Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III · Causa I-38051-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular, de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (artículos 163, 421, 433, 439, 442 y concordantes del Código Procesal Penal).
II. Rechazar el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia confirmar la resolución mediante la cual el Juzgado de Garantías N° 5 con sede en Tigre no hizo lugar a la medida morigeradora de la prisión preventiva.
III. Hacer SABER a la magistrada interviniente lo proveído en el considerando respecto de las condiciones de detención y hacinamiento alegadas por la defensa.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del imputado Facundo Edgardo Calistro.
Practicado el sorteo de ley, resultó que debía observarse el siguiente orden en la votación: Jueces Carlos F. Blanco y Gustavo A. Herbel (conforme artículo 440 del Código Procesal Penal).
El Juez Carlos F. Blanco dijo:
I. El recurso de apelación interpuesto por el defensor particular, Fabián Eduardo Stillo, debe ser declarado admisible, toda vez que ha sido presentado en término y forma, por parte legitimada y respecto de una decisión que el ordenamiento procesal declara expresamente apelable (artículos 163, 421, 433, 439, 442 y concordantes del Código Procesal Penal).
II. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el resolutorio por el cual la jueza a cargo del Juzgado de Garantías N° 5 departamental de Tigre, Mariana Soledad Schemberger, resolvió no hacer lugar a ninguna medida morigeradora de la coerción respecto de Facundo Edgardo Calistro.
Para así decidir, indicó que al nombrado se le atribuye el hecho investigado en autos, calificado prima facie como tenencia simple de estupefacientes (artículo 14, primer párrafo, de la Ley 23.737).
Destacó que las condiciones que determinaron la imposición de la detención preventiva permanecían incólumes, haciendo especial énfasis en los indicios de riesgo de fuga previstos en el artículo 148 del Código Procesal Penal. Al respecto, valoró el informe del Registro Nacional de Reincidencia que da cuenta de una condena previa a la pena de cuatro años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes, concluyendo que dicha circunstancia habilita una eventual declaración de reincidencia e imposibilita la aplicación del artículo 26 del Código Penal.
Adunó que el encartado no se encuentra comprendido en los supuestos taxativos de atenuación contemplados en el artículo 159 del rito, y ponderó la insuficiencia de la alternativa propuesta frente a la pervivencia de los peligros procesales.
Finalmente, requirió la intervención del Director del Área de Salud Penitenciaria de la Unidad Carcelaria N° 28 para que se arbitren los medios orientados a suministrarle un tratamiento médico y psicológico-psiquiátrico por su patología de consumo.
III. En su recurso, la defensa sostuvo que el temperamento adoptado resultaba arbitrario al sustentarse de manera exclusiva en la expectativa de pena y en un adelantamiento de culpabilidad, en vulneración del principio de inocencia consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Argumentó que los riesgos de elusión y entorpecimiento advertidos por la magistrada de grado podían ser razonablemente neutralizados a través de un arresto domiciliario con la colocación de una pulsera electrónica de control.
Destacó, en este sentido, el arraigo de su defendido, los informes socio-ambientales favorables y la posibilidad concreta de trabajar en un emprendimiento familiar dentro del domicilio aportado. Citó jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal (fallo 'Díaz Bessone'), señalando que la denegatoria de la libertad no debe reposar únicamente en la escala penal, sino que exige una ponderación conjunta de las características personales del justiciable.
Finalmente, cuestionó las condiciones actuales de detención, alegando situaciones de hacinamiento carcelario y falta de tratamiento adecuado para la adicción de su asistido.
IV. Con el alcance que otorgan los artículos 434 y 435 del rito penal, respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a este órgano de Alzada, debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución de la jueza a quo alcanzados por los agravios que motivaron la impugnación interpuesta, como así también de declarar las nulidades absolutas que hubiere.
Analizadas las constancias de autos, adelanto que propiciaré desestimar la pretensión defensista y confirmar la resolución apelada, a tenor de las consideraciones que vierto a continuación.
El artículo 163 del Código Procesal Penal consagra en su segundo párrafo que, fuera de los supuestos enumerados en el artículo 159, la morigeración podrá ser concedida excepcionalmente cuando la valoración objetiva de las características de los hechos atribuidos, de las condiciones personales del imputado y de otras circunstancias que se consideren relevantes, permita presumir que el peligro de fuga o entorpecimiento probatorio puede evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el encartado.
Sentado ello, cabe destacar que esta Alzada intervino anteriormente en el incidente de apelación de prisión preventiva de la presente causa (I-37535) donde, con fecha 18 de junio de 2026, se resolvió confirmar el auto que disponía la más severa medida de coerción respecto de Facundo Edgardo Calistro.
En aquella oportunidad, tuve ocasión de señalar que conforme el informe de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia, el encartado posee una condena anterior por un delito de naturaleza análoga al aquí investigado -delito de transporte de estupefacientes- (dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas a la pena de cuatro años de prisión). Tal circunstancia, como se destacó, permite razonablemente inferir un incremento del riesgo de fuga frente a la expectativa de una eventual condena de efectivo cumplimiento y una posible declaración de reincidencia, evidenciando además un patrón de conducta vinculado al manejo y circulación de sustancias estupefacientes que constituye una pauta objetiva ineludible al ponderar los riesgos procesales. A ello hube de adunar la existencia de otra investigación penal vinculada (I.P.P. 1410-658-2600 por el delito de encubrimiento), iniciada a raíz de que el causante circulaba a bordo de una motocicleta con pedido de secuestro activo al momento de su aprehensión.
En este punto, es menester dar respuesta al planteo defensista en cuanto postula que la consideración de estos elementos implicaría un adelantamiento de culpabilidad lesivo del principio de inocencia. Al respecto, cabe señalar que no se afecta dicho estado constitucional, pues la detención reviste carácter instrumental y se funda en la necesidad de resguardar los fines del proceso; la presunción de inocencia se destruye únicamente con el dictado de una sentencia condenatoria que adquiere calidad de cosa juzgada (artículos 18 y 75 incisos 22 de la Constitución Nacional; artículo 8 inciso 2° de la CADH). El derecho a permanecer en libertad puede ser válidamente acotado para asegurar la averiguación de la verdad, el normal desarrollo del procedimiento y la eventual aplicación de la ley material (artículos 18 C.N., 7.5 C.A.D.H., 9.3 P.I.D.C. y P. y artículos 144 y 146 del C.P.P.)
En esta inteligencia, el artículo 148 del Código Procesal Penal autoriza expresamente una valoración "objetiva y provisional" de las condiciones personales (párrafo primero) y del comportamiento del imputado en otro procedimiento (inciso 4°). La existencia de otra investigación vinculada no se pondera aquí como prueba de responsabilidad penal, sino como una circunstancia objetiva y provisional: al momento de su aprehensión, el imputado circulaba a bordo de una motocicleta con pedido de secuestro vigente. Dicho dato, sumado al antecedente condenatorio, permite inferir una menor disposición a someterse a la persecución penal e incrementa el riesgo de elusión.
Debe recordarse que el presente incidente cautelar es un ámbito ajeno a la discusión sobre el mérito probatorio o la certeza de las imputaciones, limitándose a la vigencia de los peligros procesales.
Ahora bien, trasladando estas premisas al presente incidente de atenuación, coincido con la magistrada de la instancia en cuanto a que los peligros procesales advertidos permanecen incólumes y no pueden ser neutralizados -a esta altura del proceso- a través de la medida morigeradora peticionada por la defensa (artículo 163 a contrario del Código Procesal Penal).
En efecto, si bien no se desconoce el domicilio aportado, dicha circunstancia no posee la entidad suficiente para desvirtuar la magnitud del riesgo de elusión constatado, derivado del antecedente condenatorio, la naturaleza del delito, la imposibilidad de una condena de ejecución condicional (artículos 26 y 50 del Código Penal) y el comportamiento procesal del causante.
Respecto del informe socio-ambiental practicado, cabe destacar que la referente propuesta es su actual pareja -con quien no convivía con anterioridad a su detención-, quien manifestó estar dispuesta a recibirlo. Sin embargo, aun cuando su salario permita cubrir las necesidades del grupo familiar, surge del informe que se desempeña como empleada en una farmacia y que, además, los fines de semana "suele trabajar como moza en eventos" para completar sus ingresos. Ello permite inferir que se encontraría gran parte del tiempo fuera del domicilio, imposibilitada de ejercer el debido nivel de contención y control continuo que una medida de esta naturaleza exige. A ello se aduna que en la vivienda reside también la hija adolescente de la referente, de 15 años de edad, quien por su minoría de edad carece de la idoneidad y autoridad necesarias para suplir a su progenitora y asumir cualquier rol de supervisión o cuidado sobre el causante.
A su turno, en cuanto al argumento introducido por la defensa respecto a la posibilidad de que su asistido pueda "trabajar en el domicilio en un emprendimiento familiar que poseen en el lugar", debo advertir que dicha circunstancia no ha sido mencionada por la trabajadora social interviniente en su informe, ni tampoco se ha acompañado constancia o acreditación alguna que respalde tal afirmación.
En este contexto, la implementación de un dispositivo de monitoreo electrónico no logra erigirse como un medio idóneo para asegurar los fines del proceso frente al concreto peligro de fuga verificado en los términos del artículo 148 del rito.
Asimismo, respecto de los agravios vinculados al estado de salud del encausado y su situación de adicción, observo que la jueza garante ha obrado con acierto al requerir, en el punto II de la resolución atacada, la intervención del Director del Área de Salud Penitenciaria de la Unidad Carcelaria N° 28 a fin de que se arbitren los medios necesarios para suministrarle tratamiento médico y psicológico-psiquiátrico, procurando así la debida atención intramuros de su dolencia, toda vez que la situación no encuadra en los supuestos extraordinarios del artículo 159 del Código Procesal Penal.
Finalmente, en cuanto a lo planteado por el recurrente respecto del hacinamiento carcelario, hágase saber a la magistrada interviniente que deberá adoptar, con carácter urgente, las medidas que conforme a derecho correspondan respecto de la situación alegada por la defensa.
Por todo lo expuesto considero que el encierro cautelar resulta la única medida proporcional y necesaria para asegurar la sujeción del imputado al proceso, debiendo rechazarse los agravios defensistas.
Propicio, entonces, confirmar la resolución impugnada, en cuanto deniega la medida morigeradora de la prisión preventiva solicitada a favor de Facundo Edgardo Calistro (artículos 26 y 50 del Código Penal y artículos 144 a contrario sensu , 148 primer párrafo e inciso 4to , 159 y 163 a contrario sensu y concordantes del Código Procesal Penal).
Es mi voto (artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia y 106 del Código Procesal Penal).
El Juez Gustavo A. Herbel, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante por los mismos motivos y fundamentos, pero con el siguiente alcance.
Debo señalar, en primer término, que en nuestro ordenamiento procesal no existen las morigeraciones extraordinarias. La concesión de una atenuación a la medida de coerción (artículos 159 y 163 de Código Procesal Penal) no responde a la aplicación de beneficios excepcionales o humanitarios por fuera de los presupuestos legales, sino que está supeditada estrictamente a un juicio sobre el riesgo procesal. Esto es, si la medida menos gravosa pretendida resulta capaz de neutralizar el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio verificado en el caso en concreto (artículo 163 segundo párrafo del rito).
Por otra parte, no comparto con el juez Blanco que los antecedentes del causante evidencien un patrón de conducta que constituya una pauta objetiva para ponderar e incrementar el riesgo procesal. Entiendo que el antecedente condenatorio resulta un parámetro válido para proyectar, frente a una eventual condena, una pena ineludiblemente de cumplimiento efectivo (artículo 148, inciso 2° del C.P.P.), extremo que ya fuera debidamente merituado en los fundamentos; sin embargo, no se indica por qué, en este caso particular, dicha situación promueve un mayor riesgo procesal autónomo o facilita activamente su elusión.
Tampoco comparto con el magistrado preopinante la valoración negativa respecto del comportamiento procesal del imputado. Ello toda vez que la sola existencia de una investigación paralela concomitente no constituye una inconducta procesal en el marco de este legajo que pueda justificar la inferencia de una voluntad de eludir el accionar de la justicia (artículo 148, inciso 4° del C.P.P.) máxime cuando aún rige a su respecto el principio de inocencia (art. 18 de la C.N). Lo que no quita, claro está, que dicha causa paralela importa un aumento de la pena en expectativa, por sumar otra hipótesis delictiva a la investigación aquí analizada.
Por fuera de estas salvedades, coincido con los fundamentos del voto precedente referidos a la vigencia del peligro de fuga derivado de la magnitud de la pena en expectativa. A su vez, acuerdo en la inidoneidad del domicilio propuesto para conjurar dicho riesgo.
Tal como lo señalara el juez preopinante, la extensa jornada laboral de la referente ofrecida (quien se desempeña en una farmacia y como moza los fines de semana) y la sola presencia de una menor de 15 años en la vivienda evidencian la ausencia de un entorno capaz de ejercer el rol regulador y de contención continua requerida. En ese contexto, la pulsera electrónica se erige en un mero dispositivo de alerta, incapaz de impedir por sí solo una eventual elusión si no se encuentra acompañado de una red humana de supervisión efectiva.
En razón de lo expuesto, el riesgo constatado no puede ser neutralizado por una medida menos gravosa que la prisión preventiva, de modo tal que corresponde desestimar la impugnación y confirmar el temperamento apelado (art. 146, 148, 159 a contrario sensu y 163 a contrario sensu y concordantes del Código Procesal Penal)
Es mi voto (artículos 168 y 171 de la constitución Provincia y 106 del Código Procesal Penal).
Por ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular, de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (artículos 163, 421, 433, 439, 442 y concordantes del Código Procesal Penal).
II. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia CONFIRMAR la resolución mediante la cual el Juzgado de Garantías N° 5 con sede en Tigre no hizo lugar a la medida morigeradora de la prisión preventiva.
III. HACER SABER a la magistrada interviniente lo proveído en el considerando respecto de las condiciones de detención y hacinamiento alegadas por la defensa.
IV. Regístrese, notifíquese a las partes y devuélvase el presente a la instancia de origen, encomendando a la magistrada a quo la pertinente notificación al imputado. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario firmante: BLANCO Carlos Fabián - JUEZ
Funcionario firmante: HERBEL Gustavo Adrián - JUEZ
Funcionario firmante: GAMULIN Gabriela Marisa - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 980-2026
Fin de la sentencia