Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 61029
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaModificar parcialmente la sentencia apelada distribuyendo la participación causal de cada parte en el 70% para el demandado y el 30% para la víctima (arts. 901, 906, 1111, 1113 y concs. CC; arts. 1757, 1758, 1769 y conc. CCCN; arts. 384, 456, 474 y concs. CPC). Conforme a la solución arribada, corresponde modificar parcialmente la sentencia apelada distribuyendo la participación causal de cada parte en el 70% para el demandado y el 30% para la víctima (arts. 901, 906, 1111, 1113 y concs. CC; arts. 1757, 1758, 1769 y conc. CCCN; arts. 384, 456, 474 y concs. CPC). Conforme a la solución arribada, corresponde Condenar a los accionados a pagar el 70% del monto total que resulte conforme las cuantificaciones siguientes: en concepto de valor vida para la viuda R. O. F. $ 370.000; para M. $ 65.000; para F. $ 106.000; para K. $ 132.000; para N. $ 152.000 y para E. $ 175.000; y por daño moral las sumas de $ 180.000 -a cada uno- para la viuda y el hijo mayor, M., que salió a trabajar a raíz del fallecimiento de su padre, y para los dos hijos más pequeños, N. y E., también en la suma de $ 180.000 a cada uno y en $ 150.000 para cada uno de los hijos restantes F. y K. (arts. 1, 2, 3, 7, 1745, 1746, ss. y cdtes. del Código Civil y Comercial; arts. 1078, 1083 y concs. …
Causa nº: 2-61.029-2016 "O. F. R. POR SI Y EN REP DE SUS HIJOS MENORES DE EDAD Y OTROS C/ ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA SA Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: ......8....... Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 21 días del mes de Febrero del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes, Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi, para dictar sentencia en los autos caratulados: “O. F., R. c/ Aseguradora Federal Argentina S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios” (Causa Nº 61.029), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dr. Peralta Reyes - Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 333/343?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I. A raíz de un siniestro vial sucedido el 21 de Julio de 2012 falleció el Sr. M. C. M. El hecho sucedió en ocasión en que manejaba su motocicleta marca Motomel, por Avenida Unión de Hinojo, cuando al arribar a su intersección con calle San Martín fue embestido por el camión Mercedes Benz, dominio TEM 921, y acoplado Sola y Brusa dominio BXS 069 conducido por el Sr. Gerardo M. Sánchez quién realizó una maniobra de giro hacia su derecha. Por ello la esposa del causante, la Sra. R. O. F., por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad M., N., K., F. y E. C. O., promovió demanda resarcitoria de daños y perjuicios, patrimoniales y morales, contra Gerardo Miguel Sánchez (contra quien luego se desistió), “Transporte Acosta S.R.L.” (en su carácter de guardián del equipo) y “Acosta Walter Mario y Acosta Adriana Azucena S.H.”, y Rubén Edgardo Acosta, en su condición de titulares registrales del camión y acoplado, solicitando la citación en garantía de Aseguradora Federal Argentina S.A.
La sentencia de Primera Instancia acogió la pretensión y condenó a los demandados a pagar las siguientes sumas: $ 702.000,00 para R. O. F.; $ 837.680,00 para E. C. O.; $ 765.320,00 para N. C. O.; $ 717.080,00 para K. C. O.; $ 717.080,00 para F. C. O.; $ 668.840,00 para M. C. O., en concepto de daño patrimonial y daño moral, con intereses a la “Tasa pasiva-Plazo fijo digital” que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la fecha del hecho y hasta el momento de su pago efectivo. Impuso las costas a la accionada vencida y difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad en que se practique liquidación.
Para así decidir la sentencia de grado, aplicando la teoría del riesgo creado (art. 1113 CC), consideró que el siniestro vial ocurrió por la exclusiva responsabilidad del conductor del camión ya que circulando ambos rodados (el camión y la motocicleta) en la misma dirección por la Avenida Unión de Hinojo, en sentido Sudoeste-Noreste, haciéndolo el camión por el carril izquierdo y la moto recostada sobre el lado derecho de la avenida, al arribar a la intersección con calle San Martín (o calle 5) el camión inició una maniobra de giro hacia la derecha para incorporarse a la otra arteria, oportunidad en que atropelló a la moto, pese a que su conductor - advertido de la maniobra- intenta una acción de frenado, que dejó una huella de 4,5 mts. y de esquive hacia su derecha.
Sin embargo y en razón de pisar un charco de agua la moto perdió estabilidad y se le bloquearon los frenos impactando con el paragolpes delantero derecho del camión. En esas circunstancias el Sr. M. C. M. fue atropellado por la rueda delantera derecha y el ciclomotor arrastrado debajo del camión. Sostuvo que la resolución dictada en sede penal que dispone el archivo de las actuaciones no produce prejudicialidad en el proceso civil, y descarta que en la causación del hecho hayan contribuido factores climáticos o mecánicos, obedeciendo a una falla humana. Tanto los vehículos como el estado de las arterias tenían buenas condiciones de conservación. Otorga valor probatorio a la pericia obrante en la causa penal por sobre las declaraciones de un testigo que en sede policial manifestó que el camión advirtió la maniobra de giro y, coincidiendo con aquél dictamen, concluye que por su tamaño al camión le resulta imposible posicionarse 30 metros antes del cruce para iniciar el giro, porque primero tiene que abrirse hacia su izquierda y el semirremolque no gira como un camión y se corta en forma de diagonal ya que por el ancho de la calle 5 se tendría que haber subido a la vereda.
En definitiva, y aunque hubiera efectuado la advertencia de giro, las características del equipo de transporte sólo le permitían hacerlo desde el carril más alejado. Acota que sin embargo por la huella de frenada se advierte que la moto advirtió la maniobra demasiado tarde para evitar la colisión. No obstante ello, y dado que la moto se desplazaba en línea recta por la derecha, el demandado al doblar desde su izquierda hacia su derecha debía asegurarse de hacerlo sin riesgos para terceros (más tratándose de un camión de grandes dimensiones), sea porque estaba habilitado el paso o porque no venía nadie. A ello añade el efecto derivado de la rebeldía de todos los accionados ya que sólo compareció al proceso la aseguradora citada en garantía.
Una vez decidida la responsabilidad del conductor del camión, con las respectivas responsabilidades indirectas del dueño y del guardián, la sentencia se pronunció por la procedencia y cuantía de los daños resarcibles, partiendo de la base de que M. C. M., esposo y padre de los reclamantes, tenía 31 años, era oficial albañil especializado y sostenía con su trabajo el grupo familiar, teniendo desde unos meses antes a su deceso un trabajo estable y con obra social. Tras ello, y considerando que el daño patrimonial por el fallecimiento del jefe de familia radica en la privación de ingresos que el occiso destinaba a su esposa e hijos -es decir lo aportado para sostén del hogar- tiene en cuenta que la víctima era joven de 31 años, albañil y que la vida útil estimable llega hasta los 60 años.
Igualmente consideró la edad de su esposa (34 años) que no trabajaba fuera del hogar porque se ocupaba de la crianza de los chicos, y la edad de sus hijos: M. 16 años, F. 12 años. K. 9 años, N. 6 años y E. 2 años. El decisorio también ponderó que según el testimonio de la directora de la escuela a la que asistían los chicos y de un allegado a la familia, después del fallecimiento de M. C. M., el hijo mayor debió empezar a trabajar y la familia recibió ayuda de Cáritas y percibió asignaciones estatales. Prosigue teniendo en cuenta que la actora no acreditó el ingreso lo que conduce a la sentenciante a computar el salario mínimo para un albañíl de la categoría “Ayudante”, que en Julio de 2012 era de $ 3.722, según informes oficiales que resultan de consultar las páginas web del Ministerio de Trabajo.
De ese monto deduce el 10% que estima es el porcentaje del salario que la víctima destinaba para cubrir sus necesidades personales por lo que el salario computable era de $ 3.350. Por ello otorga en concepto de daño patrimonial: para la esposa R. O. F. $ 402.000; para el hijo E. $ 337.680; para F. y K. $ 127.080 (pese a que al expresar el monto en letras se comete el error de aludir a $ 117.080); para N. $ 265.320 y para M. $ 168.840. Por el daño moral, reclamado por los padecimientos espirituales de los actores, confiere $ 300.000 para la cónyuge y $ 500.000 para cada hijo, por lo que los montos totales de condena ascienden a: para R. O. F. $ 702.000; para E. $ 837.680; para F. $ 717.080; para K. $ 717.080; para N. $ 765.300; y para M. $ 668.440.
Los totales de estas cuantías revelan que se computaron para dos hijos la suma de $ 127.080 expresada en números por daño moral y no la escrita en letras en $ 117.080. La sentencia dispuso que al capital de condena se le adicione la “Tasa pasiva-Plazo fijo” del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se difirió la regulación de los honorarios profesionales para la liquidación.
Contra ese pronunciamiento apelaron ambas partes, la actora a fs. 353 y la citada en garantía a fs. 349; M. C. O. que llegó a la mayoría de edad apeló a fs. 363, siendo los recursos concedidos respectivamente a fs. 354, fs. 350, y fs. 364.
La Asesora de Incapaces a fs. 347 consintió la sentencia.
Las partes expresaron agravios la demandada a fs. 407/421, la actora de modo conjunto a fs. 422/425, respondiendo sólo la demandante a fs. 429/433.
Los agravios de la demandada pueden sintetizarse como sigue: en primer lugar cuestiona la atribución de responsabilidad exclusiva del camionero y que no medió culpa de la víctima, cuando la propia sentencia admite que M. C. M. advirtió la maniobra de giro del camión e intentó desviarse hacia su derecha y frenar; también da por sentado que el equipo de transporte circulaba por delante del ciclomotor lo que imponía a su conductor advertir y anticiparse a las maniobras de aquél porque su campo visual es inmejorable; que el equipo de transporte se desplazaba por el carril izquierdo y por detrás el ciclomotor sobre el lado derecho ya que la avenida tenía dos carriles de circulación; que al arribar a la intersección con calle San Martín (o calle 5) el camión comienza una maniobra de giro hacia la izquierda lo que es advertido por C.
M.; que la moto es la embistente. De todo ello colige que el camión realizó la maniobra de giro de modo prudente y diligente, a reducida velocidad, por lo que medió culpa de la víctima como única causa adecuada del siniestro porque el motociclista estuvo “previamente anticipado” de dicha maniobra y “la pudo advertir con suficiente antelación como para frenar o incluso intentar una acción de esquive” por lo que la víctima “advirtió o debió advertir -obrando con cuidado y previsión- … la maniobra de giro hacia su derecha que realizó el equipo de transporte y frenar su vehículo para cederles el paso, evitando la colisión”… máxime que Sánchez, el conductor del camión, “ ya había realizado gran parte de la maniobra”.
Acota que el charco que pisó la moto constituye caso fortuito. El segundo agravio controvierte la valoración de la prueba ya que dice que con el testimonio de José Joaquín vertido en la causa penal, e incluso con la pericia de fs. 109 de esos autos, se acredita que el vehículo de Sánchez estaba muy adelantado y su parte delantera había ingresado a la calle San Martín, circulando C. M. a reducida velocidad. En el tercer agravio se cuestiona que la sentencia no tuvo por acreditado que el motociclista inadvirtió la maniobra de giro, actuó en infracción a los arts. 39 inc. b) y 48 inc. g) de la ley 24.449, intentando sobrepasar al camión en vez de cederle el paso. Además el camión resultó ser el vehículo embestido y la moto el embestidor, careciendo su conductor de su adecuado control y dominio.
En el cuarto agravio se queja de que se haya considerado como agravante el gran porte del camión cuando ello no impone normativamente ningún deber especial y Sánchez cumplió con su carga de anunciar la maniobra. Más adelante, en el quinto agravio, se disconforma de los efectos procesales asignados a la rebeldía lo que en la práctica importó liberar a la actora de la prueba de los presupuestos de hecho que hacían a su derecho. Luego en el sexto agravio, y en subsidio, solicita que se decrete la responsabilidad compartida entre las partes, en razón que medió culpa de la víctima, sobre quien debe recaer la mayor cuota de responsabilidad. En el séptimo agravio impugna la sentencia recurrida alegando que se omitieron explicitar las pautas o parámetros utilizados para cuantificar cada rubro resarcitorio, omitiéndose también indicar cómo se efectuaron los cálculos matemáticos.
Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. En el octavo agravio se ataca el monto indemnizatorio, que se reputa demasiado elevado, fijado a favor de R. O. F. señalando como defectos del fallo: que no tomó en cuenta el factor de capitalización de la suma resultante; no aplicó el llamado correctivo del coeficiente mínimo considerando el plazo de sobrevida de la Sra. R. O. F., que estimó en cuarenta años, en vez de computar el denominado plazo de vida útil de M. C. que es de 36 años resultante de la diferencia entre la edad para jubilarse (65 años) y la edad al momento de la muerte (32 años). Sostiene en suma que debieron computarse 33 años de vida útil y no 40 años de sobrevida de la actora. Más adelante efectúa otras consideraciones sobre el criterio cuantificador utilizado por este Tribunal e insiste en que la suma otorgada es excesiva.
En el agravio siguiente, el noveno, se disconforma por las sumas otorgadas en concepto de daño patrimonial para los hijos máxime que se reclamaron $ 100.000 para cada uno de ellos. En el décimo agravio afirma que son excesivamente elevados los montos conferidos por daño moral para cada uno de los actores, los que por otro lado son muy superiores a los efectivamente reclamados por ellos. Finalmente se queja de la imposición de costas.
La actora en su escrito de expresión de agravios de fs. 422/425 se disconforma por los montos indemnizatorios fijados en concepto de daño patrimonial, los que considera que constituyen valores inadecuados y exiguos con relación a su magnitud. Añade que la sentencia de grado adolece de deficiente aplicación de las máximas de experiencia, las que conducen a una cuantificación más elevada, así como un apartamiento del principio de la reparación plena del daño. De ese modo ataca puntualmente los montos fijados para cada uno de los actores, la esposa y los cinco hijos del causante, computando el salario mínimo de albañil a la fecha del accidente (21/07/2012) en la categoría ayudante, cuestionando no sólo la aplicación de criterios matemáticos sino la base de cálculo de $ 3.722 que era el salario mínimo en julio de 2012. Esa cifra contrasta con el salario mínimo de ayudante de albañil a la fecha, que es de $ 10.402 o con el salario mínimo, vital y móvil de $ 8.060. Tras ello efectúa un análisis comparativo del valor actual de mercado del metro cuadrado de un departamento o de un auto 0 km. y sobre esa base sostiene que el fallo se aparta de la reparación plena del daño, soslayando que la demandada es una empresa de transporte por lo que sostiene que la indemnización por daño patrimonial de cada uno de los coactores no puede ser inferior a $ 650.000. Los agravios de la demandada fueron contestados por la actora a fs. 429/433.
Llamados autos para sentencia y firme el proveído que dispuso el orden del sorteo de votación (cf. fs. 434 y fs. 435) el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
II.- 1.- El recurso de la demandada en lo atinente a la responsabilidad civil debe prosperar parcialmente. Empero, antes que nada, en atención a los distintos agravios de ambas partes sobre aspectos generales y comunes de la sentencia que tienen incidencia en el resultado de esta litis, habré de formular breves consideraciones iniciales.
En primer lugar, cabe mencionar que, como ya lo ha resuelto este Tribunal, “la responsabilidad del caso encuadra en los términos de la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de la cosa, emanada del art. 1.113, 2° párr., última parte, del Código Civil (aplicable acorde el art. 7 del actual CCCN). Esa norma prescribe que “En los supuestos de daños causados con las cosas (…); si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá –el dueño o guardián- total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder” (cf. esta Sala, causa nº 60.094, 15/12/15, “Brut…”). Al respecto, el Máximo Tribunal local tiene dicho que “quien acciona en función del art. 1113, 2º apartado, 2º párrafo del C.C., debe probar: a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa; d) el carácter de dueño o guardián de los demandados” (S.C.B.A., Ac. 85775, “Calderucho, Roberto....”, del 24/03/04; Ac. 93337, “Suñe de Ares, Ángela...”, del 06/09/06; Ac.
C101790, “Alegre, Lucía...”, del 29/04/09, entre otros; esta Sala, causa nº 55.548, “Mayo, Raúl...”, del 08/11/11, y causas nº 56.556 “Arbiza, Jorge Antonio...” y nº 56.557, “Curuchet, Dora...”, sent. única del 17/09/13; nº 59342, "Vidal, Gerardo David…”, del 09/04/14 y nº 60.180, 11/02/16, “Corrado c/ Transporte Gral. Rodríguez S.A. s/ Ds. y Ps.”). Se añadió que “si bien es cierto que, al actor le incumbe la carga de la prueba de la relación causal, tratándose de responsabilidad objetiva por la intervención activa de cosas en movimiento en el caso: una motocicleta y un camión con acoplado, la acreditación de la existencia del contacto físico o material entre las cosas riesgosas y el daño conlleva la presunción de adecuación causal entre el citado hecho (el siniestro vial), y el resultado verificado (el fallecimiento del causante).
En tal caso al demandado le corresponde desvirtuar esa presunción de adecuación causal que se infiere de la prueba del contacto material, conforme la doctrina y jurisprudencia elaboradas en torno a los arts. 901, 906, 1113 y concs. CC (hoy arts. 1726, 1727, 1757 y concs. CCCN). En muy anteriores antecedentes de éste Tribunal, incluso en otra composición, y en los inicios del desarrollo jurisprudencial y doctrinal del riesgo creado, se sostuvo que acreditada la intervención activa de la cosa el dueño o guardián demandado debe probar –inexcusablemente- la causal liberatoria de responsabilidad, total o parcial” (S.C.B.A. Ac.33155, 8/4/86, “Sacaba de Larosa” A.y S. 1986-I-524, La Ley 1986- D-479 con nota de Félix Trigo Represas; C.S. 22/12/87 “Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/Pcia.de Bs.As.” L.L. 1988-D-296 con nota de Atilio Alterini; cf. esta Sala, causa nº 55.548, 08/11/11, “Mayo...”, con mi voto).
Con lo expuesto descarto la aseveración del agravio de la demandada sobre la inadecuada aplicación de las reglas que rigen la carga de la prueba (arts. 384 y 375 C.P.C.). En segundo lugar, y en razón de que las partes cuestionan (con argumentos opuestos) la aplicación del cálculo matemático para determinar los daños resarcibles, es pertinente mencionar, conforme invariable jurisprudencia de este Tribunal, que la cuantificación debe efectuarse conforme la ley vigente en el momento de la sentencia, lo que supone acudir a las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. En lo que respecta a la cuantificación de la incapacidad sobreviniente el art. 1746, Código Civil y Comercial, ha traído una innovación sustancial pues prescribe el "deber" de aplicar fórmulas matemáticas tendientes a calcular el valor presente de una renta futura no perpetua. A fines de cuantificar el daño patrimonial por incapacidad psicofísica, las referidas fórmulas se erigen como un parámetro orientativo que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de cuantificar los daños personales por lesiones o incapacidad física o psíquica. Empero, es necesario puntualizar que la utilización obligatoria de las denominadas fórmulas matemáticas no conlleva la aplicación mecánica y automática del resultado numérico al que se arribe; por ende cabe concluir que el referido imperativo legal debe ser interpretado como una herramienta de ponderación ineludible para el juez, pero que en modo alguno excluye la valoración de otros parámetros aconsejados por la sana crítica en su dialéctica relación con las circunstancias del caso (arts. 384 y 474, CPCC de la Provincia de Buenos Aires). Para cuantificar el daño por incapacidad conforme el art. 1746 CCCN resulta ineludible identificar la fórmula empleada y las variables consideradas para su aplicación, pues ello constituye el mecanismo que permite al justiciable y a las instancias judiciales superiores verificar la existencia de una decisión jurisdiccional sustancialmente válida en los términos de la exigencia consagrada en los arts. 3 y 1746, Código Civil y Comercial (art. 3, Código Civil y Comercial; cf. esta Sala, causa nº 60.135, 29/12/2015, “G., A. F. vs. Tucci, Fabricio César y otro s. Daños y perjuicios”, www.rubinzalonline.com.ar, RC J 760/2016).
La última consideración preliminar radica en el valor probatorio del expediente penal agregado por cuerda ya que la actora sostiene que no puede acudirse a sus constancias por no haber sido ofrecida por ambas partes (ver fs. 431). Ello no es así toda vez que no sólo acompañó fotocopias de la causa penal en el escrito de demanda (ver fs. 16/42) sino también que se presentó como particular damnificado en la causa penal I.P.P. 01-02-002627-12, caratulada: “C. M., M. s/ Homicidio culposo” proponiendo y obteniendo medidas de prueba (cf. causa citada, presentación fs. 80/81; proveído fs. 97/98; presentación de fs. 114). Por consiguiente las constancias probatorias obrantes en la causa penal son oponibles a ambas partes quienes sustentaron sus respectivas pretensiones con apoyo en esas constancias probatorias acumuladas en el citado expediente penal, sin perjuicio de que el pronunciamiento decisorio allí recaído, consistente en el archivo de las actuaciones por aplicación del art. 268 cuarto párrafo C.P.P., no tenga efectos de prejudicialidad en los términos de los arts. 1101, 1113 y concs. Cód. Civil (ver causa penal, fs. 120/121 y fs. 128 expte. cit.).
“La alzada –decidió la Suprema Corte- no incurre en un razonamiento viciado por el absurdo cuando reconoce que la decisión del Agente Fiscal por la que dispuso el archivo de las actuaciones de la Instrucción Penal Preparatoria no tiene efectos en los términos de los arts. 1102 y 1103 del Código Civil -actualmente, en su nueva redacción, arts. 1776 y 1777 del Código Civil y Comercial- a la vez que atribuye plena fuerza probatoria a los dictámenes accidentológicos y toxicológico cuestionados, sin que ello se traduzca en un otorgamiento de efecto propio de cosa juzgada sino que importa el reconocimiento pleno de una prueba. Efectúa, así, una prudente tarea de integración de la misma (cf. SCBA LP, C 119479, S 06/04/2016, Juez GENOUD (SD) Carátula: “García, Marta Susana y otro contra Agüero, Enrique de Jesús y otros. Daños y Perjuicios" y "Agüero, Enrique de Jesús contra García, Marta Susana y otro. Daños y Perjuicios”).
Como dije, la precitada causa penal concluyó con el pronunciamiento que dispuso su archivo, según los términos del art. 286 C.P.P. pronunciamiento ese que –repito- no configura una ‘decisión judicial’ en el sentido de los artículos 421, 103 y siguientes de ese cuerpo ritual, ni impide la ulterior reanudación del proceso (arts. 1101, 1102 y 1103 Cód. Civ.; esta Sala, causas n° 52.984, 06/08/2009 “Márquez”; n° 55.340, 13/03/12 “P., C. y otros c/ A., A.R. s/ Ds. y Pjs.; nº 56.556, “Arbiza …” y nº 56.557, “Curuchet …”, sentencia única del 17/09/13).
2. Entiendo que sin perjuicio de la mayor incidencia causal del riesgo del camión en la producción final del resultado dañoso (el siniestro vial que le costó la vida al Sr. M. C. M.), media también responsabilidad concurrente (que estimo del 30 %) de la infortunada víctima (arts. 901, 906, 1111, 1113 y conc. CC; arts. 1, 2, 3, 7, 1757, 1758, 1769 y concs. CCCN). En efecto, el camión Mercedez Benz dominio TEM 921, y acoplado Sola y Brusa dominio BXS 069 conducido por el Sr Gerardo M. Sánchez circulaba por la Avenida Unión de Hinojo, el 21 de Junio de 1012, a una velocidad no mayor a 20 km/h. acometió un giro hacia su derecha para acceder a la calle lateral San Martín (o calle 5), anunciando previamente la maniobra mediante las luces de giro y estando ya sobre la calle lateral fue embestido en la parte del paragolpe delantero derecho por la motocicleta marca Motomel. La moto circulaba a velocidad estimada en 33 km/h. e intentó sin éxito una acción de frenado, que dejó una huella de 4,5 mts. y de esquive hacia su derecha. Sin embargo y en razón de resbalar en un charco de agua, perdió estabilidad y el Sr. C. M. fue pisado por la rueda delantera derecha y el ciclomotor arrastrado debajo del camión. Entiendo importante destacar, para arribar a la precitada conclusión, que el camión circulaba a velocidad precaucional y advirtió la maniobra de giro hacia su derecha con antelación, que circulaba por una avenida, y que por sus dimensiones (ancho y largo) el camión requiere para doblar previamente abrirse por el carril ubicado sobre el lado izquierdo de la avenida. La moto transitaba por su derecha y su conductor no vio el aviso de giro que hizo el camionero y, al transitar a velocidad inapropiada, no pudo evitar el embestimiento. Por lo demás, y según el informe municipal agregado a fs. 119 de la causa penal, no existe prohibición de circulación de camiones, con o sin acoplados en la zona de Hinojo donde se produjo el siniestro vial (fs. 119, causa cit.).
El anuncio de la maniobra de giro surge de la ponderación de la única declaración testimonial obrante en el expediente penal, y no meritada en la sentencia de grado. En ese sentido, y pese a que la declaración de José Joaquín fue espontánea en la causa penal y manifestó estar comprendido en las generales de la ley (no resulta muy clara la referencia a un vínculo con la esposa del “denunciante”) soy de la opinión de que no media razón ostensible para apartarse de sus dichos, dejándolos de lado y privándolo de valor probatorio (arts. 384 y 456 CPC). Es que esas declaraciones son creíbles y verosímiles y fueron tempranamente incorporadas a la causa penal ofrecida como prueba por la demandada compareciente (la aseguradora citada en garantía, ya que los restantes codemandados fueron declarados rebeldes; arts. 60 y 354 CPC) y esa declaración ya estaba incorporada a la citada causa penal y no podía ser soslayada cuando la actora se presentó como particular damnificado y ofreció otra prueba (entre ellas la pericia luego practicada).
Además fueron consideradas en el dictamen fiscal que dispuso el archivo de la causa (fs. 120). Así, el testigo que manifestó domiciliarse sobre la Avenida Unión s/n de Hinojo, explicó que “con fecha 21 del corriente siendo las 08:25 horas aproximadamente en circunstancia que se encontraba afuera de su domicilio en compañía de su hijo, se detiene un camión Mercedes Benz cuyo conductor le consulta sobre una dirección que pertenece a Colonia Hinojo, más precisamente de la Empresa Agro Pampeana y una vez realizada la consulta el chofer en forma lenta continúa con la marcha. En ese momento el dicente manifiesta que puede observar que el camión enciende las luces de giro para girar hacia derecha, una vez que el camión comenzó la marcha el dicente manifiesta que su hijo se encontraba aún parado en medio del boulevard y es que se detiene un hombre en una motocicleta y le consulta a su hijo donde quedaba Hinojo, una vez dada la respuesta de su hijo observa que el conductor de la motocicleta continúa su marcha en dirección a Hinojo, que puede observar que el conductor de la motocicleta realiza una maniobra como para pasar por el lateral derecho al camión que en ese momento se encontraba girando.
Que en ese instante puede apreciar que el camión se detiene de repente, y segundos más tarde observa que el chofer del mismo les hacía señales para que vayan, gritándole al dicente que llamen a la ambulancia …“ (sic. fs. 27 causa cit.; arts. 384 y 456 C.P.C.). Esa declaración testimonial debe conjugarse con la pericia mecánica practicada en sede penal por el perito Subcomisario Enrique A. Vitale, obrante a fs. 107/110, plano de fs. 111 y detalle de ubicación geográfica de fs. 112, da cuenta que ambos vehículos circulaban por la Avenida Unión, en el mismo sentido de circulación y que esa avenida (pese a que la pericia no indica su ancho y longitudes) al ser de doble mano y cortar con una arteria de un solo carril (la calle 5) es bastante más ancha que la calle lateral.
Empero, el anticipo y advertencia de que pretende doblar, en los términos del art 43 y concordantes de la ley 24.449 (a la que la Provincia de Buenos Aires adhirió por ley 13.927) cuando se trata de un camión requiere necesariamente, que por su largo y dimensiones (pericia fs. 109 y vta.), se recueste previamente por sobre el lado izquierdo de la avenida. Dice el perito que “se debe establecer que este tipo de rodados (por el camión) no pueden cumplir con lo normado en el artículo 43 ley 24.495”, en cuanto a circular 30 metros antes del giro por el costado más próximo a girar. Ya que no da el ángulo de giro, por lo cual para realizar dicha maniobra este rodado se tiene que abrir hacia su izquierda y luego realizar el giro, ya que el semirremolque no gira como un acoplado, sino que corta en forma diagonal y por el ancho de la calle 5, no hubiese girado, se tendría que subir a la vereda” (sic. fs. 110 causa cit.).
El perito sintetiza la forma en que ocurrió el choque del modo siguiente: “el conductor de la motocicleta intentó sobrepasar al rodado mayor por la derecha y cuando el rodado mayor realiza el giro, el conductor de la moto intenta frenar su rodado y acompañarlo en el giro para evitar la colisión, pero pierde la estabilidad al tocar el charco de agua con sus cubiertas bloqueadas” (sic., fs. 110 causa cit.).
De modo que, retomando el razonamiento, siendo que la avenida es ancha y el giro fue anunciado previamente por el conductor del camión, pero que esa maniobra no puede concretarse si previamente no se recuesta un poco por sobre el lado izquierdo de la Avenida, las otras circunstancias relevantes son la velocidad de los vehículos, el lugar del impacto y el carácter de embistente. Así, la pericia dice que el camión por el tipo de maniobra no podía superar los 20 km/h. mientras que “la velocidad mínima de la moto era de 33,83 hm/h”, según los cálculos que efectuó a fs. 109, teniendo en cuenta que se registra una huella de frenada de 4,5 metros que concluye en un charco de agua al que el perito atribuye la causa de que el vehículo de menor porte pierde estabilidad. Recuerdo, de paso, que en las encrucijadas la velocidad máxima es de 30 km/h (arts. 5º y 51 inc. e) punto 1 ley cit.).El camión resultó embestido mecánico recibiendo el golpe en el “paragolpe delantero, lado derecho” (sic. fs. 107 vta. y 108 vta.) siendo impactado por la parte frontal de la motocicleta. El choque ocurrió cuando el camión estaba ya avanzado en el ingreso a la calle lateral a la que pretendía acceder (ver plano fs. 111 y lugar del impacto de ambos vehículos que muestran las fotos agregadas con la pericia), todo lo que revela que la moto (que tenía prioridad de paso ya que, en la emergencia, el mayor deber de precaución recae sobre el conductor del camión) circulaba a velocidad y en condiciones inapropiadas cocausando la colisión (arts. 384, 456 y 474 CPC). La pericia afirma que el choque se produjo sólo por fallas humanas, descartando factores ambientales o fallas mecánicas y dice que “cuando el rodado de mayor porte llega a la encrucijada con la calle 5 (o San Martín) éste realiza un giro hacia su derecha; cuando está realizando el giro, el conductor de la motocicleta al observar la maniobra del camión intenta realizar una acción frenante y de esquive hacia su derecha, marcando su trayectoria (huella de frenada) por una distancia de cuatro metros cincuenta centímetros, donde la misma se corta al momento que sus neumáticos entran en contacto con el lateral derecho del camión (pudiendo ser el paragolpe delantero lado derecho) siendo pisado con la rueda delantera derecha, arrastrando la moto desde la zona de impacto hasta la posición final donde queda la misma, debajo del camión, mientras que éste continúa unos metros, donde toma posición final” (sic., fs. 109).
El art. 43 de la ley nacional 24.449 citada, en lo pertinente, dispone: “Para realizar un giro debe respetarse la señalización, y observar las siguientes reglas: a) advertir la maniobra con suficiente antelación, mediante la señal luminosa correspondiente, que se mantendrá hasta la salida de la encrucijada; b) circular desde treinta metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar; c) reducir la velocidad paulatinamente, girando a una marcha moderada; d) reforzar con la señal manual cuando el giro se realice para ingresar en una vía de poca importancia o en un predio frentista …” (sic., art. 43 ley cit.). Comentando ese dispositivo legal afirma Areán que “la ley exige también que se advierta la maniobra con suficiente antelación, mediante la señal luminosa correspondiente, que se mantendrá hasta la salida de la encrucijada y que se deberá reforzar con la señal manual cuando el giro se realice para ingresar en una vía de poca importancia o en un predio frentista”. Agrega que “finalmente, para realizar el giro se debe reducir la velocidad palatinamente, girando a una marcha moderada” (conf. Areán, Beatriz A., “Juicio por accidentes de tránsito”, Tº 2ª, 2ª edición, págs. 374 y 375). Sobre el tema tiene dicho este Tribunal que “resulta una maniobra imprudente la realizada por el conductor que pretende doblar hacia la derecha para tomar otra calle, y no ocupa el lado derecho de la calzada por lo menos treinta metros antes de iniciar la maniobra, ni advierte la presencia de otro vehículo que circula por su derecha, y no obstante ello, dobla, produciendo el siniestro", habiéndose agregado que la regla "relativa a las disposiciones que deben tomar los conductores que pretenden doblar hacia la derecha para tomar otra calle, encuentra fundamento en la seguridad de los automovilistas que circulan detrás del vehículo que intenta la maniobra, para darles tiempo a observarla y adoptar las necesarias precauciones para evitar accidentes" (Cám. 2da. Civ. y Com. La Plata, sala III, 4-10-90, causa 69.241, sumario JUBA B350.661; Conde-Suares, Tratado sobre responsabilidad por accidentes de tránsito, tomo 2, págs.323 y 324; conf. esta Sala, causa nº 50.472, 29/03/07, “Bassi c/ Galizio s/ Ds. y Ps.”, voto Dr. Peralta Reyes).
En definitiva: media contribución causal del 70% atribuible al riesgo derivado de la circulación del camión, que intentó doblar hacia su derecha, circulando por una avenida de doble mano para ingresar a un calle de una sola vía, y que pese a advertir la maniobra de giro mediante el uso de luces, las dimensiones y el largo de ese vehículo exige necesariamente que se recueste hacia el lado izquierdo de la avenida. En tales circunstancia fue embestido por la moto que transitaba a velocidad inapropiada, no pudiendo su conductor (pese a tener prioridad de paso) evitar colisionar con el camión, intentando frenar y luego de dejar una huella de 4,5 metros impactó contra el rodado del demandado, lo que revela que careció del control efectivo de su vehículo, omitiendo circular con la previsión y precaución debida (arts. 36, 39 inc. b, 43, 48 inc. g), 50, 51 inc. e) apartado 1 y concs. ley citada 24.449).
Por lo expuesto propicio al acuerdo modificar parcialmente la sentencia apelada distribuyendo la participación causal de cada parte en el 70% para el demandado y el 30% para la víctima (arts. 901, 906, 1111, 1113 y concs. CC; arts. 1757, 1758, 1769 y conc. CCCN; arts. 384, 456, 474 y concs. CPC).
III.- 1.- La sentencia indemnizó el daño patrimonial y el daño moral (derivado del fallecimiento del M. C. M., de 31 años), otorgando para la viuda e hijos del causante las sumas siguientes: por daño patrimonial para la esposa R. O. F. (de 34 años) $ 402.000; para M. (16 años) $ 168.840; para F. (2 años) y K. (9 años) $ 127.080; para N. (6 años) $ 265.320 y para E. (2 años) $ 337.680. Por el daño moral: $ 300.000 para la cónyuge y $ 500.000 para cada hijo, por lo que los montos de condena que ascienden a: para R. O. F. $ 702.000; para M. $ 668.440; para F. $ 717.080; para K. $ 717.080; para N. $ 765.300; para E. $ 837.680. Esta cuantificación está recurrida del modo siguiente: la actora cuestiona por bajas las sumas por daño patrimonial y la demandada por altas a ambas, por lo que son susceptibles de revisión el denominado valor vida por bajos y altos y el daño moral por elevado. Anticipo opinión en que asiste parcialmente razón a la demandada.
2. Comenzaré con el denominado daño patrimonial por el fallecimiento del esposo y padre de los coactores.
Parto de la base de que cuantificar la vida humana es “una materia indócil por su naturaleza” (voto Dr. Guardiolla, Cám.Civ. y Com. Junín, 27/11/2012 “M.G.A. c/Semento Oscar”; art.1083 Cód. Civ.; arts. 163 inc. 5 y 384 C.P.C.) y que determinar el “precio del consuelo” exhibe también sus propias dificultades” (cf. esta Sala, causa nº 58.514, del 02/07/14, “Molina, Silvia Viviana c/ Criado, Miguel Ángel – Sarlo, Gustavo H. y ‘Cía. Océano de Seguros S.A.’ s/ Daños y Perjuicios”).
Sobre el valor de la vida humana tiene dicho esta Sala que “la muerte de una persona puede ocasionar daños a sus familiares, pero ellos no dependen de la muerte en sí misma, sino de los daños actuales o eventuales que dicha muerte puede haber ocasionado. Si no hay daño económico, no existe ningún perjuicio económico que indemnizar. No es lógicamente correcto derivar de la presunción legal de daño por muerte de una persona que la vida tiene por sí misma un valor económico” (conf. entre otros, S.C.B.A., Ac.50522, 26/10/93, “Cejas”, en D.J.J. Tº 146,p.25; esta Sala causas Nº 33748, 15/4/99 “Fariñas de Pasos”; Nº 41578, 09/11/2000, “Lecuona”; Nº42642, 28/8/01, “Castillos de Villamarín”; Nº42976, 06/9/01, “Testa”). Se añadió que para fijar la indemnización por el valor vida es menester computar las circunstancias particulares de la vida y de los damnificados: edad, grado de parentesco, profesión, posición económica, expectativa de vida, etc.(C.S.N., 27/9/94, “Furnier”, J.A. 1995-II- 193). El art.1084 del Cód. Civ. habla de subsistencia, concepto que da idea de lo que la ley supone que habría podido suministrar como sostén y efectiva ayuda, lo cual, en definitiva, queda reservado a la adecuada y prudente apreciación judicial, (C.S.N., 17/04/97, “Savarro de Caldara”, L.L. 1997-E-120 y en D.J.J. 1998-210; S.C. Mendoza, Sala 1ª, 21/3/2001, “Alvarez Pedro y otros c/Municipalidad de Godoy Cruz y otros”, voto Dra. Kemelmajer de Carlucci; causa cit. 42642 del 28/8/01; esta Sala, causa Nº 42604, 3/4/02 “Andrade de Elgart”, D.J.J. 162-203; esta Sala sentencia única del 28/11/06 en causas N°48042 “De La Canal” y N°48043 “Navarro”, LLBA-2007-301).
En autos se trata de mensurar la repercusión económica de la supresión de la vida del Sr. C. M. respecto de su esposa y cinco hijos menores. El daño material está vinculado con el daño cierto derivado de la privación de los ingresos que la víctima destinaba a ellos (arts. 1084 y 1085 Cód. Civ.). Los parámetros objetivos a tener en cuenta son los siguientes: la edad de la víctima (32 años) y su ingreso laboral como albañil; que era sostén del hogar; la probable edad útil que puede prolongarse hasta los 65 años; la edad de la esposa (34 años) y su profesión de ama de casa, dedicada a la atención y cuidado de los hijos del matrimonio; la edad de los chicos al momento del fallecimiento (16 años M.; 12 años F.; K. 9 años; N. 6 años y 2 años E.).
Empero es importante, en orden a los agravios, detenerme brevemente para especificar la incidencia que tiene ahora, a partir del nuevo Código Civil y Comercial, la utilización de las denominadas fórmulas matemáticas, aplicables conforme al art. 1746 CCCN para la incapacidad permanente y que también se consideró extensiva para la indemnización por fallecimiento prevista en el art. 1745 CCCN. En efecto, y siendo que el primer paso consiste ahora en acudir a un criterio objetivo de medición (esta Sala, causa nº 60.647, del 17/11/16, “Espil María Inés y Otro/a c/ Apilar S.A. y Otro/a s/ Daños y Perj. Estado (Uso Autom. s/ Lesiones), siguiendo los antecedentes del reciente pronunciamiento “Olivetto” de esta Tribunal, el art. 1746 Código Civil y Comercial ha traído una innovación sustancial pues prescribe el "deber" de aplicar fórmulas matemáticas tendientes a calcular el valor presente de una renta futura no perpetua.
A fines de cuantificar el daño patrimonial por incapacidad psicofísica (lo que también -insisto- es aplicable al daño por muerte del art. 1745 CCCN) las referidas fórmulas se erigen como un parámetro orientativo que no puede ser omitido por la judicatura a la hora de cuantificar los daños personales por lesiones o incapacidad física o psíquica o por muerte. Empero, es necesario puntualizar que la utilización obligatoria de las denominadas fórmulas matemáticas no conlleva la aplicación mecánica y automática del resultado numérico al que se arribe; por ende el referido imperativo legal debe ser interpretado como una herramienta de evaluación ineludible para el juez, pero que en modo alguno excluye la valoración de otros parámetros aconsejados por la sana crítica y el realismo económico, conforme las circunstancias del caso (arts. 1, 2, 3, 7, 1746 y concs.
CCCN, Sala II, Azul, causa nº 60.135, 29/12/2015, “G., A. F. vs. Tucci, Fabricio César y otro s. Daños y perjuicios”, www.rubinzalonline.com.ar, RC J 760/2016; causa citada Nº 60.877, 30/11/ 2016, "Olivetto, Horación Sebastián y otro/a c/ Pietrafesa, Catalina Mariel s/ Daños y Perjuicios”). En esa tarea deviene necesario identificar la fórmula empleada, pues ello constituye el mecanismo que permite al justiciable y a las instancias judiciales superiores verificar la existencia de una decisión jurisdiccional sustancialmente válida en los términos de la exigencia consagrada en los arts. 1, 2, 3 y 1746, Código Civil y Comercial (art. 3, Código Civil y Comercial). Tiene dicho la Casación local mediante voto del Dr. de Lázzari –en consideraciones que entiendo aplicables al tema en tratamiento- que ‘en la determinación del quantum indemnizatorio, los jueces deben individualizar y ponderar los elementos de juicio que sirven de base a su decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto’” (S.C.B.A., Ac. 94556, 07/04/2010, “Schmidt, José Alberto c/ S.A.E.S.
Línea 5 s/ Enfermedad Profesional“; S.C.B.A. Ac. C106323, 19/09/12 “V., N. B. c/ Durisotti Rodolfo. Daños y Perjuicios”; conf. esta Sala, causa nº 57.090, 27/03/2013, “Pérez...”). En otro pronunciamiento el Dr. de Lázzari argumentó que “sólo la propia experiencia vital, el mantener la congruencia con anteriores pronunciamientos, el conocimiento concreto de la situación general de nuestra sociedad, las particulares circunstancias acreditadas en la causa y una buena dosis de sentido común, pueden resultar una guía en este momento” (cf. S.C.B.A., causa C 188085; esta Sala, causa nº 60.631, 27/09/16, “Mutuberría …”, cit.).
Retomando el tema, las fórmulas polinómicas pueden enunciarse como:
C = A x (1 + i )n - 1 i(1 + i)n Donde “C” es el capital que se mandará pagar; “A” es la ganancia anual perdida, “n” el número de años faltantes para llegar a la edad productiva de la víctima e “i” el interés anual que se presume devengará el capital mandado a pagar. Dentro de las fórmulas existentes la denominada “Vuotto” (“Vuotto, D. y otro c/ A.E.G. Telefunken Argentina SAIC”, Cámara Nacional del Trabajo, Sala III, sentencia del 16/6/1978) se caracteriza por utilizar un ingreso anual constante, consignar una tasa de descuento del 6% y fijar en 65 años la fecha límite del individuo de su capacidad de producción de ingresos. La fórmula descripta anteriormente fue modificada por la denominada “Méndez” (“Méndez, Alejandro Daniel c/ MYLBA SA y Otro s/ accidente-acción civil”, Cámara Nacional del Trabajo, Sala III), que introduce cambios: el ingreso se recompone –para no utilizar un salario constante a través de los años- mediante del siguiente mecanismo: el ingreso que tenía la víctima al momento de hecho se multiplica por un coeficiente de ajuste que surge de dividir 60 por la edad de la víctima al momento del hecho y se multiplica por trece meses, para obtener el ingreso anual; la tasa de descuento se fija en el 4% y la edad jubilatoria de la víctima se eleva a 75 años.
Por su parte, la fórmula simple (cfr. Zavala de González, “Tratado de daños a las personas. Disminuciones psicofísicas”, Tomo 2, Astrea, 2009, págs. 233 y sgtes.), se expresa en los siguientes términos:
C = a . b Donde C es el monto que se mandará a pagar, a significa la disminución patrimonial periódica sufrida, más un interés y b equivale al total de períodos a resarcir, con las siguientes precisiones: a representa la disminución económica mensual x 12 meses (o 13 meses si la víctima cobraba aguinaldo), más una tasa del 6% y b el coeficiente de amortización correspondiente a la cantidad de períodos a resarcir que resulta de una tabla fija (cfr. la tabla de coeficientes de pág. 243/244, ob. cit.).
En definitiva, acorde con lo dicho hasta aquí y la nueva normativa de fondo, corresponde utilizar, con fines ponderativos, fórmulas matemáticas que, a partir de los ingresos que percibía la víctima arriben a una suma tal que una vez invertida le irrogue un monto mensual equivalente al perdido, de modo que ese capital se agote al término del período de vida económicamente productivo que le restaba.
Acorde los antedichos parámetros, emplearé la siguiente fórmula de cálculo de renta constante no perpetua:
C = A x (1+i )n - 1 i(1 + i)n "C" es el capital a determinar, “A" la ganancia afectada para cada período anual, "i" la tasa descuento anual (aplicaré el 4%), y "n" el número de períodos restantes hasta el límite de la edad productiva de la víctima (65 años).
En lo atinente al ingreso de la víctima se computó la suma de $ 3.722 que corresponde al salario del ayudante albañil a la fecha del hecho, según convenio colectivo, y se tiene en cuenta para cada damnificado el tiempo o período de asistencia económica que abarca desde la fecha del hecho hasta arribar el esposo y progenitor la edad de 65 años, lo que representa: para la esposa un período de 31 años; para M. que tenía 16 años un período indemnizatorio de 5 años; para F. 9 años en razón de que tenía 12 años; para K. un período de 12 años ya que tenía 9 a la fecha del hecho; para N. 15 años porque tenía 6 años y para E. el período de 19 años toda vez que era muy pequeño, tenía 2 años cuando murió su papá.
Empero, el monto total de condena, al que se arribaría conforme la aplicación del criterio de medición objetivo expuesto (tasa de descuento del 4% y 65 años, sobre la base del ingreso mencionado) en el caso debe ser aumentado, porque la cuantificación final debe guardar correspondencia y ajustarse a los antecedentes del Tribunal para casos análogos (casos próximos, decía la Dra. Highton de Nolasco como integrante de la Sala F de la Cámara Nacional Civil), e incluso a los montos conferidos por otros tribunales y a la actual realidad económica (vgr. causas anteriores 51.466, “A. H.” y 51.467 “G. de S. M.” del del 29/4/2008, cit. L.L.B.A. 2012-401 y R. C. y S. 2012-V-181; causa “P.C. y otros c/ A. A. P.” del 13/3/2012; causa nº 57.332, 29/0/13, “Moyano de Corica ...”). Añado lo dicho recientemente por el Tribunal: “la importancia del parámetro orientativo general proveniente de las indemnizaciones por incapacidad previstas en el sistema de riesgos del trabajo (Res. 387/16 de la Sec. de Seg. Social)” (cf. esta Sala, causa nº 61.309, del 14.02.17, “González, Carlos Adrián c/ Damanis, Martín Nelson y otro s/ Daños y Perjuicios”, voto Dr. Peralta Reyes). Por todo ello los montos resarcitorios por daño patrimonial deben ser fijados del modo siguiente: en concepto de valor vida para la viuda R. O. F. $ 370.000; para M. $ 65.000; para F. $ 106.000; para K. $ 132.000; para N. $ 152.000 y para E. $ 175.000 (arts. 1, 2, 3, 7, 1745, 1746, ss. y cdtes. del Código Civil y Comercial).
3. También deben ser adecuadas las sumas otorgadas por daño moral para la esposa y para cada uno de los hijos (arts. 906, 1078, 1083 y concs. Cód. Civ.; arts. 163 inc. 5, 384 y concs. C.P.C.). “La existencia del daño moral no requiere prueba específica en cuanto a que ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del accionante (S.C.B.A., Ac.57435 del 8.7.97; C 95646 del 7.5.08). Deben ponderarse los padecimientos y aflicciones que han sufrido las actoras por la muerte del esposo y padre. La Suprema Corte provincial ha desarrollado la tesis de que el daño moral es "todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra y como tal debe ser indemnizado” (S.C.B.A. L58812, 25/3/97, “Obregón”, D.J.B.A. 152, 274-284; L65757, 23/2/2000, “Villagrán”, D.J.B.A. 158, 85; L68063, 21/6/2000 “Montovio, Luis P. c/Ormas S.A.I.C.I. s/Indemnización Daños y Perjuicios”). Más explícitamente: “el daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona sobre el cual los demás no pueden avanzar; de manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra configura un daño moral” (S.C.B.A. Ac. L55728, 19/9/95, “Toledo”, A.y S. 1995 III, 635; Ac.53110, 20/9/94, “Colman”, D.J.B.A. 147-299, J.A. 1995-III-183, A.y S. 1994-III-737; esta Sala, causa n° 45.193, sent. del 25-2-03, "Santillán", causa n°47.417, del 28/10/04, “Escobar”; N° 54862, 23/03/11 “Miranda”). La inmensidad del dolor por el fallecimiento del esposo y padre, enmarcada en las circunstancias de hecho enumeradas anteriormente, imponen bajar los montos por daño moral a las sumas de $ 180.000 -a cada uno- para la viuda y el hijo mayor, M., que salió a trabajar a raíz del fallecimiento de su padre, y para los dos hijos más pequeños, N. y E., también en la suma de $ 180.000 a cada uno y en $ 150.000 para cada uno de los hijos restantes F. y K. (arts. 1078, 1083 y concs. Cód. Civ.; art. 1738, 1741 ss. y cdtes. del CCCN arts. 260 y 261 C.P.C.).
La diferenciación en la cuantificación del daño moral no significa que uno u otro de los hijos sienta menos dolor por la muerte de su padre o que tuviera menos afecto o cariño, esto es que “quisiera” o “sufriera” con menor o mayor intensidad la pérdida de su ser querido. Esa diferenciación atiende a la distinta incidencia de los padecimientos extrapatrimoniales de la esposa e hijos, considerando las circunstancias vitales y existenciales de cada uno y la repercusión del impacto emocional por la edad de los chicos y la propia estructura psíquica, lo que se desprende de la pericia psicológica practicada a fs. 234/248 por la perito psicóloga María Belén Odriozola (arts. 384 y 474 C.P.C.). Se trata, en suma, de tener en cuenta cómo el hecho traumático, que evidentemente aquejó a toda la familia, afectó de modo un tanto diferenciado en la estructura de los pensamientos, emociones y sentimientos.
Así la pericia explica que R. tenía una enfermedad grave un año antes del hecho y que “el impacto del accidente y posterior muerte del señor M. C. ha sido fuerte y movilizadora en la estructura psíquica de la Sra. R. Las situaciones dolorosas que ha tenido que atravesar por la pérdida de su marido la han perturbado fuertemente, generando patología psíquica en la peritada. Es de destacar que cuando muere su esposo, la señora atravesaba tratamientos médicos por su enfermedad y que llevaba con avances. A partir de la muerte y de todo lo que ello generó, la Sra. tuvo una recaída que se asocia con el hecho motivo de litis” (sic., pericia fs. 235). M. salió a trabajar, por lo que pese a que afortunadamente no existe patología psíquica, perdió de vincularse con gente de su edad y de realizar actividades deportivas y recreativas.
La perito expresa que “M. es un joven que ha desarrollado mecanismos defensivos tendientes a la negación del hecho traumático. Se lo observa sobreadaptado a la situación dado que según sus explicaciones debe ‘sostener a su familia no puede caer’. Se entiende que la repercusión ha sido fuerte y movilizadora en el psiquismo del joven generando sufrimiento en el mismo, pero sin que esto genere patología psíquica. El sufrimiento remite a una perturbación psicofísica. El duelo normal en psicoclínica, encuadra en el contexto del sufrimiento. Entonces el sufrimiento en cuanto lesión a los sentimientos de una persona, que impide o limita la satisfacción o goce del estado de íntegra o plena salud, debe tenerse en cuenta como afectación a los sentimientos del joven” (conf. pericia, fs. 238/238 vta.).
Con relación a “las secuelas en N. se relacionan con temores, fuertes inhibiciones y los síntomas que se han detallado con relación a la depresión reactiva que presenta. Entiendo que para un niño de 8 años, una patología como la descripta genera un perjuicio extremo en su vida personal, de relación, etc.” (sic., pericia fs. 248 vta.). Por su lado “las secuelas que padece E. se relacionan con fuertes inhibiciones en su estructura psíquica, es un niño que ha quedado emocionalmente detenido en el tiempo (grafismo, lenguaje, historias que relata). El impacto es irreversible desde el punto de vista psíquico, el niño nunca tendrá la oportunidad de vivir historias con su padre, compartir momentos esenciales para su desarrollo afectivo, etc.
Perder a su padre a tan corta edad ha sido un trance sumamente dificultoso para el niño” (sic., pericia fs. 243 vta.). Respecto de F. “las secuelas que presenta … se relacionan con miedos intensos en su vida en general, inhibiciones, tristeza y crisis recurrentes de asma, que dificultan y condicionan profundamente la vida del joven” (sic., pericia fs. 246). Finalmente y no menor es el caso de K. para quien “la muerte en ocasión de accidente del Sr. M. C. produjo una neurosis traumática en la menor. En este caso se observan como recurrencias en lo verbal y en las técnicas gráficas, la repetición del trauma, miedos e inseguridades frente a la vida y que no se relacionan con el proceso de duelo normal.
Siguiendo los Baremos de Castex y Silva podemos afirmar que K. presenta neurosis traumática moderada (15% de incapacidad)” (sic., pericia fs. 241).
El sustento normativo y jurisprudencial de la procedencia y cuantía del reclamo por daño moral resulta de la naturaleza misma del bien jurídico tutelado y de la noción más reciente que vincula el resarcimiento del daño moral con el otorgamiento de dinero suficiente e idóneo para adquirir bienes materiales compensatorios y sustitutivos de los padecimientos en la esfera no patrimonial (esta Sala, causa n° 55.146, 4/10/11, “Dumerauf, Hugo c/ Diario El Popular s /Daños y Perjuicios”; en el mismo sentido: Iribarne, Héctor P., “De los daños a la persona”, págs. 147, 577, 599; Cám. Nac. Civ., Sala F, 12/3/2004, “García”, voto Dra. Highton de Nolasco, El Dial AA1F9C; Cám. Nac. Civ., Sala F, 3/8/2004, “T., V. O. …”, R.R.C. y S 2004- 1238, entre otros; esta Sala, causa n° 54.544, 10/03/11, “A.M.A. c /F.N.R.”; causa n° 54.530, 23/8/2011, “Torres Elsa Haydee c/ Bustingorry Alejandro s/ Daños Y Perjuicios” y causa nº 55.314, 20/10/11, “Orradre, Oscar Aníbal c/ Reble, Luis Omar y Otros s/ Daños y Perjuicios”). Por todo lo hasta aquí expresado, soy de la opinión que se debe admitir parcialmente el recurso de la demandada distribuyendo el porcentaje de responsabilidad en el 30% para la víctima y en el 70% para los demandados y por consiguiente condenando a los accionados a pagar el 70% del monto total que resulte conforme las cuantificaciones siguientes: en concepto de valor vida para la viuda R. O. F. $ 370.000; para M. $ 65.000; para F. $ 106.000; para K. $ 132.000; para N. $ 152.000 y para E. $ 175.000; y por daño moral las sumas de $ 180.000 -a cada uno- para la viuda y el hijo mayor, M., que salió a trabajar a raíz del fallecimiento de su padre, y para los dos hijos más pequeños, N. y E., también en la suma de $ 180.000 a cada uno y en $ 150.000 para cada uno de los hijos restantes F. y K. (arts. 1, 2, 3, 7, 1745, 1746, ss. y cdtes. del Código Civil y Comercial; arts. 1078, 1083 y concs. Cód. Civ.; art. 1738, 1741 ss. y cdtes. del CCCN arts. 260 y 261 C.P.C.).
Las costas de primera instancia deben ser confirmadas en su totalidad a los demandados sobre la base del principio del vencimiento y del progreso de la demanda de responsabilidad (arts. 68 y 69 del CPC) y en la Alzada, conforme la admisión parcial de las pretensiones, serán distribuidas en el 70% para la actora perdidosa y en el 30% para la demandada, atento el porcentaje del progreso de cada una (se admitieron parcialmente las dos pretensiones de la accionada sobre la responsabilidad y la cuantificación; arts. 68 y 71 CPC). Corresponde diferir la regulación de honorarios para la oportunidad en que haya liquidación (arts. 51 y 31 ley 8904).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi, adhieren al voto precedente, votando en igual sentido, por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: modificar parcialmente la sentencia apelada distribuyendo la participación causal de cada parte en el 70% para el demandado y el 30% para la víctima (arts. 901, 906, 1111, 1113 y concs. CC; arts. 1757, 1758, 1769 y conc. CCCN; arts. 384, 456, 474 y concs. CPC). Conforme a la solución arribada, corresponde Condenar a los accionados a pagar el 70% del monto total que resulte conforme las cuantificaciones siguientes: en concepto de valor vida para la viuda R. O. F. $ 370.000; para M. $ 65.000; para F. $ 106.000; para K. $ 132.000; para N. $ 152.000 y para E. $ 175.000; y por daño moral las sumas de $ 180.000 -a cada uno- para la viuda y el hijo mayor, M., que salió a trabajar a raíz del fallecimiento de su padre, y para los dos hijos más pequeños, N. y E., también en la suma de $ 180.000 a cada uno y en $ 150.000 para cada uno de los hijos restantes F. y K. (arts. 1, 2, 3, 7, 1745, 1746, ss. y cdtes. del Código Civil y Comercial; arts. 1078, 1083 y concs. Cód. Civ.; art. 1738, 1741 ss. y cdtes. del CCCN arts. 260 y 261 C.P.C.); las costas de primera instancia, las que se imponen a los demandados sobre la base del principio del vencimiento y del progreso de la demanda de responsabilidad (arts. 68 y 69 del CPC). Distribuir las de Alzada, conforme la admisión parcial de las pretensiones, en el 70% para la actora perdidosa y en el 30% para la demandada, atento el porcentaje de la admisión de cada una (se admitieron parcialmente las dos pretensiones de la accionada sobre la responsabilidad y la cuantificación; arts. 68 y 71 CPC). Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad en que se practique la liquidación del caso (arts. 51 y 31 ley 8904). Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi, adhieren al voto que antecede, votando en sentido análogo, por idénticos fundamentos. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, Febrero 21 de 2017.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., SE
MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia apelada distribuyendo la participación causal de cada parte en el 70% para el demandado y el 30% para la víctima (arts. 901, 906, 1111, 1113 y concs. CC; arts. 1757, 1758, 1769 y conc. CCCN; arts. 384, 456, 474 y concs. CPC). Conforme a la solución arribada, corresponde modificar parcialmente la sentencia apelada distribuyendo la participación causal de cada parte en el 70% para el demandado y el 30% para la víctima (arts. 901, 906, 1111, 1113 y concs. CC; arts. 1757, 1758, 1769 y conc. CCCN; arts. 384, 456, 474 y concs. CPC). Conforme a la solución arribada, corresponde Condenar a los accionados a pagar el 70% del monto total que resulte conforme las cuantificaciones siguientes: en concepto de valor vida para la viuda R. O. F. $ 370.000; para M. $ 65.000; para F. $ 106.000; para K. $ 132.000; para N. $ 152.000 y para E. $ 175.000; y por daño moral las sumas de $ 180.000 -a cada uno- para la viuda y el hijo mayor, M., que salió a trabajar a raíz del fallecimiento de su padre, y para los dos hijos más pequeños, N. y E., también en la suma de $ 180.000 a cada uno y en $ 150.000 para cada uno de los hijos restantes F. y K. (arts. 1, 2, 3, 7, 1745, 1746, ss. y cdtes. del Código Civil y Comercial; arts. 1078, 1083 y concs. Cód. Civ.; art. 1738, 1741 ss. y cdtes. del CCCN arts. 260 y 261 C.P.C.); las costas de primera instancia, las que se imponen a los demandados sobre la base del principio del vencimiento y del progreso de la demanda de responsabilidad (arts. 68 y 69 del CPC). Distribuir las de Alzada, conforme la admisión parcial de las pretensiones, en el 70% para la actora perdidosa y en el 30% para la demandada, atento el porcentaje de la admisión de cada una (se admitieron parcialmente las dos pretensiones de la accionada sobre la responsabilidad y la cuantificación; arts. 68 y 71 CPC). Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad en que se practique la liquidación del caso (arts. 51 y 31 ley 8904). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.
VICTOR MARIO PERALTA REYES PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II JORGE MARIO GALDÓS MARIA INES LONGOBARDI JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia