Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal Sala IV
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de Casación interpuesto por el Sr. Defensor Particular, Dr. Pablo Mariano López, en representación de F. N. C. y E. E. C..
II. Rechazar el mismo por improcedente, sin costas en esta instancia por existir razones plausibles para litigar.
III. Tener presente la reserva del caso federal.
IV. Diferir la regulación de los honorarios profesionales al letrado interviniente, doctor Pablo Mariano López T° V, F° 48 C.A.A., por la labor desplegada en esta sede, para una vez regulados en la instancia. Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional, artículos 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en función de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la C.N.; arts. 40, 41 y 45 del Penal; art. 56 primero y segundo párrafo de la Ley 24.051; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 1, 210, 371, 373, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 530 y 531 del Código Procesal Penal; art. 14 de la ley 48; arts. 1, 9, 16, 33 y 51 de la ley N° 14.967.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal En la ciudad de La Plata a los 21 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 92.967 de este Tribunal, caratulada “C., F. N. y C., E. E. s/ Recurso de Casación”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO - KOHAN, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan los autos a consideración del Tribunal como consecuencia del recurso de casación deducido por el señor Defensor Particular, Dr. Pablo Mariano López, en representación de F. N. C. y E. E. C., contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Necochea, que condenó por mayoría a sus pupilos procesales a la pena de tres (3) años de cumplimiento efectivo y de diez (10) años de inhabilitación especial para el desempeño de actividades relacionadas con la aplicación de agroquímicos y sus derivados y costas por resultar autores penalmente responsables del delito de infracción al artículo 56 primer y segundo párrafo de la Ley 24.051.
II. a) Se agravia la defensa en primer lugar de la absurda valoración efectuada de la prueba reunida en autos, por entender que existe una clara violación y errónea aplicación de los artículos 210 y 373 del ritual, al tener por cierto en la sentencia que los imputados han participado en la materialidad ilícita, de la forma que la describe el “a quo”.
Del decisorio traído en crisis, considera que se desprende que el Tribunal consideró idénticas las responsabilidades de E. E. C. y de F. N. C., por entender que ambos eran socios de la empresa denominada S.
S.A.
El recurrente manifiesta que F. en el debate dijo ser el responsable del comercio, el dueño, el presidente, el mayor responsable; mientras que ha quedado acreditado que E. era empleado bajo las órdenes de su hermano. Por ello entiende que más allá del parentesco que los une, el segundo de los nombrados no tenía ninguna responsabilidad sobre lo acaecido, por no tener poder de decisión, ni responsabilidad en las acciones de la sociedad mencionada.
Peticiona para ambos encartados que se haga lugar a los planteos y se aplique el mínimo legal establecido para el delito descripto en el art. 56 segundo párrafo de la Ley 24.051, estableciéndose el carácter de ejecución condicional a la misma.
b) En segundo término se queja de la violación y errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P., con relación a los atenuantes y agravantes tenidos en cuenta por el “a quo” al momento de determinar el quantum punitivo; expresa que la inexistencia de elementos agravantes en los hechos en juzgamiento y la presencia de atenuantes, permiten sostener que la pena que razonadamente le debe corresponder a F. N. C. y a E. C., es la del mínimo de la escala penal, correspondiendo la reducción entonces de la finalmente impuesta.
Reitera el casacionista, que la pena debe ser de ejecución condicional.
Finalmente hace reserva del caso federal.
III. Concedido el recurso de casación a fs. 179/179vta., sorteada esta Sala a fs. 187, se procedió a notificar a las partes y al encontrarse la causa en estado de resolver, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de Casación interpuesto?
2da.) En su caso, ¿es procedente?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Además de haber cumplido con los recaudos de tiempo y forma que regulan su interposición, el recurso abastece los requisitos de impugnabilidad tanto en el plano subjetivo como objetivo, puesto que fue deducido por quienes tenían derecho a hacerlo, contra una sentencia definitiva (conf. arts. 450 del C.P.P.), en virtud del gravamen que el decisorio genera para los intereses de sus asistidos (conf. arts. 421 y 454 inc. 1. del C.P.P.).
Considero en consecuencia que el recurso resulta formalmente admisible debiendo este Tribunal expedirse sobre su fundabilidad y procedencia.
Así lo voto.
A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I. Comenzaré mi sufragio diciendo que atento a lo establecido en el segundo párrafo del art. 371 del C.P.P., el que prevé una motivación exhaustiva de las cuestiones de hecho planteadas y de la valoración de los medios de prueba que funden las afirmaciones fácticas realizadas en la sentencia, exigiendo del mismo modo, que exprese las razones del porqué no se atiende a ciertas pruebas dirimentes presentadas en el juicio, el sentenciante, debe responder con basamento jurídico, a los planteamientos efectuados por las partes.
Es decir, que nuestro ritual exige el dictado de una sentencia que, en lo pertinente, debe observar las disposiciones de los artículos 371 y ssgtes. del C.P.P., y resolver sobre los extremos de hecho en la forma establecida en los artículos 106, 210 y 373 del C.P.P.-
II. Y es que de la prueba reunida en autos, el Tribunal ha tenido legalmente acreditado que: “ …el día 13 de abril del año 2015 siendo aproximadamente las 15:00 horas, en el domicilio sito en calle 5.xx N° xxxx de Quequén (lugar donde se encontraba instalado un depósito de productos químicos, empresa denominada S. S.A.), los encartados de autos –E. E. C. y F. N. C., responsables de la empresa mencionada- en ocasión de manipular negligentemente un producto denominado Fosfuro de Aluminio (compuesto por fosfina, sustancia comprendida dentro de la Ley 24.051), derraman dicha sustancia en el patio del inmueble y proceden a su limpieza arrastrando la sustancia al sistema pluvial (y a través de éste, al cloacal) mediante el uso de agua, conociendo que dicho producto resultaba ser de extrema toxicidad para la salud humana y que se activaba en el contacto con el mencionado líquido; provocando con ello la muerte de M. N. y la intoxicación de F. S. J. V., de F. S M. M., de N. P. M. E. y de C. G. M. A., A. V. E., L. V., A. B., A. L. R., A. L. S. y N. L. M..”
III. Entre los elementos probatorios con los que contó el Tribunal se encuentran las declaraciones vertidas en el debate por los testigos que a continuación detallaré: D. F. L., quien cumplía funciones en Bomberos de Quequén y acudió ante el llamado de un supuesto incendio en un galpón el día de los hechos. Manifestando que cerca del mediodía, en Quequén, en el depósito de los hermanos C., supuestamente había un incendio, pero al arribar al lugar no vieron nada, tomando conocimiento por uno de los hermanos C. –E.-, que habían dejado unas 30 o 40 bolsas aproximadamente olvidadas en un lugar donde les dio la lluvia y que aparentemente el agua ocasionó la explosión. El declarante dijo que la tarea que tuvieron los bomberos fue casi nula, limitándose a recorrer el pasillo y un poco más adentro donde estaba el galpón, encontrando pequeños focos de incendio que en realidad eran las bolsitas mismas que tenían fuego originados por el contacto con el agua, procediendo a apagarlos pero al ver que se generaban explosiones le consulta a E. C., quien le explica como era el tema y que no se continuara tirando agua que no pasaba nada. Lo que le llamó la atención fue lo que estaba vertido sobre el patio, dijo que “estaba todo como gris”, que era una sustancia que se encontraba como desparramada y que algunas bolsas producían los focos de incendio, incluso al verificar una casa vecina, le obligaron a apagar una hornalla por el fuerte olor que percibieron y temieron que algo más grave pudiera suceder, incluso hicieron salir a la calle a la señora que se encontraba en ella. Agrega que vio un polvo y sintió un olor que le hizo presentir “como que el aire estaba peligroso”. Respecto a Cañada manifestó que en ningún momento lo vio con una máscara puesta.
También se cuenta con la testimonial de O. A. G., quien al momento de los sucesos se desempeñaba como Chofer y Capitán con servicios en Policía Ecológica, siendo convocados al lugar de los hechos aproximadamente a las 15:40 horas por un llamado telefónico del Oficial D. F., quien manifestó que había un incendio en un domicilio con aparentemente sustancias peligrosas. Al arribar al lugar se encuentran con el señor E. C. en calle 5xx al xxxx, quien refirió que habían estado limpiando un galpón y a raíz de la lluvia reinante, reaccionaron unos productos que estaban manipulando (fosfina), sin embargo al lugar lo encontraron todo limpio, aclarando que el incidente se había producido en el patio de la vivienda.
Agrega en su declaración que al retirarse recomendaron tener medidas de seguridad, como cal o que dichas mercaderías no se encontraran al aire libre; ya que por pertenecer a la Policía Ecológica tenía conocimiento que dichos productos reaccionaban de la forma que lo hicieron ante el contacto con el agua.
Finalmente aclaró que la función de dicha policía es dedicarse a todo lo que es delito ambiental que afecta a la salud, tierra y aire, como desperdicios o fuga de gas de una fábrica, para verificar el lugar, determinar lo que pasa y trabajar en consecuencia, pero en la oportunidad por los que fueron convocados, al no hallar material, no pudieron trabajar.
Por su parte, el Coordinador de Defensa Civil de la Municipalidad, J. D. Ll., testificó que no recordaba con exactitud la fecha de los hechos, pero que recepcionaron un llamado telefónico de un vecino diciendo que había una explosión y un derrame de tóxicos, a lo que inmediatamente llamaron al Organismo correspondiente en la materia que era la Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, como así también a los Bomberos de Quequén y a Medio Ambiente. Aclaró que el personal al arribar al domicilio donde se había producido el incidente, se encontraba en normales condiciones por lo que su dependencia levantó el operativo.
M. R. R., vecino del lugar, cuyo domicilio se encuentra a 30 metros del depósito, recordó que el 13 de abril del año 2015, había salido con su esposa al banco para hacer unos trámites y cuando regresaron vieron un alboroto en el barrio, y su hijo le dijo que había ocurrido una explosión, pero no podía determinar de dónde provenía, que incluso había volado la cloaca de su casa, a pesar del doble cemento con la que estaba confeccionada. Su casa se encontraba con suciedad en las paredes, de la misma explosión. Ante esta situación salió a recorrer el barrio, aproximándose a la vivienda donde se encontraban los bomberos, observando como los hermanos F. y E. C. echaban un agua de color blanca dentro de la cloaca, la que también salía por la vereda, la que finalmente desembocaba en la cloaca maestra que estaba en la esquina donde vivía M. N.. Sorprendido por esta acción comenzó a sacar fotos. Al hablar con F. C., éste le dijo que se quedara tranquilo que la sustancia no era veneno, por lo que se quedaron en su casa, teniendo en cuenta que estaba nublado y por llover, incluso no recibieron directivas de ninguno de los representantes de los organismos que se encontraban trabajando en el lugar. Sin embargo, manifestó que el producto seguía adentro de su casa, sintiéndose el olor del mismo.
Al día siguiente, comenzó a sentirse mal, con ganas de vomitar, por lo que concurre al Hospital de Quequén, donde le preguntan si vivía cerca del domicilio donde se había producido el escape de veneno, contestando a tres casas, por lo que decidió el médico que lo atendía trasladarlo al Hospital de Necochea para suministrarle suero. G. A. F., vecino del depósito en cuestión, relató que el día del hecho, alrededor de las tres de la tarde, escuchó una explosión por lo que salió afuera de su domicilio observando que en el depósito de los hermanos C. había un patrullero y se veía una nube como grisácea, enterándose por los vecinos que había volado la tapa de cloacas. Luego se dirigió hacia el depósito donde se encontró con E. C., quien le contó que se había derramado una sustancia que se llamaba fosfuro de sodio y que no se preocupara porque estaba desactivado. Sin embargo, en su casa percibía un fuerte olor, por lo que tuvo que abrir las ventanas para ventilar. Al día siguiente debió concurrir con sus hijas M. y Y. al hospital porque se sentían descompuestas, recibiendo atención el día martes 14, dándoles el alta por la noche, pero no regresaron a su casa hasta tres o cuatro días más tarde de lo acontecido, para que las hijas se recuperaran.
El resto de los testimonios vertidos en el debate, resultaron contestes en cuanto a que todos los vecinos escucharon la explosión, sintieron el olor fuerte, que observaron a los hermanos C. limpiando el galpón con agua, y que concurrieron al lugar distintos organismos con el fin de dar una solución al accidente acaecido.
IV. Se aduna al plexo probatorio, la habilitación de la empresa S. S.A., sita en calle xx bis N° xxx de Necochea, conforme el artículo 4° del Decreto Reglamentario 499/91 de la Ley Agroquímicos 10.699/88 por expediente 22500-22162/2013 como “Aplicadora URBANA EN SILOS”, Personal Aplicador Afectado: F. C., bajo N° 2387, con vencimiento el 30/6/14, (permiso vencido al día del suceso ilícito), emitido por el Director de Fiscalización Vegetal, Ing. Agr. L. M. H., figurando también en la misma calidad E. E. C., D. S., J. L., A. G. y A. P., con vencimiento el 30/6/15.
La Dirección de Fiscalización Vegetal perteneciente al Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires informa en autos a través de un cuestionario que la Fiscalía le proporciona que la empresa S. S.A. registraba como domicilio real la calle xxx N° xxxx de la localidad de Quequén, partido de Necochea, habilitada como aplicadora urbana de silos. Asimismo comunica que anteriormente con fecha 26 de julio de 2011 la mencionada empresa fue habilitada como LC A. Y S. SRL, como aplicadora urbana y agrícola, operando el vencimiento con fecha 31 de julio de 2012, no procediéndose a su renovación.
Es de mencionar que el domicilio donde ocurren los hechos de autos, no se encontraba habilitado como depósito de plaguicidas ni de ningún otro agroquímico, a la fecha del incidente.
Por su parte la Municipalidad de Necochea remite informe donde consta que la Empresa S. S.A., el día 13 de junio de 2014 fue autorizada para habilitar un local comercial destinado a oficina administrativa receptora de servicios de pedidos de fumigaciones en buques y terrestres con productos químicos destinados al control de plagas urbanas y equipos de fumigación, en calle xxx N° xxxx de la localidad de Quequén, partido de Necochea.
Informe realizado por el Director del Hospital J. Iruzún, R. A. C., con fecha 15 de abril de 2015, en el cual consta que en dicho nosocomio se registraron entradas de pacientes que presentaban síntomas de descomposturas, vómitos y mareos, con diagnóstico de hipotensión e intoxicación.
Por su parte el Director de Obras Sanitarias, Ingeniero G. B., informa que con fecha 15 de abril de 2015, personal de esa área en horas del mediodía realizó un venteo y desobstrucción en la red cloacal subsidiaria frente al domicilio de calle xxx N° xxx entre xxx y xxx de la localidad de Quequén. Dicha tarea fue realizada con un equipo desobstructor que trabajaba con alta presión sobre la red cloacal que conectaba con el inmueble mencionado. Previo a la ejecución de tareas, el personal operario fue advertido que dentro de las cañerías cloacales había un producto tóxico proveniente de un derrame interno, por lo que se puso a disposición de Bomberos y Defensa Civil tanto el personal obrero como el camión desobstructor. El informe detalla que ante sugerencia de Defensa Civil, se procedió a hacer circular agua por la cañería cloacal interna para diluir y hacer correr el líquido tóxico, desconociendo el personal de esa área que el líquido reaccionaba en contacto con el agua. Una vez reconocido el problema por los especialistas en el tema, se procedió a levantar las tapas de cámaras cloacales para el venteo correspondiente.
V. Abocándome al planteo traído a esta Sede por el recurrente, con referencia a la responsabilidad penal de los hermanos C. en la materialidad ilícita que ha sido legalmente acreditada, debo decir que el Sr. Juez, Dr. Juliano, expresó en la segunda cuestión del veredicto a fs. 113 vta.: “…la participación de F. C. y E. C. en los hechos que se le atribuyen, lo ha sido a título de autor, habiendo ejecutado por sí mismos la acción típica (art. 45 del C.P. y 56 de la Ley 24.051) conforme “La autoría y la participación criminal” del Profesor Dr. Edgardo Alberto DONNA, segunda edición ampliada y profundizada Rubinzal-Culzoni editores- página 41.”
El artículo 56 de la Ley en juego en las presentes actuaciones establece: “Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas se impondrá prisión de un (1) mes a dos (2) años. Si resultare enfermedad o muerte de alguna persona, la pena será de seis (6) meses a tres (3) años.”
Mientras que el artículo 55 prescribe: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Si el hecho fuere seguido de muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión.” El Tribunal finalmente aplicó la norma que prevé la comisión culposa de la conducta descripta en el artículo 56 de la Ley 24.051. La norma utiliza la forma análoga a la mayoría de las figuras en la que la culpa es típica (arts. 84, 94 y 203 del Código Penal), no apartándose del sistema que utiliza el fondal al momento de caracterizar a las formas de violación del deber objetivo de cuidado, refiriéndose a las cuatro manifestaciones tradicionales de la culpa, a saber: imprudencia, negligencia, impericia en el propio arte o profesión e inobservancia de los reglamentos u ordenanzas; siendo aplicables, respecto de cada una de ellas los principios generales desarrollados por la dogmática nacional.
Entiendo que la tipificación de la forma culposa de los delitos ambientales revela la importancia político criminal asignada por el legislador a la protección del correspondiente bien jurídico, pues debe recordarse que según un principio de largo arraigo en nuestro derecho penal, las figuras penales son construidas en torno a la forma dolosa, resultando los delitos culposos la excepción, que como tales deben estar expresamente definidos en la ley. Ello permite entrever que el legislador decidió reforzar la protección del medio ambiente, consagrando en forma expresa la punibilidad de aquellos ataques que reciba como producto de conductas imprudentes.
La coautoría de los hermanos C. ha quedado acreditada con los diversos elementos probatorios, donde su actuar culposo, produjo intoxicación a 10 vecinos y la muerte de M. N., ya que la responsabilidad sigue siendo individual, pues las hipótesis legales que prevén infracciones sólo pueden ser comprendidas por personas físicas, únicas con posibilidades de comprender la criminalidad de sus acciones, dejándose de lado las llamadas responsabilidades objetivas, siendo necesaria la intervención personal en la conducta incriminada. Cabe mencionar que en la Municipalidad de Necochea, el domicilio que fuera escenario de los hechos delictivos, calle xxx N° xxxx, se encontraba habilitado únicamente como oficina administrativa receptora de los pedidos de fumigaciones, y no como depósito de los materiales que la empresa utilizaba.
En atención al actuar de los imputados debo decir que E. C., quien estaba habilitado como operario aplicador, supuestamente conocedor de los elementos que utilizaba y del poder dañino de los mismos, considerando también, que sabría cómo proceder ante un accidente que, eventualmente, pudiera producirse con la manipulación de ellos, no comprendió el suceso. Al encender el fuego, lo primero que hace es buscar un balde con arena para tratar de apagar el incendio, pero al observar que el fuego se mueve hacia los costados se desconcierta aún más y comienza a tocar otra de las bolsas con material que no estaba encendido, pero tenía un pequeño humo (vapor) y elevada temperatura, por lo que decidió llamar telefónicamente a su hermano F., quien le dijo que retirara del depósito ese material activo, el fosfuro.
Del relato de los testigos surge que E. C., no advirtió a los vecinos del peligro que se generó en el barrio por el derrame producido, incluso a G. A. F., quien luego de escuchar una explosión por lo que salió afuera de su domicilio, le dice que no se preocupara porque el material estaba desactivado, sin embargo, se percibía en el ambiente un fuerte olor, y ya se habían producido varias explosiones, lo que advertía que la situación no estaba controlada y que aún el vecindario estaba en peligro. El escenario se complicó, ya que se desata una tormenta torrencial, y haciendo caso a su hermano, retira del galpón el fosfuro, lo que se enciende y comienza a correr por el suelo, drenando a lo que el imputado creía que era un fluvial, lo que en realidad eran las cloacas, ya que luego de unos minutos escuchó varias explosiones, lo que le hizo entender que el daño era mayor a lo que él pensaba.
Por otro lado, se observa el desconocimiento que tenía en la materia, al arribar personal de bomberos y al ver que desciende de la autobomba con una manguera, no les destine la marcha (para que no arrojen más agua sobre el material tóxico, lo acrecentaría el fuego). El accionar de F. C., evidencia también un desconocimiento en la materia, y su actuar negligente, ya que al recibir un llamado telefónico de su hermano E. informando que se había prendido un producto que supuestamente estaba en grado de inactivo, dio la orden de sacar las bolsas del galpón, quedando las mismas bajo la lluvia (agua), que las hacía reaccionar y avivar el incendio. Tampoco tenía conocimiento que los desagües que se encontraban en el patio eran cloacales, y que el derrame se dirigía directamente a las casas vecinas, lo que produjo las explosiones y contaminaciones en las viviendas lindantes.
Incluso en su relato dijo que al arribar los bomberos al domicilio, el mismo tomó la manguera y trato de esparcir para afuera con agua el material incendiado, incluso comenzó a arrojar agua por las cañerías, pensando que iba a circular y no quedar en las cloacas, pero ese actuar generaba más explosiones.
En el debate solicitó su inhabilitación para manipular agroquímicos, ya que consideró que lo acaecido fue un accidente, que sin intención se produjo, pero reconoció su incapacidad en la materia.
VI. La persona jurídica queda de lado, al incriminarse a los miembros que hubiesen intervenido en el hecho punible, en el caso de marras -los hermanos C.-, que en autos actuaron personalmente provocando la situación de peligro, situación que en lo común no se da, ya que los directivos de las personas jurídicas no son los que llevan adelante el actuar de las empresas, sino que los que trabajan y producen daños ambientales por lo general son los agentes de menor jerarquía. Sin perjuicio de ello, lo que la ley quiere no dejar impune, es la responsabilidad de los directivos, aun cuando hubiera delegación de funciones, pues ellos deberían haber extremado su deber de cuidado en la elección del personal subalterno y en su supervisión, situación que no se da en el presente legajo, ya que los mismos directivos llevaron adelante el actuar que desencadenó en un hecho ilícito.
Dicho esto, entiendo que los imputados han sido debidamente condenados en la calidad de coautores responsables del delito de infracción al artículo 56 primero y segundo párrafo de la Ley 24.051.
VII. En segundo lugar la defensa se agravia de la errónea aplicación de los artículos 40 y 41 del C.P., solicitando la reducción de la pena finalmente impuesta, y solicita que la misma sea de ejecución condicional.
Resulta para el caso pertinente, dejar expresado que en lo que respecta a la individualización de la pena mi posición es coincidente con la doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia, que ha descartado expresamente la obligación de partir siempre del mínimo legal de la escala penal y sostenido, que la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implica de por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo, ni la trasgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal (cfr. P. 56.481, sent. del 27-II-1996 y P. 38.661, sent. del 6-II-1990), como asimismo que no existe punto de ingreso a la escala penal (cfr. P.79.708, sent. del 18-VI- 03).
Destaco además que tampoco advierto que el “a quo” haya incurrido en infracción legal alguna (cf. arts. 40 y 41 del C.P.) al imponer un monto de pena que no resulta arbitrario o desproporcionado en atención a las pautas meritadas y la escala penal resultante de los ilícitos en trato y sus consecuencias, tal el deceso de N..
Respecto a la modalidad de ejecución de la condena, el juzgador ha expresado que la gravedad del hecho cometido y el daño causado, revelan gran incumplimiento a las normas y recomendaciones que regulan la actividad de realizaban los encartados, incluso llevándose la vida de una joven de apenas 19 años de edad e intoxicó a una decena de vecinos, circunstancia que no le permite inferir que los hermanos C. cumplirán las condiciones que se les impongan.
Por lo desandado, voto por la negativa.
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de las cuestiones precedentes corresponde; 1) Declarar formalmente admisible el recurso de Casación interpuesto por el Sr. Defensor Particular, Dr. Pablo Mariano López, en representación de F. N. C. y E. E. C.; 2) Rechazar el mismo por improcedente, sin costas en esta instancia por existir razones plausibles para litigar; 3) Tener presente la reserva del caso federal; y 4) Diferir la regulación de los honorarios profesionales al letrado interviniente, doctor Pablo Mariano López T° V, F° 48 C.A.A., por la labor desplegada en esta sede, para una vez regulados en la instancia; (artículos 18 de la Constitución Nacional, artículos 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en función de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la C.N.; arts. 40, 41 y 45 del Penal; art. 56 primero y segundo párrafo de la Ley 24.051; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 1, 210, 371, 373, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 530 y 531 del Código Procesal Penal; art. 14 de la ley 48; arts. 1, 9, 16, 33 y 51 de la ley N° 14.967.)
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta del Tribunal resuelve:
I. Declarar formalmente admisible el recurso de Casación interpuesto por el Sr. Defensor Particular, Dr. Pablo Mariano López, en representación de F. N. C. y E. E. C..
II. Rechazar el mismo por improcedente, sin costas en esta instancia por existir razones plausibles para litigar.
III. Tener presente la reserva del caso federal.
IV. Diferir la regulación de los honorarios profesionales al letrado interviniente, doctor Pablo Mariano López T° V, F° 48 C.A.A., por la labor desplegada en esta sede, para una vez regulados en la instancia. Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional, artículos 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en función de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la C.N.; arts. 40, 41 y 45 del Penal; art. 56 primero y segundo párrafo de la Ley 24.051; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 1, 210, 371, 373, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 530 y 531 del Código Procesal Penal; art. 14 de la ley 48; arts. 1, 9, 16, 33 y 51 de la ley N° 14.967.
Regístrese. Notifíquese. Remítase copia certificada de lo aquí resuelto al tribunal de origen. Oportunamente devuélvase.
CARLOS ÁNGEL NATIELLO MARIO EDUARDO KOHAN
ANTE MÍ: Olivia Otharán (V.B.)
Fin de la sentencia