Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III · Causa I-37981-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial, de conformidad con los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 163, 421, 433, 439, 442, 443 y cctes del CPP).
II. Rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa y en consecuencia confirmar el decisorio del 16 de junio, en virtud del cual el Juzgado de Garantías Nro. 3 departamental rechazó el pedido de morigeración de la medida de encierro que viene cumpliendo el imputado Facundo Salto; todo ello de conformidad con los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 144, 146, 148 y 163 a contrario sensu y cctes del CPP).
III. ENCOMENDAR a la magistrada que, arbitre los medios necesarios, a fin que Facundo Salto sea incorporado en programas de salud mental y atencion de consumos problemáticos.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial contra el auto por el que la Sra. Juez de Garantías nro. 3 deptal. denegó la morigeración solicitada en favor de Facundo Salto.
Practicado el correspondiente sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Jueces Luis C. Cayuela, Carlos F. Blanco y para el caso de disidencia, el Juez Gustavo A. Herbel (art. 440 del CPP).
El Juez Luis C. Cayuela dijo:
I. En primer término, debo decir que el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial ha sido presentado en término, por quien posee legitimación personal para hacerlo, con observancia de las formas requeridas para su interposición, y el caso constituye uno de los supuestos legales en los cuales se otorga la vía recursiva. Por tales razones, propongo que sea declarado admisible. (arts. 163, 421, 433, 439, 442, 443, y cctes del CPP).
II. Llegan las presentes actuaciones con motivo de la impugnación interpuesta contra el decisorio de fecha 16 de junio de 2026, en virtud del cual la Dra. Andrea Rodríguez Mentasty, rechazó el pedido de morigeración de la medida de encierro que viene cumpliendo Salto (art. 163 "a contrario" del CPP).
Al momento de resolver la Sra. Jueza consideró vigentes los peligros procesales valorados al dictar la prisión preventiva y sostuvo que ellos justificaban el mantenimiento de la medida impuesta.
Valoró que al nombrado se le endilga la presunta comisión de los delitos de comercialización de sustancias estupefacientes en concurso real con resistencia a la autoridad (artículos 239 del Código Penal y 5 apartado "c" de la ley 23737).
Verificó peligro de fuga en función de la magnitud de la pena en expectativa -conforme artículo 148 párrafo 2° inciso 2° del Código Procesal Penal-, máxime teniendo en consideración que la misma no podría ser de ejecución condicional. (art. 26 a contrario del CP)
En ese norte, estimó que el riesgo de fuga no se vería neutralizado con la atenuación peticionada.
Destacó que se le atribuyen al imputado dos hechos contra la salud pública y que el concurso real de ambos hechos y de la resistencia a la autoridad eleva la escala penal, lo que incrementa el riesgo de fuga.
Por último, indicó que si bien el grupo familiar ha demostrado buena predisposición el informe reseñó precariedad laboral y vulnerabilidad socio económica, por lo que "las circunstancias reflejadas son insoslayables" máxime cuando el domicilio ofrecido es el mismo en el que Salto vivía antes de su detención.
En todo este contexto, concluyó que no se verificaban las condiciones necesarias para instrumentar la medida solicitada (art. 163 "a contrario" del CPP).
III. Dicha resolución fue apelada por la defensa oficial.
En su planteo recursivo, la defensa sostuvo que el auto en crisis había omitido considerar que su defendido carecía de antecedentes penales siendo esta la primera causa en su contra. Que ha demostrado su voluntad de colaborar con la justicia y no entorpecer el proceso.
Destacó que cuenta con un grupo familiar constituído por sus abuelos y su hijo de 6 años, todos dispuestos a recibirlo. Que el Sr. Salto podría colaborar con la actividad de venta de sandwiches de milanesa que lleva adelante su abuelo para sostener al grupo familiar. Todo ello da cuenta de lazos familiares y sociales que pueden brindarle el grado de contención necesario para la implemetación de la medida solicitada.
En función de todo ello, la recurrente solicitó que se revoque el auto en crisis y se conceda la morigeración a su ahijado procesal.
IV. Con el alcance que otorgan los artículos 434 y 435 del código ritual respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a este Tribunal de Alzada, debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución alcanzados por los agravios que motivaran la impugnación interpuesta, salvo si se tratare de causales de nulidades absolutas o ello permita mejorar la situación del imputado.
El contenido del artículo 163 del Código Procesal Penal -atenuación de la medida de coerción- recepta en su segundo párrafo que: "fuera de los supuestos enumerados en el artículo 159, la morigeración podrá ser concedida excepcionalmente, previa vista al fiscal cuando la valoración objetiva de las características del o de los hechos atribuidos, de las condiciones personales del imputado y de otras circunstancias que se consideren relevantes, permita presumir que el peligro de fuga o entorpecimiento probatorio puede aplicarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado".
Al mismo tiempo, el artículo 148 del Código Procesal Penal reza que "para merituar acerca de los peligros de fuga y entorpecimiento podrá tenerse en cuenta la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, las condiciones personales del imputado, la posibilidad de la declaración de reincidencia por delitos dolosos, si hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, que hicieren presumir fundadamente que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. Para merituar sobre el peligro de fuga se tendrán en cuenta especialmente (.): 2. La pena que se espera como resultado del procedimiento..."
Consecuentemente, se debe contemplar la magnitud del peligro procesal verificado en el caso, a fin de establecer la medida de coerción en su intensidad necesaria para neutralizarlos. (conforme arts. 159 y 163 del CPP precitados).
Ahora bien, en el caso, coincido con la Sra. Juez en cuanto consideró que los peligros procesales verificados no pueden ser neutralizados -a esta altura- a través de la atenuación peticionada.
Tales peligros se derivan, en primer término, de la magnitud de la pena que se espera como resultado del procedimiento (art. 148, segundo párrafo, inc. 2 del CPP) que puede ser tenido como parámetro conforme también lo considerara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe 2/97 a fin de evaluar que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia; que a su vez justifica la proporcionalidad de la medida con el objeto de tutela (art. 146, inciso 3º CPP).
En efecto, a Salto se le endilga la comisión de los delitos de resistencia a la autoridad en concurso real con tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización (dos hechos).
Por ello, en caso de recaer sentencia condenatoria en autos -aún por el mínimo de la escala punitiva- una eventual sanción no sería pasible de ejecución condicional. (art. 26 a contrario del CP).
Asimismo, no escapa a quien esto suscribe, que nos encontramos frente a una imputación que consiste en un concurso real de delitos, lo que incidirá al momento de imponer una pena en caso de ser hallado culpable de los hechos imputados en autos.
A ello debo adunar que Salto se encuentra detenido desde fines del mes de marzo del año en curso, por lo que se verifica proporcionalidad entre la medida de coerción y el objeto de tutela -a esta altura- se mantiene (art. 146, inc. 3º CPP), sin que la información agregada al legajo resulte suficiente para considerar neutralizados los aludidos riesgos procesales.
Con relación al domicilio y núcleo familiar ofrecido, la licenciada en trabajo social, Lic. María José Maciel, se entrevistó con la progenitora y los abuelos de Facundo Salto. Se dejó constancia que en el domicilio ofrecido el Sr. Salto conviviría con sus abuelos y su hijo menor de 6 años, en tanto la progenitora vive en otro domicilio también en la localidad de Virreyes. La perito consignó que el grupo familiar atraviesa necesidades económicas que llevan a que el abuelo desarrolle una actividad económica informal de venta de sandwiches en la que el imputado podía colaborar.
Ahora bien, mas allá de la buena predisposición demostrada por el grupo familiar advierto que el cuadro de vulnerabilidad psicofísica de ambos abuelos - ofrecidos como tutores-, quienes presentan patologías acordes a la edad- me permiten afirmar la ausencia de las capacidades necesarias para el acompañamiento requerido por el nombrado a fin de neutralizar el peligro de fuga. Debe ser tomado también en consideración que, conforme surge del mismo informe, el imputado presentaría una situación de consumo de estupefacientes aparantemente desencadenada por el impacto que generó el fallecimiento de uno de sus hermanos en el año 2023. Este dato demuestra la necesidad de un mayor grado de contención, lo que no parece posible en razón de las falencias apuntadas.
Entiendo de tal manera, que este grupo familiar ha demostrado la imposibilidad de contener al aquí imputado; razón por la cual -contrariamente a lo alegado por la defensa- no considero que el núcleo receptor resulte constitutivo de arraigo suficiente en los términos del artículo 148 inciso primero del Código Procesal Penal.
Finalmente, y sin perjuicio de la resolución propuesta en autos, observo adecuada la sugerencia de la perito en su informe que consideró imprescindible que Salto sea incorporado a programas de atención de la salud mental y consumo problemático de sustancias, por lo que habré de disponer que la Sra. Jueza a quo arbitre los medios para el cumplimiento de la indicación.
El cuadro así descripto impone, a mi juicio, mantener el encierro cautelar de excepción que viene cumpliendo el nombrado. (art. 148 párr. 2° inc. 1° del CPP).
De otra parte, no comparto el agravio de que la actual privación de la libertad signifique un adelantamiento de pena habida cuenta que esta situación responde a la necesidad de asegurar los fines del proceso, como consecuencia de la verificación de riesgo elusivo, conforme ya lo explicara precedentemente.
Tampoco encuentro afectación al estado de inocencia, como sostiene la defensa, pues la detención tiene su fundamento en una medida instrumental, necesaria en el caso para resguardar los fines del proceso; la presunción de inocencia se destruye únicamente con el dictado de una sentencia condenatoria que adquiere calidad de cosa juzgada (art. 18 y 75 inc. 22 de la CN; art. 8 inc. 2° de la CADH).
Por todo lo dicho, propicio entonces, confirmar la resolución impugnada, en cuanto deniega la medida morigeradora de la prisión preventiva de Facundo Salto. (arts. 146 y 148, 159 y 163, estos últimos, a contrario sensu y cctes del CPP.).
Es mi voto. (arts. 168 y 171 Constitución Provincial, y 106 del CPP).
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, el Juez Cayuela por sus mismos motivos y fundamentos.
Es mi voto. (artículos 168 y 171 Constitución Provincial, y 106 del Código Procesal Penal).
Por ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial, de conformidad con los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 163, 421, 433, 439, 442, 443 y cctes del CPP).
II. RECHAZAR el recurso de apelación presentado por la defensa y en consecuencia CONFIRMAR el decisorio del 16 de junio, en virtud del cual el Juzgado de Garantías Nro. 3 departamental rechazó el pedido de morigeración de la medida de encierro que viene cumpliendo el imputado Facundo Salto; todo ello de conformidad con los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 144, 146, 148 y 163 a contrario sensu y cctes del CPP).
III. ENCOMENDAR a la magistrada que, arbitre los medios necesarios, a fin que Facundo Salto sea incorporado en programas de salud mental y atencion de consumos problemáticos.
IV. Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal General, a la Defensa de intervención. Fecho, devuélvase encomendado la notificación del imputado. Sirva la presente de atenta nota de envío.-
Firmas
Funcionario firmante: BLANCO Carlos Fabián - JUEZ
Funcionario firmante: CAYUELA Luis Cayetano - JUEZ
Funcionario firmante: GAMULIN Gabriela Marisa - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 989-2026
Fin de la sentencia