Abriendo la norma
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.286 FOLIO Nº 092/095 PROT. ELECT. JR 101 434I.261
Río Gallegos, 25 de septiembre de 2026.
La presente causa caratulada: “F.A.A. S/ LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO” Expte. Nº 93.553/25, Apelación Nº 10.364/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 72/77, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de A.A.F., en orden al delito de “lesiones culposas agravadas por recular las lesiones consecuencia de la conducción imprudente de un vehículo con motor” (arts. 45 y 94 bis del Código Penal); y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000).
Que a fs. 84/91, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 94 sostuvo el recurso y a fs. 97/99 presentó el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que el recurrente precisa que no controvierte que el auto de procesamiento se satisface con un juicio de probabilidad y no de certeza; no discute la valoración de la prueba testimonial en cuanto tal; y no propone una lectura alternativa de los hechos, sino que se trata de defectos de fundamentación verificables por confrontación entre el texto del auto y las piezas del expediente.
En su primer agravio establece que la materialidad del hecho no encuentra sustento en las constancias médicas del expediente, y su déficit no es de valoración sino de inexistencia del sustrato sobre el cual valorar.
I. “El examen médico contemporáneo al hecho no constató lesión alguna”: señala que el comprobante de guardia del Hospital Regional glosado a fs. 7 no describe escoriación, ni equimosis, ni edema, ni solución de continuidad, ni lesión objetiva de naturaleza alguna; sino que registra un síntoma referido por la paciente y concluye con el alta inmediata. Un dolor referido, sin correlato anatómico constatado, no configura el daño en el cuerpo o en la salud que el tipo requiere.
“La única lesión externa aparece a los noventa y seis horas”: establece que el certificado médico policial de fs. 21 describe una escoriación cutánea superficial, sin costra hemática en mano derecho, y consigna carácter leve con tiempo de curación menor a diez días. Establece que dicha pieza no contiene anamnesis, no refiere el siniestro vial y no formula juicio de compatibilidad entre la lesión que describe y el mecanismo del accidente.
“El único elemento que afirma el nexo causal carece de fundamentación”: señala que el informe del CMF practicado a más de cinco meses después del siniestro, la profesional no observó lesión alguna. El dictamen no explica sobre qué base científica atribuye al 14 de junio una lesión que ningún profesional constató en esa fecha. Afirma que el dictamen pericial no satisface ninguno de los recaudos del art. 247 CPP.
“La estructura del tipo culposo según la obra invocada por el propio a quo”: cuestiona el recurrente la doctrina transcripta por el a quo.
“Sin materialidad acreditada no puede sostenerse el juicio de autoría”: expresa que la atribución de autoría no fue objeto de fundamentación autónoma: fue derivada de la materialidad. En el tipo culposo de resultado, la autoría no consiste en haber estado presente ni en haber infringido un deber de cuidado, sino en haber causado el resultado típico. Cuando el resultado no se encuentra acreditado, no falta prueba sobre quién lo produjo: falta el objeto mismo del juicio. Esa confusión la advierte con nitidez en el empleo que el auto hace de la regla de supresión hipotética.
Afirma que la pericia cinemática estableció la causa del siniestro vial -la omisión de acatar la señalización obligatoria-, mas no la causa de la lesión. Median dos nexos causales distintos y sucesivos; la resolución acredita el primero y tiene por acreditado el segundo sin prueba que lo sostenga. Entiende que lo único comprobado hasta el momento es la ocurrencia de un accidente de tránsito.
En su segundo agravio, “Prueba enumerada y jamás valorada”: resalta que los resultados de alcotest y el certificado médico no fueron valorados, ni se explicó su descarte.
“El inventario de certificados médicos”: reitera que de los seis certificados médicos invocados en respaldo de la materialidad, uno documenta las lesiones del imputado, 4 documentan la ausencia de lesiones, y sólo uno describe la escoriación sobre la que se edifica la totalidad del reproche.
“La regla de supresión hipotética, enunciada y no ejecutada”: Señala que el auto expone con detalle la regla de supresión hipotética, describe en qué consiste la operación y transcribe dos pasajes doctrinarios sobre su alcance. La operación descripta no fue realizada en pasaje alguno de la resolución. No se suprimió hipotéticamente conducta alguna ni se verificó la permanencia o desaparición del resultado.
“La invocación fragmentaria de la pericia cinemática”:
destaca que el auto transcribe únicamente su conclusión relativa a la causa principal del siniestro y lo atinente al sentido de circulación de los rodados, pero omite toda referencia a la determinación de velocidades, que constituye el objeto central del dictamen y su primera conclusión. Analiza que la damnificada declaró ante esa sede haber circulado a unos 30 km/h, atribuyendo al rodado de su asistido una velocidad de aproximadamente 60 km/h; y el testigo F., quien no presenció el hecho, refirió que el Focus circulaba a gran velocidad; y el dictamen oficial establece exactamente lo contrario; y el auto no confronta esa contradicción ni la menciona. Invoca la pericia para aquello que sostiene la imputación y prescinde de ella para aquello que la debilita.
“La omisión del punto pericial relativo a las maniobras previas al impacto”: resalta que el auto recurrido afirma que su asistido no habría respetado la señalización de PARE; siendo que la única pieza técnica que responde sobre la existencia de maniobras previas al impacto afirma lo contrario, y la resolución no la menciona en pasaje alguno.
En el tercer agravio, dicha parte reconoce el criterio sostenido por esta Alzada, conforme al cual la calificación legal del auto de procesamiento no resulta, como regla, pasible de revisión en esta instancia, pero señala que se ha reservado la revisión para los casos excepcionales y ha precisado que el control procede cuando se advierte una selección arbitraria de las normas penales aplicadas.
“La resolución fundó sobre el art. 94 y resolvió por el art. 94 bis”, con lo cual manifiesta señalar un defecto que es de motivación y no de calificación, y que por tanto queda comprendido en el ámbito de revisión que la Alzada ejerce sin reservas.
Solicita se constate si la figura efectivamente aplicada carece de toda fundamentación en la resolución que la aplica, y desarrolla al respecto.
En un cuarto agravio aclara que no se funda el presente agravio en la situación patrimonial del imputado, extremo que –conforme jurisprudencia de esta Alzada- resulta ajeno a la cuantificación de la medida; siendo el agravio de motivación: la resolución no discriminó ninguno de los rubros que la norma habilitante manda garantizar.
De tal forma, discrimina que no existe pena pecuniaria alguna, no hay actor civil en autos, y ni las costas, ni la tasa de justicia, ni los honorarios profesionales fueron estimados, mencionado ni aludidos en la resolución.
Formula expresa reserva del recurso de casación y del caso federal.
Entrando en el análisis del agravio articulado sobre la materialidad del resultado típico, y la valoración que formula sobre los certificados e informes médicos, consideramos que se encuentra correctamente motivada la decisión del magistrado, a la luz de las características del hecho, y teniendo en consideración la primigenia etapa procesal que atraviesa la causa.
En efecto, tras el análisis de las piezas probatorias aunadas durante la investigación, el a quo tuvo por acreditada la relación de determinación, entendiendo que el resultado típico, es decir, las lesiones sufridas por la damnificada, se habrían producido como consecuencia del riesgo creado por el incuso, al no respetar la señalización de tránsito ubicada en dicha arteria.
Evaluó que observar las reglas de tránsito hubiera evitado el siniestro; criterio que se comparte, pues los elementos adjuntos al legajo así lo autorizan.
Ponderó el magistrado el certificado médico del galeno policial de fs. 21, el cual expone observar una escoriación cutánea superficial sin costra hemática en mano derecha.
Si bien como lo manifiesta la defensa, el mismo fue realizado cuatro días posteriores al siniestro, en un certificado labrado el mismo día del hecho por personal médico de guardia del nosocomio local, se deja constancia del acuse de dolor en mano derecha por parte de la damnificada.
De esta forma, el magistrado consideró acreditada la materialidad de las lesiones ocasionadas a raíz del hecho investigado. En cuanto al examen llevado a cabo por personal del Cuerpo Médico Forense, ello en función de la Acordada 674 del TSJ., resulta pertinente recordar que por intermedio de dicha Acordada, se pretende regular y estandarizar la actuación pericial del Cuerpo Médico Forense al examinar a las víctimas, siendo su objetivo principal brindar pautas sobre cómo constatar e informar los daños físicos en consonancia con las exigencias del CP.
De tal forma, estipula sobre la determinación de la clasificación legal de las lesiones, la determinación del tiempo de inutilidad y la calificación del peligro de vida o deformación. Como puede observarse, y de conformidad con lo expresamente consignado en el referido informe, no se advierten los alcances ni las implicancias que la defensa pretende atribuirle. Ello máxime cuanto dicho instrumento no reviste las características propias de una pericia, por lo que no resulta susceptible de ser valorado bajo los parámetros propios de ésta última.
Es sostenido por esta Alzada que el examen médico es una probanza objetiva de un menoscabo físico el cual, debe ser ponderado de manera armónica con el resto cuadro probatorio reunido en el legajo, y analizados conforme la sana crítica racional. Asimismo cabe mencionar que si la defensa consideraba que dicho examen requería de mayores precisiones técnicas, contaba con la facultad de proponer las medidas que considerada oportunas para el esclarecimiento de los hechos. Cabe traer a colación lo que tiene dicho la jurisprudencia en el sentido que: "...el tribunal es soberano en la valoración de la prueba aun cuando verse sobre temas en los que deban expedirse expertos... y no corresponde sugerir que la opinión válida sea en tales casos la que obtenga mayoría de adhesiones o que no sea contradicha, igualmente que la prueba pericial, aun siendo importante, no necesariamente resulta definitoria, pues es facultad de los jueces apartarse de las conclusiones de los peritos si sobre la base de otras pruebas disienten con el dictamen... El criterio de valoración de las citadas pruebas por el juez, será el de la sana lógica o sana crítica, lo que se traduce en una valoración amplia de todo el plexo probatorio..." (CNCCorr., Sala V, 26-5-97). Más allá de lo expuesto, concordamos con la defensa en que no basta con que la conducta omitida aumente la probabilidad de producción del resultado, sino que además ese riesgo no permitido tiene que realizar efectivamente la lesión al bien jurídico.
En estos casos se sanciona cualquier conducta que cause determinado resultado lesivo, siempre que sea previsible y la conducta viole un deber de cuidado.
En cuanto a la entidad de dicho resultado lesivo, corresponde señalar que la circunstancia de que la damnificada haya sufrido una lesión de escasa magnitud no resulta suficiente para excluirla de relevancia penal.
Resulta suficiente una alteración corporal, por mínima que sea, para satisfacer la exigencia típica de la lesión leve. De esta forma, consideramos que la excoriación constatada constituye un menoscabo a la integridad corporal, y al encontrarse acreditada su relación de causalidad, satisface la exigencia de daño en el cuerpo o en la salud requerida por el tipo penal. En efecto, a partir de las pruebas agregadas al legajo, el magistrado tuvo por acreditada la relación de determinación, entendiendo que el resultado típico, es decir, las lesiones leves sufridas por la damnificada, se habría producido como consecuencia del riesgo creado por el incuso, al no respetar la prioridad de paso.
A mayor abundamiento, contando con idénticos elementos a los aquí valorados, y en similares circunstancias a las de autos, el Excmo. Tribunal de Justicia de Santa Cruz, dijo: “Corresponde confirmar la resolución que condenó al acusado como autor de los delitos de lesiones culposas … si el vehículo que conducía es el embistente, siendo que la causa del accidente fue la falta de respeto de la prioridad de paso del otro automóvil que circulaba por una calle de doble mano y haber cruzado la bocacalle a una velocidad superior a la permitida por los reglamentos de tránsito e inadecuada a las circunstancias –en el caso, era de noche y llovía- en la que se desarrollaba la actividad de conducir un automotor.” (Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz; 22/09/2006; G.,J.D.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/9097/2006).
Por tal motivo, y como fuera establecido por el magistrado, consideramos acreditada la autoría de dichas lesiones. Del auto de mérito recurrido, se observa que la instrucción funda la materialidad y autoría del hecho a partir de los informes policiales, el informe de accidentología vial, la pericia cinemática efectuada por el Gabinete Criminalístico del TSJ, declaraciones testimoniales, además de los certificados médicos y el examen de la Acordada 674 del TSJ.
En cuanto a las piezas probatorias que no habrían sido valoradas por el magistrado en su resolución, a consideración de la recurrente los informes de alcotest, no se vislumbra en qué forma su análisis podrían haber condicionado su decisión en sentido contrario al expuesto.
Y sobre los señalamientos realizados sobre la pericia accidentológica, consideramos que el mismo fue elaborado teniendo en consideración el cálculo de velocidad, la dinámica del impacto, maniobras previas al impacto, la causalidad del siniestro, oponiendo la defensa juicios discrepantes, las que no concordamos que resulten idóneas para conmover el dictamen pericial, ni la ponderación del magistrado sobre la misma.
Entendemos que dicha pericia fue confeccionada por profesional idóneo, con los conocimientos técnicos específicos para su realización, dando cumplimiento pleno a las exigencias legales. Asimismo, no surge del presente legajo objeción alguna ni proposición de perito de parte por parte de la recurrente al momento de anoticiarse de la pericia ordenada.
En el caso que nos ocupa, la crítica de la defensa parte en cada cuestionamiento de un análisis fragmentado del plexo probatorio, sin embargo, la responsabilidad de su representado en el hecho, emerge –prima facie- del análisis de la prueba en conjunto. Al respecto, la doctrina recomienda:“… valorar la prueba indiciaria en forma general, y no aisladamente, pues cada indicio, considerado separadamente, podrá dejar margen para la incertidumbre, la cual podrá ser superada en una evaluación conjunta.” (Cafferata Nores, José Ignacio; “La Prueba en el Proceso Penal”; Editorial Lexis Nexis; pág. 221 y ss.).
Es sostenido por esta Alzada, que la ponderación de los elementos de prueba, deber ser con una visión conjunta, integral, tanto de la pericia en cuestión, como de los certificados e informes médicos que se fueron confeccionando y aunados a la investigación.
De igual manera, debemos recordar que en esta etapa liminar no se exige la certeza concluyente, propia de la etapa de juicio, sino un mero juicio de probabilidad acerca de la materialidad del hecho y de la atribución de responsabilidad penal por la violación del deber objetivo de cuidado.
Pudiendo asimismo, eventuales divergencias probatorias, ser debatidas en mayor profundidad en la etapa de debate. En cuanto al agravio referido a la calificación legal y el alcance que le da a la misma, por tal entendemos que no sólo se refiere al encuadre de la acción analizada en el conglomerado de tipos penales vigentes, sino también en la adecuación de la misma en el encuadramiento jurídico formal y preciso de la conducta imputada dentro del texto de la ley. Más allá de eso, no observamos la falta de motivación atribuida por la defensa.
De la simple lectura del auto recurrido, se observa que el magistrado analiza la figura típica, y su subsunción al caso analizado en autos.
En cuanto a las demás apreciaciones que efectua la defensa, como bien fuera advertido en su presentación, es criterio de esta Alzada que la calificación legal tiene un carácter provisorio y susceptible de variación en la próxima etapa procesal, por lo cual no es pasible de revisión en la instancia de apelación del procesamiento. Como así también, y dentro del mismo apartado analiza la regla doctrinaria de supresión hipotética y la adecua al accionar bajo análisis, concluyendo que “la relación de determinación existente entre la conducta antirreglamentaria del imputado y el resultado acontecido. Así, el accionar imprudente desplegado por F. , al no respetar la señalización específica y reglamentaria de PARE, provocó el siniestro en el cual L.V.A. resultó con las lesiones certificadas en autos.”
En lo referente al agravio relativo al embargo y la ausencia de fundamento que haya ameritado la suma establecida, corresponde aclarar que el monto del embargo cautelar sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse – llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso. En coincidencia con lo manifestado por los tribunales al respecto, entendemos que "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024), por lo cual, y de la lectura del auto recurrido, consideramos que se encuentra debidamente fundada la medida cautelar estipulada.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 72/77, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TÉNGASE PRESENTE la reserva de recurso de casación y caso federal formulado.
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia