Abriendo la norma
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.254 FOLIO Nº 200/202 PROT. ELECT. JR101 402I.261
Río Gallegos, 14 de septiembre de 2026.
La presente causa caratulada: “F.L. S/ ROBO” Expte. Nº F-16.756/25, Apelación Nº 10.341/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 151/155 vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Pto. San Julián, quien en el punto 1) rechazó la nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio de fs. 114/118 impetrado por la defensa pública oficial de la imputada L.M.F.
Que a fs. 158/159 vta., la defensa técnica apeló dicho auto motivando en esa misma oportunidad.
A fs. 165 se corre en vista el presente, obrando a fs. 166/167 el dictamen de la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, quedando en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos, y;
Que, la defensa en su primer agravio “Afectación real y concreta del derecho de defensa”, resalta que el planteo nunca estuvo dirigido a cuestionar la estructura formal del requerimiento sino su validez constitucional, el problema no radica en cómo fue redactado el requerimiento sino en las condiciones en las que fue emitido. Señala que se encuentra expresamente reconocido por el propio Ministerio Público Fiscal que al momento de formular la acusación no había sido incorporado ni considerado el escrito defensivo presentado con fecha 30/06/2026 mediante el cual se solicitó producción de prueba y se instó el sobreseimiento de la imputada.
Manifiesta que la resolución apelada intenta neutralizar esta circunstancia afirmando que posteriormente se resolvió el pedido de prueba y el sobreseimiento, confundiendo con dicha argumentación los efectos posteriores con la legalidad originaria del acto. Afirma que la validez de un requerimiento de elevación debe analizarse al momento de su emisión, ello a tenor que un acto procesal inválido al momento de nacer no puede adquirir validez por acontecimientos posteriores.
A su entender la defensa fue obligada a responder una acusación formulada sin que previamente se evaluara la totalidad de los elementos que podían incidir en la procedencia misma de la acción penal. La lesión al derecho de defensa no es hipotética y abstracta es actual, concreta y verificable.
En su segundo agravio “Omisión de valorar la existencia de prueba contradictoria”, expresa que no existe en todo el resolutorio un análisis serio de la prueba contradictoria señalada por esta defensa, ni una valoración crítica de las inconsistencias existentes entre las distintas declaraciones testimoniales incorporadas al expediente, ni un examen de los elementos producidos con posterioridad al procesamiento, ni un estudio acerca de la incidencia que dichos elementos podían tener sobre la hipótesis acusatoria; limitándose a reiterar el resolutorio que el Fiscal mantuvo su postura, lo cual bajo concepto alguno constituye fundamentación suficiente, lo que lo convierte en arbitrario.
En su tercer agravio “Desnaturalización de la etapa de instrucción”, considera que ni el Ministerio Público Fiscal ni el Juzgado de Instrucción desarrollaron una verdadera actividad de investigación respecto de los aspectos introducidos por la defensa.
Y en su último agravio “Errónea aplicación del principio de trascendencia”, critica que la resolución invoca reiteradamente el principio de trascendencia para rechazar la nulidad, pero lo hace de forma errónea, ya que el perjuicio concreto sí existe, ya que la elevación a juicio fue requerida sin haberse agotado adecuadamente la actividad instructoria y sin haberse considerado oportunamente planteos defensivos relevantes.
Quedan de esta forma plasmadas las cuestiones a resolver.
Al ser recepcionadas las actuaciones, se procedió a correr en vista a la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial quien, en su dictamen sostuvo que “...no puede sostenerse que la presentación defensiva haya sido definitivamente preterida, que se hubiese privado a la imputada de obtener tratamiento de sus pretensiones o que la causa hubiera avanzado a la etapa de juicio sin que éstas fueran previamente consideradas. Tampoco se advierte el perjuicio concreto que exige toda declaración de nulidad. La defensa sostiene que, de haberse producido oportunamente la prueba requerida o resuelto con anterioridad su pedido de sobreseimiento, el proceso “podría haber tenido un desenlace distinto”. Sin embargo, tal afirmación se mantiene en un plano meramente hipotético. (...) No se trata, entonces, de afirmar que un acto eventualmente inválido pueda ser convalidado retroactivamente por actuaciones posteriores, sino de determinar si la irregularidad verificada produjo efectivamente la lesión constitucional que se invoca. Y en el caso, no se advierte una afectación concreta e irreparable del derecho de defensa, toda vez que la pretensión omitida inicialmente objetivo tratamiento efectivo, contradictorio y decisión jurisdiccional antes de la clausura de la instrucción. Por iguales razones, tampoco se configura el supuesto de nulidad absoluta invocado por la defensa con fundamento en la falta de intervención, asistencia o representación del imputado…”. -conf. fs. 166/167 vta-.
En el caso de autos, el a quo rechazó el planteo de nulidad respecto al requerimiento de elevación a juicio formulado por el Agente Fiscal.
Al respecto el magistrado sostuvo, que el Ministerio Público hubo de valorar todo el plexo probatorio en su conjunto no alterando la posterior incorporación, la cual fue resuelta, rechazando el sobreseimiento y las medidas de prueba requeridas por la defensa, disponiendo notificar las conclusiones del dictamen fiscal a los fines del art. 332 del digesto procesal, cumplido lo cual la defensa no articuló oposición alguna, quedando el mismo firme.
Agrega que el dictamen fiscal de elevación a juicio cumple acabadamente con las previsiones establecidas en el art. 330 del cuerpo legal citado, por lo que no verifica ninguna causal que lo nulifique.
En coincidencia con la decisión adoptada por el a quo y los fundamentos de la Fiscalía de Cámara, consideramos que no se verifican los supuestos esgrimidos por la defensa, por lo que sus planteos no pueden prosperar.
De las constancias de autos, en primer término se puede observar que tras advertir el a quo la omisión incurrida, da tratamiento a los planteos efectuados por la defensa en dicha presentación.
En tal sentido, corre en vista las actuaciones al Ministerio Público Fiscal en virtud del pedido de sobreseimiento de la imputada. Contestada la vista conferida, el magistrado se expide respecto a las pretensiones de sobreseimiento y de producción de medidas probatorias, resolviendo su rechazo mediante decisión fundada en ambos supuestos.
En efecto, advertida que fue la existencia de la presentación de la recurrente, no se prosigue con el trámite de clausura y elevación de la causa a juicio, sino que se procede a dar el trámite procesal respectivo al pedido de sobreseimiento de la incusa, como es correr en vista dicha petición al Ministerio Público Fiscal. Consideramos oportuno dejar constancia, que la irregularidad de incorporarse en forma tardía al expediente la presentación de la defensa, aún cuando pueda resultar objetivamente contraria a la debida diligencia requerida, no reviste entidad suficiente para generar un perjuicio concreto para sustentar consecuencia procesal alguna.
La jurisprudencia ha sostenido: “de allí que: "las nulidades sólo serán admisibles cuando se hubiera acreditado que, de la violación de las formas del proceso ha derivado en perjuicio concreto para la parte que las articula. Por tal razón es que no pueden dictarse en el solo interés de la ley o para satisfacer pruritos formales, carentes de interés práctico. Para ser receptadas deben importar, entonces, efectivo perjuicio a la parte que la impetra, por cuanto el proceso no es otra cosa que actividad que, garantizando el debido proceso legal, se encamina en la búsqueda de la verdad real, su objeto propio que no habremos de perder de vista en la borrasca" (Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán "in re": "Titos Daniel Ignacio s/infracción a la ley 23.737"). Las garantías procesales son en esencia, límites, que toma la comunidad en el actual grado de organización jurídico penal para evitar construcciones judiciales puramente decisionistas con afectación del derecho de defensa y del debido proceso. La forma, en consecuencia, debe relacionarse esencialmente con el derecho de defensa y con el debido proceso, los cuales tienen que resultar siquiera mínimamente conmovidos para que el tribunal deba anular todo lo actuado en resguardo de los derechos del imputado o del investigado. Si bien es cierto que no puede haber derecho sustantivo -penal- si no se concreta a través del derecho adjetivo -procesal penal-, toda interpretación de normas jurídicas debe ajustarse al principio de razonabilidad que es esencial al sistema republicano." (TR LALEY AR/JUR/2885/2003). En los presentes, consideramos que la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un vicio susceptible de sustentar la nulidad pretendida, ni ha acreditado un gravamen irreparable que derive de la situación invocada. Ello, más aún cuando en la etapa de juicio la parte cuenta con la posibilidad de ofrecer la prueba que estime pertinente, conforme lo previsto por el art. 337 CPP.
Siendo que la sanción que pretende es de carácter excepcional, no se advierten vicios sustanciales ni la afectación del debido proceso que torne nula la actividad procesal cuestionada. Cabe recordar que las nulidades se orientan hacia un ámbito restrictivo que tiene como regla general la estabilidad de los actos jurisdiccionales, por cuanto constituyen remedios excepcionales que ceden frente al principio de conservación, razón por la cual sólo cabe recurrir a este instituto cuando el desenvolvimiento del proceso devenga anormal y que tal irregularidad resulte trascendente por haberse afectado intereses tutelados, entendidos por tales el ejercicio de la defensa en juicio o los principios básicos del proceso, aspectos éstos que no se encuentran presentes en la especie.
Esta alzada -siguiendo los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones (apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22, 7729/22, entre otras) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable.
En este aspecto, nuestro Máximo Tribunal señala que las nulidades por vicios formales, exigen como presupuesto esencial que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o restrinja algún otro derecho, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 325:1404, 330:4549 y 34:1081, entre otros). De esta forma, y en conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal ante las Cámaras, en los presentes, no se da la situación de una convalidación retroactiva de la actuación jurisdiccional. Entendemos que el criterio de la Fiscalía sea concordante con lo expuesto en su requerimiento de elevación, no configura ni requiere una convalidación de lo actuado, como así tampoco puede interpretarse que de un acontecer distinto de la actividad jurisdiccional, el resultado hubiera sido otro.
Por otro lado, resaltamos que se procedió a analizar la posible afectación a una garantía constitucional, no observándose ni tampoco ha quedado demostrada la existencia de un perjuicio concreto e irreparable derivado del acto cuestionado.
Los demás agravios articulados por la defensa técnica introducen cuestionamientos ajenos al objeto específico de esta presentación recursiva, procurando reeditar aspectos cuya decisión se encuentran firmes.
Por lo expuesto, dichos agravios no serán abordados por esta Alzada.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la Sra. Fiscal ante las Cámaras y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 151/155 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
4. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia