible derivar un indicio de mendacidad en el relato de la encartada a partir de esta situación, ni siquiera a partir del cotejo de la duración de la llamada.
Al igual que el tribunal, considero que doce segundos son suficientes para preguntar por una persona, recibir una respuesta breve y cortar, y los llamados de 58 segundos de duración a que alude el acusador no prueban lo contrario, dado que ello pudo haber obedecido a haberse mantenido una conversación más larga.
Veamos entonces, las contradicciones sindicadas por el fiscal en el relato de F., que valora como indicio de mendacidad, básicamente frente a las declaraciones de S. A. y V. M. K.
En lo sustancial, se afirma que A. y V. K. resultaron contestes entre sí al afirmar que la imputada nunca subió a ver el cuerpo de la damnificada, por lo que no podía saber, a menos que hubiera participado del hecho, detalles que luego explicitó.
Empero, A. y K. niegan haber apagado el despertador, y F. cree recordar que ella lo hizo, por lo que, no cuestionado que la alarma fue apagada antes de la llegada del personal policial (P. L. no lo oyó al llegar al lugar), y si los testigos niegan haberlo hecho, visto que sólo había tres personas dentro del departamento, la conclusión que se impone es que fue la encartada quien lo apagó, extremo que denota que, pese a lo dicho por A. y K., en algún momento tuvo que estar en la habitación de S.
Asimismo, Abramovich no recordó dónde estaba la encartada en el momento en que él salió a hablar por teléfono, oportunidad en que se cruzó con K. en el pasillo externo del PH, circunstancia que ubica a ambos fuera del departamento, por lo que no pueden dar fe de que F. no haya subido en esa oportunidad.
Cierto es que la acusada afirmó haber subido a la habitación cuando A. todavía estaba allí, y que mantuvo sus dichos a lo largo de todo el proceso, aún frente a la coacción intimidatoria a la que fuera sometida en oportunidad de llevarse a cabo la reconstrucción del hecho (lo que motivara la anulación parcial del procedimiento, tema sobre el que volveré más adelante), pero encuentro que los testigos que se le contraponen no resultan totalmente coherentes entre sí, extremo que impide afirmar, por fuera de todo margen de duda, que la encartada haya mentido. En efecto, se verificaron contradicciones entre los relatos de A. y K., de una entidad similar a la reprochada a F.: así por ejemplo, el primero mencionó que no iba muy seguido a casa de la víctima, mientras que la segunda afirmó exactamente lo contrario; A. expresó que no le constaba el consumo de marihuana de S., mientras que K. relató que en ocasiones era éste quien se la proporcionaba a su prima (a fs. 130 vta. de esta causa); A. sostuvo que no había señal de celular dentro del PH, en contra de lo sostenido por K., quien aseguró haber hablado por teléfono con la acusada cuando ésta se encontraba dentro del departamento.
Más importante aún, A. niega que K. haya subido al entrepiso donde se hallaba el cuerpo, asegurando que él siempre estuvo solo en la habitación, pese a lo cual, el fiscal no duda que la mencionada lo hizo, dado que esta declaró haber subido cuando S. todavía se hallaba junto al cuerpo.
Esta es, y quiero subrayarlo, la misma inconsistencia que se reprocha a la imputada en carácter de mendacidad, es decir, que Abramovich niega que alguien haya subido a la habitación mientras él estuvo allí, pese a que K. y F. aseguran haberlo hecho, y no obstante ello, la tesis fiscal infiere, sin explicación que me resulte convincente, que F. miente y K. dice la verdad.
En lo específico, V. K. también resultó inconsistente en su propio relato, al haber afirmado simultáneamente que la encartada le manifestó que sus parientes suecos se iban del país el 6 de enero, para luego sostener que el mismo 10 de enero la llamó por teléfono para avisarle que llegaría tarde a su cumpleaños, dado que debía encontrarse con sus parientes en casa de su padre.
Este extremo, que también fue sostenido siempre por F., se encuentra avalado por los dichos de su padre, que a fs. 230 del principal, oportunidad en la que ratificó que los parientes suecos retornaban a su país el día el 11 de enero y que Lucila estuvo con ellos hasta las 21, 30 horas del 10 de enero, siempre de 2007.
M. K., de su parte, sólo pudo decir que la encartada le habría manifestado que la mañana del hecho, antes de retirarse a trabajar, había hablado con la víctima, extremo que F. niega categóricamente. Esta circunstancia no puede ser computada como indicio de mendacidad, precisamente, porque como afirma la fiscalía, sólo le habría sido comunicado a la testigo, lo que equivale a decir que no existe ningún elemento que avale alguna de ambas versiones, y no es posible presumir, en contra del principio de inocencia, que la encartada miente por el solo hecho de estar imputada en los presentes obrados.
En este punto, deseo efectuar una aclaración, pues tal como surge de fs. 191 de esta causa, el doctor G. valora en forma conjunta las afirmaciones que los testigos prestaran en el debate y en la reconstrucción del hecho, la que fuera parcialmente anulada por el juez de garantías, mediante auto confirmado por la Cámara Departamental. En dicha oportunidad (fs. 95/103 del incidente de apelación Nº 67502 que corre por cuerda), la cámara explicó que la encartada, pese a su carácter de testigo, fue obligada a escenificar una posible escena de ahorcamiento, y que ante su negativa, fue “invitada una y otra vez” a que conjeturara y actuara la escena (fs. 98); que constituyó una velada amenaza el comunicarle que el cable incautado, y con el que materializaba la reconstrucción, tenía huellas y que se iba a hacer una prueba de ADN (extremo que además, nunca se efectivizó), de lo que se derivó que en el caso medió coacción hacia la testigo (fs. 99 vta.), amén de que se verificaron contradicciones importantes entre los tres testigos, pese a lo cual, A. y K. nunca fueron interrogados al respecto.
A partir de lo expuesto, forzoso es concluir que los dichos vertidos por los testigos en el curso del debate no aparecen como categóricos, y no es posible recurrir a los vertidos en el acto parcialmente anulado, básicamente, por dos razones: la primera, que tales dichos no pueden deslindarse de lo dicho o relatado por F. por lo que desconsiderar lo que ella declarara y rescatar lo dicho por A. y K. implica, en rigor de verdad, valorar elípticamente la declaración anulada. La segunda, que tales declaraciones no me merecen plena fe, precisamente, porque resultaron contradictorias y no fueron debidamente despejadas.
En todo caso, a esta altura de los acontecimientos, y al igual que lo sostuviera el “a quo”, entiendo que los testimonios analizados no permiten derivar, por fuera de todo margen de duda, que la imputada “no” subió a la habitación de G.
La fiscalía valora también la “frialdad” que habría demostrado la encartada, la falsedad de su declaración en punto a los mensajes que dice haber enviado, y el hecho de suministrar una clave falsa a los padres de la víctima.
En lo que respecta a los mensajes, no cabe demasiadas consideraciones, pues se encuentra probado en autos (a fs. 337 del principal), que envió al menos dos mensajes de texto a la occisa, y que existió un llamado desde su lugar de trabajo.
De todos modos, el dato es ambiguo en cuanto a su carácter incriminante o desincriminante, pues de haber sido F. la autora del homicidio, tales mensajes podrían haberse enviado a los efectos de alejar la sospecha de su persona.
En cuanto a su actitud, ninguno de los testigos pudo precisar exactamente en qué consistió. S. A., por ejemplo, aludió a “imágenes” que tenía en su cabeza, aunque paralelamente reconoció que la encartada pasaba del control al llanto desesperado, y V. K., que pasaba de la calma a los gritos desesperados, extremo que no aparece compatible con la frialdad denunciada.
Por este carril, y nuevamente, poco importa si la imputada pateó o no pateó los puffs que se encontraban en el comedor, si en definitiva hubo momentos en los que ambos testigos estuvieron fuera del domicilio, y personas más allegadas a F. (como C. T., M., V.) presenciaron ataques de histeria, o relataron haberla encontrado muy angustiada, o triste, no siendo raro o anormal, para mí, que intentara mantener en público (esto es, en el curso del velatorio o del sepelio) una actitud más compuesta y controlada.
En esta tónica, el hecho de que diera una clave levemente errónea a los familiares de la víctima puede tener varias explicaciones, desde una simple confusión, a la intención de que los mismos no revisaran la casilla de mensajes de G. hasta que ella misma lo hiciera, fundamentalmente, porque desconfiaba del padre de la víctima.
En este sentido, la fiscalía reprocha a la encartada el mismo impulso que llevó a los familiares a pedir la clave: ingresar en el correo de S., a efectos de verificar si a partir de allí surgía algún dato de interés.
Obsérvese que la fiscalía afirma que esta conducta, junto al mail reenviado a todos los compañeros de teatro de la occisa, con copia a esta misma, denotan que la enjuiciada estaba intentando cubrir su rastro y sembrar falsas hipótesis.
No comparto este razonamiento, pues a mi entender, parte de la base de que la muerte se produjo antes de las siete de la mañana y de que la imputada es autora del mismo, para inferir de ello que la encartada miente, y concluir que dichos mensajes e introducciones se ejecutaron para cubrir la propia responsabilidad.
Empero, tal construcción pierde fuerza convictiva a poco que se observe que subsiste la posibilidad de que G. haya sido ultimada luego de las 7, 30 horas, lo que significa que tal mendacidad no puede pregonarse por fuera de todo margen de duda.
Dos observaciones más.
Señala el recurrente que la mañana del hecho, la encartada escribió en su fotolog la expresión “qué ansiedad”, la que no posee ninguna explicación lógica, ni fue brindada nunca.
Con ser cierto, ello no puede valorarse del modo pretendido, pues, no es ocioso repetirlo, el justiciable no está obligado a declarar, y de la lectura del expediente no surge que F. haya sido puntualmente interrogada a este respecto, por lo que en consecuencia, no puede valorarse en su contra lo que en realidad es un silencio, o una circunstancia inexplicada sobre la que nunca se la interrogó.
Tampoco puedo compartir el argumento por el que se afirma que la encartada desenchufó el teléfono fijo a efectos de que, constatando la ausencia de respuesta en tal teléfono y en el celular, nadie se dirigiera al domicilio.
Es que en mi opinión, si el teléfono fijo hubiera sonado, y nadie hubiera respondido, cualquier persona bien podría haber pensado que la damnificada no estaba en el domicilio, por lo que entonces sí, carecería de sentido concurrir a él. Empero, si se intenta ubicar a una persona, y ésta no atiende el celular, no se encuentra en su lugar de trabajo y no se logra concretar las llamadas al teléfono fijo, en el que además tampoco responde el contestador automático, bien puede suponerse que algo fuera de lo normal está sucediendo, extremo que debería llevar a una persona razonable a concurrir al domicilio, como efectivamente, lo hizo todo el grupo en horas de la noche.
Tampoco comprendo bien la tesis fiscal en cuanto afirma que la imputada quería asegurarse de encontrar el cuerpo en presencia de terceras personas, y estando ella presente, pues no veo en qué la perjudicaba que fuera encontrado, por ejemplo, en horas de la tarde, por terceras personas, pues en este caso, F. podría haber alegado, con mucha más solvencia, que se encontraba trabajando, y no tenía motivo alguno para ubicar a su amiga hasta más tarde, a la hora de concurrir al cumpleaños de V. K.
O porqué motivo, si intentaba alejar sospechas de su persona, y pudo armar una telaraña con total frialdad, no sustrajo algunos valores del domicilio, como por ejemplo, la cantidad de dinero cuya ubicación sólo F. parecía conocer, a efectos de simular un robo que alejara las sospechas de su persona.
Lo que se intenta decir es que conforme la hipótesis fiscal, la muerte ya estaba “instalada” en la mentalidad de una persona fría y calculadora, que en forma concomitante y posterior al hecho sembró hipótesis falsas y adoptó conductas tendientes a alejar la sospecha de su persona, pero ello no se condice con los extremos constatados en autos, pues la imputada habría omitido las cuestiones más esenciales y burdas, como mantener conectado el teléfono, permitir que el cuerpo fuera encontrado en horas más tempranas por un tercero, y sustraer bienes del inmueble (que los había).
Entonces, por lo expuesto, encuentro que la explicación ensayada por la parte acusadora no me resulta convincente.
d.- Los perfiles psicológicos:
Los acusadores, por último, han recurrido al perfil psicológico de la imputada y la víctima para derivar, a partir de ellos, un indicio de autoría.
Fundamentalmente, el fiscal manifestó compartir el dictamen efectuado por la licenciada M. Ll., coincidente en su opinión con el de la licenciada M., rescatando los rasgos psicopáticos y homosexuales de la encartada, y afirmando que a su respecto, la víctima era vulnerable en lo emocional y en lo personal.
Ahora bien, el hecho de que el recurrente “comparta” una opinión pericial, prefiriéndola por sobre otras, no denota necesariamente que la valoración efectuada por el juzgador resulte errónea, por lo que sólo trasluce una discrepancia de criterios.
A lo expuesto, cabe añadir que el agravio, tal como ha sido estructurado, no se hace cargo de las razones dadas por el tribunal para descreer del relato de M. Ll., al que consideró imbuido de prejuzgamiento, en tesis que comparto.
En efecto, en lo sustancial, la perito psicóloga sostuvo, en el curso del debate, su dictamen de fs. 1230/1250 del principal, el que incluso releyó y explicó durante la audiencia.
Y lo cierto es que su dictamen trasluce ese prejuzgamiento a que alude el tribunal, y no porque resulte opuesto en sus conclusiones al presentado por la perito oficial.
El punto es que surge de una atenta lectura del mismo que la profesional incluyó, por estimar “apropiado este dato que puede ser importante” (fs. 1213 del principal), la afirmación de que la encartada es zurda, agregando inmediatamente la cita de una nota periodística referida a un caso judicial ocurrido en los Estados Unidos de Norteamérica, en el que una mujer zurda había cometido un homicidio mediante tajos infligidos con un cuchillo doméstico.
No pierdo de vista que la licenciada M. Ll. actuaba como perito del particular damnificado. Empero, ello no la exime del deber de actuar con objetividad, y más importante aún, de ceñirse a su propia ciencia. Y lo sostengo, porque no encuentro qué relación podría tener el hecho de que la imputada sea zurda o diestra con su perfil psicológico, ni la mencionada ha explicado, en todo caso, cómo este aspecto casi motriz se relaciona con los rasgos de personalidad de un individuo. Menos aún ha explicado el porqué de la introducción del informe periodístico sobre un hecho ocurrido en el extranjero y qué relación tiene ello con el psiquismo de la encartada.
En otras palabras, es mi opinión que la perito ha excedido su ámbito de actuación, introduciendo en su dictamen cuestiones que nada tenían que ver (o al menos tal relación no se ha explicado) con el psiquismo de F., cuestiones que en todo caso debían ser resueltas por profesionales de un área diferente, pues se referían a la posible mecánica del hecho, y que en forma indubitada, pretendían reforzar o apoyar la hipótesis fiscal, de la cual, este era un punto fundamental.
A partir de esta constatación, y aún pasando por alto la denuncia efectuada por la licenciada C. en el debate, en cuanto a que M. Ll. habría increpado de modo impropio a la imputada, me resulta imposible considerar el resto de las opiniones vertidas por la profesional. Precisamente, porque es mi impresión que tras haber leído atentamente todo el expediente (extremo explicado por la misma testigo), el haber proporcionado consideraciones ajenas a su ciencia señalando que podrían ser “importantes” para la investigación, denota una clara intromisión en cuestiones propias de la investigación forense y una asunción de posición incompatible con la objetividad que debía revestir el peritaje.
Por el contrario, la perito oficial G. también reprodujo en debate su informe de fs. 1256/1259 del principal, en el que concluyó, por citar sólo lo más relevante, que la encartada establece lazos emocionalmente sólidos, profundos y duraderos, que es de temperamento dócil, que siente respeto por la autoridad y no transgrede las normas impuestas por ella; que posee autocrítica y tolerancia a la frustración; que sus defensas resultan efectivas, recurriendo en situaciones de estrés a la intelectualización para mantener a distancia el impacto afectivo; que no es psicótica, y que en definitiva, no se observan indicadores directos o indirectos que la relacionen con el presente caso.
Como puede apreciarse, al igual que aconteciera con respecto al horario de la muerte y la mecánica del hecho, en el aspecto psicológico tampoco se cuenta con una opinión unánime.
Empero, en este caso, como dije, el exceso cometido por la perito de la parte querellante me llevan a dudar de sus conclusiones, y como lógica consecuencia, a avalar las esbozadas por la perito oficial, sobre todo considerando que ellas explican la actitud observada en la encartada y que algunos testigos reprocharon como “frialdad”, y ratifican lo dicho por otros en cuanto a su sexualidad.
Estas conclusiones, además, ponen en tela de juicio la hipótesis fiscal referida a la vulnerabilidad de la víctima respecto de la encartada, pues la situación parece ser exactamente la opuesta.
En efecto, si F. posee un temperamento dócil, y que no transgrede las normas impuestas, no parece haber tenido una estructura de personalidad que pudiera someter, al punto de tornar “vulnerable”, a la víctima.
Por lo demás, este calificativo no se condice con una persona que pensaba irse a vivir sola, y que a estar a las constancias de la autopsia “psicológica” que obra en cuadernillo agregado a la presente causa (practicada por la licenciada M.), ostentaba conductas trasgresoras y temerarias.
A consecuencia de lo expuesto, y aún teniendo presente que la sola estructura de personalidad de la encartada no permitiría pregonar certeza en punto a la autoría, por los motivos expuestos tampoco observo que ella pueda erigirse como indicio de cargo.
e.- Las hipótesis alternativas:
Adicionalmente, la fiscalía explica en su libelo que las hipótesis alternativas que surgieron durante la presente investigación fueron investigadas y agotadas, extremo que evidentemente, si se revelara como cierto, reforzaría fuertemente su hipótesis.
El problema radica, precisamente, en que no comparto esta conclusión.
Es verdad que ya desde los inicios de la investigación quedó en claro que ni P. B. ni S. A. habían concurrido al domicilio de G. durante la noche o madrugada del 10 de enero, y asimismo, se encuentra acreditado que ambos ingresaron a sus trabajos, bastante distantes del lugar del hecho, a las 8 y a las 9 horas, respectivamente, retirándose en horas de la tarde.
Empero, también se estimó, apenas descubierto el cuerpo de la víctima, que correspondía interrogar a la empleada doméstica de la familia A., E. A., dado que conforme los dichos contestes de S., su padre, su madre, la misma F. y algunos testigos, la mencionada se sentía atraída por A. hijo y revelaba animosidad hacia la víctima, a punto tal que el día anterior al hallazgo del cuerpo (es decir, el 9 de enero), hubo entre ambas un episodio que llegó inclusive a la violencia física.
La fiscalía explica que dicha línea investigativa expiró al haber declarado A. padre que le pidió al personal de la garita próxima a su domicilio que vigilara expresamente su casa, para que nadie saliera de ella, concluyendo que si nadie lo hizo, mal podía sospecharse de A. (que dicho sea de paso, fue finalmente despedida por su actitud hacia S. y hacia la víctima).
No obstante, tanto en su declaración de fs. 74/75 del principal como en debate, el mencionado A. dejó muy en claro que dicha tesitura la adoptó luego de encontrado el cuerpo de G., es decir, cuando A. ya no habría tenido ningún motivo para abandonar el domicilio donde laboraba.
Por el contrario, nada puede aportar éste respecto de lo que hiciera la mencionada a partir de las 8 u 8 y media de la mañana del 10 de enero, cuando se retiró a trabajar, y nada aportó tampoco su esposa, M. G., quien no se pronunció al respecto.
En consecuencia, no es posible afirmar que la mencionada no haya abandonado el domicilio en la mañana del 10 de enero, no siendo ocioso señalar que siempre se aludió a un móvil de “celos” de A. para atacar a G., es decir, un motivo pasional como el referido por los peritos. Pero si esto es así, entonces tampoco es posible compartir la postura fiscal, y afirmar que esta línea investigativa fue completamente agotada.
Por otro lado, adujo el fiscal que los obreros que laboraban en la obra lindante, y que tenían acceso al PH por la habitación de la víctima por haberlo permitido ésta para que efectuaran arreglos, fueron convenientemente investigados.
Sin embargo, existen actitudes inexplicadas, más aún que aquellas reprochadas a F. Me limito a señalar, a título de ejemplo, señalo que D. P. resultó inconsistente en sus dichos al manifestar que el día del hecho había decidido no ir a trabajar, pero finalmente decidió ir a verificar que todo estuviera en orden en la obra, pese a lo cual no ingresó al lugar, y que en el camino encontró un bolso que cargó hasta cansarse y luego arrojó por encima de la pared de la obra, pese a que tenía las llaves del lugar y podía abrir. Tampoco puedo perder de vista que se incautaron zapatillas embarradas pertenecientes, teóricamente a R. D., cuñado de P., y que varias de las acciones que dicen haber realizado el día del hecho se revelaron como falsas.
Tampoco huelga señalar que K. M., con quien la víctima había mantenido una relación de amistad e incluso sentimental, manifestó a fs. 71/75 que no concurrió al velatorio ni al sepelio de G. “porque se asustó mucho”, expresión por cierto extraña, sobre la que nunca brindó explicación alguna (como no lo hizo F. respecto de la frase “qué ansiedad”), ni fue preguntado sobre ello.
Para finalizar, el recurrente argumenta en punto al absurdo que conlleva la hipótesis de un agresor diverso de la encartada, proporcionando los fundamentos para sostener su conclusión.
Sostiene así que no puede pensarse en un agresor externo que ingresara con el único y exclusivo propósito de matar a la víctima. Empero, este razonamiento sólo sería cierto si se afirmara la autoría de un simple transeúnte, que repentinamente decidió ingresar a un domicilio a cometer un delito, lo que sí puede considerarse absurdo.
Por el contrario, si no se encuentra cuestionado que el homicidio se cometió por un motivo pasional, y por alguna persona del entorno de la víctima, entonces, evidentemente, ese agresor bien pudo haber ingresado con el sólo propósito de ultimarla, extremo que explica la ausencia de agresión sexual y de desapoderamiento de bienes.
Tal tesitura, además, torna irrelevante que la víctima tuviera un sueño ligero, si es que en verdad lo tenía, dado que bien pudo haberse despertado y al certificar que una persona de su entorno estaba dentro del domicilio, haber seguido durmiendo, precisamente, porque no era una persona de la que desconfiaría.
Explica el fiscal que también resulta absurdo que dicho hipotético agresor ultimara a la víctima, bajara a desenchufar el teléfono y luego volviera a subir, permaneciera en el lugar y rotara el cuerpo, pero este razonamiento parte de la base improbada de que esa fue la secuencia exacta de los hechos.
Es que en esto sí, todos los peritos coincidieron en que el agresor debió haberse manchado con sangre en abundancia, cuanto menos las manos, dado que se encontraron improntas digitales ensangrentadas en el cuerpo de G., pero paralelamente, no se detectaron manchas hemáticas en el referido teléfono y debe recordarse que tampoco se hallaron rastros hemáticos en los lavabos o en el resto de la propiedad (salvo el goteo del cuerpo de la víctima), por lo que la secuencia bien pudo haber sido al revés, es decir, que el agresor primero desconectara el teléfono, para evitar, ante un posible escape de la víctima, que pidiera ayuda, y luego subiera a agredirla, extremo que explicaría la ausencia de rastros.
Por este carril, se aduce que carece de sentido la hipótesis que se analiza, dado que no quedó rastro alguno de dicha presencia, el que debió verificarse atento los alertas meteorológicos de ese día.
Nuevamente, y partiendo de la base de un tercero agresor, no encuentro acreditado por fuera de todo margen de duda que haya llovido en el momento en que ingresara al inmueble, ni se ha verificado si pudo o no cambiarse el calzado, amén de señalar que, conforme lo dicho, y dada la ausencia de rastros, la hipótesis fiscal también cae en un absurdo, pues supone afirmar que la encartada salió del domicilio, se dirigió a tomar el colectivo y llegó a su trabajo con las manos ensangrentadas, extremo que nadie notó.
Asimismo, ha quedado acreditado que el arma homicida no fue hallada en la casa, y según el fiscal, no se denunció ningún faltante en el domicilio; ello obliga a derivar que el arma fue “ingresada” al domicilio, era extraña a éste, extremo que desdibuja la autoría de F., pues ésta no necesitaba “hacerse” de un arma, dado que vivía en el lugar, y dispuso de sobrado tiempo para tomar un cuchillo de la cocina, ultimar a la víctima y luego hacerlo desaparecer, visto que en definitiva, sólo ella podía decir si faltaba o no faltaba alguno de los elementos cortantes.
Por último: el fiscal desestima que el agresor haya ingresado por la puerta del PH, y afirma que no se denunció el extravío de ninguna llave.
Ha quedado acreditado en el caso que sólo existían tres juegos de llave de acceso al departamento: las que estaban en poder de F., con las se abrió el departamento al momento de hallar el cadáver, las que estaban en poder de la empleada R., quien manifiesta haberlas devuelto a P. L., y las que evidentemente, poseía G.
Ahora bien, varias amigas de las mujeres (entre ellas C.
T., a fs. 827/828 del principal) relataron que éstas tenían la costumbre de dejar las puertas sin llave, o directamente, de dejarlas abiertas, extremo que fue corroborado por el vecino A. G. C. de G., quien a fs. 702/703 del principal aseguró que varias personas tenían acceso al PH desde la obra (en la que se introducía gente que no conocía) y desde la calle, extremo que visualizó, dado que ambas mujeres siempre dejaban la puerta abierta, pese a que les insistieron para que se acordaran de cerrarla.
Por este carril, la imputada explicó que la mañana del 10 de enero, al salir a trabajar, constató que la puerta de acceso estaba abierta, pues habían olvidado pasar el cerrojo, pero nada se le preguntó en referencia a si, al salir, había cerrado con llave, extremo que resultaba pertinente atento el hábito comprobado de ambas de no hacerlo.
De ello sólo es posible inferir que el departamento se encontraba cerrado con llave por la noche, al proceder al hallazgo del cuerpo, pero no hay modo de determinar si lo estaba cuando la imputada salió del mismo.
Este punto adquiere relevancia a poco que se observe que, contra lo sostenido en el recurso en una sola línea y sin fundamento en prueba, a lo largo de todo el trámite nunca se aludió al juego de llaves de la víctima, no consta que el mismo se haya incautado, ni que haya sido entregado a sus familiares, y nada recuerdan sobre este punto S. A., ni su padre, ni V. K.
Con sagacidad, el doctor M. interrogó sobre este punto al comisario B., pero éste nada recordó al respecto; más aún, manifestó expresamente no saber qué había ocurrido con ese juego de llaves, y sobre el punto ninguna explicación dieron ni el fiscal ni el particular damnificado. Ello lleva nuevamente a una encrucijada: la tesis del fiscal adquiriría espesor si hubiera podido acreditarse que la puerta del departamento estaba cerrada con llave cuando la imputada salió, y que la víctima conservaba las propias.
Empero, desde que ello no se encuentra debidamente acreditado, subsiste la posibilidad de que un tercero pudiera haber ingresado, aun por la puerta balcón (recuérdese que se encontraron huellas de pisadas unidireccionales sobre el mismo), y al retirarse, haya cerrado el lugar y se haya llevado dicho juego de llaves, cuya existencia y destino, repito, no se encuentra debidamente establecido.
En resumen: en la presente causa se encuentra indiscutido que la encartada abandonó el inmueble entre las 7, 20 y las 7, 30 horas del día 10 de enero de 2007; se ha establecido como posible un horario de muerte comprendido entre las horas 1 y 7 de ese día, pero también, extendido hasta pasadas las 10, 30 horas, o inclusive hasta el mediodía; se ha establecido la probabilidad de que el agresor fuera zurdo, pero no se descarta la posibilidad de que haya sido diestro; no se ha acreditado un móvil claro para el homicidio, y existen líneas investigativas alternativas que no aparecen completamente agotadas.
Ante este cuadro de situación, y recordando que el principio de inocencia impone que la condena se dicte en base a una absoluta certeza, debo concluir que tal grado de convicción no ha sido alcanzado, pues subsiste un margen de duda que por imperio legal y constitucional debe favorecer a la justiciable, y ello, en definitiva, impone el rechazo de los recursos planteados (artículos 18 de la Constitución Nacional; 1º, 210, 373, 448, 450, 451 y 459 del rito).
VI.-
En virtud de lo que antecede, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por el fiscal de juicio; rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por el particular damnificado y regular los honorarios profesionales de los doctores Roberto Damboriana (por el particular damnificado), y Sergio Pizarro Posse y Francisco García Santillán (por la defensa) en una suma equivalente al veinte por ciento (20%) para cada uno de ellos, de los fijados en origen (artículos 18 de la Constitución Nacional; 1º, 210, 373, 448, 450, 451, 452 inciso 1º, 453, 459, 540, 531, 532 y 534 del Código Procesal Penal; 28 “in fine” del Decreto 8904/77).
Por lo expuesto, a esta primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Violini, por sus mismos fundamentos y me pronuncio a esta cuestión por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo:
Tal como ha quedado resuelta la cuestión precedente, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por el fiscal de juicio; rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por el particular damnificado y regular los honorarios profesionales de los doctores Roberto Damboriana (por el particular damnificado), y Sergio Pizarro Posse y Francisco García Santillán (por la defensa) en una suma equivalente al veinte por ciento (20%) para cada uno de ellos, de los fijados en origen (artículos 18 de la Constitución Nacional; 1º, 210, 373, 448, 450, 451, 452 inciso 1º, 453, 459, 540, 531, 532 y 534 del Código Procesal Penal; 28 “in fine” del Decreto 8904/77). ASI LO VOTO.-
A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Carral dijo:
Voto en el mismo sentido que el doctor Violini.
Por lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo, dictando la Sala la siguiente, S E N T E N C I A I) RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por el fiscal de juicio.
II. RECHAZAR, con costas, el recurso de casación interpuesto por el particular damnificado.
III. REGULAR los honorarios profesionales de los doctores Roberto Damboriana (por el particular damnificado), y Sergio Pizarro Posse y Francisco García Santillán (por la defensa) en una suma equivalente al veinte por ciento (20%) para cada uno de ellos, de los fijados en origen.
Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 1º, 210, 373, 448, 450, 451, 452 inciso 1º, 453, 459, 540, 531, 532 y 534 del Código Procesal Penal; 28 “in fine” del Decreto 8904/77.
Regístrese, notifíquese y remítase a origen.
FDO.:DANIEL CARRAL – VÍCTOR HORACIO VIOLINI
Ante mi: Andrea Karina Echenique
Fin de la sentencia