Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 276/280 por la defensa técnica de A. M. F. por no haber mantenido la vía impugnativa y por resultar manifiestamente inadmisible.-
2Confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 265/272 y vta.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº:001 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 12 de Marzo de 2014.-
AUTOS: “F., A. M. S/ INFRACCIÓN AL ART 119 C.P.”, Expte. Nº 3310/12 (F-777/13 T.S.J.).-
Río Gallegos, 12 de marzo de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “F., A. M. S/ INFRACCIÓN AL ART 119 C.P.”, Expte. Nº 3310/12 (F-777/13 T.S.J.), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Que, llegan a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia los presentes autos, en razón del recurso de casación articulado a fs. 276/280 por la Defensa técnica de A. M. F., Dra. Fabiana Danina Palma, contra la sentencia definitiva dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 265/272 y Vta., que lo condenó a la pena de CATORCE (14) AÑOS de prisión con más las accesoria legales y costas del proceso (arts. 5, 29 inc. 3º, 40 y 41 del Código Penal), por hallarlo autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal Calificado por resultar un Grave Daño en la Salud Física de la Víctima, por ser Encargado de la Guarda de la Víctima y por haber sido cometido contra un Menor de Dieciocho años aprovechando de la Convivencia Pre-existente, cometido Reiteradas veces en la forma de un Concurso Real (arts. 119, 1º, 3º y 4º párrafo inc. a), b) y f) y 55 del C.P.) por los hechos cometidos en Caleta Olivia entre los años 2006 y 2009, en perjuicio de la menor C.A.C.- II.-) La Defensa se agravia toda vez que: "...la sentencia que impugno ha sido dictada con inobservancia y errónea aplicación de la ley...”.-
Seguidamente discrepa con la parte del resolutorio del acápite II ya que: “...no surgen pluralidades de delitos provenientes de una pluralidad de acciones. Tampoco dichas acciones son autónomas e independientes entre sí...” transcribiendo la parte pertinente de la sentencia.-
Realiza un análisis del acápite III de la sentencia en crisis en su párrafo 3ro., citando jurisprudencia y doctrina al respecto.-
La recurrente se agravia por: “...el pfo. 1ro. de fs. 15 de la sentencia, el juzgador manifiesta: “...las circunstancias de la realización descriptas al analizar los hechos hacen presumir ciertamente, tal como lo afirmó el psicólogo interviniente que quedarán secuelas en la psiquis de la niña y que éstas pueden aparecer en la edad de maduración sexual. Las secuelas físicas permanentes que informa el perito forense también ayudarán seguramente a que el rastro psíquico permanezca asentado de manera simbólica en la personalidad de la menor...”.- Sostiene, respecto a las secuelas en la psiquis de la niña que: “...en su historia se encuentra signada por facetas de violencia entre los adultos que la han rodeado, que no presenta alteraciones graves en su personalidad, tampoco sicopatología en curso que altere la percepción de la realidad, posee un nivel de independencia acorde a su edad cronológica, presenta indicadores de caos familiar que de por sí son situaciones traumáticas... de elaboración terapéutica a futuro. Al momento de la entrevista no se evidenció estrés post traumático; no se evidenció la existencia de depresión, culpa, miedo, fobias. La menor no relató pesadillas, dificultades en la vida de relación ni ideas autodestructivas durante el proceso de diagnostico. Su escolaridad es normal, no existiendo repeticiones en su devenir académico...”.- Expone que en el debate se refirió: “...es una joven con buenos recursos internos, y su familia es caótica con violencia en la comunicación...”. Y por último dijo, “...es una joven que está muy bien...”.-
Procede a manifestar que “...el juzgado a fs. 9 de la sentencia, 3er. Pfo. in fine, cuando refiere del testimonio revelador del Lic. Gaitán dijo “...es muy difícil establecer un pronóstico sobre las secuelas, eso se va ha ver en la adolescencia...” y en el mismo pfo. 3ro. refiere que “...había un caos entre la madre y la hija...”.-
Agrega que “...el mismo psicólogo refirió que necesitará tratamiento a futuro por su problema familiar caótico. Respecto al abuso, dijo que pueden aparecer secuelas a futuro, pero no lo confirma contundentemente. Y luego el juzgador hace alusión a las lesiones consecuencia del abuso, cuando dice: “...secuelas físicas permanentes...” hace un juicio de valor y asevera que “...ayudarán seguramente a que el rastro psíquico permanezca asentado de manera simbólica en la personalidad de la menor...” Esto último, que refirió el juzgador, no se puede verificar a ciencia cierta, que de manera simbólica esas lesiones queden en la personalidad de la víctima.- Cita doctrina y jurisprudencia.-
Sostiene que, en la: “...Sanción a aplicar 3er. Pfo. fs. 14 de la sentencia, refiere: como agravante la extensión del daño causado al haber abusado de una niña de ocho años sin experiencia sexual alguna, aprovechándose de una situación de convivencia, con el objeto de someterla sexualmente...”. Señala la doble agravante que se lleva a cabo en virtud de los incisos “... b) “...por ser encargado de la guarda de la víctima...”; inc. f) “...por haber sido cometido contra un menor de dieciocho años aprovechando de la convivencia pre-existente...”. Entiendo que no es el criterio de aplicación por los siguientes motivos: Aquí existe una doble valoración prohibida “non bis in idem”, esto es un doble reproche – dos veces la misma agravante- por una misma conducta delictiva. Estos dos incisos contienen conceptos que se relacionan, razón por la cual el segundo comprende el primero, existen simultáneamente dos agravantes en el caso que nos ocupa, que integrarían la misma circunstancia. Se incurre en doble valoración al evaluar en el imputado, la calidad como guardador como parte del juicio de tipicidad y ésta misma circunstancia como agravante conforme a las pautas del inciso f), porque nótese el tribunal sentenciante consideró como agravante el rol que cumplía el imputado en la vida de la joven, pero ésta fue absorbida por el tipo penal correspondiente para calificar el disvalor de su conducta.- Cita jurisprudencia al respecto.-
Establece la recurrente que: “...los hechos que ponderan en juzgamiento constituyen DELITO CONTINUADO DE ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO en los términos de lo normado en el inc. f) por el art. 119 del Código Penal. Pudiendo el encartado acceder a una pena debidamente individualizada y mensurada acorde a los postulados establecidos, siendo ésta menor que la específica en la Sentencia de V.E., Cámara en esta etapa procesal...”.- III.-) Que, el recurso en tratamiento es concedido por el Tribunal de grado a fs. 286/287 y según la certificación actuarial obrante a fs. 306, el defensor particular recurrente no ha mantenido el recurso de casación interpuesto, estando legalmente notificada conforme surge del diligenciamiento de la Cédula glosada a fs. 305 y vta. Por su parte el Dr. Santiago M. Lozada (Defensor General Subrogante ante el T.S.J. en representación del Ministerio Pupilar) a fs. 296 toma intervención en los presentes autos solicitando el rechazo del recurso de casación interpuesto por la Defensa Particular del imputado A. M. F. a fs. 275/280. En tanto que el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante el T.S.J., Dr. Gabriel Lucio Giordano, notificado a fs. 295 Vta., no produjo adhesión al recurso impetrado, hallándose vencido el plazo procesal establecido por el art. 434 del C.P.P.- IV.-) Según la certificación actuarial obrante a fs. 306, el defensor particular no sostuvo la vía impugnativa, encontrándose vencido el plazo que acuerda el art. 434 del C.P.P., en función del art. 447 del mismo cuerpo legal.-
Que, analizado este primer aspecto se torna insoslayable advertir que el emplazamiento origina la carga procesal -imperativo en el propio interés- de presentarse ante este Tribunal Superior, en tiempo oportuno, para mantener el recurso; la doctrina encuadra a la incomparecencia del recurrente ante la instancia superior -durante el período de emplazamiento- el efecto consistente en la deserción del recurso, siendo el fundamento o justificación de la carga procesal el propio interés de las partes; una vez que ha vencido el término de emplazamiento, sin que hubieren comparecido en el curso del mismo ni el impugnante ni el adherente, se debe declarar desierto el recurso al demostrar desinterés el recurrente en participar del procedimiento en esta instancia, presumiendo la ley que se trata de un supuesto de desistimiento tácito de la vía recursiva, correspondiendo devolver las actuaciones al tribunal de origen (arts. 436 y 447 del C.P.P.; en sentido análogo ver: Raúl Washington Abalos, “Código Procesal Penal de la Nación”, pág. 996/997; Francisco D'Albora, “Código Procesal Penal de la Nación”, pág. 824/825 y 859/860; Lino Enrique Palacio, “Los recursos en el proceso penal”, págs. 30 y 143; Di Masi - Obligado, “Código Procesal Penal de la Nación”, Libro IV, Cap.
III, pág. 468/469; Edgardo Donna–María Cristina Maiza, “Código Procesal Penal”, págs. 528/531 y 557; Julio B.J. Maier, “Los recursos en el procedimiento penal”, pág. 43, El recurso de casación penal: vicios formales, María Gabriela López Iñiguez).- Siendo los términos procesales perentorios e improrrogables (art. 156 del C.P.P.), por la desidia apuntada correspondería declarar desierto el recurso impetrado por la Defensor particular, Dra. Fabiana Dianina Palma, en favor del imputado A. M. F., por no concurrir a esta instancia para mantener en tiempo oportuno la vía impugnativa (Francisco D´Albora, “Código Procesal Penal de la Nación”, Abeledo Perrot, 1999, pág. 824 y 859).- V.-) No obstante lo expuesto, este Tribunal Superior de Justicia, procederá a examinar con la finalidad de realizar un adecuado tratamiento de la admisibilidad formal de los motivos expuestos por el recurrente, para dar fundamento al medio de impugnación extraordinario articulado, a los efectos de resguardar la correcta aplicación de la doctrina sentada por la C.S.J.N en el caso “CASAL” (“Casal, Matías E.
Y otro”, 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), en torno a la garantía constitucional de la doble instancia penal, donde, empleando las palabras del maestro Lino Enrique Palacios: “...la Corte estipuló que el Tribunal de Casación debía revisar con amplitud en el marco de los recursos concedidos a personas condenadas, imponiéndole la obligación de agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, vale decir, que solo dejó fuera del ámbito de revisión lo que surja directa y únicamente de la inmediación propia de los jueces actuantes en la instancia anterior...” (Los Recursos en el Proceso Penal, ed. Abeledo Perrot, Pág. 125).- De esta manera, con el criterio adoptado en numerosos precedentes por este Tribunal Superior de Justicia, en la revisión de la sentencia condenatoria se realizará un examen amplio e integral del pronunciamiento impugnado, toda vez que resulta aplicable en nuestro derecho la teoría que en la doctrina alemana se conoce como del agotamiento de la capacidad de revisión o de la capacidad de rendimiento (Leistungsfähigkeit), y con ello se abandona definitivamente la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de derecho”.- Entonces, desde esta óptica, se asumirá la revisión de los motivos a través de los cuales el recurrente pretende fundar el medio de impugnación intentado.-
En igual sentido se ha sostenido "...El examen de la decisión recurrida debe ser integral, con el objeto de no incurrir en un remedio procesal meramente formal que infrinja la esencia del derecho a recurrir el fallo condenatorio..." (Conf. doctr. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del 02.07.2004).-
VI.-) Así las cosas, con relación al agravio defensivo, referente a si se ha condenado a un delito cometido con la modalidad de delito continuado art. 54 del C.P., o bien, por varios delitos jurídico-penalmente independientes conforme lo preceptuado en el art. 55 del C.P., siempre que no incida en la graduación del monto de la pena, deviene su tratamiento en esta instancia extraordinaria cuestión abstracta.- Ello es así, ya que la pena mensurada por el tribunal a quo está comprendida dentro del margen de pena previsto legalmente para el delito de Abuso Sexual Calificado, esto es, con un máximo de 20 años (conf. fs. 272, 2º párrafo), siendo así, conforme a la tesis postulada por la Defensa técnica –un solo delito en la modalidad de continuado-, no incidiría en la graduación de la pena impuesta, ya que ésta se mantendría dentro del margen legal pretendido por la recurrente.- Sea con la modalidad de delito continuado o bien reiterado en forma independiente, a los efectos de la mensuración lo que incide en este caso sobre el monto impuesto es la valoración realizada conforme las pautas contenidas en el art. 40 y 41 del C.P.-
A mayor abundamiento sobre el tema, corresponde precisar que el delito continuado no está legalmente regulado, sino que surge jurisprudencial y doctrinariamente, puesto que se impone como una necesidad de evitar consecuencias absurdas e indeseables (Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal, Parte General, Ed. Ediar, Sexta Edición, 1996, pag.623).-
La doctrina concuerda en sostener, que el delito continuado se trata de una pluralidad de hechos dependientes con identidad o similitud de encuadramiento, cuya ejecución sucesiva los presenta como la continuación de un mismo delito, cuyo contenido de injusto intensifican.-
Precisamente el mayor contenido del injusto ante la reiteración delictiva, influyen decisivamente en la determinación de la pena.-
Suficientemente ilustrativo en tal aspecto, resultan ser Abel Fleming, Pablo López Viñales quienes al analizar la problemática del delito continuado sostienen ""El delito continuado no es un supuesto expresamente reglado por la ley argentina, sino que ha sido deducido de la regulación correspondiente al concurso real. Si esta última alude a hechos independientes, queda entonces por establecer el tratamiento penal de la multiplicidad fáctica en la que las distintas conductas aparecen íntimamente relacionadas, y es aquí donde se ha comprobado que la aplicación de las pautas del artículo 55 del Código Penal traería aparejada una respuesta punitiva de tono manifiestamente irracional. Básicamente, según esta teoría, la unidad de decisión o designio criminal que enlaza los diversos hechos delictivos permite establecer una unidad de culpabilidad que destruye la necesidad de edificar una respuesta penal diferenciada como en el concurso real. Creemos que quien encara una empresa delictiva ejecutándola a través de diversas actividades independientes conducentes a un mismo fin, revela un mayor grado de culpabilidad, ya que su persistencia en el accionar ilícito, la multiplicación de sus determinaciones delictivas y su sucesiva puesta en acto determinan una mayor cuota de reprochabilidad. Independientemente de esto, la continuidad delictiva suele conducir a un incremento del daño, lo que también debe tener un correlato en el ámbito de la sanción.." (Abel Fleming-Pablo López Viñales, Las Penas, Ed. Rubinzal-Culzoni, pag. 326) (El sub. nos pertenece).- En este sentido, es sabido que el contenido del injusto está fundado en el grado de culpabilidad, y por lo tanto "la pena debe ser proporcional a la culpabilidad del autor, y esta culpabilidad se determina según el ámbito de autodeterminación que éste haya tenido para ejercer su conciencia moral en la constelación situacional en que hubiese actuado y en relación a sus personales capacidades en esa circunstancia" (C.S. "M.,D.E." del 07.12.2005, Fallos 328:4343).- A la luz de lo expuesto, la sanción aplicada por la Excma. Cámara de la Segunda Circunscripción Judicial, ha sido un fiel reflejo del daño provocado por el autor, hallándose asociada al contenido de su culpabilidad.-
En síntesis el tribunal a quo ha merituado adecuadamente las circunstancias pertinentes para, conforme las pautas mensurativas proporcionadas por el C.P., graduar la impuesta al enjuiciado.-
VII.-) Siguiendo con un análisis exhaustivo de la sentencia recurrida, en el item de Sanción a Aplicar, el tribunal a quo es conteste al planteo de la Defensa en relación a las secuelas en virtud de lo vivido, concluyendo que “...hacen presumir ciertamente, tal como lo afirmó el psicólogo interviniente que quedarán secuelas en la psiquis de la niña y que éstas pueden aparecer en la edad de maduración sexual. Las secuelas físicas permanentes que informa el perito forense también ayudarán seguramente a que el rastro psíquico permanezca asentado de manera simbólica en la personalidad de la menor...”, quedando plenamente acreditada una circunstancia relevante computable para mensurar el monto de pena a aplicar.- Mas allá de los agravios defensivos, los cuales se fundamentan en lo expresado en el debate por el Psicólogo Joaquín Federico Gaitán, quien expuso sobre una relación caótica entre la menor y su madre, siendo muy difícil establecer un pronóstico respecto de la víctima.-
No obstante lo expuesto, resulta evidente el daño psicológico provocado en la víctima a raíz de los abusos; téngase en cuenta que como consecuencia de las penetraciones anales, la menor no puede contener esfínter, lo que implica salida de materia fecal debido a la pérdida de los pliegues anales y del tono muscular -pericia médica fs. 30 incorporada por lectura-.- De ahí que los sentenciantes afirmen "...Las secuelas físicas permanentes que informa el perito forense también ayudarán seguramente a que el rastro psíquico permanezca asentado de manera simbólica en la personalidad de la menor...".-
Desde ya que carece de todo tipo de fundamentación lo argüido por la defensa, cuando en base a lo señalado por los sentenciantes dice "...no se puede verificar a ciencia cierta, que de manera simbólica esas lesiones queden en la personalidad de la víctima", atento a lo infundado del planteo, no corresponde efectuar comentario alguno.-
Respecto al agravio referido a la doble calificación de los hechos efectuada por el Tribunal de Juicio -Encargado de la Guarda y por aprovechar la situación de convivencia-, la misma ha sido correcta y suficientemente explicitada por los sentenciantes.-
En este sentido, corresponde tener presente que no sólo están encargados de la guarda quienes poseen tal calidad por un acto jurídico o decisión de autoridad, sino además, quienes de hecho o por especiales circunstancias de hecho tienen a la víctima, bajo una situación de poder, durante un cierto margen de tiempo.-
Desde esta óptica se ha conceptualizado a la guarda con una situación vinculada con el cuidado, la protección, la formación y la representación en forma regular del niño, correspondiendo en forma originaria a los titulares de la patria potestad, pero que pueden ejercerla otras personas, ya sea porque lo dispone la ley o una circunstancia de hecho.-
En este sentido, Caferatta Nores sostiene que la norma al referirse al "encargado de la guarda", resulta más amplia que aquella que menciona al "guardador", porque además de indicar a éste, abarca a cualquier persona que tuviese de hecho al menor bajo su cuidado (José Ignacio Cafferata, La Guarda del Menor, ed. Astrea).-
Por lo demás, el fundamento de la agravante radica, en el aprovechamiento que el autor realiza respecto de la situación de sujeción en que se encuentra a su respecto el menor.-
Precisamente como bien lo destaca el Tribunal, el condenado se aprovecha de esa situación de guardador, especialmente cuando la madre de la menor se encuentra internada -a raíz de la pérdida de un bebé-, y es en esa situación estando la víctima a su cargo, procede a abusar de la misma.-
De idéntica manera, la abuela de la menor en el debate relató, otra situación -velatorio de su esposo- en donde la menor había quedado a cargo de F., y éste la abusa sexualmente.-
Como se puede constatar hay situaciones precisas, en las cuales F., concreta los abusos, estando a cargo de la guarda de la menor.-
En tanto que en otras ocasiones, el autor se aprovecha de la situación de convivencia existente; fundamentalmente cuando los abusos se concretaban en la cocina, en el sillón o en la pieza de su mamá -relatos efectuados por la menor en Cámara Gesell, no cuestionados por la defensa-.-
Finalmente la convivencia se ha probado entre otras pruebas con el relato efectuado por F., al ejercer su defensa material.-
A modo de corolario, se puede sostener que la condena impuesta a A. M. F., se encuentra desde la óptica analizada, adecuadamente fundada, en tanto la Excma. Cámara ha explicitado las razones de hecho y de derecho que llevaron a disponer la sanción en el caso en concreto.-
Por lo expuesto, se puede concluir que la graduación de la pena realizada por los integrantes de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, no puede ser catalogada como arbitraria, en tanto el fallo ha fijado los lineamientos para la determinación de la pena y los ha merituado al caso en concreto, ponderando agravantes y atenuantes de acuerdo con las constancias de la causa.- Resumiendo, la fijación del quantum de la sanción, resulta una derivación razonable de las constancias de la causa, dando de esa forma estricto cumplimiento a lo previsto en los artículos 40 y 41 del Código Penal.-
Como bien lo sostiene la jurisprudencia, la decisión cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:808, entre otros).-
En consecuencia, en autos resulta de aplicación lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando dijo: "...Corresponde rechazar la tacha de arbitrariedad esgrimida si los fundamentos suscitan el análisis de cuestiones de hecho y prueba respecto de las cuales el recurso exhibe una mera discrepancia de criterio..." (Fallos 318:73), pues "...La tacha de arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se estimen tales, sino que atiende sólo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, susceptibles de descalificar a las sentencias como actos.- VIII.-) Por lo expuesto, el defensor particular no logra probar absurdo en la valoración y fijación del quantum de la pena, ni la errónea aplicación de la ley sustantiva. Por el contrario, la responsabilidad penal de A. M. F., se encuentra plenamente acreditada, dando el fallo impugnado las razones lógicas suficientes sobre el valor probatorio asignado a los elementos de convicción reunidos en la causa, la interpretación de los mismos y su conclusión fundada en derecho.- El tribunal de juicio ha tratado todas las cuestiones relativas a la materia de su competencia, contando la sentencia con una adecuada fundamentación.-
Que, por ello, conforme establece el art. 427 del C.P.P., al efectuar este Tribunal el examen preliminar del recurso de casación interpuesto, cabe señalar que resultan suficientes y eficaces los argumentos desarrollados por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial para arribar a un fallo condenatorio.-
Por ello, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 276/280 por la defensa técnica de A. M. F., confirmando en todas sus partes la sentencia dictada a fs. 265/272 y Vta., por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, toda vez que no se ha mantenido la vía impugnativa.-
Que, por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrina citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 276/280 por la defensa técnica de A. M. F. por no haber mantenido la vía impugnativa y por resultar manifiestamente inadmisible.-
2. CONFIRMAR la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 265/272 y vta.-
3. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse en uso de licencia la Dra. Clara Salazar (art. 27 Ley Nº Uno – T.O. Ley N° 2404).-
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariani-Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2008I.141 TOMO:XVIII– INTERLOCUTORIOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:001 FOLIO Nº:001/006 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia