Abriendo la norma
Juzgado de Garantías N.º 7 de Pilar · Causa 140035
Lo que resolvió el tribunal
I. CONVERTIR EN DETENCIÓN la aprehensión de S. A.F., …por cuanto existen motivos bastantes para sospechar que aquél ha participado en la comisión de los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas, lesiones agravadas por el vínculo, previstos y reprimidos en los arts. 55, 149 ter inc. 1°, 89 en función del art. 92 en función del art. 80 inc. 11, del Código Penal, a quien se anotará a disposición del Ministerio Público Fiscal, a los fines del cumplimiento de los actos procesales correspondientes, por los motivos expuestos en los considerandos.-
Arts. 23 inc. 2º y 151, 5to. párrafo del rito penal.-
II. CONVERTIR EN SECUESTRO la incautación de un cuchillo con mango de madera de aproximadamente 13 cm. y un tenedor de las mismas dimensiones con un porta cubiertos color marrón (Art. 226 del C.P.P).-
III. Decretar en el presente caso la INCONSTITUCIONALIDAD de la excusa absolutoria establecida en el art. 185 inc., 1ro., del Código Penal, pues el hurto y el daño intimado al imputado al momento de recibirle declaración a tenor del art. 308 del C.P.P., estarían enmarcados dentro de lo que la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer", la cual fue ratificada por la Argentina por ley 24.362. entiende que es violencia de género; por ende, corresponde no hacer lugar al pedido de SOBRESEIMIENTO efectuado por el representante del Ministerio Público Fiscal.- …
///Pilar, 09 de noviembre de 2016.-
Para resolver respecto del requerimiento formulado por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de la presente I.P.P. Nro. PP-14-14-003562- 16/00, caratulada: "F., S. A. s/Lesiones agravadas por el vinculo y amenazas agravadas por el uso de arma", en trámite por ante la Unidad Funcional de Instrucción especializada en violencia de género distrito de Pilar.-
Que el Sr. representante del Ministerio Público solicita la conversión de aprehensión en detención de S. A. F, cuyas demás circunstancias personales son de figuración en autos, en orden a los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas en concurso real, con lesiones agravadas por el vínculo, previstos y reprimidos en los arts. 149 ter., inc., 1ro., 89, 92 en función del 80 inc., 1ro., del Código Penal, en el entendimiento que hay motivos de sospecha en los términos del art. 151 del C.P.P., para sostener que aquel resulta ser el autor material de los mismos, y que de no disponerse dicha medida, se frustrarían los fines del proceso, por el peligro de fuga evidenciado en la presente ya que S.A. F. no tiene domicilio fijo.- En este sentido, también el Sr. representante del Ministerio Público Fiscal requiere de conformidad con el art. 226 del Código Procesal Penal la conversión en secuestro de la incautación, de un cuchillo de mango de madera de aproximadamente 13 cm., y un tenedor de mismas dimensiones con un porta cubiertos color marrón.-
Por otra parte, solicita el sobreseimiento de S. A. F., en orden a los delitos de hurto y daño, previstos y reprimidos en los arts. 162 y 183 en función de lo que establece el art. 185 del Código Penal y el 323 inc, 5to., del C.P.P..-
Ahora bien el Sr. representante del Ministerio Público Fiscal, le recibió declaración a tenor del art. 308 del C.P.P., a S. A. F., en base a los siguientes hechos: "El día 8 de noviembre del 2016 siendo aproximadamente las 08.30 horas el aquí imputado encontrándose en el domicilio sito en calle xxx de la localidad de Derqui partido de Pilar, juntamente con la damnificada, esposa del nombrado con quién convive, y comenzó a agredirla verbalmente tomándola del cuello y del cabello golpeándole la cabeza contra la pared en varias oportunidades quedando la víctima tendida en el suelo para luego el encartado tomar un cuchillo y referirle en forma amenazante "con esto te voy a cortar la cara, si vos haces la denuncia yo tengo la plata y compro a la policía" sic. para luego con el objeto punzo cortante efectuarle un corte en el brazo derecho, logrando la damnificada escaparse del domicilio. En la misma fecha, siendo aproximadamente las 18 horas se presentó el aquí imputado nuevamente en el domicilio mas arriba mencionado tomó del cuello a la damnificada N. R. provocándole golpes en su rostro, golpéandola contra la pared, lesionándola en su pómulo, en su muñeca derecha, causándole un corte, refiriéndole "te voy a matar voy a conseguir un arma y lo voy a hacer, me voy a llevar a los chicos a corrientes ya saque los pasejes me los voy a llevar y no vas a poder hacer nada"; se apoderó ilegítimamente del celular marca Motorola X Satalin nro abonado xxx propiedad de la damnificada N. R., para luego dañar el vehículo xxx dominio xxx de la damnificada rompiéndole los vidrios. Que en la misma fecha en las arterias Presidente Perón y Benito Lynch de la localidad de Derqui, personal policial procedió a la aprehensión del aquí imputado incautándole en su poder el teléfono previamente sustraído a N. R., como así también un porta cubiertos con un cuchillo con mango de madera de 13 cm y un tenedor. Que como consecuencia de lo expuesto la damnificada padeció lesiones que fueran caracterizadas de LEVES".-
Que estos hechos fueron subsumidos jurídicamente por el Sr. representante del Ministerio Público Fiscal como constitutivos de los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas, lesiones agravadas por el vínculo, hurto y daño, los que concurren realmente entre sí, previstos y reprimidos en los arts. 149 ter., inc., 1ro., 89, 92 en función del 80 inc., 1rp., 162 y 183 del Código Penal.-
I. de la medida de coerción:
Que S. A. F. fue aprehendido por personal policial, dentro de los extremos establecidos en los arts. 153 inc. 1º y 154 del código de procedimiento penal, el día de ayer, 08 de noviembre de 2016 a las 20.00 hs., aproximadamente.-
Que analizando el cuadro de convicción y el pedido del Ministerio Público Fiscal, entiendo que se encuentra configurado las exigencias que establece el art. 151, primer párrafo del rito penal, pues hay semiplena prueba e indicios vehementes de la comisión de los hechos investigados y motivos bastantes para sospechar que S. A. F. ha participado en aquel hecho ilícito.-
Ello así lo entiendo, valorando a esos fines la denuncia de foja 1, efectuada por la víctima Sra. N. A. R., declaración testimonial de foja 2, prestada por la Sra. M. S.D. V., acta de procedimiento de fojas 3/4, copia de la denuncia penal de 6, radicada también por la víctima R., y planas fotográficas de foja 13 y 16, elementos de los que se desprenden las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos, siendo que en el día de ayer, en horas de la mañana, S. A. F. comenzó a agredir tanto física como verbalmente a la Sra. R., tomándola del cuello y golpeándole la cabeza contra la pared, amenazándola con cortarle la cara con un cuchillo, para luego retirarse del lugar y volver en horas de la tarde, donde nuevamente volvió a golpearla brutalmente, amenazándola de muerte y dañando el vehículo automotor de la denunciante, así como también, levándose en su huida el aparato celular de la misma. Ante tales hechos, que fueron presenciados por la testigo D. V., personal policial salió a la búsqueda del agresor, logrando dar con el mismo unas horas más tarde, quien aún vestía de la misma manera según la descripción de la víctima, y se movilizaba en el motovehículo también descripto, hallando en su poder un cuchillo y el aparato celular de la Sra. R..-
En cuanto a la medida de coerción, entiendo que el hecho resulta detenible, en atención a la escala penal prevista para los ilícito enrostrado, dado que entre su mínimo y su máximo, superan los tres años de privación de la libertad, como así también, en caso de recaer sentencia condenatoria como resultado de este proceso, la pena privativa de libertad será de cumplimiento efectivo, conforme lo establecido en el art. 151 cuarto párrafo, a "contrario" del C.P.P. y 26 a contrario del Código Penal.-
Ello así lo entiendo, atento las características del hecho, pues según lo relatado por la víctima de autos, la actitud asumida por el imputado es reiterada desde hace 3 años a la fecha, manteniendo una relación de sometimiento y control sobre esta.-
Además, se vislumbran en el caso ciertos peligros procesales que no pueden ser neutralizados por el momento, en efecto, no solo el imputado podrían influenciar sobre la víctima de autos, sino que además, tal como refiriera la testigo D. V. a foja 2, esta también teme por lo que el imputado pueda hacerle a ella o a su familia; que ante tales circunstancias, entiendo que F. podría inducir a víctima y testigos a declarar falsamente, evidenciándose así peligro de entorpecimiento probatorio, en los términos del art. 148, última parte, inc. 2 de C.P.P.-
Por otra parte, el imputado ha manifestado al momento de prestar declaración a tenor del art. 308 del C.P.P., que no recuerda donde vive, y que cree que vive allí desde hace una semana, no brindando mayores precisiones, con lo cual, resulta imposible constatar su residencia, configurándose también peligro procesal de fuga, los términos del art. 151 inc., 5to. párrafo, y 148 segundo párrafo, inc. 1 del C.P.P..
II. de la solicitud de secuestro.-
Teniendo en consideración lo peticionado por el Ministerio Público Fiscal, en cuanto solicita la conversión en secuestro de un cuchillo con mango de madera de aproximadamente 13 cm. y un tenedor de las mismas dimensiones con un porta cubiertos color marrón, y toda vez que estos objetos incautados se encuentran relacionados con los hecho materia de investigación, y sujetos a medidas probatorias, de conformidad con lo establecido en el art. 226 del C.P.P., corresponde hacer lugar al secuestro requerido.-
III. del pedido de sobreseimiento.-
Ahora bien, a los fines de resolver, si corresponde sobreseer a S. A. F., en orden a los delitos de hurto y daño, previstos y reprimidos en lo arts. 162 y 183 del Código Penal, es necesario analizar y responder los interrogantes que plantean los incisos del art. 323 del ritual, tal como lo diseña, el art. 324 del C.P.P., siendo que de no darse aquellos supuestos, no corresponde hacer lugar al sobreseimiento solicitado.-
¿La acción penal se ha extinguido? Art. 323 inc. 1ro., del C.P.P..- Que a S. A. F. se le recibió declaración a tenor del art. 308 del C.P.P., en orden al delito de hurto y daño, previstos y reprimidos en los arts. 162 y 183 del Código Penal del Código Penal, en el día de la fecha, por lo que teniendo en cuenta que el imputado no ha fallecido, no hay ley de amnistía que se ajuste al caso, y la acción no se encuentra prescripta por el transcurso del tiempo, y el delito materia de imputación no es de acción privada, -art. 59, 61, 62, 71 y 73 del Código Penal- entiendo que la acción penal no se ha extinguido.-
¿El hecho investigado ha existido? Arts. 323 inc. 2do. del C.P.P..- Que al momento de la declaración a tenor del art. 308 del C.P.P., el Ministerio Público Fiscal le intimo a S. A. F., los hechos que se mencionaron más arriba.-
Ahora bien, entiendo que el hecho del desapoderamiento del celular y la rotura del parabrisas del vehículo se encuentra acreditado dentro de las exigencias de esta primera etapa conforme lo establece el art. 151 del C.P.P., con la denuncia, obrante a fs. 1, en la que N. A. R., manifestó que el día ayer, su conyuge, S. A. F., con quien tiene cuatro hijos menores de edad, y se encuentra excluido del hogar por decisión de un Juzgado de Familia, ingreso al domicilio la golpeó contra la pared, y posteriormente se apoderó del teléfono celular de su propiedad para posteriormente causarle daños en su vehículo, dominio XXX - 027; declaración de M. S. D. V., obrante a fs. 2 quien manifestó que al preguntarle a S. A. F. que sucedía con N. que no contestaba los mensajes aquel le respondió que él tenía el teléfono celular, pues se lo había sacado el celular, como así también luego observo como aquel ingreso al domicilio y comenzó a golpear brutalmente a N. para posteriormente romper la parte delantera del vehículo de la víctima; acta de procedimiento, obrante a fs. 03/04 donde personal policial, aprehendió a S. A. F., quien se desplazaba a bordo de un vehículo patente XXX, siendo que del interior del mismo se le incautó el celular de la víctima; placas fotográficas obrantes a fs. 13 y 16 las que ilustran el teléfono celular propiedad de la víctima, y el parabrisas dañado del vehículo también propiedad de la víctima.-
Por tal motivo entiendo que por el momento dentro de esta primera etapa los sucesos por los cuales se solicita el sobreseimiento han existido. ¿Los hechos atribuido encuadran en una figura legal? Arts. 323 inc. 3ro. del C.P.P.
En principio encuadra en los delitos de hurto y daño los que concurren en forma real previsto y reprimido en los arts. 162, 183 y 55 del Código Penal.- ¿El delito fue cometido por el imputado? Arts. 323 inc. 4to., del C.P.P. Que teniendo en cuenta los siguientes elementos:
a) denuncia obrante a fs. 1/2, en la que surge que la víctima señala a su cónyuge S. A. F., como la persona que le sustrajo el celular y le rompió la parte delantera del vehículo.-
b) declaración testifical de fs. 2, de M. S. D. V., testigo que escucho a S. A. F., cuando le manifestó que el teléfono celular de la víctima lo tenía él, como asimismo, observó cuando en un ataque de agresividad comenzó a romper el vehículo propiedad de la víctima.-
c) acta de procedimiento, obrante a fs. 1, de la que surge que a S. A. F. se le incautó el teléfono celular de la víctima en el interior del rodado en el que se desplazaba.-
Por tales motivos sostengo que hay elementos dentro de esta primera etapa procesal para sostener que hay sospecha suficiente e indicios vehementes para concluir que S. A. F., podría ser el autor o partícipe penalmente responsable de los hechos de hurto y daño que intima el Ministerio Público Fiscal.- ¿Existe causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria? Art. 323 inc. 5to., del C.P.P.-
III. a) de la inconstitucionalidad del art. 185 inc., 1ro. del C.P..- Que el Sr. agente fiscal solicita el sobreseimiento de S.A. F., en los términos del art. 323 inc. 5to. del C.P.P., en orden a los delitos de hurto y daño, previstos y reprimidos en los arts. 162 y 183 del Código Penal, los que le fueran intimados al momento de prestar declaración a tenor del art. 308 del C.P.P..-
Ahora bien, el art. 185 inc., 1ro. del Código Penal, establece que están exentos de responsabilidad criminal los delitos de hurto y daño que recíprocamente se causaren los cónyuges.-
Que a esta exención de responsabilidad criminal establecida en el art. 185 del Código Penal se la concibe como una excusa absolutoria, pues resultan acciones que no dejan de ser delictivas, pues las mismas son, típicas, antijurídicas y culpables, pero cierto es que por una cuestión de política criminal no se las castiga o reprime, ya que el legislador entendió que así se preserva el núcleo familiar.-
Que esta excusa absolutoria, tiene su razón de ser en la idea que la persecución penal pública, la represión y el castigo, frente a la comisión de los delitos de hurto, defraudación o daño entre cónyuges no es conveniente, pues afecta y daña intrínseca y directamente el vínculo conyugal, siendo que el Estado concibe al matrimonio como la base de la familia, y esta, la de aquél.- Que es claramente una cuestión de política criminal por la que el legislador entendió que no se debía castigar con pena privativa de libertad a uno de los cónyuges por la comisión de delitos de naturaleza patrimonial, contra el otro, pues sino se estaría atacando la unidad familiar, cuando esta en juego únicamente intereses de orden económico.-
Al respecto Carlos CREUS ha sostenido que la excusa absolutoria del art. 185 del Código Penal se funda en la prevalencia que el legislador ha otorgado al mantenimiento del vínculo familiar sobre el interés patrimonial que atacan los delitos. (Carlos CREUS; Derecho Penal; Parte Especial; 6ta.; Edición; Tomo I; pag.; 578).-
Edgardo Alberto DONNA, explica que los fundamentos de la exención de responsabilidad penal del art. 185 del Código Penal, ha sido objeto de varias teorías, la primera es la de la salvaguardia del decoro familiar, y versa en la idea que se prefiere que el hecho delictivo quede impune como tal, a que dicho hecho se convierta en público -al ser reprimido- y se llegue a una situación de descrédito no deseada y perjudicial para la institución de la familia, todo ello en virtud del vínculo íntimo que una a los sujetos en cuestión y la solidaridad existente. La segunda teoría es la de la comunidad doméstica de bienes, que parte de la tesis que en una familia existe cierta comunidad en cuanto a los bienes que poseen, por lo que sería improcedente la persecución penal en referencia a ella. Que luego la última teoría es la de la ausencia de alarma social, la cual sostiene que no es imprescindible para la sociedad castigar estas conductas, ya que la seguridad general no se ve afectada, quedando todo en un ámbito de intimidad que no necesita castigo. Y al final, como es de costumbre esta la teoría de los fundamentos múltiples, que esgrime que todas estas razones juntas son la que fundan la no punibilidad de la conducta delictiva. (Edgardo Alberto DONNA; Derecho Penal; Parte Especial; Tomo II-B; Segunda Edición Actualizada; Pag., 860).-
Ahora bien, como se puede analizar, la génesis de los delitos de hurto y daño que el Ministerio Público Fiscal le intima al imputado en la presente causa, no responde de ningún modo, a una cuestión económica patrimonial entre cónyuges.-
Por el contrario, los motivos que habrían motivado la conducta del imputado, para hurtar el teléfono celular de la víctima, y dañar el parabrisas del vehículo de aquella, se encontrarían básicamente dentro de un contexto de violencia de género que expresa el imputado para con la víctima.-
En efecto, el hurto y el daño, habrían sido perpetrados en situación donde el imputado también habría amenazado y lesionado a la víctima, siendo que de las actuaciones surge que estas agresiones no serían aisladas sino que responderían a una conducta sistemática que vendría de larga data.- En este contexto, se puede partir de la base, que en el caso, las distintas teorías que explican los fundamentos de la excusa absolutoria del art. 185 del Código Penal, se desdibujan. Primero porque estos delitos de hurto y daño no fueron cometidos en un marco o contexto aislado, como así tampoco respondieron a un fin económico patrimonial dentro del seno conyugal, sino que, se encuentran claramente enmarcados dentro de una circunstancia de violencia de género.-
En este sentido, en el particular, mal se podría sostener o afirmar que por una cuestión de política criminal no es conveniente sancionar las conductas de hurto y daño que el imputado habría cometido contra la víctima, ello con el objeto de no afectar el vínculo intra familiar, cuando este, ya estaría destruido desde hace tres años por la violencia que imprimiría el imputado contra la víctima.-
Por otra parte, la víctima estaría en una situación de riesgo y extrema gravedad, donde requiere, necesita y exige del Estado para que la resguarde, tanto física como psíquicamente, pues se ve afectada en sus derechos, frente a las agresiones que estaría recibiendo por parte del imputado.-
Como se puede analizar, no estamos frente a un caso donde un cónyuge le revisa la billetera al otro, mientras aquel no se da cuenta, apoderándose así de un dinero; o se lleva el auto sin pedirle permiso; o agarra el celular y realiza una llamada; o en una ocasional discusión, tira un plato, un vaso, o rompe un vidrio con un golpe para descargar la bronca del momento con el objeto de llamar la atención del otro; o por último le rompe la camisa en un intento de abrazarlo con el fin de lograr la reconciliación.-
Por otra parte, ya no se puede sostener que no existe alarma social frente a casos como este, pues es sabido que actualmente el Estado, a través de los distintos poderes que lo integran, se encuentra en todos los sentidos direccionando lineamientos claros, concretos y contundentes con el objeto de erradicar la violencia contra la mujer.-
Asimismo, todo el arco político a nivel nacional, provincial y municipal, distintas organizaciones no gubernamentales, medios masivos de comunicación, y gran parte de la ciudadanía realizan distintas campañas y programas de concientización a través de las redes sociales, y se moviliza hacia las plazas exigiendo respuestas a los distintos poderes del Estado para la problemática de la violencia de género; cuyo flagelo se encuentra arraigado en los más profundo de nuestro tejido social.-
Que por el contrario, habría alarma social si no se tiene una mirada distinta del asunto y se aplica de manera automática en casos como en el particular la excusa absolutoria del art. 185 del Código Penal, pues esa decisión no sólo no responde al sentido común, ni a lo que pretendió el legislador cuando sancionó aquel artículo, como así tampoco a la política criminal actualmente imperante dada por el Estado para erradicar la violencia contra la mujer.- Que los jueces debemos ser protagonistas a través de las distintas decisiones, de las sucesivas reformas socio – culturales que se van desarrollando, Debemos estar delante, y no detrás de los problemas.-
Que la tarea del juez no se reduce a la aplicación formal de una norma a un caso concreto, pues a veces la aplicación de la norma vigente, genera el sentido diametralmente opuesto a lo que tuvo en miras el legislador cuando realizó la labor legislativa al sancionarla.-
Como sucede en la especie; por ejemplo, la creación de la excusa abolutoria del art. 185 del Código Penal, fue pensada en la idea que la persecución penal pública, la represión y el castigo de los delitos de hurto y daño entre cónyuges afecta el vinculo intra familiar, pues el Estado se inmiscuye en el seno familiar, tan solo por delitos de naturaleza patrimonial, pero lo cierto es que aquí no hay una cuestión patrimonial, ni económica en juego, por el contrario, lo que está en juego es la integridad física y psíquica de la víctima, y en el marco de la violencia que estaría siendo víctima, se habrían cometido delitos contra su patrimonio.-
Nótese que la excusa absolutoria del art. 185 corre para los delitos de hurto, daño y defraudaciones, pero no para el de robo, previsto y reprimido en el art. 164 del Código Penal, como así tampoco, la de sus distintas agravantes, es decir, desde el momento que existe violencia física o psíquica ya no hay exención criminal que valga para el cónyuge.-
Que entiendo que no es acertado analizar estos delitos de manera aislada, pues los mismos se desarrollaron en un marco de violencia y de aquella que es caracterizada como de género, por lo que entonces de ningún modo debe aplicarse la excusa absolutoria del art. 185 del Código Penal, por la sencilla razón que existe una política criminal, clara y contundente desde los distintos poderes del Estado para erradicarla.-
En efecto, la rotura del parabrisas del vehículo de la víctima y la sustracción del celular, habrían sido conductas propias también de la violencia de género que el imputado estaría ejerciendo sobre la víctima.-
Que la no sanción, del delito de hurto y daño, en este caso en particular no sería político criminalmente aceptable, pues hoy nadie duda que resulta una cuestión de Estado erradicar de nuestra sociedad la violencia de género.- A mi humilde forma de ver, la tarea de un juez debe ser eminentemente creativa, e inspiradora, de ningún modo puede ser rutinaria, formal, ritualista, o anacrónica de las necesidades sociales, pues este tiene el enorme deber de aplicar e interpretar la ley vislumbrando siempre las transformaciones sociales que se van desarrollando en la sociedad de la que él también es parte.-
Que los órganos jurisdiccionales, debemos; claro está dentro de nuestras facultades que por ley vienen expresamente establecidas, decidir en base también a cuestiones de política criminal, no es una actividad de imposible cumplimiento, si se atiende a las circunstancias del caso en particular, las normas que inciden en la cuestión, y las exigencias y lo que necesita la sociedad.- Reitero los jueces no estamos para aplicar las normas internas sin tener en cuenta el sentido por el que fueron creadas, como así tampoco, el caso en particular, y el contexto social en el que uno tiene que decidir, por eso es necesario, que el juez además de conocer la ley, sea un observador social, ello con el objeto de ser creativo e inspirador a la hora de aplicar la ley, y si la misma no responde al sentido común, a la política criminal imperante, ni a las necesidades contemporáneas de la sociedad, analizar los Tratados Internacionales y la Constitución Nacional, que son normas de mayor jerarquía, y establecen los principios rectores que cimentan el conglomerado jurídico legal de un Estado de Derecho como el nuestro.-
Por tal motivo entiendo que en el caso en particular deviene inconstitucional la aplicación de la excusa absolutoria del art. 185 del Código Penal, pues desde el punto de vista jurídico, esta normativa que proviene del derecho interno, claramente se contrapone con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.-
En este sentido, la Convención de Viena sobre el Derecho de Los Tratados en el art. 27 establece que: "Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.".-
Que el Estado Argentino suscribió el 6 de septiembre de 1994 en la Ciudad de Belem do Pará, Brasil, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer" la cual fue ratificada por la Argentina por ley 24.362.-
Que esta Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, "Convención de Belem Do Para"; ha establecido en su art. 2 que: "...Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a) que tenga dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros violación, maltrato y abuso sexual.-
Toda mujer tiene derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos. (art. 4 de la Convención de Belem Do Para)
Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.-
Como se puede observar, a partir de esta Convención el Estado Argentino, a través de sus distintos poderes, debe prestar principal atención, en todo lo concerniente a los conflictos que se susciten por razones de violencia de género.- En el particular, arroja un manto de claridad a la cuestión el art. 7 apartado d, el cual establece que los Estados partes convienen en adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad.-
En este caso, el hurto del celular y el daño al parabrisas del vehículo de la víctima, que habría realizado el imputado sería parte del hostigamiento, intimidación y amenazas que aquel estaría realizando a la víctima.- Por otra parte este artículo establece que no sólo los Estados deben adoptar medidas para conminar al agresor por los actos que atente contra la persona de la víctima, sino también contra la propiedad de aquella, situación que acontece en el particular.-
Por tal motivo entiendo que en la especie claramente deviene inconstitucional la aplicación de la excusa absolutoria del art. 185 del Código Penal, pues este resulta una normativa interna que se contrapone, con la de un tratado internacional, el cual reviste mayor jerarquía, y la inobservancia de aquel, podría colocar al Estado Argentino en responsabilidad internacional frente a su incumplimiento.-
III. b) del pedido de sobreseimiento fiscal:
Que el representante del Ministerio Público Fiscal, solicitó el sobreseimiento, de S. A. F., por aplicación del art. 185 inc., 1ro., del Código Penal.-
Que no se hizo lugar a este requerimiento por entender que los delitos de hurto y daño, cuando habrían sido cometidos dentro de un contexto de violencia de género, la excusa absolutoria del art. 185 inc., 1ro., del Código Penal, deviene inconstitucional pues contradice lo que el Estado Argentino se comprometió internacionalmente a garantizar en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.-
Ahora bien el art. 326 del Código Procesal Penal establece que si el juez no estuviere de acuerdo con la petición de sobreseimiento formulada por el fiscal, se elevarán las actuaciones al Fiscal de Cámara de Garantías.-
Al respecto he sostenido en la I.P.P. Nro. 14-14-003398-15/00 que al establecer el art. 326, 1er., párrafo del C.P.P., que: "Si el juez no estuviere de acuerdo con la petición de sobreseimiento formulada por el fiscal, se elevaran las actuaciones al fiscal de la Cámara de Garantías."; es dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal donde se debe realizar esta elevación.- En efecto, la redacción de este artículo no sostiene expresamente que en caso de no estar de acuerdo el juez con el sobreseimiento formulado por el fiscal, es aquel quien debe elevar la causa al fiscal general, sino establece que se elevaran las actuaciones.-
Por ende, por diversas razones sostengo que es el fiscal, y no el juez, quien debe elevar la causa al fiscal general, pues; primero, eventualmente puede ocurrir que los fundamentos vertidos por el juez que no hacen lugar al pedido de sobreseimiento sean compartidos por el fiscal, y decida en consecuencia.-
Segundo, por otra parte, el fiscal de cámara es el superior directo dentro de la órbita del Ministerio Público del fiscal de instancia; en este orden de ideas, entiendo que quien debe elevar las actuaciones al fiscal general es el fiscal de instancia, y no el juez.- Por otra parte entiendo que las partes, y el juez, deben obrar con nobleza procesal, como en todo los ordenes de la vida, sin perjuicio que a veces no sea un principio de práctica habitual , y no muy desarrollado por los autores de la materia, pero si claramente por la Universidad del Empedrado, por lo que entiendo que si el fiscal de instancia no esta de acuerdo con los fundamentos por los cuales no hice lugar al sobreseimiento solicitado, es aquel quien debe elevar las presentes, sin perjuicio de lo que eventualmente entienda, respecto del art. 326 2do., párrafo del C.P.P..-
Por todo ello; RESUELVO:
I. CONVERTIR EN DETENCIÓN la aprehensión de S. A.F., …por cuanto existen motivos bastantes para sospechar que aquél ha participado en la comisión de los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas, lesiones agravadas por el vínculo, previstos y reprimidos en los arts. 55, 149 ter inc. 1°, 89 en función del art. 92 en función del art. 80 inc. 11, del Código Penal, a quien se anotará a disposición del Ministerio Público Fiscal, a los fines del cumplimiento de los actos procesales correspondientes, por los motivos expuestos en los considerandos.-
Arts. 23 inc. 2º y 151, 5to. párrafo del rito penal.-
II. CONVERTIR EN SECUESTRO la incautación de un cuchillo con mango de madera de aproximadamente 13 cm. y un tenedor de las mismas dimensiones con un porta cubiertos color marrón (Art. 226 del C.P.P).-
III. DECRETAR en el presente caso la INCONSTITUCIONALIDAD de la excusa absolutoria establecida en el art. 185 inc., 1ro., del Código Penal, pues el hurto y el daño intimado al imputado al momento de recibirle declaración a tenor del art. 308 del C.P.P., estarían enmarcados dentro de lo que la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer", la cual fue ratificada por la Argentina por ley 24.362. entiende que es violencia de género; por ende, corresponde NO HACER LUGAR al pedido de SOBRESEIMIENTO efectuado por el representante del Ministerio Público Fiscal.-
IV. HACER SABER al Sr. representante del Ministerio Público Fiscal que, en caso de no compartir los motivos esgrimidos al denegar el sobreseimiento de S. A. F., en orden a los delitos de hurto y daño, previstos y reprimidos en los arts. 162 y 183 del Código Penal, deberá dar trámite a lo establecido en el art. 326 del C.P.P..-
V. PROCEDER AL DESGLOSE de foja 27, y formar el correspondiente INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN, atento la petición efectuada por la Sra. Defensora Oficial.-
Fórmese incidente por secretaria de declaración de inconstitucionalidad y denegatoria de sobreseimiento, notifíquese, regístrese, y remítase el principal a la Unidad Funcional de Instrucción interviniente, sirviendo este proveído de atenta nota de remisión.-
Walter Federico Saettone Juez ANTE MI:
Paola Silvina Borsani Secretaria
Fin de la sentencia