Abriendo la norma
TOMO CLXIV - INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.317 FOLIO Nº 169/171 PROT. ELECT. JR101 465I.261
Río Gallegos, 14 de octubre de 2026.-
La presente causa caratulada "F.M.D. S/ Denuncia” Expte. Nº 28745/25 - Apelación/Causa JR Nº 10.368/26, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 16/24 del presente incidente, obra glosada la resolución dictada por el Juez del Juzgado de Instrucción y Penal juvenil con asiento en la localidad de El Calafate, que en su punto l) declaró que no existe mérito para ordenar el procesamiento ni el sobreseimiento de A.I.S. en orden a los delitos de “incendio, usurpación y turbación de la posesión” (arts. 181 y 186 del CP).
A fs. 25/28, la parte querellante apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 31, sin haber presentado el memorial de art. 437 de CPP. En consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Seguidamente se abordará el agravio propuesto por la parte recurrente.
El Dr. J.M.S. en carácter de letrado del querellante M.D.F., interpuso recurso de apelación contra la resolución que dispuso la falta de mérito a favor de A.I.S. en orden al delito de turbación de la posesión (art. 181 del C.P.).
En primer lugar, la querella se agravia por la errónea aplicación del estándar exigible para el dictado del procesamiento, sosteniendo que el magistrado de grado incurrió en una exigencia desmedida al requerir un grado de certeza absoluta propio de una sentencia definitiva, en abierta contravención a las pautas del artículo 289 del CPP de Santa Cruz, el cual sólo exige elementos de convicción suficientes para estimar prima facie la existencia del delito y la responsabilidad de la imputada.
En este sentido, entiende la parte querellante que el delito de turbación de la posesión (art. 181 del C.P.) quedó acabadamente acreditado en las actuaciones mediante el accionar in situ de la imputada S., quien, al día siguiente de registrarse un incendio intencional en la finca "E.M.", se presentó en el lugar, colocó un candado en la tranquera de acceso y colocó carteles que etiqueta al predio como reserva privada con la leyenda "prohibido pasar", despojando al damnificado de la posibilidad de ingresar a su domicilio.
Remarca que resulta evidente y probado el hecho de turbación de la posesión por parte de la Sra. S., que tras la imposibilidad de ingreso de F. a su domicilio que el a quo emitió resolución (fs. 136/137) declarando: “... ordenase el cese Inmediato de toda turbación o perturbación a la posesión sobre el Inmueble E.M. sito en ruta Prov. n' 40 Paraje L.L., lotes XX7 y XX8 ZNSC, debiendo las personas involucradas abstenerse de realizar actos que alteren su goce pacífico, conforme lo establecido en el art. 222 bis del C.P.P.; autorizar al Sr. M.D.F. a ingresar y retirar los candados y carteles, que se encuentran sobre el inmueble mencionado ut- supra…”.
Señala que tal situación quedó debidamente acreditada al momento en que el a quo solicitó el cese de la turbación por parte de S., y mediante la declaración de P.U. (fs. 223/226) quien declaró que S. le hizo entrega de la llave del predio/estancia para que lo cuide, haciendo caso omiso a los términos de la resolución.
En relación con el segundo agravio, el que postula valoración fragmentaria de la prueba, la querella cuestiona que la resolución de grado analizó los elementos probatorios de forma aislada y atomizada. Sostiene que la conducta de la imputada debe valorarse dentro del contexto de una dinámica sistemática de hostigamiento (iter criminis) desplegada en los años previos -que incluye denuncias unificadas por robos, vaciamiento del inmueble y disparos de armas de fuego (a saber: Expte. 25.993/24, Nota 094-55 D.C.1RA E.C.25, expte.28.509/25), orientada a despojar intencionalmente de la posesión a la víctima.
Expresa que no cuentan con otros elementos de prueba respecto de los demás ilícitos investigados pero que, se encuentra probada el delito de turbación a la posesión.
En tercer lugar, el recurso cuestiona que la existencia de un conflicto civil o posesorio previo no descarta la configuración de un delito penal, argumentando que el magistrado yerró al justificar la falta de mérito en una controversia patrimonial de fondo.
Asimismo, remarca que la pregunta que debería responderse no es quien es el propietario del inmueble, sino si existen elementos suficientes para considerar primera facie que se produjo una conducta penalmente relevante contra la posesión o tenencia y si S. tuvo participación en ella.
Pone de relieve el actuar doloso y la mala fe de la encausada, quien actuó a sabiendas de la ilegitimidad de sus pretensiones al contar con un antecedente judicial emanado del Juzgado de Instrucción de El Calafate (Dr. N., Expte. N.º 23.618/2023), en el cual se constató la inexistencia de delito, determinando que S. pretendía usurpar un sitio que no le pertenecía; circunstancia que demuestra que la imputada decidió acudir a vías de hecho engañando al personal policial para perpetrar el despojo.
Finalmente, la querella se agravia por la indebida valoración del informe pericial sobre el incendio y de la conducta inmediatamente posterior de la imputada, oponiéndose a que la falta de individualización directa del autor material en el peritaje, sobre todo cuando la instrucción comprobó la presencia de características compatibles con una intervención humana intencional.
Al respecto, enfatiza la entidad del indicio que representa su intempestivo arribo al predio desde Bariloche -tras recorrer más de 1.500 km en menos de 15 horas- portando candados y cartelería preparados con antelación para concretar el despojo al día siguiente del siniestro; planteando que S. sabía que el incendio ocurriría y por ello tenía preparado el cartel para colocarlo al día siguiente del siniestro intencional.
Así quedan planteadas las cuestiones a resolver.
Que, ingresando al tratamiento de los agravios traídos a esta Alzada por la representación técnica de la parte querellante, corresponde adelantar que la resolución recurrida se exhibe como un pronunciamiento ajustado a derecho y fundado racionalmente en las constancias probatorias reunidas en la causa. En este marco, no se advierte la concurrencia de elementos de convicción bastantes con el grado de probabilidad exigido por el art. 289 del CPP para disponer el procesamiento de la encartada, resultando acertada la aplicación del principio de duda razonable en los términos de los artículos 4 y 292 del digesto procesal.
Así, en lo relativo a la pretendida acreditación del delito de turbación de la posesión y a la errónea exigencia del estándar probatorio, cabe señalar que la supuesta presencia de la encausada en las inmediaciones del predio "E.M.", la instalación de cartelería y la colocación de un candado no revisten, por sí solas, la entidad típica y los medios comisivos específicos requeridos por el art. 181 del Código Penal.
Siguiendo esta línea, la medida dictada a fs. 136/137 por el juez de grado habría constituido un resguardo cautelar de urgencia para neutralizar conflictos inmediatos entre las partes, sin embargo, no advertimos que el dictado de tal medida precautoria convalide de modo automático la existencia de responsabilidad penal ni sustituye la exigencia de un plexo incriminatorio sólido.
Que, las actuaciones demuestran que la imputada actuó exhibiendo títulos y documentación catastral ante el personal policial actuante, manifestando ser la legítima titular y buscando resguardar el inmueble tras el siniestro ígneo registrado. En ese contexto, la intervención policial y la posterior entrega de llaves al Sr. E.P.U. no responderían a un plan furtivo o violento de despojo, sino al intento de designar un cuidador en el marco de una controversia de larga data.
Tampoco advertimos una valoración fragmentaria de la prueba, por lo tanto el planteo que postula la existencia de una dinámica sistemática de hostigamiento (iter criminis), con el fin de despojar intencionalmente al damnificado resulta insuficiente para conmover lo resuelto.
Respecto al siniestro ígneo, el Informe Técnico Pericial de Bomberos (fs. 194/198) concluyó que si bien existió intervención humana, no fue posible individualizar autor alguno ni aportar elementos técnicos que vinculen a S. con la producción o instigación del evento.
Es dable resaltar en este punto, que es la propia parte recurrente quien reconoce expresamente la falta de elementos probatorios respecto de los restantes ilícitos investigados -tales como el incendio y las presuntas maniobras de robo o vaciamiento-, reiterando que el delito de turbación si se encontraría acreditado.
Bajo estas circunstancias, las causas judiciales previas citadas por la querella no hacen más que confirmar la existencia de un complejo conflicto de naturaleza civil y posesoria entre las partes, respecto del cual no se ha aportado prueba indiciaria que acredite la participación punible de la encausada, serían meras conjeturas y especulaciones sin sustento probatorio. Respecto del tercer agravio (cuestión civil)
entendemos que es cierto que un conflicto civil no impide, por sí solo, la aplicación del art. 181 del CP, sin embargo para determinar si hubo un despojo o una turbación intencional, debe considerarse el contexto en que ocurrieron los hechos. En este caso, las actuaciones, incluidas las del Expte. Nº 23.618/2023, muestran que ambas partes invocan derechos sobre el inmueble en el marco de una disputa patrimonial prolongada.
En ese contexto, el accionar de la encausada al anoticiarse del siniestro y concurrir ante la autoridad policial exhibiendo documentación no puede catalogarse automáticamente como una maniobra dolosa de despojo, sino como la invocación de pretensiones dominiales que deben ser encauzadas y dilucidadas en la sede civil correspondiente, tornándose insuficiente el cuadro probatorio para afirmar prima facie la antijuridicidad y el dolo penal exigidos por el art. 289 del CPP.
Por último, en lo atinente a la valoración del informe pericial sobre el incendio y al intempestivo arribo de la imputada portando elementos de cierre, la pretensión de la querella reposa en meras conjeturas y presunciones que no alcanzan el grado de gravedad, precisión y univocidad requerido por la prueba indiciaria.
Si bien el peritaje técnico de bomberos constató una intervención humana intencional en la producción del foco ígneo, la pericia fue concluyente al señalar la imposibilidad absoluta de individualizar autores o de aportar elementos materiales que vinculen a S. con la ejecución o instigación del siniestro.
En este marco, pretender derivar su responsabilidad penal o un presunto conocimiento previo del evento ígneo a partir de su rápido traslado desde la ciudad de San Carlos de Bariloche o del porte de cartelería y candados para perimetrar el predio tras anoticiarse de la destrucción del inmueble, constituye un juicio de sospecha que no suple la ausencia de evidencia objetiva; máxime cuando surge de las constancias de la causa la declaración del testigo E.P.U. (fs. 223/226), quien manifestó haber sido él mismo quien alertó telefónicamente a la Sra. S. sobre el acaecimiento del incendio en la finca, siendo dicha comunicación la que motivó que la encausada se trasladara de inmediato hacia la localidad de El Calafate ese mismo día 10 de octubre de 2025.
Es así que, ante la falta de nexo causal y de elementos de convicción bastantes para acreditar la participación punible de la encausada en el hecho ígneo o en la turbación atribuida, corresponde aplicar la regla de la duda razonable (art. 4 del C.P.P.) y ratificar el auto de falta de mérito en todas sus partes.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución del TSJ de la provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1°)-CONFIRMAR el auto de fs.16/24, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3º)-Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia