Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CLVII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9831 FOLIO Nº 001/003 PROT. ELECT. JR101680I.251
Río Gallegos, 18 de diciembre de 2025.
La presente causa caratulada "F.M. S/ DESOBEDIENCIA", Expte. Nro. 7703/23 - Apelación Nro. 9911/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 89/96, del presente obra glosado el auto dictado por la Sra. ConJueza del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Pto. Santa Cruz, quien en el punto 1º) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de M.F.F.A. en orden al delito de "abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con desobediencia" (art. 55, 119 y 239 del CP) y en el punto 2°) trabó embargo sobre los bienes del nombrado como medida precautoria por la suma de pesos siete millones ($7.000.000). Que a fs. 109/115 vta. el defensor oficial apeló dicho auto -motivándolo-, que fue mantenido ante esta Alzada a fs. 160 y no habiendo presentado el memorial del art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
1. Que la defensa sostiene que el fallo resulta a todas luces arbitrario por la orfandad probatoria aunada a los presentes, respecto del hecho calificado como abuso sexual gravemente ultrajante; y ante la inexistencia del hecho calificado como desobediencia. Asimismo solicita que se suspenda el embargo hasta que se pronuncie esta Alzada.
En cuanto al Hecho I, se agravia por la orfandad probatoria, considerando que sólo encuentra sustento probatorio como prueba directa de cargo en los dichos de la presunta víctima.
En lo referente al informe de la Lic. M.W., entiende la defensa que la pericia psicológica puede corroborar o ayudar a completar un cuadro probatorio en el que se hayan recogido otras evidencias, que pudieran parecer inconexas o insuficientes. Pero estas evidencias pueden ser corroboradas, nunca sustituidas por la pericial psicológica.
Enfatiza en que no se cuenta en autos con pruebas válidas que permitan afirmar siquiera la probabilidad de que el hecho haya sucedido y mucho menos que su defendido tenga algún tipo de vinculación con el mismo.
Considera que no se ha acreditado un obrar doloso con entidad idónea para causar el hecho típico que se le imputa al denunciado, consecuentemente no se configura el tipo del art. 119 CP., y expresa que tampoco se ha probado el agravante de gravemente ultrajante.
Insiste que no se ha logrado establecer con la probabilidad que la presente etapa requiere, la existencia del hecho y de que el señor F. tenga alguna vinculación con el mismo. Entiende que el juzgador de grado conjetura y concluye forzadamente con una sola prueba directa, la declaración de la presunta víctima.
En relación al hecho II, se agravia por la inexistencia del referido hecho, dado la orfandad probatoria, pues no se encuentra dentro de los extremos que describe el tipo penal del art. 239 C.P., toda vez que su defendido no tenía conocimiento de que la menor A.M. se encontraba en el predio en el cual se estaba desarrollando la fiesta del róbalo en la fecha referida; además expresa no tenía porqué saberlo, pues era un evento público, al cual concurrió mucha gente, y como lo expresa el testigo C. que al verlo a F. en el predio, le comentaron la situación, le pidieron que se retire y así lo hizo. Formula reserva de caso federal.
Quedan así plasmados los planteos recursivos a analizar.
De atenta lectura del interlocutorio recurrido como de los agravios planteados por la defensa, adelanto que considero que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento estaría suficientemente acreditada la materialidad de los hechos enrostrados y también su autoría material, correspondiendo así traspasar la valla del art. 289 del CPP, razón por la que confirmaré íntegramente el auto apelado por ser adecuado a derecho. En este aspecto, la resolución dictada por la a quo cumple con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP, habiendo allí analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional y con perspectiva de género. Ha explicado razonadamente tanto la materialidad del hecho imputado como la autoría y la calificación jurídica atribuida al suceso investigado, en función de la probabilidad que esta etapa requiere, cuyos alcances considero debidamente alcanzados. Es en la próxima etapa procesal, donde se requiere la certeza sobre la concurrencia y participación del presunto responsable en el ilícito investigado a fin de emitir un fallo de atribución de responsabilidad.
Con acierto señala la doctrina que: "El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio". (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). De esta manera, y teniendo en cuenta los fundamentos de la instrucción consideramos que se encuentran alcanzados los extremos que permiten inferir el acaecimiento del hecho denunciado y la autoría que le cabría al imputado de autos, a contrario del criterio sustentado por la defensa.
En función de lo expresado y en cuanto al planteo de atipicidad ante la figura del art. 119 C.P. por no encontrarse acreditado el dolo, debemos manifestar que las argumentaciones de la defensa por obtener un resultado favorable, no resultan suficientes para rebatir la atribución de responsabilidad al incuso, en función del plexo probatorio de autos.
En esta línea de pensamiento, recordamos que el bien jurídico protegido por dicha norma, es la autodeterminación sexual de la persona. En el presente caso, el incuso habría efectuado tocamientos sobre las partes íntimas de una niña menor de 13 años.
Ante tal situación, y como bien lo señala la jurisprudencia, “(...) es importante tener en cuenta que para que se configure el abuso sexual resulta suficiente con la edad de la víctima, sin que sea necesario, a su vez, que concurran algunos de los otros medios previstos por el art. 119 del CP. Es decir, no es preciso que el sujeto activo emplee violencia o intimidación contra el sujeto pasivo y tampoco que exista un “aprovechamiento” de su inmadurez.”[-]. (Javier E. De la Fuente, Abusos sexuales, Bs. As., 2021, Hammurabi, 1° edición, pp. 27, 62 /67). A decir de la jurisprudencia, "La figura de abuso sexual no requiere dolo específico, o intencionalidad específica alguna por parte del autor, bastando que la acción mirada objetivamente sea impúdica y que el reo la haya realizado conscientemente, con desprecio del resultado". (Código Penal de la Nación - Romero Villanueva).
En cuanto a estos elementos de prueba, debemos referirnos al valor probatorio del relato de la niña brindado mediante la técnica de cámara gesell, corroborado por el informe pericial efectuado en función de dicha técnica y el relato que efectuara su progenitora sobre lo sucedido.
Es así, para el arribo del decisorio emitido, la a quo tuvo en consideración como elemento preponderante el relato de la damnificada, el cual, resulta de vital importancia al no contar con terceras personas que acrediten la ocurrencia del suceso, común denominador en hechos como el presente.
En los delitos contra la integridad sexual, el testimonio de la persona damnificada resulta ser una prueba dirimente, dado que son hechos que por su propia naturaleza, por lo general ocurren en ámbitos de intimidad y confianza, exentos de las miradas de terceras personas.
En numerosas ocasiones esta Alzada se ha pronunciado respecto al valor probatorio asignado al relato de personas víctimas de delitos como el aquí investigado, en los cuales predomina la característica de llevarse a cabo lejos de la percepción de terceras personas, por lo general en la intimidad de un hogar; lo que conlleva a otorgarle un valor preponderante a los relatos que pudieran efectuar las personas damnificadas. Por su parte, tribunales nacionales sostienen que “En los delitos de contenido sexual adquieren fundamental relevancia los dichos de la víctima, al extremo de que nada impide que un pronunciamiento condenatorio se sustente sólo en su declaración testimonial, siempre y cuando sea objeto de un riguroso análisis y se expongan los aspectos que determinan que le sea asignada credibilidad, convirtiéndola en un elemento preponderante por sobre la negativa del acusado.” (Corte de Justicia de la Provincia de Salta; 22/04/2020; O., D. N. s/ abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa en perjuicio de M.F.P.; (La Ley Online; Cita Online: AR/JUR/19905/2020). Del mismo modo, la doctrina expresa: “...podemos afirmar que la valoración de la declaración de la víctima en los delitos sexuales ha sido considerada una prueba dirimente a los fines de alcanzar el grado de certeza necesario que exige una sentencia condenatoria. Al respecto, esa declaración, junto a los informes elaborados por los profesionales de distintas áreas que dan cuenta de la afectación o alteración de índole psicofísica, son elementos de prueba que permiten corroborar la materialidad del hecho denunciado. En consecuencia, se predica la necesidad de adoptar un criterio más amplio y flexible desde la perspectiva de la aplicación de las reglas de la sana crítica judicial.” (Código Penal - Aboso Gustavo, pág. 651.) Asimismo la instrucción tuvo en consideración el testimonio de la progenitora de la víctima, la pericia psicológica efectuada a la nombrada, las que vienen a corroborar y dotar de fuerza probatoria a lo expuesto por la damnificada; ponderando el plexo probatorio en forma integral, pormenorizada, y dando los fundamentos de la decisión adoptada, en función de las constancias del presente legajo. Es el conglomerado de elementos de prueba e indicios los que le permitieron arribar a la decisión adoptada.
En cuanto a las aseveraciones de la defensa sobre la pericia psicológica resaltamos, que encontramos la misma de vital importancia, en cuanto aporta elementos de credibilidad al relato de la joven.
Al respecto la perito señala: “...se observan marcados problemas de contacto debido al fuerte temor a las relaciones interpersonales, marcadas perturbaciones a nivel emocional como la supresión de los afectos y la insensibilidad a estímulos externos, y prominentes rasgos depresivos como consecuencia de un fuerte conflicto presente en el área de la identificación psico - sexual. Frente a la presencia de las secuelas existentes como resultado de la experiencia de diversas situaciones traumáticas, la niña se siente en constante amenaza por parte de su entorno, por lo que busca encerrarse y protegerse del mundo, al no sentirse adaptada ni con libertad para actuar. Frente a las situaciones estresantes que amenazan de manera constante con el desorden de su integridad psíquica, la joven utiliza como mecanismo de defensa la “anulación” en donde realiza simbólicamente al revés algo que ha sido inaceptable para la conciencia separando el sentimiento de una experiencia o recuerdo como una forma de acción mágica.
Dicho mecanismo de defensa del Yo, es frecuente encontrarlo en los Trastornos Obsesivos - COmpulsivos, donde se suelen realizar esclavizantes rituales compulsivos para anular los efectos destructivos temidos por la persona y que han sido la consecuencia de experiencias traumáticas de índole sexual…”. Debemos hacer mención que es el juez quien valora dichas conclusiones conforme los principios de la sana crítica, efectuando una labor de análisis, observación, de las apreciaciones a las que arribara el profesional, el método empleado para sus prácticas y sus fundamentos, aplicados al suceso que se investiga. Pero dichas opiniones no condicionan al magistrado en la toma de decisiones en su labor investigativa.
Con la probabilidad que impera en la presente etapa procesal, y los fundamentos dados por la instrucción tras el análisis del plexo probatorio e indicios, a la luz de la sana crítica y con perspectiva de género y en forma íntegra, es que consideramos que el resolutorio recurrido, se encuentra debidamente motivado, habiendo alcanzado los parámetros legales para continuar a la siguiente etapa. Entrando en el análisis del delito de desobediencia endilgado al imputado, del presente legajo surge que la medida de prohibición de acercamiento dispuesta por la autoridad judicial, fue debidamente notificada al imputado, la que ordenaba expresamente no acercarse al domicilio de la menor, establecimientos educacionales, esparcimiento y concurrencia habitual, señalando que debía retirarse inmediatamente al advertir la presencia de la menor de edad, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 del Código Penal).
En el presente caso, y según lo expuesto en los testimonios colectados de las personas que acompañaban a la niña, se habrían cruzado varias veces con el imputado y aún así continuaba “lo más campante” por el predio en el que se desarrollaba la Fiesta del Róbalo.
Ante hechos similares, la jurisprudencia ha manifestado: “El imputado debe ser procesado por desobediencia a la prohibición judicial de acercamiento a su ex cónyuge, ocurrido en el establecimiento educativo al que concurre su hijo menor de edad, ya que si bien era él quien se ocupaba habitualmente de la escolaridad de éste, tanto le denunciante como las autoridades del colegio le advirtieron sobre la vigencia de la prohibición, por lo que su decisión de permanecer en el lugar completa la infracción al art. 239 del Código Penal.” (nuestro resaltado, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala VI; 09/06/2015; T., R. E. s/ procesamiento; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/29162/2015). De esta manera, encontramos alcanzados los extremos requeridos para la configuración del tipo penal adjudicado.
2. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
3. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 89/96 del presente, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante sne.
3º)TÉNGASE PRESENTE la reserva de caso federal efectuada por la defensa técnica.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia