Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8343 FOLIO Nº 185/191 PROT. ELECT. JR101218I.231
Río Gallegos, 15 de diciembre de 2023.-
Los presentes autos caratulados "C.F.M.M. S/ DCIA. LES. LEVES, AMENAZAS Y PTA. INF. A LEY 26485", Expte. N° C-15388/21, Causa Nº 8485/23, venidos a despacho para resolver y de los que;
Que a fs. 86/92, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, quien en el punto 1º) del decisorio puesto en crisis, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de V.C.U., en orden al delito de “Lesiones Leves" Arts. 89 en función del art. 92, 80 inc.1 y 11 del CPA. y "Violación de Domicilio" art. 150 del CPA en concurso real entre sí en función del art. 55 del CPA en aplicación de la ley 26485 y en el punto 2º) trabó embargo sobre sus bienes en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000).- Que a fs. 99/102 y vta., la defensa oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 109 (cód. validación 3dd9aeaf), y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437º del C.P.P.; quedando de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que, la defensa se agravió en virtud de la presunta carencia de sustento legal y razonabilidad del auto atacado; defecto que –según dijo- lo haría arbitrario y violatorio de la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional).-
Indicó, que la misma no se encuentra debidamente fundada, basándose en una valoración parcializada de la prueba colectada, y en oposición a la voluntad de la presunta víctima quién no aceptó instar la acción penal e igualmente se instruyó la causa, sin evaluar la existencia de riesgo y/o temor en ella que hagan presumir que producto del miedo no quisiera realizar la denuncia; agregó que tampoco hay requirimiento fiscal de instrucción lo que no solo afecta -a su modo de ver- el principio de congruencia, sino que tampoco se encuentra fundamentado por el a qua el interés público que habilite la aplicación de la excepción prevista en la norma del art. 72 del CPA.- Señaló, que se realizó una errónea interpretación de la prueba, y en especial de la denuncia de la Sra. C. -fs. 24/25-, quién en su relato fue clara al responder que no quería que la causa siguiera; este extracto de la declaración no tuvo en cuenta S.S. al resolver el procesamiento, máxime cuando en sus consideraciones destaca la centralidad del testimonio de las víctimas en el marco de la ley 26485.-
Siguió su exposición, diciendo de la falta de instancia por parte de la presunta víctima; puesto que necesariamente debiera de haberse merituado el riesgo en el caso concreto, el temor de la denunciante y su grado de vulnerabilidad, que pongan en juego el interés público para impulsar de oficio la acción. Caso contrario, se deslegitima la voluntad de la denunciante.-
Respecto del delito de Violación de Domicilio, adujo que la única prueba es la declaración de la víctima de fs. 2 en donde refiere que el imputado habría entrado al domicilio sin su consentimiento, habría tomado la llave y habría agarrado sus pertenencias.-
Así, advirtió el incumplimiento de las previsiones del art. 180 del CPP, precisamente, por la falta de requerimiento fiscal en orden a los delitos que se enrostran a su defendido.-
Por último, criticó el monto de embargo impuesto, pues no se habría merituado ni tomado pautas objetivas que permitan determinar el perjuicio causado, o elementos para cuantificarlo, que autoricen a inferir que lo establecido en tal concepto se ajusta a derecho.-
Citó jurisprudencia en apoyo a su tesitura.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
Pues bien, yendo al tratamiento de los planteos esgrimidos, adelanto, no podrán prosperar.-
I. Tomando atenta lectura de la resolución puesta en crisis, se advierte claramente que, al momento de resolver la situación procesal del imputado, la Instructora efectuó una descripción precisa de los hechos enrostrados, analizó la totalidad de las pruebas reunidas a la luz de la sana crítica racional -no de manera parcial-, y argumentó sobre la adopción de determinados tipos penales, brindando las razones por las que calificaba el hecho investigado como constitutivo del delito de "Lesiones Leves" Arts. 89 en función del art. 92, 80 inc.1 y 11 del CPA. y "Violación de Domicilio" art. 150 del CPA en concurso real entre sí en función del art. 55 del CPA en aplicación de la ley 26485, describió el accionar que habría tenido el encartado en los hechos y también se refirió a la perspectiva de género, dando las razones de su aplicación en el caso en estudio.- Para esta Alzada el auto de procesamiento dictado se encuentra debidamente motivado, cumpliéndose acabadamente con lo previsto en los arts. 115, 116 y 291 del CPP.-
Tampoco se advierte arbitrariedad en la valoración de las pruebas, concordando con la Sra. Jueza de grado en que los elementos probatorios resultarían acordes a los delitos investigados en función de las características que le son propias -delitos en el marco de violencia doméstica contra la mujer-, y a la vez suficientes para fundar el juicio de probabilidad afirmativo sobre la responsabilidad del encartado.-
En efecto, una resolución es arbitraria cuando carece de motivación. Lo arbitrario se opone a lo razonable, esto es: “…ser justo, moderado, prudente: todo aquello que puede ser resumido en arreglo a lo que dicte el sentido común…”. (Nicolás Jorge Negri -Doctor en Ciencias Jurídicas-; “La argumentación jurídica en las sentencias judiciales”; Universidad Nacional de La Plata -Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-, pág. 132).-
En tal sentido, viene al caso señalar que, en las resoluciones judiciales: “...La motivación configura una garantía de garantías, pues ella debe contener las razones de cada afirmación, atender los planteos de las partes y explicar por qué la decisión es legalmente correcta. Por su intermedio el juez describe y valora la prueba, mediante la cual establece los hechos objeto del proceso y define el derecho aplicable…”. (Ferrajoli, Luigi; “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”; Ed. Trotta; pág. 378).- De igual forma, se concuerda con la jueza de grado en que los hechos investigados se encuadran dentro de la violencia contra la mujer y como tal constituyen una violación a los derechos humanos; con lo cual el examen de la cuestión impone como principio rector la incorporación de la "perspectiva de género" y el principio de amplitud probatoria, como pauta hermenéutica constitucional.-
Ante un acto de violencia contra una mujer, resulta especialmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, ello teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección.-
En virtud de lo normado por la CADH, se deben adoptar medidas particularizadas y especiales ante la ocurrencia de un acto de violencia, surgiendo una obligación estatal reforzada de debida diligencia.-
Conforme lo establecido en la Convención de Belém do Pará, en los casos en los que una mujer sea víctima de violencia, las autoridades estatales deberán tener particular cuidado en el desarrollo de las investigaciones y procesos a nivel interno, así como al momento de adoptar medidas de protección y de acompañamiento durante el proceso, y después del mismo, con el fin de lograr la rehabilitación y reinserción de la víctima.-
La Argentina asumió compromisos internacionales en materia de violencias de género al suscribir la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), la primera de ellas con jerarquía constitucional.-
A través del recorrido por dichas Convenciones, como también por los principios, reglas y fallos del Sistema Interamericano, encontramos la relevancia que se le imprime a las medidas de protección en el marco de investigaciones y procesos judiciales dirigidas, tanto a las personas que padecen violencias de género como también a quienes podrían aportar testimonios fundamentales.-
Consecuente con lo referido, nuestra CSJN ha dicho que: "...Cuando la Nación ratifica un tratado que firmo con otro Estado se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata...". (LALEY, 1992-C, 543).-
En el ámbito local, la ley 26.485 de Protección Integral, establece el deber estatal de promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, fijando los derechos y garantías mínimos de los procedimientos judiciales, estipulando concretamente, el derecho a obtener de parte de la justicia una respuesta oportuna y efectiva (art. 16 inc b), recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de sus derechos (art. 16 inc e) y a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos (art. 16 inc i). (Cf. criterio sostenido en Apelación Nº 7227/21).- Esta Alzada -en reiteradas oportunidades-, dejó asentado que el testimonio de la víctima de violencia, tiene en sí mismo valor de prueba para enervar la presunción de inocencia, siempre que se efectúe con las debidas garantías, de manera tal que el involucrado pueda desvirtuar el relato de la misma, si lo estima pertinente, y esto no debilita o flexibiliza las garantías constitucionales a las que se subordina todo proceso penal. Tal como lo acontecido en autos.- En concordancia con el criterio de esta Alzada se ha expedido un Tribunal de la Patagonia, entendiendo que: “...La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes y la prueba generada, sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres...”. (Tribunal de impugnación de Río Negro; 26/04/2022; “CH. V. P. c. A. M. s/ Abuso sexual”; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/68242/2022).- Por otra parte, la agravante de género fue abordada adecuadamente por la Magistrada, dando sólidos argumentos de por qué corresponde en el caso su aplicación, ponderando en forma conjunta las piezas probatorias.-
Tuvo especialmente en cuenta la denuncia judicial de M.M.C.F., el certificado médico, las medidas de protección, la declaración testimonial de M.M.C.F., de E. del V.Q., la resolución de rebeldía y captura, el informe del Juzgado de Familia e informes psicológicos.-
En este aspecto, corresponde mencionar que la presunta víctima fue sumamente clara al exponer por ante la División Comisaría Segunda de Policía la forma en que acaecieron los hechos, describiendo modo, tiempo y lugar en que acaecieron.-
Respecto de la prueba recabada, es pertinente dejar asentado que M.M.C.F., tanto al radicar la denuncia ante la Comisaría 28 de noviembre -fs. 02 y vta.-, como al momento de prestar declaración testimonial por ante los estrados judiciales -fs. 24/25-, dio sendos detalles de los hechos investigados, manteniendo un relato coherente y pormenorizado sindicando como autor de los ilícitos al imputado; habiendo manifestado -fs. 02 y vta.-: "...Dejo asentado que llevo una relación hace 18 años aproximadamente, conviviendo junto a él. Circunstancia que hace más de una semana atrás del mes de Septiembre del corriente año, siendo hora de la tarde, se había apersonado a mi lugar que diera por domicilio, mi ex pareja V.
C., iniciando una discusión vociferando epítetos irreproducibles, agarrándome fuerte de ambos brazos y zamarreándome para todos lados, dejándome un pequeño hematoma en lado izquierdo y a la vez me insultaba verbalmente en todo momento, para luego retirarse de la vivienda; cabe destacar que se acerca cuando quiere a mi domicilio, vociferando insultos frecuentemente; en tal sentido el día de ayer, desconozco el horario, se había acercado nuevamente a mi vivienda, tomando la llave y agarrando sus pertenencias; a todo esto quiero agregar que sufro violencia verbal, psicológica desde que vivíamos juntos, asimismo demuestra actitudes agresivas conmigo y con nuestros hijos. Razón por lo que hago entrega en este acto de certificado médico examinada por el facultativo médico.
Es todo...".- De igual modo, la Sra. M.M.C.F. prestó su testimonio por ante el Juzgado de Instrucción, quién expresó: "...Me ratifico en todas y cada una de las partes de la denuncia que se me exhibió, solo quiero enmendar que es mi pareja actual y estamos distanciados solamente, nunca dije que fuera mi ex pareja y reconozco como mía la firma obrante..."; "...en un momento él se comenzó a enojar por lo que yo le decía y él me agarró fuerte del brazo y me sujetó y después él se fue de la casa. Esto pasó como un día lunes, después yo el día viernes fui al hospital para que me revisaran. Yo quiero decir que desde que está puesta la perimetral nunca tuvimos contacto, él esta viviendo en Julia Dufour..." -fs. 24/25-.- Dichas versiones de los hechos, encuentra correlato en el certificado médico policial adunado al sumario suscripto por la Dra.
E. del V.Q. -Medicina Interna-, quién indicó: “presenta hematoma amarillo verdoso de más o menos 2.5 por un cm. en la cara interna del brazo derecho de más o menos de cuatro o cinco días de evolución..."; "...Carácter leve de reciente data..."; la Sra. C.M. fue antendida por la profesional el día 01/10/2021 a las 14.45 hs. en el Hospital San Lucas de la localidad de 28 de Noviembre -fs. 03-.- Que, en respuesta al constante planteo de la defensa, vinculado al valor que otorgó la jueza a los dichos de la víctima, la doctrina enseña que: “…Como específico medio probatorio, entonces, la prueba testimonial adquiere, en este terreno, una trascendencia singular; y la declaración del sujeto pasivo del delito se erige en una fuente probatoria destacada…”.
(Arocena, Gustavo; “Femicidio y otros delitos de género”; 1º ed.; Bs. As.; Ed. Hammurabi; 2017; pág. 111).- A tal fin, cabe recordar que los delitos de violencia de género no suelen cometerse en presencia de testigos, razón por la que en la generalidad de los casos, el testimonio que preste la damnificada -junto a otros indicios- será de especial gravitación.-
Por otro lado, esta Alzada ya ha hecho referencia en otras ocasiones al valor probatorio que debe asignársele a los dichos de la víctima (e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados) debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma y dentro del contexto en que habrían acaecido los hechos investigados (a modo de ejemplo apelaciones Nº 7108/21, 7272/21, 7677/22).-
Siguiendo esta línea, se ha asentado jurisprudencialmente “el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor”. (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017).- Sumado al plexo probatorio, se cuenta con el Informe Psicológico realizado por la Lic. M.J.R. en la persona del encartado, quién señaló: "...El Sr. U. se presentó puntualmente a la entrevista prevista. Su conducta fue predispuesta y colaboradora..."; "...En cuanto a la agresión se destaca que el evaluado sobrecompensaría los sentimientos de inferioridad, inadecuación y baja autoestima con conductas agresivas, que responderían al estereotipo patriarcal..."; "...Se advierten dificultades para establecer contactos sociales, para vincularse tendiendo a mostrarse reticente, introvertido, torpe al momento de interactuar pero evidenciando reticencia para comunicar aspectos profundos de su persona y que implique hablar de sus sentimientos, emociones..."; "...Considerando la modalidad vincular y el deficiente control de los impulsos y el monto de agresividad que presentaría se infiere que podría desplegar conductas auto y heteroagresivas..." -fs. 67/68 y vta.-.- En el auto recurrido, la magistrada ponderó la totalidad de la prueba aunada a la causa, las cuales la llevaron al dictado del resolutorio recurrido.-
Cabe recordar que, en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar el hecho, y la responsabilidad que "prima facie" le cabe al imputado en el mismo.-
Con acierto señala la doctrina que: "El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio". (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- En virtud de la cual, rechazaré este primer planteo.-
II. Amén de lo expuesto, que la víctima haya querido desistir de la acción penal -tal como surge de la declaración de la Sra. C. en los estrados judiciales, "...no quiero que siga la causa..." (palabras textuales)", debemos recordar que el delito de lesiones leves es de aquellos considerados de “acción pública pero dependientes de instancia privada”, lo que implica que una vez sorteado el obstáculo de dicha instancia, esto es, la “decisión” de los damnificados de que la conducta sea investigada, la acción se torna pública, indisponible e irrenunciable.- La voluntad de la víctima de desistir de la acción penal ya instada, no puede constituir un valladar para la prosecución de la investigación por parte de la instrucción, toda vez que una vez promovida la acción se cumple con el presupuesto de procedibilidad que reclaman los llamados delitos de acción pública dependientes de instancia privada y éste toma estado público sin necesidad de una acción legitima de la víctima, correspondiendo la continuidad de oficio de la acción penal en curso.- Al respecto se ha dicho: “No es necesario, en este sentido que el denunciante solicite de modo explícito la iniciación de la acción por el órgano público porque basta el anoticiamiento de la ocurrencia del delito sin que resulte imprescindible cubrir todas y cada una de las formalidades que la ley procesal ordena.” (Núñez Ricardo C., Las disposiciones generales del Código Penal, Lerner, 1988, pág. 318).-
A esta altura queda más que claro que no podemos aseverar, al menos imprudentemente, que frente al deseo de la Sra. C. de no seguir la causa, conlleve a generar una duda -por parte de la parte recurrente- en relación a la ocurrencia y/o acaecimiento de un delito y que la autoría corresponde al imputado. Las pruebas meticulosamente valoradas por la Sra. Jueza así lo han demostrado, convirtiéndose la resolución por tanto en una elaboración jurídica acorde a la interpretación que imprimen las reglas de la sana crítica racional, con lo cual, debo desestimar este planteo; pese al esfuerzo de la defensa por intentar mejorar la situación procesal de su representado.-
III. En cuanto al delito de "Violación de Domicilio"; atento no haber profundizado los agravios por la apelante, el mismo no será abordado por esta instancia.-
IV. Que, en relación al último planteo relacionado al monto del embargo, y al efectuar una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -sobre este punto-, surge que la Magistrada fs. 91 vta. del considerando, dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el Art. 499º del C.P.P. establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado).- Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por la Sra. Jueza interviniente, limitándose a decir que no se habría merituado ni tomado pautas objetivas, cuando en realidad dio los argumentos y se trata de un imperativo legal, razón por la cual rechazaré este cuestionamiento.-
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
VI. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 86/92, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia