Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a F. N. R., de demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de seis (6) meses de prisión de cumplimiento en suspenso como autor penalmente responsable del delito de lesiones leves culposas (artículo 94, primer párrafo, quinto supuesto del Código Penal) y al pago de las costas del proceso.
2Declarar REINCIDENTE POR PRIMERA VEZ al imputado F. N. R..
3Imponer a F. N. R., por el término de dos (2) años, las siguientes reglas de conducta conforme el art. 27 bis del Código Penal:
A) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia;
B) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; c) Concurrir al taller municipal de educación para tenencia responsable de animales; d) No tener animales potencialmente peligrosos sin cumplir íntegramente la normativa municipal vigente y;
E) Acreditar ante este Tribunal el cumplimiento de las obligaciones administrativas derivadas de la Ordenanza Municipal 8426/14 respecto de la tenencia de animales.
4DAR INTERVENCIÓN al Departamento de Veterinaria y Control Animal de la Municipalidad local a fines de que den cumplimiento a las previsiones del artículo 79 de la Ordenanza N° 8426/14 y tomen las medidas pertinentes del caso.
5Hacer SABER a A. S. M .R., víctima de autos, el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos de los artículos 73 inciso b del Código Procesal Penal y 5 inciso “i” de …
LIBRO: XCIX REGISTRO: 3444 FOLIO: 210/220
Río Gallegos, 08 de julio de 2026
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia de la Dra. María Alejandra Vila, con la vocalía titular del Dr. Jorge Daniel Yance y la vocalía por subrogancia legal del Dr. Eduardo Gabriel López, Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela Mansilla, a fin de dictar sentencia en autos caratulados "F. N. R. S/LESIONES CULPOSAS” Expte. Nro. 8966/24 y resolver la situación procesal de F. N. R., de apellido materno V., hijo de O. R. y de M. C., argentino, nacido el ** de xxxxxx de 1986 en la ciudad de Salta -de la homónima provincia-, soltero, alfabeto, changarín, con domicilio en B° xxxxxxxxx casa ** de esta ciudad, titular del Documento Nacional de Identidad Nº xxxxxxxx, quien se encuentra asistido por el Defensor Oficial, Dr. Emin Charif Sat; representa la acusación estatal la titular de la Fiscalía ante esta Cámara, Dra. María Verónica Zuvic. Y,
Que las presentes actuaciones llegaron a entendimiento de este Tribunal en virtud del requerimiento de elevación a juicio fiscal incorporado a fs. 69/72 del Expediente Nro. 8966/24, en el que se le imputó a F. N. R. que “...el día 7 de agosto de 2022, aproximadamente a las 17:00 hs, en circunstancias en que el perro de su propiedad de raza pitbull se encontraba en el exterior de su domicilio -sito en Barrio xxxxxxxx Casa **, omitiendo los deberes de cuidado a su cargo como así también inobservando los reglamentos vigentes de resguardo mínimo e indispensable, el animal de mención atacó a A. S. M .R., quien pasaba caminando por la vía pública; que producto del hecho descripto, la nombrada resultó con lesiones de carácter leve (conf. certificación de fs. 12)...”, hecho que fue preliminarmente calificado como constitutivo del delito de lesiones culposas en orden a los artículos 45 y 94 del CP. Iniciada la audiencia, por Secretaría se informó respecto de la inexistencia de efectos secuestrados, las partes intervinientes y los testigos presentes. Luego, la Presidencia efectuó al imputado el interrogatorio de identificación y le advirtió que estuviese atento a lo que vería y oiría en la audiencia, ya que de la posterior lectura del requerimiento del Fiscal surgirían los hechos que se le imputan, las pruebas obrantes en su contra y la calificación legal que personalmente le atribuyó el Ministerio Publico Fiscal. Además, también le comunicó que siempre podría dialogar con su defensor, excepto al declarar y antes de contestar a las preguntas que eventualmente se le formularen.
Acto seguido, se ordenó la lectura de la requisitoria de elevación a juicio de fs. 69/72, obviando citas de doctrina y de jurisprudencia, lo que se hizo en voz alta. Declarado abierto el debate, se autorizó a las partes a dejar constancia directa de las incidencias que estimaren incumbentes al resguardo de sus derechos; concedida la palabra por su orden, no formularon planteo alguno.
A continuación, en voz alta se le hicieron saber las garantías de los arts. 279 y ss, 361 y 363 del Código Procesal Penal, y al ser consultado sobre su voluntad de prestar declaración indagatoria respondió que era su deseo hacerlo.
Durante su defensa material, expresó que los hechos enrostrados eran mentira, y que su perra escapó durante un descuido de su esposa mientras ingresaba al inmueble.
Asimismo, expresó que en el caso de que los dichos de la pretensa damnificada -a quien ubicó “detrás de la reja” fueran verdaderos, el daño hubiera sido mucho mayor, ya que cuando un pitbull muerde, “no se le suelta más” y las únicas formas de detenerlo son tomándolo de la tráquea o de la cola; que a lo sumo lo que podría haber acontecido fue una mordedura por parte de uno de los varios canes de la familia en el marco de una pelea con la suya en ocasión de que la joven los sacara. Reiteró que si su mascota fuera la que la hubiera mordido el daño hubiera sido mayor, lo falaz de la acusación y respondió preguntas a las partes.
Preguntado por la Fiscalía respecto del supuesto descuido de su esposa, explicó se produjo cuando ella salió de la casa que mientras él alimentaba a sus nueve perros -a los que había rescatado, entre ellos tres pitbull-. Además, refirió que la denunciante tiene quince perros callejeros, “todos malos” y siempre sueltos, que a diferencia suya no los encierra.
En cuanto al hecho concreto, refirió que su perra escapó apenas su esposa abrió el portón, momento en el que todos los de la damnificada -que estaba atrás de la rejala atacaron, por lo que él corrió, la tomó y la sacó, momento en el que quizás la mordió uno de sus perros, ya que su mascota la hubiera lastimado más debido a que se le hubiera trabado la mandíbula.
Agregó que posteriormente habló con la vecina a fines de saber los motivos de la denuncia frente a un hecho tan pequeño que ni siquiera causó uno de sus perros. Luego, ante las preguntas de la Fiscalía, refirió que su explicación era en referencia a una lesión en la mano de la joven por la que T. también lo denunció; aclarado ello, declaró que era no era posible que su perra la hubiera atacado debido a la cantidad de personas (“muchas”) que transitan la zona y las visitas que suele recibir en su casa.
En atención a ello, la Fiscalía preguntó respecto de otros sucesos o denuncias por hechos similares y respondió por la negativa; frente a la consulta de los posibles motivos que llevaran la denunciante a expresarse en forma falaz, contestó que no habían conflictos entre ellos pero a modo ilustrativo describió una situación en la que ella se apropió de dinero producto de donaciones hechas a otro vecino al que se le había quemado la casa, ello acompañado de situaciones en las que se victimiza frente a los demás residentes de la zona.
Aclaró que son vecinos desde hace siete años, tiene a su perra hace seis y medio, y que tomó T. nunca refirió la supuesta herida en la pierna de la damnificada, y que incluso los inspectores “de la perrera” fueron a su casa y no hicieron mayores recomendaciones a excepción de la cantidad de animales que debería tener. Respondió que sus perros no tienen bozal porque están en su patio, que está bien cerrado, y que siempre tiene cuidado con ellos.
Ante las consultas de la defensa, profundizó que los animales residen en el patio de su casa -del que no salen, a excepción de un caniche-, en el que fijó tarimas, colocó un cerco perimetral de aproximadamente 8 o 9 por 11 metros y un portón, respecto del que exhibió una fotografía al Tribunal en la que se aprecia una vivienda cuyo patio está rodeado de malla sima.
Reiteró que nunca tuvo problemas con terceros, a diferencia de su vecina, cuyas quince mascotas corretean a la gente que pasa por el área debido a que están sueltos durante todo el día.
Consultado por el Dr. Yance respecto de otros expedientes iniciados en los años 2021 y 2023 en los que se investigaron hechos similares -en los que un pitbull habría mordido a una policía y un niño habría sido atacado por tres pitbull-, expresó que no atacan niños y que “si hubieran atacado un chico, lo hubieran matado” y que suelen jugar con los amigos que invita a su casa, ya que los crió para que sean amigables. Luego refirió que el motivo de la concurrencia de la uniformada -en el que estuvo involucrada otra de sus mascotas- quizá había sido algún problema con su esposa, y que entró intempestivamente a su domicilio pese a su advertencia; que nunca fue notificado del otro hecho.
Asimismo, respondió al vocal que tiene conocimiento de crianza de perros debido a que en Salta trabajó en una perrera en la que crió numerosos perros, por lo que la raza de un animal no determina su peligrosidad, sino que la que lo hace es su crianza, por lo que atribuyó el motivo de su presencia ante estos estrados en “un descuido”; nuevamente remarcó que si su perra hubiera mordido a la damnificada, el daño hubiera sido mayor.
En cuanto a la inspección municipal, refirió que les dijo que no podía tener menor cantidad debido a que sus perros, todos los cuales están debidamente vacunados, eran rescatados.
Finalizada su declaración, por Presidencia se anunció la prueba que sería agregada al debate de conformidad con las previsiones de los arts. 365, 374, 375 y cctes. del Código Procesal Penal, lo que se hizo según el detalle que a continuación se transcribe: 1) Informe de inicio de actuados, bajo Of. Prev. N° 128-S-QUINTA/2022 de la Comisaría Quinta de fs. 1 y fs. 4; 2) Acta de fijación de domicilio de fs. 9; 3) Informe médico -Oficio N° 535/2022CMF- elaborado por la Dra. Rossana Contreras respecto de la menor A. S. M .R. de fs. 12; 4) Oficio N° 931/22, elaborado por la Lic. en psicología Carolina Kero, de fs. 19; 5) Certificación actuarial de fs. 27/vta.; 6) Fotocopias de fichas dactiloscópicas pertenecientes al imputado de fs. 30/vta. y 31/vta.; 7) Informe de antecedentes penales pertenecientes al imputado de fs. 34 y 40/43; 8) Fotocopia del DNI perteneciente al imputado de fs. 36; 9) Certificación actuarial de fs. 76/vta y 88/vta; 10) Informe socio ambiental -arts. 26 y 41 del CP- realizado al imputado de fs. 91/92.
Acto seguido, declararon como testigos la denunciante -en el marco de cuya declaración se incorporó por lectura el acta de una denuncia que realizó en febrero de este año- y A. S. M .R., hija de aquella y pretensa damnificada de autos. En ese punto, el imputado solicitó ampliar sus dichos, momento en el que exhibió un video en el que se apreciaron una casa de fondo, en cuyo patio -rodeado por un cerco de malla sima- se ven varios perros, y otros sueltos correteando a un hombre; para describir la escena remarcó que en su casa se veía “todo cerrado” y refirió que los animales que atacaban al hombre (él), que siempre están sueltos y también atacar a otros caninos, eran los de su vecina.
Clausurado el período de producción de pruebas, de conformidad con el artículo 376 del CPP se invitó a las partes a formular sus alegatos en el orden legal establecido. En primer lugar, la representante del Ministerio Público Fiscal efectuó formal acusación por cuanto estimó acreditada la responsabilidad penal de F. N. R. en orden al delito enrostrado.
Relató el hecho a él atribuido, y en primer lugar destacó que del testimonio de A. S. M .R. surgieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que sucedió. Destacó que la joven dijo que no era el único incidente de esas características, ya que hubieron otros respecto los que no se había formalizado denuncia alguna “porque nadie te da bolilla”; que contextualizó el primero en una pelea entre sus perros y los del imputado -que lo acompañaban por la calle mientras estaba en evidente estado de ebriedad-, en cuyo marco, y producto de su intento de separarlos, resultó con lesiones en la muñeca que además fueron constatadas por la perito forense.
Luego abordó el hecho objeto de imputación, respecto del que referenció la secuencia que la joven describió y destacó la inexistencia de contradicciones en su relato, que fue además acompañado por precisas respuestas ante los interrogantes que se le formularon, indicadores de credibilidad que entendió deben ser valorados de manera conjunta con el material probatorio recopilado en las presentes. A continuación, preguntó en forma retórica por qué la adolescente -en quien se corroboraron lesiones coincidentes con la mordedura de un perro- mentiría, que su representación del animal agresor como un pitbull marrón coincidió completamente con la de su madre, y que en las fotografías exhibidas por F. N. R. fue posible advertir la presencia de varios perros en su domicilio; Que dichos testimonios -de los que también surgieron otros ataques a sus propias mascotas- fueron concatenados y coincidentes entre sí.
Puso también de relieve que lo expuesto halló el resultado del examen médico practicado a la niña, que constituye una prueba objetiva en la que de la revisión de la pierna derecha de A. S. M .R. se constató la presencia de equimosis y la existencia de escoriaciones lineales, lesiones que fueron calificadas por la perita forense como de carácter leve compatibles con la mordedura de un can.
En esa inteligencia, sostuvo que el relato de la víctima y su madre no resultan aislados, sino que fueron corroborados por el examen médico y la certificación actuarial incorporada en autos, que dio cuenta de otros episodios similares; aclaró que si bien ello no configura una prueba de cargo debido a su carácter limitado, constituyen antecedentes de situaciones anteriores que deben ser valoradas a la luz de la restante prueba, lo que implicaría una corroboración de los dichos de la joven y su madre, testigo del momento de producción de las lesiones que sufrió la Oficial de Policía, situación incluso reconocida por el encartado, al igual que la que derivó en una lesión en la muñeca de A. S. M .R..
Quitó valor conviccional a los dichos que F. N. R. profirió en lo relativo a la peligrosidad de los canes de T. G. V., por cuanto en la secuencia de video en realidad se advierte que eran de pequeña envergadura y meramente ladraban a los transeúntes, a diferencia de los pitbull, que se escapaban tal y como el reconoció que lo hicieron en al menos dos ocasiones previas.
Por todo ello, entendió acreditada la materialidad delictiva y la autoría penalmente responsable de F. N. R. en orden al delito de lesiones culposas, previsto en el artículo 94 del Código Penal; destacó que la conducta a él reprochada consiste en un infracción al deber de cuidado que provocó un resultado lesivo -acreditado por el certificado médico- que el encartado podría haber prevenido o evitado, omisión que constituye el fundamento de la responsabilidad culposa atribuida.
Que, asimismo, dicho obrar importó también la inobservancia de los deberes de cuidado exigidos por la ordenanza municipal 8426, que impone la exigencia de un mayor cuidado frente a la tenencia de un animal potencialmente peligroso. Valoró como atenuante que el sometimiento del imputado al proceso, y como agravantes voy a considerar el daño emocional y miedo que lo ocurrido le generó a A. S. M .R. -que no podía realizar sus actividades habituales con tranquilidad y cuya mascota fue “prácticamente comida” por el pitbull- y su grupo familiar; en mérito de lo expuesto, solicitó se condene a F. N. R. a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento en suspenso y al pago de las costas procesales.
A su turno, el representante del Ministerio Público de la Defensa en primer lugar remarcó el rol procesal del requerimiento de elevación a juicio, que fija el objeto procesal y enmarca la discusión a llevar adelante durante el plenario; que frente a la debilidad de la prueba de cargo, la Fiscalía intentó traer a colación conjeturas sobre situaciones hipotéticas sin partes del proceso ni consecuencias jurídicas. En ese sentido, recordó que el hecho atribuido a su defendido consistió en que el 7 de agosto el perro de su propiedad se encontraba en el exterior de su domicilio, pero durante su alegato la Fiscalía reconoció la existencia de un cerco perimetral, circunstancia que entendió desvirtuaba aquella afirmación relativa a la ubicación del animal, problema no exclusivo de este expediente, sino que se hace extensivo a los delitos culposos, en los que no se especifica la conducta omitida, deber de cuidado exigible o reglamento que infringió el acusado; que en este caso en concreto no fue oportunamente completado por quien debería haberlo hecho.
Reiteró que el requerimiento de elevación a juicio sólo sostuvo que el perro se encontraba en el exterior del domicilio, mientras que las fotografías y los videos exhibidos por el imputado demostraron la existencia del cerramiento, circunstancia incluso reconocida por la Fiscalía en su alegato.
Cuestionó también la referencia al supuesto episodio en el cual el animal habría mordido a un funcionario policial por cuanto, para valorar esa circunstancia, habría sido necesario revisar el respectivo legajo y, en su caso, acumularla al presente juicio.
En esa tesitura, sostuvo que no resulta admisible utilizar hechos sin consecuencias jurídicas -de los que incluso se desconoce si fundaron el grado de sospecha requerido para llamar a prestar declaración indagatoria- para predisponer a los juzgadores en favor de la tesis acusatoria; insistió en que el debate debe circunscribirse al hecho descripto en el requerimiento de elevación a juicio y posteriormente sostenido por la Fiscalía.
A continuación, sostuvo que la declaración de su defendido encontró respaldo objetivo en las fotografías exhibidas durante la audiencia, de las que surgía la comprobación de la existencia del cerco perimetral.
Refirió que si la acusación hubiera afirmado que numerosos perros, varios de ellos pitbull, transitaban diariamente por la vía pública bajo la responsabilidad del acusado, el reproche habría tenido otro contenido, cuya concreción que no correspondía a la Defensa, cuya función consiste en defenderse del hecho concretamente atribuido.
También señaló que la propia Fiscalía reconoció que un animal salió cuando la pareja del imputado abrió la puerta, lo que no implicaba una violación a un deber permanente y constante al deber de cuidado a su cargo -pues es una situación que puede ocurrirle a cualquier persona que tenga animales- que fue cubierto con la colocación de la cerca perimetral que su defendido construyó con los elementos que tenía a su alcance, que surgió de las imágenes exhibidas que la acusación reconoció.
Acto seguido, se refirió a las preguntas relativas a los motivos que harían que una persona mintiera, interrogante insuficiente para otorgar credibilidad automática a una versión en razón de que la capacidad de fabulación existe en todos los legos y puede deberse a múltiples factores como conflictos vecinales o intencionalidades que no siempre resultan evidentes.
Por ello, entendió que no debe dejarse un espacio abierto para que los integrantes del Tribunal completen, desde su propia subjetividad, los vacíos de una hipótesis acusatoria o incluso defensiva, algo que las anteriores situaciones mencionadas por la Fiscalía podrían provocar.
A modo de ejemplo, expresó que ese razonamiento implicaría una permanente tentativa de homicidio de parte de una persona aficionada a los automóviles que participara regularmente en carreras callejeras, comparación con la que procuró demostrar los riesgos de construir una acusación a partir de aquello que potencialmente podría ocurrir en lugar de valorar el hecho concreto sometido a juzgamiento.
Indicó que la hipótesis defensiva había sido expuesta desde el comienzo mediante la declaración del acusado, quien explicó lo sucedido incluso antes de la recepción de los testimonios e incluso mencionó la posible existencia de un conflicto vecinal relacionado con los animales, aunque aclaró que no pretendía otorgarle un valor determinante.
Asimismo, cuestionó la caracterización efectuada por la Fiscalía respecto de los animales de la denunciante en razón de la manifestación de T. G. V. de que uno de sus perros pesaba aproximadamente noventa kilogramos, circunstancia que entendió debía ser considerada al momento de dimensionar el conflicto existente entre los animales.
Refirió que dado el carácter de última ratio del derecho penal, el caso podría corresponder a un ámbito distinto del penal y que el eventual dictado de una pena, incluso de ejecución condicional, no reviste escasa trascendencia para la teoría jurídica, dado que casos como el presente exigen una imputación precisa de los deberes supuestamente incumplidos, que no se ve satisfecha con la una alusión vaga de la posición de garante de su defendido, sino que debe consignar de qué riesgo era garante el acusado, el origen esa posición y el deber concreto que habría infringido.
Finalmente, recordó que la acusación se limitó a consignar que el perro de raza pitbull del imputado se encontraba en el exterior del domicilio, pero que, sin embargo, la defensa material del imputado acreditó que el animal permanecía dentro de un espacio cercado, contraposición a, por ejemplo, una afirmación de que hubiera paseadora los perros sin bozal.
Por todo ello, solicitó la absolución de su asistido.
Concluidas las exposiciones, la Presidencia consultó al imputado si era su deseo manifestar algo antes de pasar a la deliberación; ante su negativa, la Presidencia dio por concluido el debate de conformidad con las previsiones del artículo 376 del CPP, convocó a los jueces a deliberar de inmediato y en secreto para sentenciar y ordenó reanudar el acto para leer el fallo el próximo 8 de julio de 2026 a las 12.00 horas en la sede de este Tribunal, sito en Malaspina N° 41 de esta ciudad. Y;
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Se encuentran acreditadas la materialidad y la autoría del hecho enrostrado?
La Dra. María Alejandra Vila dijo:
Que como punto de partida del análisis de la cuestión traída a estudio, entiendo procedente tomar como referencia los informes de inicio de actuados de fs. 1 y 4, de los que surge que el 7 de agosto de 2022 la Sra. T. G. V. denunció que aproximadamente a las 17:00 horas, su hija de 15 años había sido mordida en una pierna por un pitbull de propiedad del vecino que residía en la casa ** de la xxxxx Barrio xxxxxx.
Además, refirió que no era la primera vez que ocurría un episodio de ese tenor, ya que anteriormente se había dado uno similar en el que recibió una mordedura en una mano.
Durante el debate, T. G. V. refirió que es dueña de muchos perros y vive a tres casas de la del imputado, en el mencionado barrio, y que la primera presentación que radicó tuvo como motivo que un perro del encartado primero “comió” a uno suyo y cuando lo soltó atacó a su hija -ocasión en la que se produjo la mencionada lesión en su mano-, todo ello mientras F. N. R., que estaba sentado en la calle, ni siquiera la ayudó.
Describió el animal del encartado es un pitbull color marrón, además del que posee otros tres o cuatro, que una vez -entre todos- “comieron” su perro, que terminó desangrado.
En cuanto al hecho objeto de reproche, expresó que su hija sufrió una mordedura en la pierna una tarde en la que estaba yendo a la cancha a ver a sus compañeros del colegio, por la que tuvieron que colocarle vacunas; que eso ocurrió frente a la vivienda de F. N. R., pero no recordaba mayores detalles.
También recordó la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de una caniche de su propiedad frente a la casa del encartado, ocurrida luego del episodio antes descripto, momento en que el imputado estaba construyendo un portón, y otro incidente en el que atacaron a otra de sus mascotas por el que también radicó una denuncia, además de otros en los que un vecino, el novio de su hija, un niño y una policía fueron atacados por un pitbull.
Preguntada por si los perros suelen estar sueltos, contestó que “ahora están encerrados”.
Refirió que como se dedica a rescatarlos, tiene 11 animales grandes -entre ellos una perra que pesaba 86 kilos y ahora 55-, que por el temor que le provocan las mascotas de su vecino -que no usan bozal- pasa corriendo por el frente de su casa ni pasear a sus perros.
Consultada por la defensa respecto de si en sede policial declaró si los dientes del perro habían perforado la piel de su hija, respondió que si bien no recordaba exactamente lo ocurrido, el animal “no la soltaba”; preguntada por su negativa a que examinaran a su hija, desconoció esta última y sostuvo que posteriormente sí había sido revisada ante la citación que le cursaron.
Sus dichos fueron concordantes con los de su hija, A. S. M .R., quien confirmó que la primera vez que fue agredida por los canes fue en ocasión de una pelea en la calle entre los suyos y los de F. N. R. en la que, sin la ayuda de este último debido a la embriaguez que presentaba, intervino a fines de que cesara. Agregó que por ello, su casa quedó llena de sangre y que los médicos que la revisaron le dijeron que si la mordida hubiera sido “un poquito” más fuerte, le hubiera quebrado la muñeca. Sumado a ello también, confirmó que dos de sus mascotas murieron a manos de los perros del imputado y destacó otros episodios de importancia, como hechos similares sufridos por su padre (en dos ocasiones), una vecina embarazada y una policía, entre otros.
En cuanto a la que constituye el objeto de discusión en el presente plenario, dijo que una tarde recibió una mordida en la pierna de parte de uno de sus perros mientras caminaba a ver un partido de fútbol Recordó que los animales casi siempre estaban encerrados, sin bozal, pero solían escaparse de vez en cuando, momento en el que hacían “todo eso”.
Finalmente, destacó el miedo que le provoca circular frente a la casa y la impotencia que le generó casi haber perdido la muñeca y la muerte de varios animales. Los dichos de ambas hallaron asidero en lo constatado por la profesional del Cuerpo Médico Forense de este Poder Judicial que al día siguiente a la denuncia revisó a la joven, en la que se constató la presencia de una “equimosis en cara interna de pierna derecha, de colorido violáceo, de bordes difusos y otra equimosis próxima a esta, de similar característica”, a la que se sumaron “dos escoriaciones lineales, finas y largas”; dicha región se encontraba “inflamada y sobreelevada”. Se consignó como elemento productor de las lesiones una “mordedura de can”; asimismo, se observó una cicatriz de antigua data en la muñeca izquierda. Asimismo, de la copia obrante a fs. 36 se desprende la confirmación del domicilio de F. N. R. como el sito en el lote ** de la manzana xxxxxxx.
Completaron el plexo probatorio incorporado las certificaciones actuariales incorporadas por lectura que obran a fs. 27/vta, 76/vta y 89, a los que se suma el certificado policial de fs. 118.
Del primero surge -en coincidencia con las declaraciones de las testigos- la tramitación de dos expedientes en los que se investigan lesiones supuestamente sufridas por una policía y otras presuntamente sufridas por un menor en el exterior del domicilio del imputado; de la segunda y la tercera, otros antecedentes que no resultan de utilidad para los fines tratados en esta cuestión; de la última, la existencia de otra denuncia radicada por T. G. V. el 17 de febrero del corriente, en la que manifestó que cinco perros de propiedad del encartado ingresaron al patio de su casa y atacaron a uno de sus canes, similar a un galgo, y que no era la primera vez que esto ocurría.
Ahora bien, si bien asiste razón a la defensa de que dichas constancias no permiten -de modo alguno- acreditar por sí mismas la existencia de los hechos, no resulta menos cierto que, en especial la consignada en último término, pueden ser valoradas como un indicio de persistencia en la acusación por parte de la denunciante, lo que sin lugar a dudas, sumado a la verosimilitud de su relato que sí pudo ser acreditada, dotan de mayor carácter epistémico su declaración. La referencia a esos episodios no importa tener por acreditados hechos ajenos al objeto procesal ni fundar en ellos la responsabilidad penal del imputado. Su valoración se limita a examinar la coherencia contextual de los relatos, la persistencia de la conflictiva vinculada a los animales y, principalmente, el conocimiento previo que el acusado tenía —o debía tener— acerca del riesgo que representaba la tenencia de esos canes en las condiciones descriptas.
Así, a partir de la valoración de la prueba producida durante el plenario, entiendo que puede tenerse por acreditado que aproximadamente a las 17:00 horas del 7 de agosto de 2022 A. S. M .R. fue mordida en su pierna derecha por uno de los perros de raza pitbull de propiedad de F. N. R. mientras circulaba frente al domicilio del nombrado, sito en el ya mencionado domicilio.
Entiendo probada la materialidad del suceso en razón de la concordancia entre los relatos de la damnificada y su madre, quienes ubicaron la agresión en idénticas circunstancias temporoespaciales; dichas manifestaciones hallaron respaldo en el informe remitido desde el Cuerpo Médico Forense que se labró al día siguiente, en el que se constataron lesiones compatibles con la mordedura de un can en la zona del cuerpo de la joven que ellas sindicaron como afectada.
En otro orden, las imprecisiones de T. G. V. en ciertos aspectos secundarios -como por ejemplo, si la piel de su hija había sido o no perforada- no debilitan la mencionada conclusión, toda vez que la falta de recuerdos vívidos sobre el episodio resulta totalmente comprensible en razón de los casi cuatro años que transcurrieron de su acaecimiento; en ese sentido, sus dichos fueron concordantes con los de su hija -víctima del hecho y, consiguientemente, su testigo presencial- en cuanto a la intervención de uno de los perros del acusado y el lugar en el que ocurrió el hecho. Asimismo, de las constancias de autos tampoco se advierten elementos objetivos que permitan atribuir las declaraciones de las nombradas a un episodio de fabulación o a una intención de perjudicar a F. N. R., toda vez que la mera alusión a la posible existencia de un conflicto no alcanza en forma alguna para privarlas de credibilidad, más aún cuando dicha manifestación no encontró su correlato con las constancias de autos; ello conlleva a concluir que la hipótesis defensista quedó reducida a una posibilidad abstracta que carece de sustento probatorio. Respecto de la existencia de un cerco perimetral sostenida por la defensa, debe destacarse que la documental exhibida durante la audiencia de debate solamente demuestra la existencia actual del cerramiento del predio -lo que resultó concordante con las manifestaciones relativas a la posterior desaparición de uno de sus perros por parte de T. G. V., que sindicó ocurrió al tiempo en que F. N. R. lo construía-, mas no su idoneidad para impedir la salida de los animales ni que hubieran estado confinados en ese momento. En igual sentido, A. S. M. R. explicó que solían estar encerrados pero ocasionalmente escapaban, oportunidades en las que se producían los ataques, circunstancia compatible con postura sostenida por la defensa y el imputado, que incluso admitió la posibilidad de escape cuando se abría el portón de acceso.
La eficacia del sistema de contención no se juzga en abstracto por su mera existencia física, sino por su aptitud concreta para impedir la realización del riesgo cuya neutralización constituía precisamente el deber de cuidado exigible. En ese sentido, la salida efectiva del animal hacia la vía pública demuestra que las medidas implementadas no resultaron suficientes para mantenerlo bajo control eficaz. Es por ello que la existencia de dicho cerco no contradice el hecho imputado ni excluye la responsabilidad del acusado, toda vez que la circunstancia de que el perro hubiera habitualmente permanecido dentro del terreno no impide afirmar que, en la fecha y hora examinadas, salió del ámbito de custodia y atacó a la joven en el exterior de la vivienda. En ese punto, la sola presencia de una estructura destinada a contenerlo no resulta óbice para tener por comprobada una falla para neutralizar el riesgo que representaban los animales, que se concretó con el resultado producido y constatado por el personal médico interviniente.
En igual sentido, la afirmación contenida en el requerimiento de elevación a juicio -según la cual el perro se encontraba en el exterior del domicilio- impone la salida del can del ámbito en el que debía permanecer confinado, por lo que el eje de la acusación no pasaba por demostrar que los perros circulaban de manera permanente por la vía pública ni que eran paseados sin bozal, sino que al momento del hecho imputado uno de ellos se hallaba fuera del control de su responsable y lesionó a la damnificada en las circunstancias descriptas.
Sin temor a sonar reiterativa en mi exposición, considero pertinente aclarar nuevamente que los restantes episodios mencionados durante el debate no constituyen el fundamento autónomo de la condena ni se valoran como hechos cuya responsabilidad penal deba decidirse en esta causa, sino que su utilidad queda limitada a contextualizar las manifestaciones de las testigos y, en su caso, a examinar la persistencia de sus relatos; la materialidad y la autoría del hecho juzgado se encuentran demostradas con independencia de aquellos antecedentes mediante las declaraciones de T. G. V. y A. S. M. R., la constatación médica forense y la acreditación del domicilio del encartado.
Tampoco conmueve la conclusión arribada la referencia de T. G. V. del tamaño de uno de sus perros, puesto que el objeto procesal de la presente no pasa por juzgar un enfrentamiento indeterminado entre animales ni la muerte de alguna de sus mascotas, sino la mordedura sufrida por A. S. M .R. mientras caminaba frente a la vivienda del imputado; la contextura de los canes de la denunciante carecen de incidencia sobre la agresión examinada y no permite descartar o acreditar las lesiones que presentó la joven.
En consecuencia, entiendo que el cuadro probatorio examinado permite superar el estado de duda invocado por la defensa, toda vez que la prueba reunida logró probar, con el grado de certeza requerido por la presente instancia, tanto la existencia de la lesión causada por una mordedura canina como la procedencia del animal y la omisión del acusado de mantenerlo bajo un resguardo eficaz. Asimismo, en el transcurso de la producción del proceso no se han comprobado situaciones especiales que hagan viable algunas de las causas de exclusión o de justificación previstas en el artículo 34 del Código Penal ni de ninguna excusa absolutoria, por lo que en razón de lo previamente analizado, el encartado deberá responder penalmente por los hechos imputados.
El Dr. Jorge Yance y el Dr. Eduardo López adhieren al voto de la Dra. Vila. SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a la conducta del acusado en el hecho?
En relación a la segunda cuestión, la Presidencia dijo:
Que en atención a lo resuelto precedentemente, corresponde ahora adecuar jurídicamente los hechos que se tuvieron por comprobados, que la Fiscalía encuadró en el delito de lesiones culposas, previsto en el artículo 94 del Código Penal; por su parte, la Defensa no formuló planteo respecto de la calificación jurídica de los hechos.
Adelanto que he de coincidir con la postura esgrimida por cuanto se comprobó la existencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal enrostrado. En ese sentido, debe destacarse que es clara la relación de determinación que vincula la conducta consistente en la tenencia de un animal que no fue debidamente controlado y el resultado lesivo, toda vez que de haber respetado el inculpado la vigente normativa, dicha consecuencia no se hubiera producido.
En esa inteligencia "Tendremos, pues, que escrutar si la acción real (de rasgos positivos en el plano mecánico) desarrollada, que se presume generadora del resultado, tradujo una infracción/omisión (por intervención subjetiva negligente o constitutiva de una inobservancia) a un deber de cuidado (a una prohibición) que creó o aumentó un riesgo jurídicamente desaprobado que desembocó en él” (Ferro, Alejandro. El delito culposo de omisión. Argentina: Hammurabi, 2024, p. 122). Desde esta perspectiva, la tenencia de un animal de compañía puede ser entendida como un riesgo socialmente tolerado y permitido en virtud de los beneficios afectivos, sociales y de asistencia que reporta su incorporación a la vida cotidiana. Es decir, la sociedad tolera los riesgos que ocasiona en base a una relación costobeneficio; cuando los últimos son mayores que los primeros, el riesgo no es jurídicamente desaprobado. Así, la incorporación de animales de compañía a la vida familiar y social, junto con las mencionadas ventajas, reporta una serie de beneficios que justifican el riesgo inherente a su tenencia.
Siguiendo esta línea de pensamiento, la tenencia y custodia de un animal coloca a su propietario o guardador en una posición jurídica de garante respecto de los riesgos propios de esa fuente de peligro. Ese deber no implica una obligación absoluta de evitar cualquier contingencia, pero sí exige adoptar medidas razonables y eficaces para impedir que el riesgo inherente a la tenencia del animal exceda el ámbito socialmente permitido y se proyecte sobre terceros.
Estrecha relación con lo precedentemente expuesto guarda la opinión de Günther Jakobs, por cuanto los deberes de cuidado y de garante tienen por objeto "el mandato de actuar de modo que la actividad se mantenga en el ámbito de lo socialmente tolerable, y de neutralizar los peligros derivados de esa misma actividad en caso de que éste trasvase el umbral de lo permitido" (JAKOBS, Günther, Derecho Penal, Parte General... en: DONNA, Edgardo Alberto, Revista de Derecho Penal 2016-2: Responsabilidad penal por omisión II / Natalia Barbero et al, 1ª edición revisada, Santa Fe, 2017, Ed. Rubinzal-Culzoni).
La confianza socialmente esperable en que los demás podrán circular por la vía pública sin ser agredidos por animales bajo custodia ajena presupone que quien tiene dominio sobre esa fuente de peligro cumpla con los recaudos mínimos de contención y control. Cuando ese deber se incumple, el riesgo deja de permanecer dentro del margen permitido y se transforma en jurídicamente desaprobado. Además del riesgo jurídicamente desaprobado, resulta necesario para la existencia del delito que el resultado disvalioso sea justamente su concreción. En ese sentido, "este nexo no será de naturaleza causal sino normativa" (Álvarez, Ricardo. "Derecho Penal de la Circulación". Buenos Aires: Ed. Tribunales, 2012).
En relación a lo sostenido por la defensa durante su alegato, el deber de cuidado infringido tampoco aparece indeterminado, dado que producto de su condición de propietario y encargado de los perros, F. N. R. debía adoptar las medidas necesarias para conservarlos bajo efectivo control e impedir que accedieran a la vía pública y lesionaran a terceros; en ese sentido, el reproche (en abstracto) de la norma no se asienta en una obligación absoluta de evitar cualquier tipo de contingencia, sino la omisión de su parte de mantener una custodia adecuada que hubiera impedido la salida de uno de sus animales y el consecuente ataque a terceros que transiten por el lugar.
Por ello, la respuesta al planteo defensivo no pasa por determinar si existía o no alguna estructura de cerramiento, sino si esa estructura era idónea para impedir que el animal accediera a la vía pública. La prueba producida demostró que esa idoneidad faltó en el caso concreto.
Queda claro que cuando la ordenanza municipal 8426/14 establece en su artículo 7 inciso f que “se autoriza la tenencia de animales de compañía en domicilios particulares siempre que... no se produzca una situación de peligro o incomodidad para los vecinos...” y en su artículo 16 que “El dueño o responsable de un animal doméstico... deberá extremar las medidas de precaución a los efectos de contener a los animales dentro de su domicilio, evitando que deambulen por la vía pública, evitar molestias e inconvenientes que pueda causar el animal... Se deberá... destinar una infraestructura adecuada para que el animal esté contenido en cercos perimetrales resistentes... que no permitan un acercamiento directo con las personas ajenas a la vivienda...”, tiene entre sus postulados evitar la introducción de un riesgo superior al socialmente tolerado para la integridad física de los ciudadanos mediante el respeto a la norma.
Al hacer caso omiso a ambas reglas, F. N. R. introdujo con su accionar un riesgo superior al tolerado, que se concretó cuando se produjo la mordedura en A. S. M .R., que era justamente lo que aquella tenía por objeto evitar.
En esa inteligencia, no se advierte dolo en el actuar del encartado, sino que en razón de que el resultado lesivo se concretó con motivo de su falta de adopción de los recaudos necesarios para evitarlo, por lo que su accionar culposo debe ser atribuido a título de inobservancia de los reglamentos que debía cumplir. Es por ello que el actuar oportunamente llevado a cabo por F. N. R. resulta constitutivo del delito de lesiones leves culposas (artículo 94, primer párrafo, quinto supuesto del Código Penal).
El vocal titular (Dr. Jorge Yance) y el vocal subrogante (Dr. Eduardo López) adhieren al voto de la Presidencia.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar y qué pena corresponde imponer?
En relación a la última cuestión, la Dra. María Alejandra Vila dijo:
Acreditada la responsabilidad penal del imputado y determinada la calificación jurídica del hecho, corresponde individualizar la respuesta sancionatoria conforme a las pautas previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal. Ello exige ponderar no sólo la gravedad objetiva del injusto y el grado de culpabilidad evidenciado, sino también las circunstancias personales del condenado y la aptitud de la sanción para cumplir las finalidades constitucionalmente asignadas a la pena.
Que en su acusación final el Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare la responsabilidad penal de F. N. R., en cuyo mérito solicitó se lo condene a la pena de seis (6) meses de prisión de cumplimiento en suspenso y la imposición de las costas del proceso. Por su parte, la defensa solicitó su absolución en los términos del artículo 4 del Código de rito por cuanto entendió que existe una duda razonable a favor de su defendido.
En este sentido, tiene dicho el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz que “…la adecuada fundamentación del fallo exige que se mencionen los aspectos que emplean para dimensionar la pena y se indique con precisión que se los tiene por atenuantes o agravantes, sin que sea necesario, además, que se explique por qué razón se les asigna ese sentido, lo cual por lo demás, será fácilmente advertible por el enrolamiento del juzgador en determinadas líneas de pensamiento sobre los fines y fundamentos de la sanción…” (In re: Cristian Matías Brest, Sentencia 17/05/2018, Tomo VII, Registro 002, Folio 024/030).
Sostiene la doctrina que “…el deber de motivación exige que todas las razones que el juez pone en juego al estimar la sanción sean claramente manifestadas… la motivación de la decisión judicial que impone una pena debe permitir conocer de manera concreta cuales son las razones por las que el Tribunal ha escogido la sanción que aplica y no otra. Ese conocimiento no debe ser logrado mediante un esfuerzo de intuición, sino que ha de quedar claramente a disposición de quien lea el fallo, de manera que no sólo se advierta el marco legal aplicable, sino el uso particular que se ha hecho de él. Con esto indicamos categóricamente que son nulas por falta de fundamentación las sentencias que individualizan una pena asociándola a la simple referencia de un artículo de la parte del Código Penal y a la mención de los artículos 40 y 41 del Código Penal…” (Conf. Fleming, Abel/López Viñals, Pablo, “Las Penas”, 1º Edición Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, pág. 440).
Por lo tanto, para determinar la pena justa debe actuarse de conformidad con las pautas impuestas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, que establecen que los juzgadores deben ponderar la gravedad del hecho, el grado de culpabilidad del autor, sus antecedentes y condiciones personales, la extensión del daño causado y las circunstancias de su comisión.
A tales fines, operan como circunstancias agravantes la entidad del riesgo efectivamente concretado en el resultado lesivo, las particulares condiciones en que éste se produjo y la mayor exposición al peligro generada por la insuficiencia de las medidas de contención adoptadas respecto de un animal potencialmente riesgoso. Asimismo, corresponde valorar la afectación ocasionada a la víctima, quien sufrió lesiones mientras transitaba por la vía pública y las secuelas de temor que el episodio generó en su vida cotidiana.
Como circunstancias atenuantes corresponde ponderar su sometimiento al proceso, su inserción familiar y laboral, las condiciones personales informadas en el socioambiental y la escasa entidad de las lesiones finalmente producidas. . Asimismo, a los fines de graduar la pena deben tenerse en cuenta las resultas del informe socioeconómico ambiental y las demás constancias obrantes en autos, de los que se desprende que F. N. R. nació hace 39 años en la localidad de Salta, reside hace aproximadamente 9 años en esta localidad, donde convive con su pareja, completó sus estudios primarios, no tiene hijos y trabaja en el mercado informal como changarín.
Debe destacarse que de la lectura de lo informado a fs. 40/43 surge la existencia de una condena previa dictada respecto del encartado por la Cámara 3ra en lo Criminal de Salta el 18 de febrero de 2013, en la que se le impuso una pena de siete años de prisión como autor del delito de robo calificado y coautor de los delitos de hurto calificado en grado de tentativa, robo calificado en poblado y en banda y robo calificado, que se tuvo por cumplida el 5 de febrero de 2016.
La existencia de antecedentes condenatorios constituye una circunstancia que necesariamente debe ser ponderada al efectuar el juicio previsto por el art. 26 del Código Penal. Sin embargo, dicha circunstancia no releva al Tribunal de realizar una valoración concreta e individualizada de las particularidades del caso sometido a juzgamiento.
Valorados los elementos precedentemente expuestos, corresponde ahora determinar la modalidad de ejecución de la pena impuesta mediante el juicio de pronóstico previsto en el artículo 26 del Código Penal. Desde esa perspectiva, y ponderadas integralmente las circunstancias objetivas y subjetivas comprobadas en autos, considero que en el presente caso no resulta necesaria la ejecución efectiva de la pena para satisfacer adecuadamente sus finalidades preventivas.
Así, a fines de garantizar la prevención especial no resulta necesaria la imposición de una pena de cumplimiento efectivo, ello en razón de que la naturaleza culposa del delito impone considerar que el resultado lesivo no obedeció a una decisión deliberada de afectar bienes jurídicos ajenos, sino a la infracción de un deber de cuidado, circunstancia que se torna relevante al momento de efectuar el juicio exigido por el art. 26 del Código Penal, pues la valoración acerca de la necesidad del encierro debe atender también a la naturaleza del injusto por el cual se condena. En igual tesitura, si bien el imputado registra antecedentes condenatorios, el hecho aquí juzgado presenta características sustancialmente distintas a aquellos por los que fuera condenado, circunstancia que debe ser ponderada al momento de decidir respecto de la necesidad de ejecución efectiva de la pena.
Ello no significa desconocer la relevancia de los antecedentes condenatorios del imputado ni relativizar la gravedad del hecho aquí juzgado, sino advertir que el juicio de pronóstico previsto por el art. 26 del Código Penal exige valorar específicamente la probabilidad de reiteración del tipo de comportamiento sometido a juzgamiento y la necesidad concreta de ejecución efectiva para alcanzar los fines preventivos de la pena.
En ese análisis adquieren particular relevancia la escasa entidad de la pena impuesta dentro de la escala legal, la modalidad culposa del hecho, las características personales del condenado y la posibilidad de sujetarlo al cumplimiento de reglas de conducta eficaces durante el período de prueba permiten concluir que el objetivo perseguido puede alcanzarse sin necesidad de disponer una pena de efectivo cumplimiento, sumado ello a que dicha decisión resultaría innecesaria para prevenir la comisión por su parte de nuevos delitos similares; es por lo expuesto que, evaluada que fuera la situación personal de F. N. R. en su relación con el contexto fáctico y jurídico contenido en este proceso y conforme a las pautas mensurativas contenidas en el Digesto Penal, se considera apropiado aplicar la pena de seis (6) meses de prisión de cumplimiento en suspenso en orden al delito de lesiones leves culposas (artículo 94, primer párrafo, quinto supuesto del Código Penal), ello además del pago de las costas procesales y en concordancia con lo oportunamente sugerido por la Sra. Fiscal de Cámara.
Ninguna de estas circunstancias, considerada aisladamente, justificaría la solución adoptada; es la apreciación conjunta de todas ellas la que permite concluir que la finalidad preventiva puede alcanzarse mediante una condena de ejecución condicional.
La pena impuesta procura preservar el adecuado equilibrio entre la respuesta estatal frente a la lesión ocasionada y el principio de mínima intervención del derecho penal, evitando que la ejecución efectiva del encierro opere como una consecuencia automática desvinculada de las concretas necesidades preventivas que el caso presenta.
En razón de lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta la fecha de comisión del hecho investigado en autos y por imperio de las previsiones del artículo 50 del CP, corresponde la declaración de reincidencia por primera vez en cabeza del encausado; sin que ello obste, por las razones expuestas precedentemente, al juicio de pronóstico efectuado respecto de la modalidad de ejecución de la pena. Asimismo, y en atención a la modalidad de ejecución aquí dispuesta no importa minimizar la gravedad del hecho ni el daño ocasionado a la víctima sino concluir que -en las particulares circunstancias verificadas en autos- la finalidad preventiva de la pena puede alcanzarse de un modo menos gravoso, durante el plazo de dos (02) años el nombrado deberá observar las reglas que se imponen en los términos del Art. 27 bis del Código Penal, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se le revoque el beneficio de la condicionalidad de la pena impuesta en la presente. En su mérito, F. N. R. deberá: a) fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia; b) abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; c) concurrir al taller municipal de educación para tenencia responsable de animales; d) no tener animales potencialmente peligrosos sin cumplir íntegramente la normativa municipal vigente y; e) acreditar ante el Tribunal de Ejecución el cumplimiento de las obligaciones administrativas derivadas de la Ordenanza Municipal 8426/14 respecto de la tenencia de animales.
Sumado a ello, se deberá dar intervención al Departamento de Veterinaria y Control Animal de la Municipalidad local a fines de que den cumplimiento a las previsiones del artículo 79 de la Ordenanza N° 8426/14 y tomen las medidas pertinentes del caso.
Por otra parte, atento la manifestación de A. S. M .R. durante el debate, deberá hacerse saber a la víctima de autos del estado del trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos de los artículos 73 inciso “b” del Código Procesal Penal, y 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos.
Los Dres. Jorge Daniel Yance y Eduardo Gabriel López adhieren al voto de la Dra. María Alejandra Vila.
Por lo expuesto, en virtud de la deliberación que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383 y 386 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1. CONDENAR a F. N. R., de demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de seis (6) meses de prisión de cumplimiento en suspenso como autor penalmente responsable del delito de lesiones leves culposas (artículo 94, primer párrafo, quinto supuesto del Código Penal) y al pago de las costas del proceso.
2. DECLARAR REINCIDENTE POR PRIMERA VEZ al imputado F. N. R..
3. IMPONER a F. N. R., por el término de dos (2) años, las siguientes reglas de conducta conforme el art. 27 bis del Código Penal:
a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia;
b) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; c) Concurrir al taller municipal de educación para tenencia responsable de animales; d) No tener animales potencialmente peligrosos sin cumplir íntegramente la normativa municipal vigente y;
e) Acreditar ante este Tribunal el cumplimiento de las obligaciones administrativas derivadas de la Ordenanza Municipal 8426/14 respecto de la tenencia de animales.
4. DAR INTERVENCIÓN al Departamento de Veterinaria y Control Animal de la Municipalidad local a fines de que den cumplimiento a las previsiones del artículo 79 de la Ordenanza N° 8426/14 y tomen las medidas pertinentes del caso.
5. HACER SABER a A. S. M .R., víctima de autos, el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos de los artículos 73 inciso b del Código Procesal Penal y 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos.
6. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE la presente; firme que sea, REMÍTASE a la Secretaria de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dra. María Alejandra Vila –presidenta-, Dr. Jorge Daniel Yance –juez- y Dr. Eduardo Gabriel López –juez subrogante- ante la secretaria Dra. Gabriela Mansilla.
Fin de la sentencia