Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CLVII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9889 FOLIO Nº 164/166 PROT. ELECT. JR101036I.261
Río Gallegos, 25 de febrero de 2026.
La presente causa caratulada “F.M.N. S/ PTAS. LESIONES LEVES” Expte. Nº 30.485/24, Apelación JR Nº 10.008/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 77/83 de los presentes, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción N° Tres de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de M.N.F., en orden al delito de “AMENAZAS EN CONCURSO REAL CON LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL VINCULO” (arts. 45, 149 BIS, 55, 89 en función del 92, 80 inc. 1 del Código Penal); y en tanto en el punto II) trabó embargo sobre los bienes de la nombrada por la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000). Que a fs. 85/87 vta., la Defensoría Pública Oficial Nº Dos apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; a fs. 93 sostuvo el recurso (cód. de validación 22acb0fa) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
I. La defensa argumentó, en su primer agravio, que el pronunciamiento apelado no ha realizado un abordaje que permita establecer la materialidad del hecho imputado a partir de la prueba producida.
Alega que el certificado de fs. 4 indica el día pero no la hora en que la dicente fue revisada; que se constata una única lesión: hematoma muslo izquierdo del que tampoco se expresa si fue reciente o no, ni se aclara de alguna forma el tiempo estimado de la lesión o el elemento productor, por lo que el certificado en sí mismo carece de entidad para darle el alcance que S.S. pretende. Expresa que dicha falencia en la especificidad de la certificación, no puede ser salvada por el informe médico de fs. 75, que sin fundar en qué elementos se basa para ampliar la certificación de lesión inicial siendo que, quien la suscribe, no vio a la paciente, no constató la lesión en el momento.
Asimismo le llama la atención la falta de constatación de la lesión en el labio que refiere la dicente en la denuncia como “golpe de puño”.
A su entender, lo que se ha probado en autos es la existencia de una familia con aparente dinámica disfuncional, con una historicidad marcada por situaciones de violencia y una necesidad urgente de que las menores de edad involucradas tengan contención terapéutica.
Concluye su primer agravio, sosteniendo que al no encontrarse acreditada la materialidad del hecho ni su autoría, solicita el sobreseimiento de la Sra. F.
En su segundo agravio, considera relevante lo expresado en la pericia psicológica sobre la posibilidad de desencadenar conductas autolesivas en la denunciante, ante una certificación médica incompleta.
Respecto de las actuaciones de trámite ante el juzgado de familia, postula que son una derivación de las actuaciones penales y que carecen de fuerza probatoria por no dar cuenta de nuevos elementos.
Y respecto del informe agregado a fs. 37 de la Secretaría de Niñez, considera necesario diferenciar los hechos en virtud que el relato refiere a una denuncia realizada en el mes de junio de 2024, anterior al hecho denunciado, por lo que encuentra confusas las referencias y apreciaciones realizadas por el organismo de infancia.
En último término, se agravia de una falta de fundamentación de la medida cautelar ordenada; citando un antecedente de esta Alzada del 04/04/2016.
Entrando en el análisis de los agravios expuestos, y de una atenta lectura del interlocutorio recurrido como de los agravios planteados por la defensa, consideramos que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento estaría suficientemente acreditada la materialidad del hecho enrostrado y también su autoría, correspondiendo así traspasar la valla del art. 289 del CPP, razón por la que –adelanto-, confirmaré íntegramente el auto apelado por ser adecuado a derecho. En este aspecto, la resolución dictada cumple con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP, habiéndose analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional. Explica razonadamente tanto la materialidad como la autoría penalmente responsable en cabeza de F.; indica cada una de las piezas probatorias que la sustentan, fundamenta la calificación legal, y la medida cautelar dispuesta. Resaltamos que: “…para poder arribar a una decisión respecto de la existencia o no del hecho delictivo y, en su caso, la autoría penalmente responsable del acusado, los jueces deben analizar las probanzas reunidas -independientemente de quién las haya suministrado- en su conjunto y no aislada o separadamente” (Florián, Eugenio, De las pruebas penales, Temis, Bogotá, 2002, t. I, pág. 384). A la luz de dichos principios rectores, debemos considerar acertada la valoración de la prueba efectuada por la instrucción en forma íntegra y conjunta; contrariamente a lo desplegado por la defensa.
Yendo a la materialidad de las lesiones atribuidas, la instrucción tuvo en consideración el certificado médico labrado por el personal de guardia del Hospital regional, del cual se desprende que la denunciante evidenciaba en su cuerpo un hematoma en su muslo izquierdo; el cual resulta congruente con el relato brindado por la joven al momento de formular su denuncia. Respecto a la manifestación de la defensa acerca del informe elaborado por la profesional del Cuerpo Médico Forense, resaltamos que el mismo tenía la finalidad de establecer el carácter de las lesiones, que oportunamente fueran observadas por el profesional de la guardia del nosocomio local y relatadas por la damnificada.
En tal sentido, la profesional apuntó que “Teniendo en cuenta que la documental que figura en autos es de fecha 29-09-24 momento que fue examinada en HRRG, y que posterior a esto, no se cuenta con datos de controles del paciente o evolución clínica en el expediente, se puede aducir que con esta documental se sigue manteniendo la clasificación lesiva de lesiones leves valoradas en esa oportunidad.” Surge claramente que la damnificada no se encontraba presente al momento de elaborar dicho informe, resultando éste de las constancias de autos, manteniendo de tal forma la clasificación lesiva.
Coincidiendo con la instrucción, consideramos tales elementos suficientes para acreditar la materialidad de las lesiones denunciadas.
Para el arribo de su decisión, la instrucción tuvo especialmente en cuenta las declaraciones de la víctima y las conclusiones a las que arribaron los expertos en la pericia a ella efectuada, en donde detallaron “...De la entrevista mantenida y de sus producciones diagnósticas, se evidencian elementos que dan cuenta de sentimientos de angustia, ansiedad e inestabilidad psicoemocional, signos que subyacen a un intento defensivo de sobre control emocional, en pos de brindar una imagen favorable y adaptada de sí misma (…) El testimonio contó con elaboración inestructurada pudiendo narrar los acontecimientos de una manera espontánea y fluida, no rígida en cuanto a la cronología de los hechos. Logrando llevar a cabo reproducción de la conversación y descripción de distintas interacciones. Asimismo contó con detalles inusuales y superfluos, y logrando brindar alusiones al estado mental subjetivo así como atribuciones del estado mental, llevando a cabo correcciones espontáneas y admisión de falla de memoria (...) Al momento de la instancia pericial, no surgen indicadores y/o signos de mendacidad o inducción por parte de un tercero (...) Por lo antes expuesto, se concluye que el relato brindado por M. es verosímil (...) no surgen del relato indicadores y/o signos de intención vindicativa contra la imputada”. Siendo claras las conclusiones de los profesionales, no se vislumbra lo que la defensa intenta introducir, relativo a la existencia de conductas previas de autolesión como elemento clave a tener en consideración; efectuando esa mera sospecha sin aportar fundamento a su manifestación.
En relación a las actuaciones de trámite ante el Juzgado de Familia, de la lectura del auto recurrido no se observa que la instrucción le haya atribuido el carácter probatorio aludido por la defensa técnica.
Y en lo referente al informe de la Autoridad de Infancia y a una confusión al momento de determinar a qué hechos se refieren los testimonios de referencia, dicha situación fue tenida en consideración por el magistrado, y más allá de esa situación, hace hincapié en el contexto en el que se desarrollaba la vida cotidiana de la joven denunciante y su hermana, considerando suficiente el plexo cargoso que obra en autos. Dicho contexto también fue abordado en el informe pericial de la joven, donde advierten un vínculo inestable con su progenitora enmarcado en significativa disfuncionalidad, negligencia y malos tratos; observando en la actualidad también debilitada su relación con su abuela paterna y su progenitor, posicionando así a M. en un lugar de extrema vulnerabilidad psicofísica y emocional condicionando sus herramientas y recursos personales, sobre adaptándose a distintas vivencias de estrés y tensión emocional en la búsqueda de cuidado y afecto. Coincidiendo con el magistrado, dicho informe resulta ser un elemento que enriquece el acervo probatorio de autos, dotando de verosimilitud el contexto soslayado por la denunciante, así como el relato que efectuara su hermana ante la OVD.
Es de esta manera que encontramos que el auto recurrido a efectuado un análisis íntegro del material probatorio dándole prevalencia a las manifestaciones de la joven, el que fuera contrastado con las restantes pruebas anexadas en autos, y ceñido a los estándares nacionales e internacionales en materia de perspectiva de derechos del niño.
En hechos con similares aristas, la jurisprudencia ha dicho: "...La madre de un niño menor debe ser procesada por el delito de lesiones si se acreditó a través de las declaraciones prestadas por aquel en oportunidad de la entrevista mantenida con la psicóloga del Cuerpo Médico Forense bajo la modalidad prevista en el art. 250 bis del Código Procesal Penal de la Nación que fue golpeado, rasguñado, objeto de puntapiés y llevado por una escalera tomado de sus ropas, lo que le provocó la sensación de "sentirse ahorcado", declaraciones que fueron estimadas como verosímiles por la Oficina de Violencia Doméstica, a lo cual se agrega la comprobación médida de las lesiones..." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV • 27/10/2014 • G. S., M. L. s/ procesamiento y embargo • DJ 27/05/2015 , 59 • TR LALEY AR/JUR/57056/2014). De esta manera, estimamos que las consideraciones efectuadas por la defensa técnica, se traducen en una disconformidad con el criterio sustentado por la instrucción en su resolutorio, no logrando conmover los argumentos por los cuales se arriba al auto de mérito.
Recordamos, que en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe a la imputada en el mismo, las que fueran ponderadas bajo los parámetros de la sana crítica racional y con aplicación de una perspectiva de infancia. Respecto a su último agravio relativo a una falta de fundamentación del embargo ordenado, también será descartado, en tanto el magistrado brindó las pautas en las que se basó para establecer el monto de embargo.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009). Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024). En función de lo expuesto y con la precariedad que esta etapa procesal requiere, es que confirmaremos asimismo la medida cautelar dispuesta.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR los autos de fs. 77/83 de estos autos, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFIQUESE a las partes mediante S.N.E..
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUELVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia